El Leviatán en la sombra

Condiciones sociohistóricas de la violencia parainstitucional en Colombia (1945-2010)

Gina Paola Rodríguez Montenegro

2015

Doctorado en Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires

Primera edición - EPUB2.0 - ISBN 978-950-863-425-2

Editorial EdUNLPam - 12.08.2021

Rodríguez Montenegro, Gina Paola
El Leviatán en la sombra : condiciones sociohistóricas de la violencia parainstitucional en Colombia,1945-2010 / Gina Paola Rodríguez Montenegro. - 1a ed compendiada. - Santa Rosa : Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, 2021. Libro digital, EPUB - (Publicación de Tesis o Trabajos Finales de Grado, Tesis de Maestría, Tesis de Doctorado y Trabajos ; 6)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-950-863-425-2
1. Ciencias Sociales y Humanidades. I. Título.
CDD 306.09

Agradecimientos

Esta investigación fue posible gracias a la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina CONICET, institución que subvencionó mis estudios doctorales a partir del otorgamiento de dos becas de postgrado. Mi eterno agradecimiento al gobierno argentino que con su política de puertas abiertas ha hecho posible que miles de estudiantes latinoamericanos veamos realizado el sueño de acceder a educación pública, abierta y de calidad en momentos en los que las lógicas privatistas y mercantiles persisten obtusamente en otros países de Nuestra América.

Mi especial gratitud a quienes acompañaron durante estos años mi preocupación por la situación colombiana, alentándome a escribir y a pensar lo que quizá en otras circunstancias no me hubiera sido posible. A mi directora de tesis, Susana Villavicencio, quien supo adoptarme desde que llegué al país y conducirme con maternal actitud por el mundo de la investigación. A mi co-director, Waldo Ansaldi, por su voto de confianza y por invitarme a recorrer juntos la historia de América Latina. A mis compañeros del proyecto Ubacyt “Cartografías de la ciudadanía argentina” del Instituto Gino Germani, quienes han aportado numerosas y enriquecedoras discusiones sobre lo que implica hoy por hoy “vivir juntos”. A mis compañeros del Grupo de Estudios de Sociología Histórica del Instituto de Estudios de América Latina quienes, en cabeza de Verónica Giordano, me enseñaron cómo interrogar al pasado con preguntas del presente y cómo salir de la “excepcionalidad” colombiana para pensar los avatares de toda una región. A Sylvia Valdés, quien alimentó generosamente mi interés por el arte latinoamericano y me permitió volcarlo en la actividad docente. A mis compañeras de la Cátedra Valdés y a mis alumnas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, que han inspirado copiosas reflexiones acerca de los vínculos entre estética y política.

Hago mías dos reflexiones de amigos cercanos para terminar de agradecer. La primera señala que detrás de cada investigación se oculta una biografía. Sin caer en una reificación de la categoría de autor, huelga decir que son nuestras preocupaciones más profundas las que terminan decantando nuestro objeto de estudio. Esta investigación es el producto de la enorme indignación que nos produce a muchos la injusticia estructural que atraviesa a la sociedad colombiana. Aprovecho para extender mi respeto y admiración a todos los profesores e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia que han sabido resistir al embate neoliberal contra la educación pública y el pensamiento crítico y a quienes debo la inoculación del “bicho” de preguntar. A mis profesores y después compañeros del Departamento de Ciencia Política de “La Nacho” infinitas gracias.

La segunda idea que tomo prestada es que toda constitución subjetiva precisa de un soporte anímico. Gracias a mi querida Lolito, escudera de mil batallas, a quien debo todo lo bueno que la vida me trajo por las bondades de su crianza. A mi padre, Jorge Rodríguez, quien incentivó en mí el espíritu de búsqueda y el de la sana sospecha. A mi hermano Juan, por acompañar a mis padres durante todo este tiempo de autoexilio. A mi mamá-hermana argentina Nora Arce. A la familia Lagarrigue por su cariño y apoyo a prueba de kilómetros: Alicia, Mario, “Marita”, “Puka”, al abuelo Mario y a la abuela “Peti”. A todos los amigos con los que he compartido las alegrías y angustias de “hacerme” investigadora. A Maxi Lagarrigue, compañero incondicional y testigo de cargo de esta tesis, quien entiende como nadie cómo la escritura puede, por igual, endiablarnos el genio o henchirnos de orgullo.

Agradezco, por último, a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, mi lugar en el mundo en los últimos tres años, por acogerme con tanta generosidad. A las autoridades y colegas que han sabido brindarme su amistad y poner en acción el diálogo de saberes. A ediciones EdUNLPam, por hacer posible la difusión de esta investigación, cumpliendo con la misión de poner las producciones de su comunidad académica a disposición de los lectores del ancho mundo virtual.

Resumen

Los movimientos guerrilleros, insurgentes o revolucionarios han sido objeto de abundantes reflexiones dentro de las ciencias sociales. Sin embargo, las reacciones políticas y armadas a dichos movimientos no han concitado la misma atención, pese a su carácter decisivo en el resultado de las rebeliones y en el escalamiento de los conflictos armados. Por otra parte, los estudios existentes acerca de los grupos reaccionarios o contrainsurgentes, tienden a definirlos como un tercer actor que triangula en simetría con las fuerzas estatales y la insurgencia. Nuestra investigación cuestiona esta perspectiva autonomista y se aboca al estudio de la violencia parainstitucional como modalidad ad hoc del uso de la fuerza estatal en los territorios, que más que la erosión o pérdida del monopolio de la violencia refleja una nueva economía de su ejercicio: el monopolio “indirecto” o “delegativo”.

A partir de esta hipótesis de base, el objetivo de la tesis es realizar un análisis de las condiciones sociohistóricas de producción de la violencia parainstitucional en Colombia entre 1945 y 2010 considerando la articulación entre conflicto de clases, contrainsurgencia y construcción estatal. Esto implica, por un lado, identificar las especificidades propias de la delegación estatal de las funciones de seguridad, vigilancia y ejercicio de la fuerza en manos privadas. Por otra parte, requiere poner en discusión el derecho colectivo a la autodefensa organizada y permanente, esgrimido por algunos gobiernos y por los agentes parainstitucionales, como principio legitimador del uso privado de la violencia. Esperamos que este estudio aporte a una comprensión alternativa de los procesos de construcción de los Estados latinoamericanos, ya no como versiones débiles o anómalas de sus análogos europeos, sino como procesos conflictivos de construcción del orden con dinámicas, valores, estructuras y prácticas propias.

Abstract

The guerrilla, insurgent or revolutionary movements have been extensively studied within the social sciences. However, political and military reactions to these movements have not attracted the same attention, despite its decisive role in the outcome of the rebellions and the escalation of armed conflict. Moreover, existing studies of the reactionary or counter-groups tend to define them as a third actor that triangulates in symmetry with State forces and insurgents. Our research disputes this autonomist perspective and it focuses on the study of “parainstitutional” violence as an ad hoc type of use of State force in the territories, however, the erosion or collapse of the monopoly of violence reflects a new economy of its exercise: “indirect” or “delegative” monopoly.

Based on this hypothesis, the aim of this thesis is to analyze the historical conditions of production of “parainstitutional” violence in Colombia between 1945 and 2010 considering the articulation of class conflict, counterinsurgency and State-building. This implies to first identify the specific characteristics of the State delegation of the functions of security, surveillance and the exercise of power in private hands. On the other hand, it requires putting into question the collective organized and permanent right to self-defense, put forward by some governments and by “parainstitutional” agents, as a legitimate principle of the private use of violence. We hope that this study will contribute to an alternative understanding of the process of construction of the Latin American States, and not as weak or abnormal version of its European analogues, but rather as a conflicting construction process with dynamic order, values, structures and proper practices.

Abreviaturas

ACCU

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá

ACM

Acción Cívico-Militar

AD M-19

Alianza Democrática Movimiento 19 de Abril

ADEMACOR

Asociación de Maestros de Córdoba

ADO

Autodefensa Obrera

ALIANDES

Alianza para el desarrollo sostenible

ANAPO

Alianza Nacional Popular

ANDI

Asociación Nacional de Industriales

ANUC

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos

APEN

Acción Patriótica Económica Nacional

ASFADDES

Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos

AUC

Autodefensas Unidas de Colombia

AUGURA

Asociación de Bananeros de Urabá

AUSAC

Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar

BACRIM

Bandas Criminales Emergentes

BCB

Bloque Central Bolívar

BCN

Bloque Cacique Nutibara

BEC

Bloque Elmer Cárdenas

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BINCI

Batallón Único de Inteligencia y Contrainteligencia

CAJ

Comisión Andina de Juristas

CAMACOL

Cámara Colombiana de la Construcción

CBI

Conflicto de Baja Intensidad

CCJ

Comisión Colombiana de Juristas

CEA

Conferencias de Ejércitos Americanos

CGFM

Comando General de las Fuerzas Militares

CGSB

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar

CIDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CINEP

Centro de Investigación y Educación Popular

CMP

Compañías Militares Privadas

CNG

Coordinadora Nacional Guerrillera

CNMH

Centro Nacional de Memoria Histórica

CNRR

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

CODHES

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

CONVIVIR

Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la autodefensa agraria

COTELCO

Asociación Hotelera y Turística de Colombia

CP/91

Constitución Política de 1991

CTC

Central de Trabajadores de Colombia

CUT

Central Unitaria de Trabajadores

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DAS

Departamento Administrativo de Seguridad

DEA

Drug Enforcement Administration

DNP

Departamento Nacional de Planeación

DNS

Doctrina de Seguridad Nacional

ELN

Ejército de Liberación Nacional

EPL

Ejército Popular de Liberación, Luego Esperanza, Paz y Libertad

FARC

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FEDEGAN

Federación Nacional de Ganaderos

FEDEGASAN

Federación de Ganaderos de Santander

FEDENAL

Federación Nacional de Trabajadores

FESTRACOR

Federación de Trabajadores de Córdoba

FFMM

Fuerzas Militares

FIDH

Federación Internacional de Derechos Humanos

FUNPAZCOR

Fundación para la Paz de Córdoba

GMH

Grupo de memoria histórica

HRW

Humans Rigths Watch

ICPS

International Center for Prison Studies

IDEMA

Instituto de Mercadeo Agropecuario

IEPRI

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales

INCODER

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

INCORA

Instituto Colombiano para la reforma agraria

IRA

Iniciativa Regional Andina

JAL

Junta Administradora Local

M-19

Movimiento 19 de Abril

MAQL

Movimiento Armado Quintin Lame

MAS

Muerte a Secuestradores

MIR

Movimiento Izquierda Revolucionaria

MOEC

Movimiento Obrero, Estudiantil y Campesino

MOIR

Movimiento Obrero Independiente Revolucionario

MORENA

Movimiento de Renovación Nacional

MOVICE

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

MQL

Movimiento Quintín Lame

MRL

Movimiento Revolucionario Liberal

MTDF-CCEU

Mesa de trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos

NCOS

Centro Nacional de Cooperación para el desarrollo

NORML

Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de la Marihuana

OEA

Organización de Estados Americanos

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONG

Organización no gubernamental

ONIC

Organización de Indígenas de Colombia

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PAM

Pacto de Asistencia Militar

PCC

Partido Comunista Colombiano

PDPMM

Plan de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio

PEPES

Perseguidos por Pablo Escobar

PNR

Plan Nacional de Rehabilitación

PRT

Partido Revolucionario de los Trabajadores

PSDD

Política de Seguridad y Defensa Democrática

SAC

Sociedad de Agricultores de Colombia

SENDAS

Servicio Nacional de Asistencia Social

SIC

Servicio de Inteligencia Colombiana

SINTRABANANO

Sindicato de Trabajadores del Banano

SINTRAINAGRO

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria

TIAR

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca

UC-ELN

Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional

UP

Unión Patriótica

URS

Unión Revolucionaria Socialista

URT

Unidad de Restitución de Tierras

UTC

Unión de Trabajadores de Colombia

Introducción

Desde su nacimiento como República, Colombia ha atravesado situaciones de violencia extrema en las que se entrecruzan no solo motivaciones políticas, económicas y sociales sino odios heredados y venganzas de sangre. El uso de la fuerza ha sido un rasgo tan frecuente en las relaciones entre los ciudadanos, y entre estos y el Estado que, en el imaginario de los colombianos, la violencia ha adquirido la forma de un eterno retorno, un sino trágico que emula al inmovilismo macondiano descrito por García Márquez. Los hechos narrados en Cien Años de Soledad reflejan en buena medida la historia del país: las guerras civiles, la fiebre del banano, la llegada de las transnacionales, el sectarismo político, la pobreza, las matanzas, las sequías, y toda la desgracia y muerte acaecidas en el intento de construir una nación huérfana de proyecto. Hasta hoy, el cruel paisaje de una Macondo en ruinas con «pantanos de las calles [donde] quedaban muebles despedazados, esqueletos de animales cubiertos de lirios colorados, últimos recuerdos de las hordas de advenedizos que se fugaron (…) tan atolondradamente como habían llegado» (García Márquez, 1988: 241), se repite incesantemente en una sociedad que por momentos parece acostumbrada a vivir en guerra.

El carácter endémico de esta violencia exige desbordar los estudios acontecimentales para arriesgar interpretaciones de mediana duración, que den cuenta tanto de las continuidades como de los factores de cambio social, evitando caer en una parcelación excesiva de la realidad que obture su comprensión histórica. Que la violencia sea una constante en la construcción nacional, no implica que sea generalizada o haga parte del habitus de los colombianos. Lejos de ser una actitud extendida, la violencia se ha restringido a regiones y agentes limitados, y es la enorme repercusión de los actores armados en la transformación del mapa de relaciones sociales y políticas lo que ha trascendido en las percepciones de una nación signada por la violencia. De ahí que merezca la pena ver de qué manera, al lado de los actos violentos e incluso con su favor, han logrado construirse el Estado y el poder político en Colombia, esto es, indagar en la particularidad de los contextos en los que la violencia se instituye como recurso central de la contienda política y social, la singularidad de los actores que la emplean y la repercusión de estas dinámicas en los modos de lo público político a escalas nacional, regional y local.

Para la mayor parte de analistas, la persistencia de la guerra en Colombia es el producto de un Estado “débil” o “ausente” que no ha sabido conseguir para sí el monopolio de la violencia y que se halla inerme ante diversos actores ilegales que le disputan su soberanía (Pécaut, 1987, 2001; Leal, 1999; Rangel, 2005, CNRR, 2007). Ahora bien, ¿qué ocurre si pensamos que el colombiano, lejos de ser un Estado impotente o colapsado, es un Estado que ha permitido y auspiciado el uso privatizado de la violencia por parte de actores paraestatales como un mecanismo para mantener el statu quo? ¿Si sostenemos que la “fortaleza” de este Estado radica, paradójicamente, en disolver y redistribuir el monopolio de la violencia a fin de preservar su existencia? ¿Es viable decir que el mantenimiento del conflicto armado interno obedece menos a una incapacidad del Estado para monopolizar la violencia que al desarrollo de un dispositivo para controlar y reprimir las amenazas internas usando un aparato paralelo?

Y poniéndonos en la vereda de enfrente, cómo han sugerido en sus análisis González et al. (2003), ¿qué ocurre si analizamos la violencia contraestatal o insurgente, no como causa principal de la fragmentación de lo público-político, sino como un medio que, aunque conflictivo, ha habilitado la articulación de poblaciones y territorios a la escena nacional en lo que pudiera ser «un movimiento centrípeto encaminado hacia [su] integración gradual» (p. 11). ¿Acaso no es por la presencia del conflicto armado interno que numerosas regiones periféricas han logrado la atención del gobierno central y su inserción en la vida nacional?

1. La problemática a investigar

El orden está tradicionalmente contrapuesto al conflicto, a la incertidumbre, al desorden y al caos. Nuestra perspectiva se aparta de esta mirada tradicional para coincidir con Morín y Balandier en que el caos, el conflicto y la crisis son inherentes a cada orden y hacen parte de un proceso de constitución y reconstitución que organiza los desórdenes aparentes de la realidad. La violencia, dice Balandier (1989), «es una energía salvaje cuyas corrientes llevan a distribuir y jerarquizar a los hombres según las relaciones de fuerza», que impone la prueba de su domesticación y conversión en «vínculos sociales menos rudimentarios y menos precarios» (p. 188). De ahí la necesidad de confrontar al “Orden” con las distintas versiones sobre éste y con su correlato, el desorden, atendiendo a la simultaneidad de caos y armonía, equilibrio y desequilibrio, entre otras dicotomías tradicionales, que no pueden entenderse las unas sin las otras, en tanto no tienen existencia particular, ni son mera consecuencia una de otra. (Morin, 1984)

La experiencia colombiana es un terreno fértil para esta mirada. Allí, la violencia no es el reverso del orden, sino una modalidad concreta de acción política y social, que excede los límites previstos por la normalidad democrática y pone en jaque dicotomías clásicas del discurso político moderno como legalidad/ilegalidad, legítimo/ilegítimo y democracia/dictadura. Tanto en la acción represiva del aparato estatal, como en el uso de la fuerza por parte de agentes sociales y políticos que suscriben o disputan su hegemonía, la violencia trasciende constantemente los márgenes del ordenamiento. Se configura así una situación paradójica en la cual el estado de derecho, en su ejercicio normalizado, emula mecanismos jurídicos y dispositivos políticos propios del autoritarismo: «El soberano, por medio del estado de excepción, “crea y garantiza la situación” de la que el derecho tiene necesidad para su propia vigencia» (Agamben, 2004:27).

La apelación a la violencia como un recurso para la obtención y preservación del poder, revela que la construcción del orden no solo es conflictiva e inacabada, sino que se efectúa sobre una base inestable y en permanente movimiento (Lechner, 1984). Para comprender la especificidad de la construcción del Estado y el poder político en estas circunstancias, nuestra propuesta consiste en reintroducir la violencia como variable de análisis, no sólo en su carácter destructor y generador de desorden sino en su potencial productor de relaciones sociales y (re)estructuración de los vínculos hegemónicos. La violencia en Colombia ha sido, históricamente, una práctica empleada no sólo para la consecución y distribución de recursos económicos y burocráticos, el logro de objetivos político-electorales y la gestión de las diferencias políticas e ideológicas; sino también para la configuración general del sistema de dominación (Sánchez, 2009).

Del repertorio de múltiples violencias, nos interesa aquella de carácter parainstitucional. Entendemos por tal, aquella violencia que, como han definido Medina Gallego y Téllez (1994), «no tiene por objeto transformar la sociedad, sino, “garantizar”, complementar y suplementar su funcionamiento cuando el Estado no está en condiciones de hacerlo por limitaciones de distinta índole». Es parainstitucional, en tanto guarda afinidad «con los objetivos del ordenamiento existente y se compromete con el auxilio de la organización institucional» (p.45). La violencia parainstitucional es ejercida por grupos y organizaciones que operan al servicio del establishment en labores de represión y disciplinamiento social por la vía del terror, con la connivencia de las agencias estatales ya sea en su conformación, financiamiento o encubrimiento. Se trata de una violencia que trasciende y vulnera los márgenes del ordenamiento jurídico-político, aunque al hacerlo, paradójicamente, lo confirme. Sus efectores no cuestionan el principio unitario y jurídico del Estado aun cuando incurran en acciones abiertamente ilegales. De este modo, la violencia parainstitucional se emparenta con el topos de la excepcionalidad descrito por Agamben: «estar-fuera y, no obstante, pertenecer» (2004: 55)

2. Hipótesis de trabajo

Tomamos el periodo (1945-2010), interrogándonos por las condiciones sociohistóricas de emergencia y producción de esta modalidad de control social; los factores internos y externos que concurren en el acceso de determinados agentes a su ejercicio, y los mecanismos concretos de su funcionamiento. Deseamos mostrar que la violencia parainstitucional, que exhibe inicialmente un carácter centrífugo y de expresión de diversas tensiones regionales y nacionales, termina adquiriendo en Colombia un carácter centrípeto y unificante con relativa capacidad para institucionalizar canales y relaciones informales y traducirlos en nuevos vínculos hegemónicos.

Frente a los planteamientos que asocian la persistencia de la violencia en la vida republicana con la ausencia o debilidad del Estado colombiano (Pécaut, 1987, 2001; Leal; 1990, 1999; Rangel, 2005), con su colapso parcial (Oquist, 1978; CNRR, 2007) o directamente con su fracaso (Fund for peace, 2014; Rotberg, 2003)¹, nuestra primera hipótesis problematiza la coexistencia conflictiva de diversos agentes detentadores de la coerción en el territorio nacional en relación con dos factores: un contexto histórico marcado por una soberanía en construcción y el despliegue de una estrategia ad hoc para el logro de dicha soberanía: el monopolio “indirecto” o “delegativo” de la violencia.

Vamos así a contramano de las interpretaciones que mantienen la violencia parainstitucional, sus estrategias y agentes, al margen de las formas de construcción del sistema de dominación, ya sea como casos aislados de corrupción de la fuerza pública (Uribe Vélez, citado por FIDH: 2007; CNRR, 2007) o como manifestaciones de un actor criminal autónomo cuyas fuerzas triangulan en condiciones de simetría con el Estado y las guerrillas (Duncan: 2007; Rangel, 2005; Cubides, 1998; Romero, 2003). Tales enfoques desvían la atención del proceso estructural de reorganización del sistema de dominación política, económica y social iniciado en 1945, cuyo despliegue implicó la reconfiguración de los mecanismos de distribución de la coerción estatal en una nueva economía que incluyó la participación de organizaciones privadas. La selección de esta fecha como emergente, no desconoce que anteriormente las fuerzas de seguridad, bajo la batuta de intereses privados y partidarios, fueran un recurso empleado para el tratamiento de los conflictos sociales, pero sí marca un peso diferencial de los grupos de violencia privada dentro de la ecuación general del uso de la fuerza estatal.

Sostendremos que las distintas manifestaciones de violencia parainstitucional (escuadrones de la muerte, grupos parapoliciales, ejércitos paramilitares, operaciones militares de "guerra sucia" con fines de disciplinamiento político y social, y políticas de impunidad y olvido), expresan más una modalidad desconcentrada de la coerción estatal en los territorios, que la pérdida o erosión de su monopolio. Pretendemos mostrar que, en tanto recurso del sistema de dominación en el mediano plazo, las manifestaciones concretas de la violencia parainstitucional han respondido a las necesidades y posibilidades de reacomodamiento del establishment en distintos momentos históricos, ante la percepción de que su hegemonía es disputada y puesta en cuestión. De este modo, el despliegue de grupos y operaciones de represión parainstitucional responde a las exigencias de reproducción del orden dominante, lo cual no implica que se trate de una formulación racional y sistemática elaborada desde un centro de poder. Lo que veremos, por el contrario, es la confluencia de órdenes, estrategias y tácticas diversas y contradictorias cuya coordinación es siempre un proceso siempre conflictivo.

Como elemento articulador de las lógicas disímiles del bloque dominante (Poulantzas, 1976), podemos decir que, a diferencia de las violencias contraestatales como las detentadas por las guerrillas, los agentes de violencia parainstitucional no rompen con el consensus iuris, aun cuando su accionar llegue a ser abiertamente ilegal. De ahí que sostengamos como segunda hipótesis que, en el marco de la violencia parainstitucional, las fronteras entre legalidad e ilegalidad terminan diluyéndose y haciendo parte del mismo funcionamiento del sistema (Agamben, 2004). La administración de los ilegalismos le ha permitido al Estado colombiano filtrar, contraatacar, bloquear y quebrar toda posible continuidad de los ilegalismos populares (Foucault, 2008); y constituir grupos de vigilancia y exterminio compuestos por delincuentes profesionalizados que actúan en conjunto con las fuerzas armadas y sirven de apoyo a las instituciones del sistema de dominación. En esta zona gris surge lo que hemos convenido en llamar paralegalismos: órdenes paralelos de hecho con capacidad de construir sus propios códigos, normas y rituales que se establecen como redes de control social en distintas zonas de ocupación e influencia desplegando toda una serie de poderes análogos, y no necesariamente en disputa, con la soberanía del Estado. Como es de esperar, el recurso a la ilegalidad no está exento de contradicciones y consecuencias inesperadas para el aparato estatal.

3. El tipo de abordaje y la metodología

Empleamos una perspectiva de análisis que combina elementos de la ciencia política, la sociología y la historia. Así, a la pregunta politológica por el papel de la violencia en los procesos de construcción del Estado y el sistema de dominación; sumamos conceptos y herramientas de la sociología para pensar las estructuras sociales, el sistema de relaciones que se configura, los distintos agentes que participan, sus trayectorias y los recursos que movilizan; e instrumentos de la historia para establecer la forma en que tuvieron lugar determinados procesos y acontecimientos. En otras palabras, «interrogamos a las fuentes históricas con preguntas hechas desde el presente» (Ansaldi y Giordano, 2012) en aras de analizar y dar forma conceptual al fenómeno en estudio. Nuestra inquietud por las condiciones sociohistóricas de la violencia, involucra una reflexión sobre las relaciones de poder en la que las transformaciones de las estructuras sociales, sus persistencias y rupturas, en un tiempo de mediana duración, son variables de estudio ineludibles (Braudel, 1970). Siguiendo los recaudos de Foucault «[n]o se trata de colocarlo todo en un plano, que sería el del suceso, sino de considerar detenidamente que existe toda una estratificación de acontecimientos diferentes que no tienen ni la misma importancia, ni la misma amplitud cronológica, ni tampoco la misma capacidad para producir efectos» (2010: 382). En esta perspectiva, trataremos de seguir el modelo de la guerra y la batalla rastreando relaciones de fuerza, desarrollos estratégicos y tácticas.

Nuestra investigación desea cuestionar el sentido común que asume que la violencia se ubica extramuros, fuera de lo social, y que se trata de una fuerza heterónoma inexplicable o sobrenatural. Sugerimos así que la violencia es constitutiva del orden, no solo como fundadora de la juridicidad estatal (Benjamin: 1998), sino, fundamentalmente, como límite que señala un adentro y un afuera de lo social y desafía permanentemente sus márgenes. Lo político-social, como instalación del orden y la diferenciación, es el producto de la violencia y no se halla, como sostiene el pensamiento ilustrado, en condición de exterioridad o extrañamiento con respecto a ella. Como diría Grüner, «es porque hay un acto de violencia en el origen, que la Ley es posible». «La violencia es condición fundacional de la Ley y persiste más allá de esta fundación» al punto que se «incorpora a la Ley, haciendo del Estado el único ámbito de su aplicación legítima» (1997:32). Así, la violencia emerge tras cada uno de los conceptos que constituyen la arquitectura del imaginario político moderno.

Ya no como fundadora del orden, sino en tanto transgresión de la Ley constituida, la violencia opera corrimientos de fronteras en el orden existente habilitando la inclusión/exclusión de nuevos actores, prácticas y problemáticas. Ubicada en los márgenes de lo simbólico, la violencia es aquello que rompe, transgrede, vulnera la grilla interpretativa de este orden y los fundamentos de la economía libidinal que produce, pero con respecto a lo cual el todo social necesita distinguirse para existir. Vista así, la violencia puede ser entendida como un límite de sentido, un acontecimiento paradojal que atenta contra la sociedad como orden simbólico y la amenaza como totalidad de sentido, pero que a la vez la funda y señala sus fronteras, marcando un adentro y un afuera de lo social.

Nuestro enfoque plantea que toda violencia está sustentada en la capacidad, o más precisamente, la habilidad de sujetos competentes, conscientes y sensibles que buscan alterar la realidad o el curso de los sucesos a través del uso de métodos, mecanismos o dispositivos violentos, a fin de obtener ciertos resultados que se insertan en la racionalidad que comanda el sistema de acción de las violencias sociales. Desde esta perspectiva, comprendemos que las violencias son parte de la acción y lógica de actores específicos al interior de la sociedad, regidas por racionalidades, movidas por causalidades, orientadas a resultados, y a la cual sus protagonistas atribuyen sentidos.

Escogimos una metodología de corte cualitativo que emplea el análisis sociohistórico con miras a reconstruir trayectorias de actores y establecer similitudes y principios de variación inter-temporal para reinscribirlas en el proceso histórico más amplio de construcción estatal en Colombia. De acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados concebimos un diseño de investigación cualitativa estructurado en tres fases: heurística, analítica y de resultados.

La fase heurística, se encaminó al armado de una base documental. La abundancia de materiales acerca de la violencia insurgente en Colombia, contrasta con la opacidad de buena parte de los hechos y agentes de violencia parainstitucional, lo que nos obligó a la recolección y selección de fuentes documentales de diverso tipo: documentos oficiales del gobierno colombiano, del gobierno de los Estados Unidos, de organismos internacionales, de Organizaciones No Gubernamentales, de los agentes de violencia parainstitucional, así como materiales producidos por organizaciones de la sociedad civil, información periodística, leyes y archivos judiciales. Las fuentes documentales fueron seleccionadas y organizadas con dos criterios: a. Temporalidad: estableciéndose cuatro series periódicas 1946-1957, 1958-1978; 1979-1990, 1991-2010, que se corresponden con momentos diferenciados de funcionamiento del dispositivo de represión estatal y paraestatal; y b. Agencia: operando clasificaciones según tipo de actor²: Fuerzas Armadas, Policía, grupos paramilitares, escuadrones de la muerte, organizaciones de narcotraficantes, gremios económicos. Además, se consultaron numerosas fuentes bibliográficas que ayudaron en la reconstrucción histórica del periodo de estudio y la elaboración de categorías de análisis.

La fase analítica, implicó la organización del corpus de fuentes y el análisis de los documentos como monumentos, esto es, considerados en su materialidad, sus efectos concretos y funcionamiento efectivo (Foucault, 2002). El trabajo con documentos supuso una interpretación de sus significados desde nuestra propia comprensión de la historia y nos obligó al diálogo con otras interpretaciones en la búsqueda de líneas argumentativas propias. Buscamos producir categorías teóricas que ayudaran en la comprensión de los procesos reexaminando críticamente conceptos preexistentes.

Finalmente, la fase de resultados, comprendió la escritura de la tesis que presentamos a continuación donde analizamos el papel de la violencia parainstitucional en el proceso de construcción del Estado en Colombia, como expresión de la manera conflictiva en que éste ha buscado durante décadas establecer o conservar su autoridad en el territorio. Esperamos aportar al análisis de las formas de operación de la violencia en los procesos de integración-desintegración social y los mecanismos de inclusión-exclusión de los individuos en la política; así como ayudar a pensar hasta qué punto, en las sociedades de clase, la violencia interviene en la asignación de los recursos para la participación en la política, y en quiénes y bajo qué circunstancias tienen derecho a participar en ella. En un nivel de mayor generalidad, deseamos sobrevolar la pregunta por la relación entre violencia y construcción de la política y lo político, esto es, su rol fundamental tanto en la conformación del Estado, el régimen político y los actos de gobierno, como en las relaciones inherentes al “vivir juntos” (Ricoeur, 2002).

4. Los debates previos

Una preocupación recurrente entre los analistas de la historia colombiana es la aparente paradoja que surge de la coexistencia de un régimen democrático con todas sus formalidades e instituciones y una violencia intestina que muta y se perpetúa “sustrayéndose” a dicho orden (Pécaut, 1987; Zuleta, 1991; Palacios, 1995). El común denominador de estas lecturas es la consideración de violencia y política como esferas antitéticas y mutuamente excluyentes: la política como un ámbito ordenado, fundamentalmente armónico y consensuado, y la violencia como el espacio del caos, la desintegración y el desorden. La política, en tanto locus de definición del orden, aparece como un campo social libre de violencia, o del que la violencia ha sido expurgada. Este ha sido el axioma orientador de la filosofía liberal, pero también de la sociología funcionalista. En experiencias como la colombiana, donde el conflicto y la violencia han sido históricamente factores estructurantes del orden social y político, lo que procede teóricamente es reintroducir estas dos variables en el centro de una interpretación que visibilice y describa los mecanismos de construcción de lo público-político en el país.

4.1. Monopolio de la coerción y construcción del Estado

A partir de distintas interpretaciones sobre el surgimiento del Estado en Europa, suelen señalarse cuatro “regularidades” (Tilly, 1992) o “condicionamientos” (Elías, 2004) que intervienen en el proceso de formación estatal: la integración y unificación territorial en torno a un centro hegemónico; la integración de estratos sociales y élites regionales y locales en una unidad más o menos homogénea; la centralización política o subordinación de los poderes regionales a un centro de gobierno; y la construcción simbólica del Estado a partir de la producción de leyes y procedimientos burocráticos (González, 2014).

Para Elías (2004), la integración territorial en Inglaterra, Francia y Alemania implicó la articulación creciente de distintas unidades territoriales en un proceso que incluyó alianzas políticas, conflictos bélicos, arreglos matrimoniales, intercambios comerciales, conflictos religiosos, y otros fenómenos que aumentaron los grados de interdependencia entre las poblaciones y favorecieron la construcción de hegemonías territoriales por parte de las casas reales. Tras este largo devenir, la sociedad de la Edad Moderna en Occidente quedó determinada por un grado muy elevado de organización monopolista: «[s]e arrebata a los individuos aislados la libre disposición sobre los medios militares que se reserva el poder central (…) y lo mismo sucede con la facultad de recabar impuestos sobre la propiedad o sobre los ingresos de los individuos». Se establecen así dos monopolios simultáneos, «los medios financieros que afluyen al poder central sostienen el monopolio de la violencia y el monopolio de la violencia sostiene el monopolio fiscal». En torno a estos dos monopolios se van cristalizando otros con posterioridad, de tal manera que, si alguno de estos falla o desaparece, se esfuman también los otros, y con ellos el propio Estado (p. 414-415). En su interrogación por los mecanismos de formación estatal, Tilly (1992) enfatiza en el papel de la guerra exterior, mostrando cómo dentro de los límites fijados por las exigencias y compensaciones de otros estados, la extracción y la lucha por los medios necesarios para la guerra crearon las estructuras organizativas centrales del Estado (p.38). Diversas concentraciones de coerción y capital, distintas predisposiciones para la guerra, y el lugar ocupado en el sistema internacional, explican diferentes trayectorias de los Estados europeos en la lucha por establecer fronteras “hacia el exterior” y por destruir las fronteras internas que limitaban simbólica y fácticamente el poder real.

La integración social, por otra parte, implicó la transformación del equilibrio de poder entre los diversos grupos sociales. El tipo de relación y los juegos de alianzas entre el rey, la nobleza y la burguesía, así como la aparición de nuevas formas de estratificación social (clases) y las consecuentes luchas por la ciudadanía y la representación política, impactaron la constitución del modo de dominación en su conjunto. Del mismo modo, el establecimiento de un centro político y un centro institucional en un determinado territorio implicó en cada país la reorganización de las relaciones de hegemonía. Así, por ejemplo, describe Tilly, la Revolución Francesa suministró un modelo de gobierno centralizado que otros Estados emularon pasando del gobierno indirecto, o mediado por la acción de notables locales y regionales, al gobierno directo de la población, ejercido por la institucionalidad burocrática subordinada al poder central. Como el mismo autor señala, los procesos de centralización o estatalización implicaron constantes negociaciones entre el poder central y los poderes regionales y locales en el proceso de “expropiar” a los antiguos dominadores de sus derechos políticos en el territorio (Tilly, 1992: 165 y ss).

Por último, como ha llamado la atención Bourdieu (2014), el proceso de construcción estatal requirió la consolidación de un monopolio simbólico, esto es, la concentración de capital jurídico e informacional por parte del Estado, como condición necesaria para los demás procesos de concentración de poder. Un Estado puede llamarse tal cuando está en capacidad de «imponer de manera universal, a escala de cierta extensión territorial, unos principios de visión y división, formas simbólicas y principios de clasificación» (p. 231). En otras palabras, un Estado estará en estado, cuando sea el principal productor de instrumentos de construcción de la realidad social. Para Bourdieu, la coerción militar y la coacción económica, invocadas por Elías y Tilly, son secundarias respecto del poder estatal para producir un mundo social ordenado sin tener que dar órdenes o ejercer coerción permanente. En este sentido, su interés se dirige a comprender cómo los agentes que han construido el discurso del Estado (juristas, legisladores, intelectuales, etc.) han producido una ideología justificatoria de su posición: el modo de pensamiento público que, no obstante corresponderse con un modo de pensamiento particular, logró formalizarse y ser reconocido “unánimemente” como un discurso universal.

Lejos de ser un destino inexorable, la organización estatal basada en el monopolio de la violencia, es una constelación histórica contingente, que no obstante logró instalarse en los discursos politológicos y sociológicos como la “forma” política por antonomasia a partir de algunas miradas sobre la experiencia europea. Las principales teorías acerca del proceso de constitución del monopolio de la coerción y la construcción del Estado en Occidente (Weber, 1984; Mann, 2002; Tilly, 1992; Elías, 2014; Moore, 1973), buscaron explicar cómo se produjo el tránsito de sociedades altamente violentas a sociedades presuntamente civilizadas. Desde distintos enfoques, toda una constelación de autores se abocó a comprender la construcción del monopolio estatal como la manera en que se dispusieron las relaciones de la sociedad europea (o de parte de ella) con la violencia; los mecanismos y recursos que confluyeron en la concentración de los agentes detentadores de la ahora llamada violencia legítima, y los dispositivos de producción de nuevos sujetos violentos o dóciles, resistentes o sumisos al Estado.

Sin embargo, como ha señalado Tilly «no existe una sola vía normal hacia la formación del Estado». Por el contrario, «la idea de un plan maestro del Estado es un mito, una racionalización conveniente ex post facto para los que al fin acceden al poder» (1992: 15-16). Si nos concentramos en la particularidad del proceso de construcción estatal en América Latina, resulta imperativo desmarcar el relato regional de las narrativas europeas, como punto de partida para comprender su especificidad. Esto implica abandonar las lecturas del Estado latinoamericano como una versión débil o anómala de su análogo europeo para reparar en las dinámicas, valores, estructuras y prácticas que hacen a nuestra conflictiva construcción del orden (Lechner, 1977 y 1986; Mann 2002; Ansaldi y Giordano, 2012). Así mismo, como alienta Tilly con su análisis diferenciador de las experiencias europeas, es necesario reparar en la singularidad de los procesos que tiene lugar en el subcontinente, replanteando las tipologías y clasificaciones de aquellos estudios comparados que insisten en ver la incapacidad para monopolizar la violencia como un síntoma del “fracaso de los Estados latinoamericanos” (Centeno, 2014). La experiencia de Colombia, puede permitirnos repensar ciertos conceptos osificados de la ciencia política y la historiografía latinoamericana y al mismo tiempo, superar la remanida idea de la “excepcionalidad” colombiana.

La ciencia política y la sociología de corte weberiano suelen considerar la “estatalidad” como la capacidad legal del Estado para suministrar y administrar bienes públicos y controlar la violencia interna y externa. Esta comprensión parte de una distinción estricta entre las esferas de la legalidad y la ilegalidad y de una clara diferenciación entre actores estatales y no estatales, que hace suponer que la práctica estatal implica solamente aquello debidamente sancionado por el derecho. Sin embargo, una vez llevada al análisis histórico, esta noción de estatalidad entra en crisis ante la evidencia de que la capacidad legal del Estado suele apoyarse en prácticas que están fuera de la ley. Así, por ejemplo, en la historia de la formación de los Estados europeos puede entreverse cómo actividades ilegales como el pillaje, el mercenarismo y el corso, fueron promovidas por los propios Estados para consolidar su poder y autonomía (Marx, 1976; Tilly, 1985; Thomson, 1994). Los Estados latinoamericanos son profusos en prácticas informales, personalistas e ilegales que desafían permanentemente los límites del estado de derecho. Aun así, la salida analítica no puede consistir en señalar con insistencia el carácter “desviado” o “fracasado” de estos Estados, sino justamente, en analizar cómo estas prácticas “profanas” deben ser incorporadas al estudio de sus procesos de formación.

Dewey emplea el concepto de “estatalidad híbrida”, para incluir las prácticas ilegales dentro de la medición de las capacidades estatales. Así comprendida, la estatalidad es «un conjunto de recursos que puede ser generado ilegalmente tanto por actores estatales como no estatales» (Dewey, 2012: 661). Se trata de una manera de entender la estatalidad que viene ganando terreno en los estudios sobre nuevas formas de soberanía y gobernabilidad, interesados en medir las verdadera capacidad del Estado a partir de la introducción de variables como la política informal, la capacidad estatal para operar fuera de la ley, y la capacidad de “enforcement” de actores armados no estatales (Clearly, 1999; Reno, 2000). Desde esta perspectiva, «ni la fortaleza del Estado ni la capacidad del mismo son necesariamente entendidos como puros atributos legales» (p. 664, traducción nuestra).

El aporte de este enfoque para nuestro análisis es crucial. Tal como muestra Dewey, con base en la investigación de Saín (2008) sobre la Policía Bonaerense, «si se excluyen las prácticas ilegales llevadas a cabo por el Estado se obtiene una imagen muy distorsionada de su capacidad» (Dewey, 2012: 661, traducción nuestra). Nuestra lectura de la violencia parainstitucional en Colombia parte de un razonamiento análogo. En Colombia, la distinción entre legalidad e ilegalidad y entre actores estatales y no estatales es poco fructífera a los fines de desentrañar la manera en que se construye el sistema de dominación, toda vez que la fusión entre estos dos tipos de prácticas, y las asociaciones entre estos dos tipos de actores, perfilan las formas de gobierno en los territorios y los modos de construcción de la soberanía (Uribe de Hincapié, 2001).

4.2. Del “paraestado” a los paralegalismos

La violencia parainstitucional es un fenómeno tan complejo y multifacético que difícilmente puede reducirse en un concepto unívoco. De ahí la necesidad de ver qué tienen en común manifestaciones tan diversas como los grupos parapoliciales, los escuadrones de la muerte, los grupos de “vigilancia” y los ejércitos paramilitares, de manera que podamos incluirlas dentro de la misma categoría. Lo primero que debe notarse, es que estos grupos tienen como capital principal el ejercicio de la violencia, esto es, comparten una reputación como proveedores extra-legales de coerción. Esta es ofrecida de acuerdo con bases privadas a clientes individuales y corporativos, y su precio varía según la riqueza y posición del cliente y el tipo de servicio prestado (protección, ejecución de individuos o grupos, extorsión, secuestro). (Campbell, 2002)

En segundo lugar, se trata de organizaciones que mantienen una relación con el Estado y sus agentes locales, que puede ser directa o indirecta, pero que nunca es una relación espejo. Hacemos esta salvedad, por cuanto un error frecuentemente reproducido en la literatura sobre los grupos de violencia parainstitucional es su definición como “paraestados” (Ortiz Jiménez, 2009). Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por citar el ejemplo más referido en estos análisis, no son una organización centralizada que detente el monopolio de la violencia y la ley en el territorio, sino un conjunto de “franquicias” de la violencia y el crimen que, unidas bajo una “marca registrada”, coadyuvan al Estado en la preservación del orden instaurado por este. Su accionar no busca erigirse como alternativo o rupturista respecto del consensus iure, por el contrario, su acción refuerza a la autoridad estatal. En algunos casos, el Estado promueve activamente su conformación, y en otros la suscribe por medio de la tolerancia pasiva. En todo caso, para ser considerado como tal, un grupo de violencia parainstitucional deberá desarrollar una estructura organizacional paralela.

En tercer lugar, las normas que adoptan estos grupos se transgreden y manipulan con frecuencia y de ningún modo son parte de un código fijo y acordado universalmente, como si lo es la constitución política de los Estados. Los grupos de violencia parainstitucional no son responsables ante sus ciudadanos como el Estado. De hecho, no tratan con ciudadanos sino con clientes. Lo anterior no impide que se desarrollen como paralegalismos: órdenes transitorios de hecho con capacidad de construir sus propios códigos, normas y rituales, que establecen redes de control social en distintas zonas de ocupación e influencia desplegando toda una serie de poderes análogos, y no necesariamente en disputa, con la soberanía del Estado colombiano.

Descartado el término “paraestado” para referir a los diferentes grupos de violencia parainstitucional que actúan en el país, avancemos en la comprensión de otro término de notable ambigüedad: el paramilitarismo. La revisión de la producción académica colombiana sobre el tema revela que el principal obstáculo para analizar el paramilitarismo no es conceptual sino, fundamentalmente, político e ideológico. En la definición de categorías como “autodefensas”, “paramilitarismo”, “terrorismo”, o “narcoparamilitarismo”, por mencionar solo las más mentadas, se pone en juego, no sólo la clasificación sociológica de los hechos de violencia, sino el tipo de comprensión que se tiene de la historia colombiana. Ello sin descontar los efectos del uso de una u otra categoría en la asignación de responsabilidades penales y estatus político de los actores armados. Como todas las definiciones, éstas dependen de la grilla hermenéutica de quien las elabora. Por eso, antes de avanzar con la caracterización de las dinámicas de la violencia parainstitucional de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI es importante identificar algunas de las líneas interpretativas que han abordado el fenómeno en el último ciclo y situarnos frente a ellas. Este breve estado del arte nos permitirá marcar una vacancia: la ausencia de investigaciones para el periodo 1945-1983, y notar un énfasis dentro de la producción existente: el estudio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

4.3. Paramilitarismo: ese obscuro objeto de estudio

En consonancia con nuestro enfoque, orientado a la comprensión de la violencia parainstitucional en relación con el proceso histórico de formación estatal y con la evolución del sistema de dominación, Franco (2009) identifica tres tendencias en los estudios sobre el paramilitarismo: estado-céntricas, socio-céntricas y relacionales.

Las interpretaciones estado-céntricas, como su nombre lo indica, ponen en el centro de la discusión la responsabilidad del Estado en la formación de los grupos paramilitares, ya sea por su agencia directa y patrocinio o por su fracaso en la regulación de los conflictos sociales. De este cuño son las investigaciones que explican el paramilitarismo como producto de la adaptación de las fuerzas armadas estatales a las necesidades de la guerra irregular de acuerdo con los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional y la teoría de los Conflictos de Baja Intensidad (CBI) (Medina Gallego y Téllez, 1994). En esta perspectiva se ubican también aquellos estudios que ven en el paramilitarismo la expresión de una política de Estado que hace de éste un instrumento privilegiado de la lucha contrainsurgente, llegando a nomenclar el caso colombiano bajo la categoría de Terrorismo de Estado (Calvo, 2008; Banco de Datos de Violencia Política, 2004; CNM, 2000).

Encontramos problemático el uso de esta última categoría, por considerar que implica una percepción del fenómeno en la que la violencia parainstitucional responde a una estrategia político-militar planificada sistemáticamente desde la institución estatal. Si bien coincidimos con el diagnóstico de base de estos trabajos (la existencia de una relación orgánica entre el Estado y los grupos paramilitares), así como con las fuentes periodísticas y judiciales en las que se fundan, consideramos que, sobre todo aquellas referidas al Terrorismo de Estado, corren el riesgo de desestimar el rol jugado por actores no estatales en la configuración del sistema de dominación. Un segundo riesgo al que se expone este enfoque es desembocar en una concepción voluntarista e instrumentalista del Estado, a la luz de la cual éste «es concebido como un sujeto político unitario con voluntad propia, por encima y por fuera de la sociedad; o como un producto o un instrumento de una voluntad de clase para fines de represión y dominación» (Franco: 2009:354).

Sin negar su carácter de clase, Gramsci ha mostrado que el Estado no es un sujeto político unitario y con voluntad propia, que se halle en una relación de exterioridad respecto de la sociedad, ni un mero instrumento represivo al servicio de la clase dominante: «[e]l Estado es todo el conjunto de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no sólo justifica y mantiene su dominio sino que llega a obtener el consenso de los gobernados» (Gramsci, 1978:108). El “Estado pleno”, incluye tanto el aparato de Estado en sentido clásico (ejército, policía, administración, burocracia), que tiene funciones coercitivas y económicas, como los medios de dirección intelectual y moral de una clase sobre la sociedad esto es, la función adaptativa y educativa de la hegemonía. Siendo en cada Estado distinto, «el conjunto de relaciones sociales, los métodos políticos a emplear, el recurso a la fuerza, la combinación de fuerzas legales e ilegales deben ser diferentes» (p. 110).

En la orilla contraria se hallan los estudios que sitúan el origen del fenómeno paramilitar en la esfera de la “sociedad civil”. En ellos, el paramilitarismo aparece como un actor independiente del Estado, con sus propias lógicas y dinámicas. No se trataría ya de una respuesta estatal a la insurgencia sino de la reacción de distintos grupos sociales (narcotraficantes, terratenientes, campesinos o comerciantes) ante la amenaza de la guerrilla sobre su vida y bienes. El trabajo de Cubides (2005) se ubica en esta perspectiva, al identificar el origen de los grupos paramilitares en la reacción de los grupos narcotraficantes frente al cobro de vacunas y el aumento los secuestros por parte de la guerrilla. Una reacción a la que se sumarían otros sectores de la sociedad civil frente al vacío estatal, según las explicaciones de Pizarro (2004). Romero (2003) sostendrá una idea similar, pero ubicando a las “elites rurales” como las gestoras de la iniciativa paramilitar, frente a la amenaza de la acción insurgente, el desamparo estatal, y los efectos nocivos de las negociaciones de paz sobre el equilibrio de poder local. Para Romero, el paramilitarismo iría a contramano de las políticas reformistas del Estado central, buscando revertir sus efectos en la redefinición de los equilibrios políticos regionales a través de la formación de una estructura de poder compuesta por “empresarios de la coerción”: «individuo[s] especializado[s] en la administración, despliegue y uso de la violencia organizada, la cual es ofrecida como mercancía a cambio de dinero u otros valores» (2003: 17). Romero se pregunta ¿cómo fue posible «el florecimiento de organizaciones armadas paraestatales y de empresarios de la coerción en un Estado que aún no ha colapsado?» Y más aún, «¿cómo explicar la consolidación de las AUC, cuando sus diferentes grupos fueron responsables de violaciones masivas de derechos humanos y de la generalización de la violencia, precisamente bajo gobiernos civiles y elegidos por voto?» (p. 7).

Si bien las preguntas de Romero anticipan nuestra hipótesis de que la violencia parainstitucional hace estallar los límites entre autoritarismo y democracia, legalidad e ilegalidad, y legitimidad e ilegitimidad, nos distanciamos de su enfoque por considerar que no pondera suficientemente el rol del Estado en la conformación y expansión de dichos grupos. Una opinión similar nos merece el análisis de Rangel (2005) quien concibe a los paramilitares «como actores civiles del conflicto armado [cuya] dinámica ha corrido independientemente de los planes contrainsurgentes del Estado» siendo autónomos respecto de éste y teniendo, por el contrario «como política infiltrar instituciones del Estado, sobornar a funcionarios, subordinarlos a sus intereses y ponerlos al servicio de sus propios planes» (p.13).

Una tercera postura, que no media entre estado-centrismo y socio-centrismo, sino que desplaza la cuestión, es aquella que analiza el paramilitarismo como una modalidad de dominación regional en la que confluyen intereses de elites locales, actores ilegales e instancias del Estado. Se trata de la lectura de Duncan (2007), quien emplea el concepto de “señores de la guerra” para describir una modalidad en la que se intersecan distintos tipos de violencia organizada ejecutados por diversos actores, con intereses igualmente diversos que se articulan reticularmente, y que con el paso del tiempo terminan infiltrando las instituciones de gobierno. Duncan evade la pregunta por los orígenes del paramilitarismo para concentrarse en cómo ocurre la transformación de facciones armadas de capitalistas rurales y narcotraficantes a ejércitos paramilitares con capacidad para usurpar las funciones del Estado. Según el autor, la existencia de “señores de la guerra” tiene lugar «cuando la coerción y protección en una sociedad por parte de facciones armadas al servicio de intereses individuales y patrimonialistas, es superior a la capacidad del Estado democrático de ejercer un grado mínimo de monopolio de la violencia» (p.30). Siguiendo los pasos de los fanáticos del “paraestado” Duncan concluirá que «al ser las facciones armadas la principal herramienta de coerción, extracción de recursos y protección del orden social en una comunidad» en la práctica los “señores de la guerra” terminan constituyéndose en Estado (p. 30). El descuido de la pregunta por el origen del paramilitarismo no deja de tener efectos. En primer lugar, obscurece los vínculos constitutivos del fenómeno paramilitar con el Estado, haciendo aparecer a este último como la “víctima” de un actor armado ilegal que adquirió dimensiones insospechadas. Por otro lado, difumina la relación estructural entre clases dominantes y Estado, quedando éste completamente refractario a lo ocurrido en una sociedad envuelta en la estela de corrupción y violencia de los “señores de la guerra”. Finalmente, la categoría de “señores de la guerra” al quedar acotada al caso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) deja por fuera una extensa gama de manifestaciones de violencia parainstitucional³.

La perspectiva que denominamos relacional, es desarrollada por Franco (2009) y Hristov (2014). La primera autora, formula los conceptos de “complejo contrainsurgente” y “mercenarismo corporativo”. El complejo contrainsurgente, dirá, surge como respuesta a situaciones de amenaza al orden político estatal de carácter secesionista e insurgente y su carácter complejo implica que involucra más dimensiones además de la militar. En su formulación participan actores estatales, grupos de interés y elites políticas, que además de la integridad institucional buscan preservar la continuidad del poder político y la preservación de la hegemonía. El mercenarismo corporativo es el componente militar del complejo contrainsurgente y se distingue del paramilitarismo porque no depende exclusivamente del aparato estatal, comprendiendo la participación de sectores corporativos privados, por lo que además de la preservación del poder estatal asume el resguardo de actividades económicas legales e ilegales. El complejo contrainsurgente tiene más dimensiones además de la militar en el ámbito de la legalidad, tales como las medidas de excepción y las acciones comunicacionales destinadas a mantener la legitimidad, que permean la sociedad con prácticas y valores como el militarismo y la propaganda contrainsurgente, entre otros. Su reproducción depende, más que de la existencia de la insurgencia, de la complicidad de sectores significativos de la sociedad, que perciben amenazado el orden social y comparten un mismo enemigo con el mercenario.

Nuestra reconstrucción de las dinámicas de violencia parainstitucional sigue en buena medida los lineamientos conceptuales de Franco. Su mirada compleja, centrada en las relaciones sociales, y no en el aparato de Estado o en la iniciativa de algún actor de la sociedad civil se ajusta en mejor medida a nuestro análisis del fenómeno, que las líneas estado-céntricas y socio-céntricas. La potencia de Franco radica en la observación rigurosa de tres tipos de relaciones que permiten explicar la naturaleza y el papel de la violencia parainstitucional en el seno del bloque de poder contrainsurgente: «la relación entre violencia insurgente y violencia paramilitar; la relación entre aparato estatal y paramilitarismo; y la relación entre paramilitarismo, economía en la guerra y economía de la guerra» (2009:356).

La distinción entre violencia insurgente y violencia paramilitar es establecida en función del lugar que ocupan una y otra respecto al poder establecido: «mientras la insurgencia debe entenderse, fundamentalmente como un movimiento organizado en desafío contra el poder político instituido (...) lo que es característico a la contrainsurgencia es su disposición a la preservación del poder». Esta contraposición «no significa que entre ambas haya una relación de causalidad donde la insurgencia es obligatoriamente el punto de partida» (p. 360). El bloque de poder que adopta una estrategia contrainsurgente, señala la autora, es anterior al surgimiento de la insurgencia, y se halla constituido por fracciones de la clase dominante y el aparato estatal unidos por un instinto de conservación que se activa ante el temor político generado por fuerzas democratizantes que impliquen una eventual redefinición de la correlación de fuerzas, y una consecuente erosión de su régimen de privilegios. Ignorando esta distinción, el discurso hegemónico de las organizaciones de violencia parainstitucional y muchos de los estudios académicos de corte socio-céntrico, sostienen que la insurgencia es una causa suficiente y necesaria para las fuerzas contrainsurgentes, justificando su accionar como organizaciones de carácter defensivo (autodefensas) y no preventivo punitivo.

La relación entre aparato estatal y paramilitarismo es comprendida por Franco como un vínculo orgánico inherente al diseño y ejecución de la estrategia contrainsurgente. «Dado que el prefijo para implica contigüidad y paralelismo —más allá de, además de, al lado de— la expresión “paramilitar” —aclara la autora— denota una condición de extensión y apoyo coercitivo de las fuerzas militares oficiales en su función de configuración y mantenimiento del orden interior» (2009:364, cursivas en el original). En un sentido similar, Giraldo (2004) advierte que «el paramilitarismo denota actividades cercanas a lo militar pero que al mismo tiempo desvían o irregularizan la milicia». Actuando codo a codo con la institución militar, los paramilitares ejercen simultáneamente una acción irregular, desviada, deformada, de su deber ser. Tal desviación se produce en dos sentidos: «por la politización o ideologización de los hombres de armas, que los lleva a usar la fuerza en defensa de los intereses de un grupo o sector de la sociedad y no en defensa de los intereses del conjunto»; y por la vinculación de personas o grupos civiles a la acción armada a personas o grupos civiles. El sufijo para denotaría así un doble aspecto: la privatización del ejercicio de la violencia para fines particulares y el borramiento de las fronteras entre lo civil y lo militar (Giraldo, 2004).

Por último, con la distinción entre “economía en la guerra” y “economía de la guerra”, Franco busca diferenciar «entre las rentas capturadas para la financiación de la estrategia bélica y las prácticas económicas (apropiaciones, transacciones y flujos) que en el marco de la contienda permiten la acumulación o el atesoramiento de riqueza» (2009: 398). Lo específico del fenómeno paramilitar es su intervención en la defensa y protección de los intereses de las fracciones de la clase dominante que se han objetivado como orden. En sus orígenes no está el deseo individual de enriquecimiento de unos combatientes ambiciosos, sino la protección violenta de intereses económico-corporativos de los sectores dominantes que son simbolizados como “el interés general”. De este modo, la guerra preventiva y punitiva es encargada a los grupos de violencia parainstitucional, que fungen como mecanismos de regulación para la conservación de lo acumulado y para su expansión constante. Con esto, Franco nos permite apartarnos de los abordajes utilitaristas del fenómeno paramilitar que desatienden las condiciones socio-históricas que propician la formación de estructuras coactivas paralelas, para enfocarse en el deseo de enriquecimiento de unos guerreros codiciosos que después habrán de convertirse en “élites rurales”, traficantes ilegales y depredadores de rentas con deseos de controlar el Estado. El impulso de preservar y acumular el capital (económico, político, simbólico y social) atraviesa tanto a las bases de reproducción de la violencia parainstitucional como a la cúspide del bloque contrainsurgente, y es en virtud de este deseo que se produce la descentralización del monopolio estatal de la fuerza.

También desde un enfoque relacional, el trabajo de Hristov (2014) arriba a presupuestos similares a los nuestros, pero desde una perspectiva anclada en la economía política marxista. En su libro Paramilitarism and Neoliberalism, la autora explora el rol de la violencia en el proceso de acumulación de capital, desposesión y exacerbación de las desigualdades sociales en Colombia. Encontramos de absoluta utilidad los criterios de definición del paramilitarismo esbozados por Hristov, en crítica abierta a los enfoques previos. El primero de ellos, consiste en comprender el paramilitarismo como un fenómeno multidimensional, es decir, como un fenómeno que es, simultáneamente económico, político y militar. Como veremos a lo largo de esta tesis, la manera en que cada una de estas dimensiones se expresa históricamente es contingente. Como segundo principio, Hristov señala que el paramilitarismo es una formación social estructural, lo que equivale a decir que hunde sus raíces en la estructura política y económica de la sociedad colombiana. En este sentido, el paramilitarismo se desenvuelve conforme a las necesidades del modo de acumulación y es posible distinguir patrones persistentes de relación en la larga duración. En las páginas que siguen, documentaremos de qué manera la violencia parainstitucional ha sido un instrumento proactivo en el avance del capitalismo al habilitar la desposesión y la represión, y por qué no puede ser limitado a la actividad de un grupo armado específico, como pretenden los análisis centrados en las AUC. Como tercer principio, y en la línea de Franco (2009) y de nuestro propio análisis, Hristov encuentra que la relación entre paramilitarismo y Estado es dialéctica, pues cada parte forma y afecta la evolución de la otra. Esta relación de doble vía «se caracteriza por los flujos de armas, inteligencia, dinero y materias primas de alta valor monetario, tales como las drogas ilegales, la tierra y las empresas» que sostienen un amplio espectro de actividades de beneficio mutuo, y cuyo «éxito depende de la colaboración entre los miembros de cada entidad» (2014: 157, la traducción es nuestra). Finalmente, la autora destaca el vínculo entre paramilitarismo y transnacionalización del Estado en Colombia. En el capítulo 4 tendremos oportunidad de observar cómo tiene lugar este último proceso.

También Kalyvas y Arjona (2005) a través de su definición minimalista, pero ciertamente operativa del paramilitarismo, ubican el fenómeno en el proceso ampliado de construcción estatal: «los paramilitares son grupos armados que están directa o indirectamente relacionados con el Estado y sus agentes locales, conformados por el Estado o tolerados por este, pero que se encuentran por fuera de su estructura formal» (p. 29). Diferimos sin embargo de su explicación acerca del surgimiento del paramilitarismo como efecto de la debilidad del Estado y de cambios internos como el déficit de centralización estatal y la presencia de fuerzas insurgentes, que termina situando a las guerrillas como la causa eficiente de la violencia parainstitucional.

Pese a sus diferencias, los estudios de Franco, Giraldo, Kalyvas-Arjona y Hristov, sitúan el paramilitarismo en el proceso general de construcción del Estado. Franco y Hristov, entienden la estatalidad como una formación continua cuyo devenir es una constante superación de los desequilibrios de intereses entre las distintas clases y fracciones de clase. Siguiendo a Dewey, nosotros agregaremos el carácter dual o híbrido de la respuesta estatal que es al mismo tiempo: legal e ilegal, institucional y parainstitucional, militar y paramilitar, con miras a la conservación del sistema de dominación. De este modo, llegamos a la matriz en la que nos interesa inscribir nuestra investigación: aquella que piensa la violencia parainstitucional a partir de la articulación entre formación estatal, conflicto de clases y contrainsurgencia. Las estrategias y tácticas que adquiere históricamente la violencia parainstitucional varían, pero no así su finalidad como dispositivo de control social. Así, ha sido una herramienta auspiciada por los gobiernos (nacionales o locales), por los organismos de seguridad (policía, fuerzas armadas), por el Estado norteamericano, por fracciones de las clases dominantes locales, nacionales y trasnacionales, para neutralizar cualquier reivindicación social que cuestione el ordenamiento político, económico y/o social imperante.

Este entramado de relaciones e intereses de clase tiene como punto de llegada el Estado, lo cual no significa entenderlo como un ente jurídico con voluntad propia; sino como un producto histórico que condensa la correlación de fuerzas en disputa, cuyas instituciones adquieren formas diversas y cambiantes de acuerdo al carácter del conflicto entre fuerzas conservadoras y fuerzas democratizantes. La violencia parainstitucional, puede rastrearse así,

en directrices, públicas o secretas, legales o ilegales, tendientes a organizar militarmente a una fracción de la población para el cumplimiento de funciones relativas al conflicto; en la implementación de estrategias selectivas, en las que ciertas instituciones asumen directamente la función de organizar a tales fracciones; en la incitación por otros poderes a “dejar hacer” o “dejar pasar” la actividad de dichas organizaciones; o en combinaciones variables de organización directa e incitación (Franco, 2009: 365).

5. Estructura de la investigación

Responderemos a la pregunta por las condiciones de emergencia y desarrollo de la violencia parainstitucional en Colombia a lo largo de cuatro capítulos. En el primero, nos ocupamos del periodo (1945-1958) indagando en los factores políticos, económicos y sociales que concurren en la ola de violencia estatal y parainstitucional desatada bajo la égida de del Partido Conservador. Recusando las interpretaciones que datan el inicio de la “Violencia” en el año 1948, mostraremos que los hostigamientos y asesinatos contra la población empezaron a producirse a pocos meses del ascenso de Ospina Pérez en 1946, en una primera fase de violencia oficial que se extendió hasta 1948 y tuvo como actores principales a las policías locales. Un segundo momento, que fechamos entre abril de 1948 y 1953, implicó la militarización y politización del cuerpo de policía a nivel nacional en favor del régimen conservador, “la Chulavita”, y la creación de organizaciones parapoliciales como los “Pájaros”, los “Contrachusmeros” y los “Aplanchadores”, entre otras, conformadas por civiles armados dedicados al asesinato selectivo de militantes liberales y poblaciones disidentes y a la conservatización de burocracias a lo largo del país. Cerramos el capítulo analizando las medidas adoptadas durante el gobierno militar de Rojas Pinilla (1954-1958), para ver cómo, desde entonces, tanto la violencia estatal como la paramilitar, adquirieron un carácter claramente contrainsurgente, en una política de exterminio que alcanzó a las incipientes guerrillas comunistas, a los ex guerrilleros liberales y todo sector considerado de oposición.

En el segundo capítulo analizamos las décadas del sesenta y setenta. Durante esta fase, la estrategia de dominación se reorganiza y la violencia parainstitucional se actualiza bajo los cánones de la guerra contrainsurgente de la escuela norteamericana. A partir de una interpretación local de los planteamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional y siguiendo la concepción político-militar estadounidense, la violencia parainstitucional adquiere la forma de un dispositivo orientado a la contención de las guerrillas comunistas emergentes, y de todo tipo de movilización social y política que represente un desafío al orden de propiedad y privilegios del bloque dominante. Con las formas propias de una “democracia del garrote”, los gobiernos del Frente Nacional implementaron un complejo de mecanismos institucionales y prácticas políticas, militares y discursivas que oscilaron entre la legalidad y la ilegalidad y entre el consenso y la coerción. Desde la realización de acuerdos consociacionales entre las élites partidistas hasta el recurso constante al estado de sitio para la represión y dispersión de la protesta social; desde el encauzamiento institucional del movimiento campesino, hasta la autonomización y fortalecimiento del estamento militar en el manejo del orden público. De esta forma, los dieciséis años del Frente Nacional (1958-1974) y los cuatro que sucedieron a su desmonte (1974-1978) son un periodo clave para comprender la manera en que se produjo un proceso de reorganización del Estado y de la sociedad colombiana bajo los cánones de la guerra contrainsurgente.

En el capítulo tres estudiamos el primer ciclo del paramilitarismo (1982-1991) que fechamos entre la aparición del escuadrón Muerte a Secuestradores (MAS) y el surgimiento de las estructuras que compondrán las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a comienzos de los noventa. Damos cuenta del conjunto de factores endógenos y exógenos que convergen en la alianza contrainsurgente tejida entre sectores legales e ilegales para conjurar la fragilidad del orden, conservar el sentido de la dominación política y servir a las necesidades de la acumulación. Dentro del primer grupo de factores, el anticomunismo y la guerra internacional contra las drogas liderados por el gobierno de Estados Unidos cumplieron un papel preponderante, no sólo por la funcionalidad de la lucha antinarcóticos para la defensa de los intereses geopolíticos norteamericanos en América Latina, sino por los nexos comprobados entre la campaña contrainsurgente y la guerra contra las drogas en Colombia. A nivel local, el surgimiento y consolidación de grupos de autodefensa y escuadrones de la muerte, con el apoyo de las Fuerzas Militares y el financiamiento de los grupos narcotraficantes, estuvo fuertemente vinculado a la crisis general del sistema de dominación clientelar.

En el capítulo cuatro, reconstruimos el segundo ciclo paramilitar (1991-2002) detallando los pormenores de la alianza entre militares, paramilitares, narcotraficantes, políticos, terratenientes, empresas transnacionales, que está en la base del ascenso y consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Veremos cómo en un contexto de crisis simultáneas, el despegue paramilitar encarnó una forma específica de organización de la coerción por medio de la cual el Estado a través de las fuerzas militares, la policía y sus representantes civiles en los territorios, y sectores del bloque dominante buscaron reprimir y controlar a las poblaciones que contravenían sus intereses y relanzar su estrategia de dominación: “la refundación de una patria propietaria”, sin afrontar consecuencias sobre su legitimidad.

Para comprender las características del ciclo de consolidación de la violencia parainstitucional, volvemos sobre los acontecimientos que marcan el periodo: la promulgación de una nueva Carta Constitucional en 1991, la desmovilización de tres grupos guerrilleros a comienzos de los noventa, la implementación del modelo económico neoliberal, la radicalización de la lucha contra las drogas auspiciada por los EEUU, la participación creciente de las Fuerzas del Estado en violaciones a los derechos humanos, el giro discursivo operado en la Guerra Internacional contra el terrorismo y su impacto en la manera de concebir el conflicto armado. Así mismo atendemos a los impactos de la “Política de Seguridad y Defensa Democrática” impulsada por el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), que culmina con el proceso de desmovilización de los paramilitares y la convalidación de su proyecto hegemónico. A la vez, constatamos la persistencia de problemáticas estructurales como la lucha por la tierra y los recursos, los altos índices de impunidad y debilidad institucional, la criminalización de la protesta social y la consolidación de un Estado autoritario.

La tesis cierra con un Post-scríptum sobre la situación de los Diálogos de La Habana (Cuba) entre el gobierno nacional y las FARC-EP y un apartado de conclusiones que recoge los planteos generales de la investigación. Así mismo contiene una serie de anexos que detallan la composición de los agentes de violencia parainstitucional en los dos últimos subperiodos y un mapa geográfico que orienta al lector en los escenarios de confrontación.

¹ Fund for Peace es un centro de estudios estadounidense que emite desde 2005 un Índice anual de Estados Fallidos (Failed States Index) donde clasifica a los países basándose en doce factores: presión demográfica creciente, movimientos masivos de refugiados y desplazados internos; descontento grupal y búsqueda de venganza, huida crónica y constante de población; desarrollo desigual entre grupos; crisis económica aguda o grave; criminalización y deslegitimación del Estado; deterioro progresivo de los servicios públicos; violación extendida de los Derechos Humanos; aparato de seguridad que supone un ‘Estado dentro del Estado’; ascenso de élites faccionalizadas e intervención, de otros Estados o factores externos. Colombia fue declarada en alerta máxima en el año 2006 y en peligro (nivel anterior) entre 2007 y 2014. Los índices globales pueden consultarse en http://fsi.fundforpeace.org/

² Sabemos de la polémica inconclusa en torno al uso de las categorías de agente, actor y sujeto en la teoría sociológica. Para efectos de la presente investigación, usamos indistintamente las palabras agente y actor para comprender la agencia desde la perspectiva de Giddens (1984). Según el autor, dentro de los rasgos del agente se encuentran: la competencia (un actor tiene una comprensión teórica sobre los fundamentos de su actividad); la reflexividad (el agente tiene como aspecto intrínseco de lo que hace, la aptitud de comprender lo que hace en tanto lo hace); la intencionalidad (el agente responde a razones y motivaciones en su actuar, aunque muchas de estas motivaciones no formen parte de su conciencia discursiva, por eso intencionalidad no es sinónimo de tener un propósito firme y determinado) y la imprevisibilidad de las acciones (la acción del agente tiene consecuencias no buscadas e implicaciones imprevistas que están fuera del alcance del agente).

³ El debate con Duncan será retomado en el capítulo IV cuando ampliemos las críticas a las lecturas autonomistas del fenómeno paramilitar.

CAPÍTULO I. CHULAVITAS, PÁJAROS Y CONTRACHUSMEROS

Violencia parainstitucional y cruzada antipopular (1946-1958)

Durante el día los militares andaban por los torrentes de las calles, con los pantalones enrollados a media pierna, jugando a los naufragios con los niños. En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culetazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos.

Gabriel García Márquez
Cien Años de Soledad

Introducción

La formación de grupos paramilitares y el uso sistemático de la violencia estatal como tácticas de control social se remontan al siglo XIX colombiano y se extienden con diversos grados de intensidad hasta hoy deviniendo un fenómeno estructural del proceso de construcción de lo público-político. Así, durante la Hegemonía Conservadora (1886-1930) las armas de la República se emplearon para asesinar a los trabajadores, como sucedió en la Masacre de las Bananeras. También en la década del treinta, el gobierno del liberal Enrique Olaya Herrera (1930-1934) desató la persecución contra los conservadores vencidos por parte de las guardias de rentas en los Departamentos de Santander y Boyacá.⁴ Y antes de promediar el siglo XX, la confrontación entre liberales y conservadores dio paso a prácticas de violencia parainstitucional que horadaron profundamente la confianza de los colombianos en las instituciones y marcaron definitivamente el rumbo del país.

En el presente capítulo nos ocupamos de esta última coyuntura, indagando en las condiciones de emergencia de la violencia estatal y parainstitucional entre 1946 y 1958 bajo la égida de las fuerzas conservadoras. Recusando las tesis que datan el inicio de la mal llamada “Violencia”⁵ en 1948, veremos que los hostigamientos y asesinatos contra la población empezaron a producirse a pocos meses del ascenso del presidente Ospina Pérez en 1946, en una primera fase de violencia oficial que se extendió hasta 1948 y tuvo como actores principales a las policías locales. Un segundo momento, que fechamos entre abril de 1948 y 1953, implicó la militarización y politización del cuerpo de policía a nivel nacional en favor del régimen conservador —la Policía Chulavita— y la creación de organizaciones parapoliciales como los Pájaros, los Contrachusmeros y los Aplanchadores, entre otras, conformadas por civiles armados dedicados al asesinato selectivo de militantes liberales y poblaciones disidentes y a la conservatización de burocracias a lo largo del país. Finalmente, durante el gobierno militar de Rojas Pinilla (1954-1958), la violencia estatal y paramilitar adquirió un carácter claramente contrainsurgente, en una política de exterminio que alcanzó a las incipientes guerrillas comunistas, a los ex guerrilleros liberales y todo sector opositor.

En nuestra lectura, la violencia exacerbada a partir de 1946 reflejó el entrecruzamiento conflictivo de tres fenómenos: el avance de un movimiento popular incipiente que reclamaba la realización de las mejoras sociales prometidas por el corporativismo liberal en la década del treinta; el desmonte, por parte de las elites políticas, de la ideología de intervención estatal en pro de una claramente liberal capitalista que se acompañó de una ofensiva antipopular; y la radicalización de las formas de interacción política que transitaron de la competencia electoral a la adversidad política y de ésta al exterminio sistemático. Este último, lejos de ser simétrico, estuvo marcado por la acción desmesurada de los gobiernos conservadores, sus órganos policiales y sus cómplices civiles en contra de aquellos sectores que performativamente identificaron como peligrosos.

Deseamos repensar las interpretaciones comunes que aluden a la violencia colombiana de mitad del siglo XX como un fenómeno exclusivamente ideológico-partidista. Si bien la violencia discursiva se gestó desde los centros urbanos en voz de los líderes de ambos partidos, en las provincias el motivo político-ideológico fue reinterpretado y usado como telón de fondo para la articulación de conflictividades de distinto tipo, que iban desde la disputa por la propiedad de la tierra y los recursos hasta la defensa de la religión católica y las venganzas de sangre, en un proceso social que expresó el profundo choque de valores (tradicionales vs modernos) por el que atravesaba la sociedad colombiana. Así, tan importante como la violencia directa fue la violencia simbólica a través de la cual los líderes de las colectividades partidistas y la Iglesia Católica instigaron el enfrentamiento fratricida entre “los de abajo” haciendo uso del apego atávico e inconsciente del pueblo a los dos partidos tradicionales y la fe católica para desarticular cualquier intento de revuelta popular y consolidar los repartos de poder existentes (Perea, 1996).

1. Violencia parainstitucional y conservación del statu quo

Antes de abocarnos al análisis del periodo seleccionado, conviene explicar por qué partimos del concepto de violencia parainstitucional y no llanamente del de violencia paramilitar, que tiene un uso más extendido. Nuestra selección obedece a tres factores. En primer lugar, al carácter híbrido de la acción represiva de las fuerzas conservadoras, que incluía tanto acciones paramilitares como parapoliciales. En segundo lugar, a nuestra concepción de la violencia parainstitucional no como un fenómeno independiente de la órbita estatal (como ha sido comúnmente definido el paramilitarismo), sino como una forma concreta de control social que busca el mantenimiento del statu quo. En este sentido, recuperamos la definición aportada por Medina Gallego y Téllez (1994:45-46) quienes refieren a la violencia parainstitucional «como una modalidad no ortodoxa de control social» que tiene expresiones de tipo paramilitar (fundamentalmente rural) y parapolicial (de carácter urbano y suburbano). A diferencia de la violencia contraestatal, la violencia parainstitucional «no tiene por objeto la transformación de la sociedad, sino garantizar, complementar y suplementar su funcionamiento cuando el Estado no está en condiciones de hacerlo por limitaciones de distinta índole». Se trata de una violencia que busca conservar el ordenamiento existente y se compromete con el auxilio de la organización institucional a través de organizaciones que operan al servicio del estamento en labores de represión y coacción física al margen de la ley. En tercer lugar, nos corremos del concepto de paramilitarismo por encontrarlo fuertemente ligado al de guerra contrainsurgente divulgado por la Doctrina de Seguridad Nacional que, como veremos, se halla en estado germinal a mediados de los cuarenta.

Lo ocurrido a propósito del enfrentamiento entre liberales y conservadores debe ser leído como algo más que el maniobrar circunstancial y aislado de una serie de grupos armados para comprenderse en el marco de una estrategia política, social, económica y militar de más largo aliento, que hemos resuelto denominar “cruzada antipopular”, parafraseando a Sánchez (1989a), para entender el conjunto de mecanismos legales y extralegales empleados por los sectores dominantes para contener y someter por la fuerza la movilización social insurgente.

Lo anterior no obsta que nos sirvamos de investigaciones que se han ocupado del fenómeno paramilitar para analizar los mecanismos de funcionamiento de las organizaciones de civiles armados que pulularon en el país en los años cincuenta. Kalyvas y Arjona (2005) elaboraron una tipología de los grupos paramilitares en función de dos variables: la dimensión territorial (local o supralocal) y el tamaño (pequeño o grande). Así, identifican cuatro modalidades: en el nivel local, los vigilantes y los guardianes locales, y a nivel supralocal los escuadrones de la muerte, y las milicias y escuadrones paramilitares. Haciendo uso de esta tipología, podemos decir que en un comienzo los Pájaros y los Contrachusmeros nacieron como grupos vigilantes «formados por civiles principiantes a tiempo parcial que usurparon temporalmente las fuerzas del Estado, la ley y el monopolio de la violencia, para controlar el crimen o hacer cumplir las normas sociales» (Kalyvas y Arjona, 2005: 31); y que paulatinamente fueron evolucionando hacia escuadrones de la muerte bajo la estructura de una cadena nacional de comando. Durante el gobierno de Rojas Pinilla, los Pájaros estuvieron ligados a agencias de alto nivel del Estado como el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) y contaron con miembros “profesionales” de tiempo completo como los escuadrones de la muerte salvadoreños. Además, contaron con el apoyo de los terratenientes y sectores dominantes como la Iglesia Católica para eliminar a los enemigos del Estado y sembrar el terror generalizado.

No estamos en capacidad de asegurar que para la época se pueda hablar de ejércitos paramilitares, en tanto estos son definidos como estructuras grandes y móviles «que operan en áreas bastante amplias o se mueven en diferentes zonas; tienen un comando altamente unificado y están en capacidad de realizar operaciones coordinadas de gran magnitud; también desarrollan estructuras formales o cuasi-formales paralelas a las que tienen los ejércitos regulares y tienden a parecerse a los ejércitos guerrilleros» (Kalyvas y Arjona, 2005: 33). Esta nos parece una definición más acertada para referirnos a los grupos fundados en la década del noventa.

Además de la tipología citada, el trabajo de Kalyvas resulta esclarecedor por la vinculación del fenómeno paramilitar con el proceso de concentración del monopolio de la violencia inherente a la construcción estatal. En este sentido, el autor se pregunta cuáles son las razones que conducen a un Estado a crear o tolerar la privatización de la violencia en manos de terceros. En su opinión, los Estados fuertes no necesitan privatizar la violencia o hacer de la misma un outsourcing para que la ejerzan terceros. Son más bien los estados que enfrentan amenazas internas a este mismo monopolio los que acuden a esta práctica. «Paradójicamente —dice Kalyvas— los Estados deben disolver el monopolio de la violencia para preservarlo» (p. 35). En general, son tres los tipos de Estados que enfrentan estas circunstancias: Estados ocupados por agentes externos que pueden ser invasores o colonizadores; Estados no centralizados que buscan la “pacificación” de sus periferias; y Estados que enfrentan insurgencias. Este último sería, para Kalyvas el caso de Colombia.

Sabemos que una de las prescripciones de la Doctrina de Seguridad Nacional fue la conformación de grupos paramilitares como parte de la estrategia contrainsurgente. De esta hicieron eco fiel los gobiernos latinoamericanos a partir de la década del sesenta. Ahora bien, ¿cómo explicar la existencia de grupos de violencia parainstitucional en la etapa anterior? Vale decir, ¿cómo explicar la existencia de grupos como los Pájaros, los Contrachusmeros y los Aplanchadores a mediados de los cuarenta, cuando aún no se hallaba expandida la doctrina militar de la Guerra Fría? En nuestra opinión, un cuarto factor no contemplado por Kalyvas se asocia al origen de las organizaciones paramilitares: la defensa del statu quo. En contextos en los que se anticipa una movilización popular masiva que puede desestabilizar el orden existente, como creyeron las elites y gobiernos conservadores que ocurriría con el gaitanismo a mediados de los cuarenta, la formación de grupos de violencia parainstitucional responde a la necesidad de los sectores dominantes de desarticular cualquier amenaza al sistema de órdenes y privilegios vigentes. A continuación, detallamos los pormenores de esta avanzada.

2. Las raíces del conflicto

Entre 1903 y 1948, la política colombiana apuntó a la construcción de un modelo de civilidad basado en la representación partidaria de los intereses sociales. Esquemáticamente, suele decirse que los intereses populares urbanos y rurales fueron representados por dirigentes y corrientes del Partido Liberal (de los cuales Gaitán y el gaitanismo serían su expresión más poderosa); mientras que el Partido Conservador aglutinó los intereses de los sectores terratenientes, acaudalados y católicos. Esta afirmación merece, sin embargo, un par de matices. En primer lugar, vale recordar que, así como dentro del liberalismo se encontraron miembros de reconocido poder económico; dentro del Partido Conservador militó un importante número de personas perteneciente a los sectores de clase baja, por lo cual no existe, en estricto sentido, una identificación entre partidos y clases sociales.⁶

En segundo lugar, ha trascendido en diversas investigaciones históricas, que los sectores moderados de los dos partidos tenían como temor principal la polarización de la política colombiana entre un bloque reaccionario y represivo encabezado por la derecha del Partido Conservador y un movimiento socialista revolucionario formado por el ala izquierdista del Partido Liberal en asocio con el movimiento obrero marxista (Berquist, 2009; Sánchez, 1989a). Lo que se observa entonces es, por un lado, un Partido Liberal que trata de atraer al movimiento obrero e institucionalizarlo a través de reformas modestas y una legislación laboral corporativista, y por otro, un Partido Conservador opuesto a otorgar cualquier concesión a las clases populares por considerar que atenta contra los intereses de los terratenientes, la Iglesia y/ o las fuerzas armadas.

Aun cuando no tuvieron una clara conciencia de clase, los partidos políticos colombianos lograron inhibir la autonomía de acción e identidad de los movimientos campesino y obrero desde sus inicios, en las primeras décadas del siglo XX, a través de dos mecanismos de cooptación: el sectarismo y el clientelismo. Los sindicatos y el campesinado actuaron por medio de los partidos confiando en su papel de mediadores ante el Estado. Este panorama cambió dramáticamente a partir de 1945 por la convergencia de dos fenómenos: el desmonte de la ideología corporativista de intervención estatal promovida en los años treinta por los gobiernos liberales, por un lado, y el escalamiento de la confrontación entre liberales y conservadores por la conducción del Estado, por el otro. Ambas situaciones llevaron al país a una de las etapas más lamentables de su historia republicana: la mal llamada “Violencia” (1946-1964).

“La Violencia” puede ser leída como un proceso socio-político signado por la disputa burocrática e ideológica entre las élites con el objeto de «imponer desde el Estado Nacional, un modelo de modernización, conforme a las pautas liberales o conservadoras» (Palacios y Safford, 2002:632) que, no obstante, tuvo como actor principal al pueblo. La violencia que estalló en Bogotá, centro geográfico y político del país, se extendió y perpetuó en la Provincia, nutriéndose de y superponiéndose a la violencia “social” que bullía en el mundo campesino. De esta manera, los conflictos heredados por una reforma agraria pendiente y una modernización capitalista desigual, alimentaron el estallido de 1948. A su vez, los aparatos de Estado fueron usados para llevar la “guerra” a las áreas rurales, aplacar las demandas campesinas y consolidar el poder local de las élites. La mezcla entre lealtad partidista y conflicto agrario llevó la violencia a límites insospechados al tiempo que la alejó de las grandes urbes.

Con un Estado suplantado en su función de cohesión política por los partidos, y en medio de los efectos de la Gran Depresión de 1929, Colombia inició un proceso de cambio social que tuvo su punto culminante en 1948. Luego de la hegemonía conservadora mantenida desde finales del siglo XIX, el Partido Liberal llegó a la presidencia con Enrique Olaya Herrera (1930-1934), quien tuvo el reto de hacer la transición entre las repúblicas conservadora y liberal en un cambio de régimen que se auguraba violento. Por ello, asumió una actitud cautelosa y conciliadora con la que buscaba presentarse como un estadista maduro por encima de las pasiones políticas. Sin embargo, en los departamentos de Santander y Boyacá se desató la persecución de los liberales triunfantes contra los conservadores vencidos y la venganza respectiva. Aunque los enfrentamientos no alcanzaron el nivel de una guerra civil, dejaron en la memoria de los conservadores secuelas que más adelante buscarían la retaliación. Así lo recuerda el líder conservador Rafael Azula Barrera:

El conservatismo fue objeto, entonces, de despiadada, metódica y persistente persecución en toda la república. Departamentos enteros quedaron sometidos a implacables sistemas de terror, y, diariamente los conservadores regaban con sangre el suelo de la patria. Verdaderos fusilamientos en masa de campesinos indefensos se sucedieron en distintas comarcas colombianas. Las propiedades abandonadas eran ocupadas por feroces tiranuelos rurales o compradas a precios irrisorios, bajo la amenaza de muerte. Muchas imprentas e iglesias católicas fueron incendiadas y destruidas, innumerables centros políticos de derecha allanados y destacados jefes conservadores asesinados en emboscadas o en sus propios hogares (Azula, citado por Guzmán Campos et al, 1977:25).

Las fuerzas del orden fueron contaminadas por asesinos a sueldo que persiguieron y ultimaron a todos aquellos que no compartían las ideas del liberalismo. De ahí la negativa del partido conservador a participar durante la administración de Olaya, no obstante la petición de participación que hiciera el propio presidente. En muchos lugares de Colombia conservar la vida devino un acto heroico en días en los que los titulares de prensa no cesaban de anunciar asesinatos, masacres y actos de horror en sus páginas. Convivir con la violencia, se hizo para muchos el pan de cada día. En términos de gestión, el gobierno Olaya no pudo adelantar mayores reformas debido a la mayoría conservadora que componía el legislativo. El recambio producido a favor del liberalismo en las elecciones de 1933 le permitió al mandatario tomar medidas en torno a la ampliación del sistema bancario estatal, la cedulación para efectos electorales y el reconocimiento de la actividad sindical con claras limitaciones a su actividad política.

2.1. Las promesas de la “Revolución en Marcha”

Con el ascenso del también liberal Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se inició una etapa de modernización capitalista conocida como la Revolución en Marcha⁷. López quiso contar con el apoyo de las masas populares para llevar a cabo una ola de importantes reformas políticas acorde con el nuevo contexto socio-económico.⁸ Los debates de la reforma constitucional se dieron a lo largo de las legislaturas ordinarias y extraordinarias de 1935. Durante este periodo, el Congreso estuvo compuesto en su totalidad por representantes y senadores liberales, pues el partido conservador se abstuvo de participar en las elecciones de 1934. Pese a esto, los debates sobre las reformas no fueron fáciles ni hubo una postura homogénea de apoyo incondicional al gobierno. Las ideas e intereses de los parlamentarios se encontraron muchas veces en contravía de López haciéndole oposición. Se trataba, como revela Botero (2006):

De un liberalismo heterogéneo, compuesto por diversos grupos: algunos cercanos a la orientación moderada del presidente, otros izquierdistas que dieron vía, aunque de manera restringida, a los intereses de los sectores políticamente excluidos, otros moderados pero más cercanos al ex presidente Olaya, y finalmente una fracción de derecha, más afín con la definición tradicional de “conservador” que a veces, erróneamente, se maneja (pp. 89-90).

La reforma de 1936 buscaba ser sustancial sin provocar el disgusto de los conservadores por una modificación profunda de la Carta de 1886. Dejando la estructura de la constitución regeneracionista, López fue hábil al cambiar aspectos centrales como la relación Iglesia–Estado, el papel de este último en la economía y la función de la propiedad. Con el cambio constitucional se secularizó el Estado, se garantizaron la libertad de culto y de conciencia, se modificó el concepto romano de la propiedad, se amplió el campo de intervención estatal y se habilitaron importantes medidas referidas a la organización del sindicalismo, el reconocimiento y regulación del derecho de huelga, la ciudadanía femenina (aunque sin derecho al voto), la reapertura y promoción de la Universidad Nacional y una nueva ley de tierras de carácter capitalista y no distributivo. La Ley 200 de 1936, por la cual se estableció la reforma agraria, tuvo como finalidad otorgar tierras a todos aquellos que cultivaban territorios que no les pertenecían y llevar a la práctica el principio de que la propiedad privada debe cumplir una función social. La ley prohibió los desalojos de los campesinos que invadían territorios ajenos y facultó al Estado para expropiar tierras en caso de que fuera necesario. Además, decretó la extinción del dominio a los diez años, con lo cual, si una propiedad no estaba debidamente explotada tras una década de expedida de la ley, podía ser expropiada por el Estado y entregada a campesinos sin tierra. De este modo, la nueva carta constitucional implantó la ideología del intervencionismo de Estado en cuatro frentes: el proteccionismo aduanero en beneficio de los propietarios; el equilibrio entre capital y trabajo y la protección de este último, la protección del consumidor, y la participación del Estado en la economía, incluso como inversor en empresas de economía mixta o estatal.

A posteriori, los balances sobre el alcance de la Revolución en Marcha han sido disímiles. Mientras para algunos se trató de un importante avance hacia la autonomía económica, la liberalización y la secularización del Estado (Leal, 1999), así como hacia la incorporación ciudadana de sectores de clase media, obreros y campesinos hasta entonces excluidos (Pécaut, 1987; Ardila, diciembre de 2005); para otros no fue más que un proceso de refeudalización del país (Reyes, 2009), o un proceso de expropiación campesina y expansión capitalista (Arrubla, 1979; Kalmanovitz, 1986). En medio de estas dos posiciones, se encuentran quienes, como Berquist (2009), opinan que la economía política de los años treinta no es la obra de una “mítica burguesía industrial nacional”, «sino la respuesta práctica de los grandes productores y exportadores del café, la banca y los industriales ante las exigencias y oportunidades planteadas por la crisis de la economía mundial a sus intereses de clase» (p. 177). Desde esta perspectiva, las iniciativas para reglamentar el trabajo y la tenencia de la tierra tomadas por los gobiernos liberales, no se relacionan tanto con la necesidad de ampliar el mercado nacional y promover una producción agrícola más eficiente, como con la urgencia de eliminar la amenaza social latente en el movimiento obrero emergente. Así, el conjunto de leyes laborales perfeccionadas entre 1930 y 1945 «tendría el propósito de eliminar el potencial revolucionario de los trabajadores y reducir el conflicto en las relaciones industriales, del mismo modo que la reforma en la legislación agraria tuvo por objeto eliminar el conflicto entre los terratenientes y los trabajadores en las áreas rurales» (Berquist, 2009: 178).⁹

En la misma línea se encuentran los análisis de Fajardo (1983) y Moncayo (1986) a propósito de la Ley de reforma agraria. En su opinión, ésta apareció como el intento de contener una posible redistribución de la tierra en unidades parcelarias, debido a la amenaza política que representaba la consolidación de una organización campesina, y además como una manera de que la producción agrícola cumpliera las exigencias que de ella hacía el capitalismo industrial. Es decir, la reforma solucionaba, por un lado, el problema agrario en el sentido económico y, por otro, la inestabilidad social que la cuestión agraria, como problema social, causaba. En otras palabras, resolvía la cuestión agraria como problema político para las clases dirigentes.

Nuestra evaluación del periodo de la Revolución en marcha reconoce el talante modernizador del mandatario y del colectivo liberal que llevó sobre su espalda la reforma de 1936, al propender por la creación de un partido de masas, la industrialización del país, la inserción de Colombia en el mercado mundial y la instalación de la ideología de intervención estatal. Como señala Palacios, a través de este cambio constitucional «la débil burguesía industrial colombiana trató de hacer su revolución, de crear un país capitalista conforme a su mentalidad, a su ideología, a sus sueños, y para ello utiliz[ó] el Estado» (1971:31). Sin embargo, huelga decir que el éxito de la oleada modernizante fue bastante magro. La reforma constitucional no pasó en muchos casos de ser meramente formal. La reforma tributaria fracasó si se tiene en cuenta que los impuestos directos fueron trasladados a los consumidores por la vía del sobreprecio. Los programas de bienestar y asistencia pública, que desde entonces empezaron a ser función del Estado, además de estar desfinanciados, causaron mella en ciertos sectores de clase alta que vieron alteradas las diferencias “naturales” entre ricos y pobres y disminuido el papel de la Iglesia. Al intervencionismo nacionalista en defensa de los trabajadores colombianos consagrado en la reforma, le sucedió la Ley 160 de 1936 que otorgó ventajas a las compañías petroleras norteamericanas. La movilización de las masas “desde arriba” para regular las relaciones laborales y lograr una democracia social, impidió la organización autónoma de los sectores sociales y en esta medida, les restó fuerza en el momento que la oposición al lopismo atacó la Revolución en marcha.

Por otra parte, la reforma que pretendía modernizar las estructuras agrarias solo logró acoplar la agricultura a las exigencias del capitalismo, es decir resolver el problema agrario como un problema económico más. Consiguió presionar la explotación de predios no cultivados por parte de los terratenientes sin afectar la estructura ni la tenencia de la tierra. Dado que los litigios se producían, mayoritariamente, sobre tierras cultivadas y no sobre baldíos, los aparceros que tenían contratos de arrendamiento de las tierras fueron expulsados de éstas para que no pudieran declararse como colonos. Los campesinos se quedaron sin la tierra y sin la posibilidad de trabajarla, perdiendo las mejoras invertidas y sus medios de subsistencia. Por su parte, los hacendados se dedicaron a la ganadería para demostrar ante el Estado la explotación de sus propiedades, y la tierra siguió concentrándose al tiempo que una gran cantidad de minifundios, indeseables por su desventaja económica, empezó a consolidarse. De esta manera, el propósito de convertir el latifundio colonial en hacienda capitalista y disminuir con ello el papel político de los grandes terratenientes quedó sin cumplirse.

Otro efecto ambiguo de la Ley 200 de 1936 fue la depuración de las relaciones pre-capitalistas de producción. Se esperaba remover los obstáculos que impedían disponer de una fuerza de trabajo libre para las demandas industriales y de un sector con poder adquisitivo que demandara las nuevas producciones; pero lo que se propició fue la proletarización/pauperización de los sectores campesinos, que en adelante sólo contarían con su fuerza de trabajo para vender, y tendrían una capacidad de consumo muy limitada. Este hecho preparó el terreno para procesos de migración campo-ciudad y urbanización no planificada que dieron como resultado la formación de los primeros cinturones de miseria en las ciudades. En los años siguientes, este fenómeno se vería acelerado por el desplazamiento forzado ocasionado la violencia en las zonas rurales.

2.2. El desmonte de la ideología corporativista

Más allá de sus efectos modestos sobre la estructura de la propiedad y la distribución de la riqueza en el país, las reformas de López mostraron las dificultades de modernizar el Estado en una nación sin modernidad. Aunque su apuesta inicial apuntó a una modernización en la que el Estado asumía un papel protagónico en la protección de los ciudadanos, el resultado final fue un Estado centrado en el desarrollo económico pautado por las clases dominantes que instrumentalizó el apoyo social solo en coyunturas electorales:

"Se podría afirmar de forma genérica, sujeta naturalmente a excepciones, que no hay ninguna empresa grande, ninguna industria próspera y rica en el país que no tenga el amparo de una ley, decreto o contrato”, admitió en 1936 el presidente liberal Alfonso López Pumarejo. El Estado era quien decidía la fortuna de los latifundistas y de los industriales, concediendo o negando los créditos agrarios, los contratos para obras públicas, las exenciones aduaneras, los descuentos fiscales y el apoyo institucional en los conflictos laborales (Piccoli: 2005:43).

La enorme distancia que separaba a las élites liberales y conservadoras acerca de la manera de concebir el papel del Estado, la economía y el tratamiento de los trabajadores terminó acortándose y volviéndose contra López en los años posteriores a la reforma, evidenciando el peso de la oligarquía en el régimen político y la persistencia de formas tradicionales de actividad política. El conjunto de medidas orientado a reducir los enfrentamientos obrero-patronales en el campo y la ciudad, a partir del otorgamiento de un mínimo de garantías a los sectores subalternos, pronto despertó la oposición de la Iglesia y de sectores de ambos partidos que se unificaron en torno a un proyecto autoritario contra la intervención que terminó dejando sin piso la mayor parte de medidas emprendidas en 1936. Así, por ejemplo, durante el primer año de gobierno de López, un grupo de empresarios, creó una organización de carácter gremial para oponerse a las reformas: la Acción Patriótica Económica Nacional (APEN). Con un discurso ultraliberal, la APEN desdeñó cualquier tipo de intervención estatal y defendió el derecho a la propiedad privada en contra del artículo de la nueva constitución que consagraba la función social de la propiedad. Aunque su desempeño electoral fue modesto, la APEN cumplió una función de oposición simbólica que sirvió para coordinar la respuesta patronal a las demandas de los trabajadores. (Archila: 1992)

El propio López Pumarejo reconoció años después que los vetos impuestos por estos sectores a la Revolución en Marcha terminaron convirtiéndola en un proyecto truncado:

Mi primer gobierno tomó la iniciativa de proponer al Congreso Liberal la enmienda constitucional, y entonces se vio, fácilmente, como no era cierto que los voceros del liberalismo estuvieran tan distanciados filosófica y jurídicamente del pensamiento original de 1886 (…) La Reforma de 1936 fue una refriega indecisa entre la audacia y la cautela. Solamente en lo relativo a la libertad de enseñanza y de conciencia rompió una vértebra del estatuto. Sin embargo, se promovió desde fuera del Congreso una reacción amenazante y se habló de desconocer el imperio de esa legislación. Se la tachó de comunista, de disolvente de la sociedad colombiana, de atea, de corruptora (…) Lo cierto es que en el Congreso homogéneo se fue descubriendo, a medida que avanzaba el estudio, que no había ningún anhelo popular representado en las Cámaras, ni fuera de ellas, exigiendo imperativamente que la conformación del Estado se sustituya por otras. El régimen presidencial, las facultades y limitaciones del Congreso, la organización de la justicia, no fueron tocados. La reforma quedó trunca principalmente porque el liberalismo no quiso entonces declarar que su programa no contenía esa revolución institucional, y no se contentó tampoco con hacer enmiendas prácticas, exigidas, ellas si, por la opinión nacional. (López Pumarejo, 1945)

Por las sucesivas amputaciones que recibió el proyecto de modernización capitalista de parte de las élites parlamentarias y por su corto alcance en materia de ampliación de la ciudadanía, la Revolución en marcha difícilmente puede ser identificada como una revolución burguesa. El papel central del sector cafetero —principal impulsor de la economía— en la definición de la política económica estatal, impidió un recambio del dominio terrateniente por un sector burgués progresista. Por otra parte, la democracia social inherente a un régimen populista estuvo lejos de realizarse, si se tiene en cuenta que el lopismo nunca planteó la conformación de un Estado de masas orientado a la redistribución de la riqueza. Este hecho, sumado al histórico ataque del establecimiento a las formas de organización de los sectores populares y a la actitud dócil que estas tomaron (habilitando su cooptación por el Partido liberal) explican por qué, en momentos de deterioro de su calidad de vida, obreros y artesanos prefirieron mantenerse al amparo del Estado en lugar de fortalecerse internamente y mantener su independencia.¹⁰

De este modo, si bien uno de los principales legados del lopismo fue haber hecho del Estado un lugar de encuentro entre las clases dominantes y las clases populares en un intento por conciliar capital y trabajo, en la práctica la balanza terminó inclinándose en favor de los sectores más ricos, al servicio de los cuales terminó quedando el Estado. Tal como describe Kalmanovitz, «[e]l movimiento democrático y nacional forjado en este periodo fue vencido en las décadas siguientes y, en consecuencia, las clases dominantes estuvieron en posición de no otorgar mayores concesiones económico-políticas a las masas» (1986: 197). Este desenlace explica la precariedad del capitalismo de Estado en Colombia y el peso histórico del liberalismo económico en la definición de políticas públicas.

El reformismo progresista de López fue objeto de una dura resistencia y de una “pausa” durante el gobierno de su sucesor, el liberal moderado Eduardo Santos (1938-1942). Durante su administración se avanzó en la creación de mecanismos de intervención económica del Estado y en la modernización de las instituciones, pero cesó el trato amistoso con el movimiento sindical. Si bien se reconoció el derecho de asociación, se impidió la participación del sindicalismo como actor político independiente. Toda incidencia de los trabajadores organizados debería hacerse ahora por intermedio del Partido Liberal. Así, las corrientes no bipartidistas quedaron excluidas de la Central de Trabajadores de Colombia (CTC), que en tiempos de López había sido el instrumento de movilización de los trabajadores al servicio del proyecto de industrialización nacional, en alianza con la proto burguesía nacional. La actitud del presidente Santos reveló que el miedo al pueblo empezaba a ser la principal preocupación de la oligarquía colombiana.

López Pumarejo no consiguió reunir la fuerza suficiente para sacar adelante nuevas reformas durante su segundo mandato (1942-1945)¹¹, siendo este más bien “el régimen del reformador reformado” (Medina, 2001). De hecho, se enfrentó a un panorama de dura oposición, en un clima de crisis atizado por varios escándalos que pusieron en tela de juicio la transparencia de su gobierno.¹² La división del Partido Liberal (en un ala moderada encabezada por Santos y un ala populista radical liderada por Jorge Eliécer Gaitán), y la tenaz oposición conservadora (también fragmentada en un ala extremista, liderada por Laureano Gómez¹³ y un sector moderado encabezado por Mariano Ospina Pérez), diezmaron la capacidad de maniobra del presidente y acrecentaron el descontento general, al punto de llegar a un intento de golpe¹⁴. Así describe los hechos el historiador Medófilo Medina:

Fueron años de una sostenida crisis política. El Partido Liberal se debatía en la atonía y la división. Cabalgando sobre la cresta de escándalos de corrupción oficial, real o supuesta, Laureano Gómez buscaba galvanizar al Partido Conservador mediante una retórica exasperada. La invitación al atentado personal no parecía extraña en labios de un caudillo ultracatólico por cuanto se la justificaba en doctrinas escolásticas. Los periódicos difundían un mensaje de intolerancia política. La radio que desde comienzos de los años treinta se venía utilizando intensamente por los políticos, esparcía por ciudades y pueblos un discurso sectario. Pareciera que sectores de la dirigencia política se hubieran fatigado de vivir en paz y con laboriosidad minuciosa acarreaban los materiales para la guerra. Sobre todo en los campos había un terreno abonado para fecundar esas semillas letales (Medina, 2001:30).

No hubo que esperar la llegada de los gobiernos conservadores para presenciar los primeros brotes de violencia. El liberal Alberto Lleras Camargo finalizó el segundo periodo presidencial de López Pumarejo tras su renuncia, y terminó con el régimen corporativista que inspiró la “Revolución en marcha”. Del compromiso entre élites burguesas y clases populares se pasó a la represión sindical. El escenario de esta transformación fue la huelga de los trabajadores del río Magdalena agrupados en FEDENAL, sindicato de línea comunista, en diciembre de 1945. La declaración presidencial respaldó la intransigencia patronal y avaló la represión militar a los huelguistas. Los voceros de los gremios patronales y los dirigentes de los partidos aplaudieron la conducta oficial (Medina, 1989:23). El conflicto del río Magdalena fue la oportunidad para que el gobierno mostrara a los trabajadores y a la opinión pública cuál sería en adelante el tratamiento oficial de las relaciones obrero-patronales y la posición hacia la organización sindical.

Entre 1945 y 1950, luego de una ofensiva estatal que incluyó medidas como la ilegalización de huelgas, la represión militar a manifestaciones obreras, la suspensión de la personería jurídica de la CTC, los despidos de trabajadores y el estímulo al paralelismo sindical¹⁵, «el sindicalismo desapareció como referente simbólico para numerosos sectores que quedaron a merced de la confrontación política sectorial partidista» (Medina, 1989: 24). El bipartidismo demostró que no toleraba actores políticos intermedios y logró un punto de encuentro con las élites económicas acerca de la necesidad de desmontar el esquema de intervención estatal lopista en aras de la adopción de un modelo liberal de gestión económica y social.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, y pese a las reformas lopistas, Colombia continuaba teniendo una estructura social oligárquica: más del 70% de la población era campesina, más del 50% analfabeta, y el 3% de los propietarios concentraban el 50% de la tierra (Sánchez, 1989a:128). La Misión Currie, que visitó Colombia a finales de los cuarenta concluyó que la población atravesaba por serias deficiencias en la provisión de servicios públicos, higiene, previsión social y educación, además de altos índices de desnutrición y mortalidad¹⁶. Así mismo, señaló que los planes de vivienda popular urbana no se habían llevado a cabo por la orientación del crédito hacia la construcción de edificios comerciales y viviendas de lujo (Currie, 1950). De esta suerte, si bien López Pumarejo llevó a cabo el intento de modernización más ambicioso en la historia colombiana desde el siglo XIX, la resistencia de la oligarquía a la incorporación de las clases subalternas terminó lanzando al traste el conjunto de reformas.

2.3. El despertar de un pueblo

Desde entonces, las banderas de la modernización, ya no capitalista sino popular, fueron tomadas por Jorge Eliécer Gaitán en un discurso antioligárquico que aglutinó las demandas de la población más pobre y excluida y generó el fraccionamiento interno del liberalismo. Gaitán fue consciente, como ningún otro líder político, de las profundas asimetrías engendradas por una modernización capitalista desigual. Las bases obreras reflejaban el atraso técnico de la industria y la falta de una tradición política propia, pero crecían más rápido que los artesanos urbanos: mientras en el periodo 1935-1930 había menos de 100 mil obreros fabriles, en el quinquenio 1948-1953 esta población llegó a los 330 mil (Palacios y Safford, 2002). Paralelamente, el crecimiento de la tasa de urbanización pasó del 29,12% en 1938 al 69% en 1951 (Banguero y Castellar, 1993), reflejando la ampliación de la brecha entre el campo y la ciudad en términos de bienestar económico y social. Estos factores permiten comprender la acogida del discurso gaitanista que denunciaba los excesos del capitalismo desmedido y su connivencia con las cúpulas del Estado entre los sectores populares urbanos. En todo caso, esto no debe hacernos perder de vista que en los años cincuenta más del 60% de población colombiana habitaba en zonas rurales y que será en los años posteriores a “La Violencia” cuando explote el proceso de urbanización en el país, invirtiendo la proporción entre la población rural (48%) y la urbana (52%) (DANE, 1964).

Hasta 1945 el movimiento gaitanista no había entrado aún en una etapa de definiciones sobre la toma del poder. Se habían adelantado luchas sindicales y de reivindicación en otros campos de interés para las masas populares. Las elecciones de 1946 se toparon con un Partido Liberal dividido entre los seguidores de Gabriel Turbay, un burgués de centroderecha respaldado por el principal periódico nacional —El Tiempo— y Gaitán, «hombre de piel oscura y cuna humilde, [que] simbolizaba no sólo la emergencia social de lo mestizo, urbano y popular en la sociedad colombiana, sino además el surgimiento de políticos que no pertenecían a la élite» (Roldán, 2003:39). La lucha entre los dos candidatos terminó dándole el triunfo al candidato conservador, Mariano Ospina Pérez, aun cuando su fuerza electoral era minoraría, a la vez que ratificó la enorme acogida de Gaitán entre los electores.¹⁷

Aunque era evidente que la jefatura del Partido Liberal debía ser para Gaitán, ya que sólo así se lograría el retorno del liberalismo a la Presidencia, la derecha del partido (santismo) veía con resquemor tal arribo. El agitamiento popular producido por Gaitán era un motivo de preocupación no sólo para los conservadores sino también para la oligarquía liberal que veía con temor el ascenso de un líder que encendía al pueblo en su contra. Sus ideas socialistas (nacionalización de la banca, cervecerías y servicios públicos), despertaban también suspicacias en el Embajador norteamericano en Bogotá, Jhon C. Wiley, quien advirtió sobre su “peligrosidad” en un informe presentado al Departamento de Estado: «[l]os Estados Unidos deben observarlo con cuidado y tacto. Puede ser que vuelva al camino correcto y sea de gran ayuda […] También puede convertirse fácilmente en una amenaza, o al menos, en una espina clavada en nuestro costado» (Wiley, citado por Ramsey, 1981). Hasta los comunistas avistaron la subida de Gaitán como una amenaza señalando que «Gaitán es un aventurero peligroso con rasgos fascistas» (Diario Popular, 11 de abril de 1946, citado por Braun, 2007).

3. La cruzada antipopular

Desde la posesión de Ospina, en agosto de 1946, un clima de tensión y malestar se extendió por todo el país. El gobierno desarrolló un doble perfil: de coalición política por arriba en la llamada Unión Nacional —que repartía equitativamente los ministerios entre liberales y conservadores— y de ofensiva violenta por abajo, contra los comunistas y los sectores que apoyaban al gaitanismo (tanto liberales como conservadores). Estos últimos, pese a sus enormes diferencias, empezaron a ser asumidos como análogos por las prácticas de represión oficial.

A las protestas de los gaitanistas por el resultado de los comicios, se sumaron los reclamos de los trabajadores y los campesinos en una ola creciente de huelgas y paros solidarios. El Ministerio de Trabajo llegó a reconocer más de 500 conflictos colectivos: en las compañías de navegación, en las carreteras y los ferrocarriles del Magdalena; en las zonas de explotación petrolera en los Llanos orientales; en el rubro de las comunicaciones; en el gremio de choferes aglutinados por la CTC en Cali y Bogotá, por nombrar solo algunos. El 13 mayo de 1947 se produjo el paro nacional de transportadores que terminó en la destrucción de algunos puentes y cortes en las carreteras. El gobierno lo declaró ilegal y suspendió la personería jurídica de la Central de Trabajadores de Colombia (CTC). Las explicaciones esgrimidas por el ejecutivo apuntaron al supuesto planeamiento de un complot golpista por parte de los huelguistas en asocio con el comunismo internacional.¹⁸ Ospina se empeñó en atacar al movimiento obrero organizado y ordenó al Comandante de la Policía que tomara medidas y reprimiera los desórdenes provocados por los manifestantes. Ante la sugerencia del General Vanegas, en el sentido de “esperar a que los muchachos se calmaran”, fue depuesto de su cargo y reemplazado por el general Delfín Torres de tendencia conservadora. Desde entonces, el gobierno desplegó medidas conducentes al control ideológico de la policía tales como la destitución de agentes liberales; la vinculación de otros provenientes de regiones partidariamente afines; el recambio de todos los profesores liberales en la Escuela de Policía y el impulso de una policía política (POPOL) en 1947. Sobre esto volveremos más adelante.

El 14 de julio de 1947, Gaitán fue proclamado Jefe Único del Partido Liberal por la Junta de Parlamentarios ratificando la plataforma política que se había aprobado previamente por voto popular. Estatutariamente, el Partido Liberal era ahora el partido del pueblo. En ese momento empezó a hacer agua la voluntad conciliadora propuesta de la Unión Nacional y la intolerancia hacia el gaitanismo pronto redundó en la persecución y la eliminación física de sus seguidores. Así, los cuatro procesos electorales que se adelantaron entre 1946 y 1950¹⁹ estuvieron marcados por un aumento inusitado en la tasa de homicidios.²⁰

La violencia oficial giró en torno a tres objetivos: lograr el dominio electoral del conservatismo, reemplazar a los liberales que habían sido nombrados en cargos burocráticos y marginar a los trabajadores agrupados en la CTC. Se trató de una violencia selectiva y esporádica complementada con acoso oficial, fraude e intimidación (Roldán, 2003). Al interior, las dirigencias de ambos partidos tendieron a diferenciarse cada vez menos, dos factores las aglutinaron: la percepción de Gaitán como un enemigo común y la necesidad de desmontar la ideología intervencionista para garantizar el rendimiento del capital. Hacia fuera, por el contrario, aumentaba la polarización política incubando en los sectores subalternos el odio fratricida. En tiempos de la Unión Nacional, la afiliación política constituía, paradójicamente, el aspecto determinante de la sociedad colombiana, pues dividía no solamente a los trabajadores y campesinos sino también a sectores ajenos a los procesos de producción, como las mujeres, los ancianos y los niños.

El 5 de octubre de 1947, el Partido Liberal con Gaitán como jefe único, obtuvo una aplastante victoria en los comicios electorales para concejos. El caudillo, como el resto del país, sabía que su triunfo en las próximas elecciones presidenciales estaba asegurado. Entonces la persecución popular empezó a arreciar. Siguiendo la línea de la Doctrina Truman, el Gobierno de Ospina comenzó a aplicar la violencia de baja intensidad en los campos y pueblos para impedir el triunfo de Gaitán, desmovilizar a las masas campesinas, anular la capacidad de resistencia del pueblo y recuperar el control de la tierra para el gran latifundio. En las urbes, la arremetida se dirigió al desmantelamiento del movimiento obrero: «despidos sindicales, purga y encarcelamiento de dirigentes, escamoteo a la huelga como instrumento legítimo de reclamación, destrucción sistemática de la unidad sindical y en general, fortalecimiento del Estado “como brazo derecho del capital”» (Sánchez, 1989a:136). La represión fue tal que, a inicios de 1948 al saberse la noticia de la masacre de liberales en varios pueblos del país a manos de conservadores, Gaitán organizó manifestaciones multitudinarias entre las que se destacaron la Marcha de las Antorchas y la Marcha del Silencio donde elevó su voz para protestar contra los crímenes oficiales y advertir a las élites que el pueblo «podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa» (Gaitán, 1948).

3.1. La politización de las fuerzas de seguridad: “La Chulavita”

Entre 1946 y 1949 la violencia oficial fue el principal mecanismo de operación de la cruzada antipopular. Su desarrollo implicó la politización (conservatización) de los cuerpos de policía que hasta 1948 eran mayoritariamente liberales. La parcialidad política de la policía fue un problema histórico, de especial gravedad en los niveles departamental y local donde los efectivos policiales carecían de una preparación técnica adecuada y eran reclutados clientelarmente entre los copartidarios de los respectivos jefes políticos. Con el cambio de la Hegemonía conservadora a la liberal, en los años treinta y principios de los cuarenta, dicho problema se agudizó con la persecución y eliminación física de militantes conservadores a manos de la policía liberal, que dejó en la memoria de aquellos una herida abierta que buscaría revancha en el futuro.

Aunque desde 1891 se había buscado la nacionalización de la Policía, lo cierto es que los gobiernos nunca contaron con un presupuesto que permitiera a la institución la cobertura en la totalidad del territorio. A lo largo del país funcionaban policías departamentales y municipales que dependían directamente de los gobernadores y alcaldes y se mantenían relativamente autónomas respecto del gobierno central. Por otro lado, la profesionalización de la policía fue deficitaria hasta pasada la década del cincuenta. Un primer paso hacia el establecimiento de una estructura profesional quiso darse con la fundación de la Escuela de Cadetes General Santander en 1937. Sin embargo, la crisis de la institución sobrevendría durante el Bogotazo (1948), cuando sus integrantes se unieran abiertamente al alzamiento popular, en un hecho inédito de acción conjunta de la Policía y el pueblo. A partir de estos eventos, el Gobierno de Ospina dio de baja al personal de la Policía Nacional que operaba en todo el país reemplazándolo por miembros del ejército a la espera de formar nuevos integrantes.

Con la idea de reorganizar a la policía como una institución eminentemente técnica, ajena a toda actividad política, el gobierno encomendó a una comisión de juristas el diseño del nuevo estatuto de la Policía Nacional que redundó en la expedición del decreto ley 2136 de 1949 que determinaba la finalidad de la policía, su organización y funciones. Además, contrató una misión de la Scottland Yard por tres años (1948-1952) para asesorar el proceso de reforma (Llorente, 1997). Obliga decir que ni el nuevo estatuto ni la asesoría de la misión inglesa tuvieron mayor impacto sobre la organización policial. El reporte del jefe de la misión al Presidente de la República es más que revelador acerca del fracaso de esta empresa:

Debido a la situación política, el tiempo en que le tocó actuar a la misión ha sido poco propicio y la constante preocupación del gobierno en lo relacionado con las disensiones partidistas y el orden público en varias partes del país,(...) han contribuido a que la implantación completa de un sistema de policía totalmente nuevo, tarea que requiere continuo y cuidadoso estudio y preparación haya sido hasta el presente una imposibilidad (...) La Policía debía ser la principal fuerza civil del Gobierno, su brazo derecho, y así debía ser tratada. Hoy por hoy, cualquier mayor o capitán del ejército que vengan a la policía en ‘comisión’ es considerado como superior, en todos los aspectos, a los comandantes y subcomandantes de la Fuerza Nacional de la Policía quienes en realidad se equiparan con coroneles y tenientes coroneles. Francamente, considero la práctica de llamar oficiales de servicio en el ejército para desempeñar cargos en la policía como un grave error (Gordon, citado por Llorente, 1997:7).

Sir Douglas Gordon, jefe de la misión, puso de manifiesto un asunto que se agregó a la ya compleja situación de la institución policial: su formación castrense. Uno de los problemas estructurales de la policía colombiana en la primera mitad de siglo XX fue la indistinción de su disciplina respecto de la llevada por el estamento militar. Así, el modelo utilizado para reorganizar las carreras de oficiales y suboficiales en 1954 y 1955 respectivamente, fue precisamente el del ejército; incluso entre los objetivos de los nuevos estatutos de carrera estaba el de equiparar los grados y las condiciones entre oficiales y suboficiales del ejército y la policía. Los factores enunciados hasta aquí, nos permiten comprender de mejor manera las condiciones que llevaron a la exacerbada politización de la policía en tiempos de Ospina Pérez y lo obcecado de su accionar en contra de la población objetivo de su intervención: el gaitanismo (tanto liberal como conservador), el comunismo, y todos aquellos sectores que reivindicaran consignas contrarias al régimen conservador o que atentaran contra los intereses de sus sostenedores.

En 1946 se operó una purga al interior de la policía para eliminar de ésta todo rezago liberal. En adelante, la fuerza pública estaría compuesta exclusivamente por efectivos conservadores extraídos de poblaciones ideológicamente afines que guardaban en la memoria la desdicha de haber sido reprimidos por el liberalismo en tiempos de Olaya Herrera alimentando un conservatismo sectario y revanchista. La policía Chulavita, llamada así por el gentilicio de sus miembros, —habitantes de la vereda “La Uvita” en el municipio de Boavita, Boyacá— se creó con el objetivo de neutralizar todo tipo de organización política con ideologías diferentes a la del gobierno conservador. En 1946 comenzaron a operar las partidas de chulavitas encargadas de quitarle la cédula de identidad a cada campesino liberal, por la razón o la fuerza, para impedir que votara por Gaitán. Según Vidales (1997), la estrategia era más profunda: se trataba de iniciar la violencia generalizada “por abajo”, por el campesinado pobre, de manera que cuando llegara a los “notables” fuera ya demasiado tarde para responder. Los chulavitas cumplieron su misión con eficacia persiguiendo ferozmente a liberales, comunistas, masones y ateos, inicialmente en regiones típicamente conservadoras como Boyacá, Antioquia y Nariño, y después en zonas con predominio liberal como Tolima, Valle y el Viejo Caldas. Devenida una fuerza siniestra, la policía chulavita fue sinónimo de terror, masacres y muerte:

Una corbata, una camisa o una puerta roja eran una invitación a la muerte. Como también lo era cargar una cédula que llevara el registro de determinadas elecciones (…) Comisiones de policía y del ejército llegaban en ciclones a pueblos y veredas inermes (…) En una operación de “pacificación” a lo Morillo, el ejército dejó, según registros del médico conservador Parra y del líder social liberal Luis Eduardo Gómez, reafirmados por el historiador norteamericano James D Henderson, un número estimado de mil quinientos cadáveres en la región rural (…) del Líbano, Tolima (Sánchez, 1989a:140).

Con el apoyo de caciques y terratenientes laureanistas²¹, los chulavitas iniciaron «una guerra selectiva, soterrada y nocturna contra núcleos gaitanistas y liberales, introduciendo una serie de prácticas de hostigamiento y exterminio, como las masacres de población civil indefensa, el chantaje, las “aplanchadas” con la parte plana del machete, los mensajes anónimos y amenazantes y la incineración de ranchos y parcelas» (Uribe de Hincapié, junio 1991). Al tiempo que la violencia desangraba el país, un tono intimidatorio acosaba a los obreros y campesinos inclinados a hacer la huelga o reclamar la reforma agraria. Se trataba, como señala Gonzalo Sánchez, «de una situación eminentemente conflictiva pero no necesariamente revolucionaria» (1989:128). Faltaba un detonante para la explosión popular: el magnicidio de su líder.

3.2. Magnicidio y “Guerra Fría en tierra caliente”

Como ha sido registrado en diversas historias del “Bogotazo”, el mismo día del asesinato de Gaitán, se producía en Bogotá la IX Conferencia Internacional Americana, que tenía como invitado principal al Secretario de Estado norteamericano Georges Marshall y de cuya comitiva había sido excluido el caudillo liberal. La delegación colombiana estaba compuesta por miembros de ambos partidos y encabezada por el ultraconservador Laureano Gómez, quien hasta hace poco renegaba de la política norteamericana para alinearse del lado del nazismo y el fascismo. Cabe destacar que la colaboración de las autoridades colombianas con el proyecto estadounidense venía gestándose desde antes, de hecho, el marco estatutario del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) había sido redactado por el ex presidente y embajador en Washington Alberto Lleras Camargo; y fue Colombia el primer país en firmar un convenio militar con Estados Unidos bajo el sello de la seguridad hemisférica. Para no dejar dudas de la confianza estadounidense en la oligarquía colombiana se nombró a Lleras Camargo como el primer Secretario General de la OEA.

En reacción a la visita de las autoridades estadounidenses se había venido preparando días antes una Conferencia que aglutinaba a la izquierda latinoamericana y en la que participaría el entonces estudiante Fidel Castro. Gaitán salía al encuentro con los cubanos acompañado de varios amigos en el momento en que encontró la muerte a manos de Juan Roa Sierra. El propio Fidel visitaría horas más tarde a la Junta Central Revolucionaria convocada por los gaitanistas, «derivando en la conclusión de que nadie sabía cómo se hace la revolución» (Vázquez Carrizosa, 1992: 71). Como en una especie de profecía autocumplida, el diez de abril se tuvo noticia de que la dirigencia liberal había sellado un pacto de colaboración con el gobierno conservador, gracias al cual le fueron otorgados varios ministerios. La situación la aprovechó el gobierno para lanzarse a la ofensiva, persiguiendo a los gaitanistas que, ya sin un jefe, se encontraron desamparados y obligados a “huir al monte” para transformarse paulatinamente en guerrilleros.

Lo que resulta increíble es la respuesta del gobierno conservador ante la pregunta por la autoría del asesinato del líder popular: «a Gaitán lo mataron los comunistas». Para reafirmar semejante juicio, y sin una sola prueba, Colombia rompió sus relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Días después serían de público conocimiento las resoluciones emanadas de la IX Conferencia redactadas y presentadas por la delegación colombiana:

Que, por su naturaleza antidemocrática y su tendencia intervencionista, la actividad política del comunismo internacional o cualquier doctrina totalitaria es incompatible con el concepto de libertad americana […] De cada país del Continente se debe erradicar o impedir actividades […] que tiendan a derrocar sus instituciones por fuerza, o a fomentar desorden en su vida política doméstica [..] (Gilhodes, 1985).

El asesinato de Gaitán fue usado como una “prueba fehaciente” de la amenaza que representaba el comunismo para la paz, la democracia, la libertad y el cristianismo en Colombia y el mundo. A partir de allí, toda disonancia del discurso conservador era asociada con el monstruo comunista. Las acusaciones de comunismo se lanzaban libre e indiscriminadamente cada vez que el statu quo parecía amenazado o cuando se alzaban los sectores populares, con independencia de cuál fuera su filiación ideológica. El fantasma del 9 de abril preocupaba profundamente a las élites colombianas. Para las fuerzas conservadoras, no bastaba con haber aplacado los levantamientos y sometido a la dirigencia gaitanista en Bogotá a un pacto de convivencia: era necesario garantizar a toda costa su no repetición.

3.3. La avanzada parapolicial: “Pájaros”, “Contrachusmeros” y “Aplanchadores”

Parecía que la retaliación conservadora estaba más que organizada con la fuerza pública alineada ideológicamente en la Chulavita y un sector de la Iglesia Católica adoctrinando a su servicio. Pero cuando esto pareció insuficiente, el conservatismo dio un paso más buscando la eliminación definitiva de la oposición política y social en condiciones de total silencio e impunidad. La Scotland Yard le había señalado a Ospina Pérez la necesidad de crear un cuerpo independiente de la policía para que esta no fuera señalada como autora de la violencia. Coincidencialmente, surgieron por la misma época organizaciones parapoliciales como fórmula de represión aparentemente autónoma y sin conexiones explícitas con el gobierno, pero que se sabe fueron financiadas y dirigidas por las autoridades del Estado. Los hombres continuaron siendo reclutados en el municipio de “La Uvita” pero ya no para ser enrolados como policías sino como sicarios.

El 7 de agosto de 1950, el candidato único del conservatismo, Laureano Gómez, se posesionó como Presidente para los próximos cuatro años. El mandatario anunció el establecimiento de un nuevo orden en el país a través de una Asamblea Nacional Constituyente y manifestó que su gobierno sería pro norteamericano, pro Naciones Unidas, anti comunista y anti violencia.²² En aquel momento ya había más de cuarenta frentes guerrilleros liberales en el país y se habían formado núcleos comunistas en el sur del Tolima. Mientras algunos sectores conservadores esperaban cambios económicos favorables con la llegada de Gómez al poder, los antiguos gaitanistas temían —y con razón— un recrudecimiento de la violencia que ya ha cobrado miles de víctimas. Esta tarea estaría ahora a cargo de los Pájaros, agrupaciones de civiles armados, más efectivas y sanguinarias que la policía conservadora, que buscaban controlar las poblaciones de oposición través de la persecución y el sicariato.

Apodados así por su modus operandi, los Pájaros actuaron como grupos de matones que eran «movilizados para amedrentar, presionar y asesinar liberales y luego desaparecer en medio del manto de distracción tendido por directorios conservadores, autoridades y funcionarios públicos» (Betancourt y García, 1990: 20). Los Pájaros actuaron principalmente en el departamento del Valle del Cauca y Caldas, y fueron replicados por otros grupos como los Aplanchadores en el Quindío y los Penca Ancha²³ en las sabanas de Sucre. Estos grupos sicariales, serían utilizados para homogeneizar pueblos, cambiar conciencias, convertir a radicales liberales, perseguir a protestantes y atacar a masones, comunistas o cualquier otra fuerza opuesta al conservatismo; pero también, para resolver los conflictos sobre la tierra a favor de los más poderosos. Los Pájaros no solo contaron con el guiño y protección de la policía y las autoridades civiles, sino que debieron a estas su creación. En el Valle del Cauca, por ejemplo, el gobernador Nicolás Borrero Olano fue quien convocó a ganaderos, miembros de los gremios y hacendados, para proponerles la creación de un cuerpo de policía privada. Corría el mes de octubre de 1949 cuando se reunieron los invitados en la Gobernación del Valle, y el gobernador planteó la urgente necesidad de crear un cuerpo propio de policía «con unas trescientas unidades, pagadas y dotadas con fondos de los propietarios [...] esta policía dependería de una junta que presidiría el gobernador y que estaría integrada por varios ganaderos y agricultores del departamento» (Betancourt y García, 1990, 15-16).

Ahora bien, ¿quiénes componían los nidos de pájaros? En contra de lo que dictaría el sentido común, los pájaros no pertenecían a sectores pobres o desfavorecidos del campesinado, sino que hacían parte de una clase media en ascenso dedicada a actividades comerciales y de servicios. Según relatan Betancourt y García (1990) «las profesiones y oficios más comunes de los pájaros eran las de chóferes, carniceros, fonderos, cantineros, talabarteros, sastres, lavanderos, sacristanes, cacharreros, jornaleros o lungos, matarifes, inspectores de policía, policías y empleados de la alcaldía o el juzgado municipal» (p. 112-113). Tales dedicaciones, permitían a los pájaros contar con tiempo libre para su actividad mercenaria, y entrar en contacto cotidiano con una gran cantidad de vecinos para informarse sobre sus víctimas. Además de “hacer inteligencia” y eliminar a los opositores, los pájaros ejercieron funciones punitivas sobre aquellas poblaciones que suscribían el credo liberal a través de un control social informal.

La represión contra los “nueveabrileños”²⁴ tomó dimensiones insospechadas. En las áreas urbanas se procedió al silenciamiento de la clase obrera a través de la prohibición de huelgas y reuniones políticas y la ocupación de sedes sindicales. En el campo, el terror generalizado buscó eliminar las aspiraciones democráticas del campesinado frente al poder terrateniente. Torturas, homicidios individuales y colectivos, cometidos en forma atroz, con sevicia y excesos de crueldad se volvieron el pan de cada día. Se acudió a la utilización del ejército para asesinar a los liberales, despojarlos de sus tierras y bienes, incendiar sus casas, trapiches y beneficiaderos y racionar sus alimentos, al tiempo que la coacción física se descargó sobre los trabajadores rurales descontentos obligando su migración masiva a las ciudades o su desplazamiento a otras zonas de su misma filiación partidista.

Los Pájaros recibían contraprestaciones económicas según el rango de sus víctimas, sin embargo, los más beneficiados con su acción homicida fueron los grandes propietarios rurales y urbanos, amparados en la impunidad garantizada por notarios y jueces, a veces amedrantados y otras confabulados con los delincuentes. Las víctimas eran señaladas e incluso notificadas con anterioridad ante las miradas inermes del resto de la población, que observaba cómo los Pájaros discutían sus planes de muerte en cafés y bares públicos. La muerte devenía así una compañía cotidiana: los muertos apilados en la ribera del río Cauca, y la siniestra “volqueta roja” que recorría las calles del eje cafetero recogiendo cadáveres todas las mañana, se hicieron parte del paisaje.

El más famoso de los pájaros fue León María Lozano, más conocido como El Cóndor. Nacido en Tuluá, departamento del Valle, este hombre regentó la principal banda de asesinos florecida en la región entre 1948 y 1953. La figura de Lozano ha trascendido en la historia nacional gracias a la novela de Gustavo Álvarez Gardeazábal, “Cóndores no entierran todos los días” (1984), y a la película de Francisco Norden (1984) del mismo nombre. Allí se recrean las andanzas de un conservador sectario y católico fanático que se convirtió en el legendario jefe de los asesinos el 9 de abril de 1948 al impedir que los liberales incendiaran el colegio de los curas salesianos en Tuluá y que atacaran a los sacerdotes. Con el beneplácito de los jefes conservadores y con una que otra carabina que aquellos le entregaron fue ascendiendo en la jerarquía del crimen como cruzado católico y conservador.

Lozano y otros conservadores se unieron a la patrulla del ejército que recuperó el palacio municipal tomado por los liberales el 9 de abril de 1948. Luego Lozano organizó una policía cívica, autorizado por Gustavo Rojas Pinilla, entonces comandante de la Tercera Brigada en Cali, para evitar que los liberales tumbaran el gobierno. Inicialmente se trataba sólo de asustar al liberalismo: de crear pánico, sin matar a nadie. Pero en 1952, ya era vox populi en el Valle del Cauca que Lozano era el jefe de un grupo de hombres que asesinaban, incendiaban casas y pueblos e invadían a los tiros los centros de reclusión para liberar a sus amigos detenidos. La colaboración de estos grupos de civiles armados con políticos y miembros de las Fuerzas Armadas, ha sido revelada por diversas investigaciones periodísticas que han puesto de presente la estrecha relación entre Gustavo Rojas Pinilla, quien sería presidente de la República entre 1953 y 1956, y el pájaro Lozano (Galvis y Donadío, 1988)

Cuando las atrocidades de León María Lozano alcanzaron un nivel inocultable, las autoridades del Partido Conservador decidieron enviarlo a la ciudad de Pereira para protegerlo a él y a la imagen del partido, y le asignaron una pensión por los servicios prestados. Una vez allí, fue asesinado por sicarios enviados por los liberales. Si bien la muerte de El Cóndor debilitó las organizaciones de pájaros como aparatos con estructura y apoyo político por parte de las autoridades y agentes locales del Estado, estas siguieron operando hasta la década del sesenta en la modalidad de sicariato a sueldo. Quedarían así en el recuerdo los pájaros veredales, aquellos fanáticos partidistas que reivindicaban en sus acciones una plena convicción ideológica. Increíblemente, cincuenta años después de su muerte, Lozano fue honrado por miembros notables de la sociedad valluna y el Partido Conservador en octubre de 2006:

Con una misa en la iglesia de La Resurrección del Colegio Salesiano, donde están los restos de Lozano conocido como “El Cóndor”, sus familiares recordaron los 50 años de su muerte (…) La iglesia se llenó, estaba todo el directorio conservador en pleno, encabezado por su presidenta Lucila Cárdenas de Velásquez (El Tiempo, 15 de octubre de 2006).

Más allá del halo fantástico creado por la ficción literaria y su versión cinematográfica, la figura de Lozano es central para comprender los mecanismos de operación de la violencia parainstitucional en la Colombia de mediados del siglo XX. En su accionar se entrecruzan violencias que obedecen a diferentes tipos de intereses: una violencia socio-económica que busca inclinar la balanza a favor de propietarios y terratenientes; una violencia ideológica sectaria que defiende con sangre el color del partido; y una violencia cultural que expresa la resistencia de los sectores más tradicionales de la nación a los procesos de modernización. La violencia institucional y parainstitucional fue el mecanismo escogido por los gobiernos conservadores para lograr el control social y político en las regiones liberales, a partir de la homogenización ideológica y política de la población. Las operaciones de “pacificación” adelantadas por la policía chulavita y el ejército en pueblos y veredas dejaron un cuantioso saldo de víctimas y crímenes que quedaron en la impunidad dada la complicidad de las autoridades y jefes políticos en los hechos.

El Cóndor no era el único pájaro que exterminaba impunemente a los liberales sin que las autoridades departamentales se inquietasen, en el norte del Valle también resonaban los nombres de Lamparilla, Turpial y el Pájaro Azul. El Viejo Caldas y el Tolima, fueron escenarios centrales de la confrontación, pero no por ello los únicos: también Boyacá, los Santanderes y Antioquia padecieron estas prácticas criminales de homogeneización, al tiempo que atravesaron procesos de expropiación y reconfiguración de las relaciones de tenencia y propiedad por la vía de la violencia. «Se iba creando un vacío de ley que era llenado por bandas armadas de los dos partidos, en un proceso de desdibujamiento del Estado, sus códigos, sus jueces y sus fuerzas del orden» (Vázquez Carrizosa, 1992: 93).

La experiencia de los pájaros del Valle del Cauca tuvo su análoga en el departamento de Antioquia con los contrachusmeros, grupos paramilitares compuestos por civiles conservadores apoyados y armados por sectores del gobierno departamental. Según Roldán (2003), la violencia en Antioquia guarda características particulares. Su surgimiento no fue el resultado de la diseminación monolítica, coherente y vertical de odios partidistas heredados, ni tampoco el resultado de una estrategia o mandato del gobierno central, sino un catalizador que hizo aflorar otros conflictos locales creando oportunidades para que los sectores marginales emprendieran su lucha por el poder. Más importante aún, «la Violencia representó una lucha fundamental –y el máximo fracaso– por imponer un proyecto de régimen departamental hegemónico, basado en nociones de diferencias culturales, étnicas y raciales» (Roldán, 2003: 50) y no únicamente partidistas.

El factor cultural con mayores efectos movilizadores fue sin duda la defensa de la religión católica. Desde 1943 venían asentándose en Colombia diversas misiones protestantes provenientes de los Estados Unidos. Su presencia incomodó a los párrocos en Santander, Valle y Córdoba y pronto empezó a ser asociada con la subversión liberal y comunista en boca de Laureano Gómez. Numerosos casos de instigación a la violencia religiosa fueron documentados por la prensa nacional hasta a llegar a conocimiento de las propias autoridades norteamericanas:

Es cierto que los párrocos de los pueblos directamente estimulaban la acción contra los protestantes. En estas actitudes, los párrocos llegan hasta el punto de confiscar y apropiarse de las iglesias protestantes y de las escuelas; cierran cementerios protestantes e interfieren en las ceremonias religiosas. Nunca han sido reprendidos por sus superiores por dichos actos (The Washington Daily News, octubre 20 de 1952, citado por Galvis y Donadío: 1988: 393).

La afrenta se hizo directa cuando el mayor órgano de difusión de la curia en la capital colombiana sinceró su llamado a la guerra santa: «[l]os católicos que apoyen la libertad de culto, son traidores a su fe y a su patria […] Los católicos estamos en la absoluta obligación de luchar contra las sectas protestantes o caerá sobre nosotros el anatema de Cristo» (Galvis y Donadío, 1988: 392). El uso de la fuerza pública para acosar y reprimir a los trabajadores también se hizo rutinario. En Antioquia, las autoridades regionales adquirieron el hábito de desplegar agentes de policía para dispersar las huelgas y proteger la propiedad privada contra los intereses de la fuerza laboral. Aumentaron los ataques dirigidos por los conservadores en puestos departamentales oficiales contra los trabajadores del sector público.

Tras la muerte de Gaitán, la represión policial de los liberales empezó a ser insuficiente, por lo que el gobierno departamental transfirió el monopolio de la violencia a organizaciones parapoliciales compuestas por miembros de la policía local y voluntarios civiles conservadores. El gobernador de Antioquia, Arango Ferrer –nombrado por el Presidente Ospina al día siguiente del magnicidio– no sólo autorizó su creación sino que les entregó armas y financió su sostenimiento: «la policía civil auxiliar sería pagada, bien mediante fondos extraordinarios aprobados por los concejos municipales locales, o donde el concejo municipal se negara a cooperar, con dineros provenientes de las aduanas y el impuesto al monopolio regional del licor» (Roldán, 2003: 103). Además, convocó a los notables conservadores de la región para decidir las tácticas de contención de la revuelta popular y nombró dentro de su gabinete a reservistas conservadores destacados en la organización de patrullas rurales de civiles armados en el nivel municipal.

Un dato interesante aportado por Roldán es que fueron muy pocos los trabajadores movilizados en la capital departamental para protestar por la muerte de Gaitán y, sin embargo, las protestas aisladas que se adelantaron en las zonas rurales sirvieron de excusa para el acoso y despido masivo de los empleados públicos de todo el departamento. Este hecho permite entrever que lo que estaba en juego excedía en mucho a la simple cuestión ideológico-partidista. So pretexto del “plan comunista” que se tejía en los municipios se justificó la violencia para recuperar el “orden” en todo el país, aun cuando en cada región los tantos se definieran en función de las componendas de poder local y los intereses de las clases dominantes.

Al mismo tiempo, se producía un cisma al interior del Partido Conservador entre ospinistas y laureanistas. Estos últimos, de una derecha aún más radical, cabildearon para aumentar su poder en el Directorio y despojar de su cargo a los ospinistas. La elección de Laureano Gómez como presidente acrecentó su influencia y habilitó el nombramiento de paramilitares conservadores en las burocracias departamentales y municipales. Con frecuencia se nombraron alcaldes con historial criminal o involucrados en casos de homicidio y asalto:

Los alcaldes acusados a menudo mantenían sus cargos o simplemente eran trasladados a otro lugar. Así en algunos casos, individuos que en el pasado habían sido enviados a un municipio para aplacarlo y se habían ganado una reputación por aterrorizar a la comunidad y por cometer crímenes eran nombrados nuevamente cuando los asuntos locales requerían de nuevo una mano dura (Roldán, 2003:128).

En el Quindío, los encargados de sembrar el terror fueron los Aplanchadores. Llamados así por su técnica de la “aplanchada”, consistente en golpear a la víctima con el lomo del machete para forzar su traspaso al partido político contrario, estos grupos estaban conformados por civiles pertenecientes al partido conservador que eran contratados por empleados del Estado y protegidos por la policía. Esta última facilitaba el sometimiento de las víctimas interpelándolas con la excusa de hacerles una requisa, y terminaba el “trabajo” en caso de que el “aplanchado” se resistiera a cambiar su credo político.

Los aplanchadores eran principalmente jóvenes adolescentes y su acción se hizo extensiva en las elecciones de 1949 en aquellos municipios donde la proporción del partido de gobierno (conservador) era más considerable. Según los registros de Ortiz (1985), los aplanchadores conservaban los rasgos distintivos de una pandilla juvenil más que de una organización parapolicial en sentido estricto, ya que su función era más de hostigamiento y tortura que de despliegue de operaciones militares en el territorio. Aun así, su trabajo conjunto con la policía local, aunado a la debilidad y desorientación del movimiento armado revolucionario en el Quindío, forzó la huida de miles de campesinos que buscaron hacerse guerrilleros trasladándose a los llanos y al Tolima, donde se encontraban los comandos de las guerrillas liberales y comunistas.²⁵

El caso del Quindío confirma una de nuestras hipótesis iniciales, relativa al cambio en la estructura de oportunidades (políticas y económicas) que la confrontación bipartidista nacional habilitó en los niveles locales. Como queda señalado en la investigación de Ortiz (1985), en la región cafetera la rivalidad política y el sectarismo ideológico derivó hacia el negocio de compraventa de tierras y cosechas a la sombra de las amenazas políticas y el chantaje económico. En este sentido, los actores reales de la violencia en el Quindío no fueron tanto los partidos políticos o las resistencias comunistas, como los grupos sociales encarnados en «hacendados, propietarios, agregados, peones, guaqueros, mineros, vivanderos, comerciantes pueblerinos y profesionales», cuya labor «fue eficientemente auxiliada por “señaladores” quienes en condición de agregados en las haciendas conocían la afiliación política de los habitantes de la región y podrían informar a los aplanchadores y a la policía que, las mayoría de las veces provenían de otras regiones y por tanto, desconocían las características de los habitantes del pueblo» (Medina y Tellez, 1994:76). Además de las prácticas de delación, fue fundamental el apoyo económico de civiles, como los fonderos que compraban las cosechas de café robadas tanto a los rebeldes liberales como a las fuerzas de choque conservadoras, financiando el desarrollo de la confrontación.

4. La Pax del Gobierno militar (1953- 1958)

Pasado un lustro del asesinato de Gaitán, Colombia parecía desangrarse en la lucha entre el gobierno conservador y los sectores de oposición. Estos últimos se hallaban en numerosas disputas internas: los liberales que se mantuvieron en resistencia civil contra aquellos que decidieron alzarse en armas y los guerrilleros liberales contra sus homólogos comunistas. También el Partido Conservador se encontraba fraccionado en tres sectores irreconciliables: laureanistas, alzatistas y ospinistas. Laureano Gómez había permanecido ausente del palacio presidencial por razones de salud y no gobernaba enteramente, si no que ejercía el control del gobierno por medio de Roberto Urdaneta, su reemplazante. Su retorno al poder en junio de 1953, luego de su convalecencia en España, hizo ver a ospinistas y alzatistas la necesidad de un cambio de gobierno. La enemistad entre Laureano Gómez y Ospina Pérez era propia de un clima en el que cada bando esperaba sacar del juego político al opositor. Por otra parte, la población agobiada por la violencia, por la expoliación de los grupos armados (tanto estatales como insurgentes) y por la falta de garantías, estaba deseosa de un cambio, o cuando menos, un respiro. A la exasperación de todos los sectores, solo parecía dar respuesta una salida política desesperada: el golpe militar.

El Ejército se había venido fortaleciendo desde el gobierno de Ospina Pérez. En primer lugar, porque frente a la politización exacerbada de la policía, que devino abiertamente conservadora, el Ejército mantuvo una relativa independencia. En segundo lugar, porque la permanente declaración del Estado de sitio durante el gobierno de Laureano Gómez, hizo que Colombia tuviese más de doscientos alcaldes militares (Tirado Mejía, 1989c:105). La población liberal pedía la protección del ejército, que a su vez veía cómo en tiempos de guerra interna crecía su número de efectivos y el monto de su presupuesto. El control de las poblaciones, más allá de las funciones coercitivas, hizo contemplar al estamento militar la posibilidad de pasar de la administración ad hoc al gobierno de facto. Solo faltaba la figura capaz de llevar este deseo a la realidad.

El perfil en ascenso del General Gustavo Rojas Pinilla hizo pensar a los conservadores de oposición (ospinistas) en la pertinencia de convertirlo en el sucesor de Laureano Gómez. Enterado de la situación, Gómez urdió una trama para su destitución y juicio por un supuesto caso de tortura contra un industrial antioqueño. El resultado no fue el encarcelamiento del militar sino el aceleramiento de la toma del poder por parte de éste el mismo día en que fue notificado de las acusaciones en su contra. El golpe de Rojas Pinilla fue más bien espontáneo y tuvo lugar de manera pacífica: ninguna persona falleció, ningún daño material se registró y la vida e integridad del presidente depuesto y de su familia fueron garantizados ante la posibilidad de un ataque de parte de sectores extremistas.²⁶

En sus comienzos, Rojas evitó adoptar el lugar de represor o asesino tomando como bandera de su gobierno la “pacificación” del país. Sin embargo, en el curso de su gestión lo más parecido a la paz fue el silencio de los muertos. Mediante decreto 2184 de 1953 se concedió una amnistía general a todos los miembros de las Fuerzas Armadas procesados o condenados por Consejos de Guerra Verbales, con anterioridad al 9 de abril de 1948, como responsables de delitos contra el régimen constitucional y contra la seguridad interior del Estado, y los conexos que se hubieren cometido, con ocasión o motivo de los primeros. El 13 de junio de 1954, diez meses después del cese de hostilidades de la guerrilla, el gobierno de Rojas Pinilla promulgó el decreto 1823 mediante el cual se declaró la amnistía para todos los delitos políticos cometidos antes del 1 de enero de 1954 con motivo de la violencia partidista, y se indultó a todas aquellas personas procesadas o condenadas por dicha causa. El decreto cobijaba tanto a las guerrillas liberales como a los paramilitares y a los miembros de la fuerza pública involucrados, dejando la discrecionalidad del indulto (según la gravedad o atrocidad del delito) al Tribunal Militar Superior. De esta manera, se instaló un manto de impunidad sobre los hechos de violencia que el propio Estado había venido fomentando desde 1946, que fue especialmente favorable a los pájaros como El Cóndor (amigo personal del General desde cuando éste comandaba la Tercera Brigada del Ejército en Cali entre 1948 y 1949).

Con la amnistía, Rojas Pinilla se distanciaba de sus antecesores que trataban a los alzados en armas como “bandoleros” (delincuentes comunes que actuaban movidos por odios y pasiones para satisfacer sus deseos personales), para reconocerlos como fuerzas rebeldes beligerantes y otorgarles estatus político. Se buscó con ello el desarme y la desmovilización de las guerrillas en una estrategia que incluyó el cese de hostilidades y la distribución de propaganda con mensajes de paz y promesas de garantías para quienes entregaran las armas. Con cierta incredulidad, pero de buena voluntad, varios grupos de guerrilleros fueron suspendiendo el fuego y rindiéndose incondicionalmente.²⁷ El proceso se ensombreció cuando algunos líderes guerrilleros fueron capturados por militares faltando a la palabra dada por el Gobierno y otros, como Guadalupe Salcedo²⁸, fueron acorralados, aislados de sus tropas y mantenidos como rehenes hasta tanto éstas no hicieran efectiva la entrega de las armas. La amnistía se caracterizó por una escalada de traiciones y chantajes de los que Rojas se eximió adjudicándolos a errores de los ejecutores locales. Con todo y esto, en octubre de 1954 el Gobierno presentaba airoso a la opinión pública cifras como las siguientes: 3500 desmovilizados, 1489 sólo en los Llanos Orientales y cerca de 500 fusiles entregados (Sánchez, 1989a).

A la amnistía se sumó una política de rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia que ofrecía la recuperación de sus tierras a los campesinos y a los guerrilleros desmovilizados. La tarea era titánica: «sólo en el Tolima se estimaba que, entre 1949 y 1954, 361.000 personas habían emigrado en forma permanente o transitoria; 34.300 casas habían sido incendiadas y más de 40.000 propiedades habían sido abandonadas. Estos datos equivalían a más del 42% de las propiedades y de los propietarios rurales en el Tolima» (Sánchez, 1989a: 158). Otra fuente de distorsiones provenía de la irregularidad de los mecanismos de comercialización de tierras, cosechas y ganados que se traducía en la imposición y arbitrariedad de los precios.

Con la caída de los precios del café un año después, y la presión de sectores de la industria y la banca que protestaban por las medidas redistributivas y la liberación de importaciones (que aliviaban la economía de las clases medias y bajas), el país vio cómo la promesa de reforma agraria se diluía en un modelo de capitalismo terrateniente anclado en la colonización dirigida que era auspiciada por el Consejo Nacional de Agricultura:  «un órgano compuesto por representantes de los intereses de los grandes propietarios algodoneros, arroceros y ganaderos» (Sánchez, 1989a., 159). De esta forma, el impacto de la política de rehabilitación en la solución del problema de la tierra fue exiguo:

con ayudas minúsculas, encaminadas a resolver situaciones individuales —las de quienes lograran hacerse reconocer como “damnificados”— se pretendía tender un velo que simplemente ocultaba las verdaderas dimensiones del problema (…). Las 26.000 solicitudes que hasta enero de 1955 habían presentado propietarios despojados para que se restablecieran sus derechos, empapelaron los escritorios de las oficinas del SENDAS²⁹ en Bogotá, pero no encontraron solución (p. 160-161).

Paralelas al asistencialismo paternalista, operaron en tiempos de Rojas las estrategias militares de “pacificación”, que dieron un nuevo auge a las organizaciones parapoliciales e involucraron activamente al Ejército en la guerra política de la que hasta entonces se había mantenido al margen. Esta nueva guerra se alineaba con los parámetros del anticomunismo internacional que el General Rojas asumió como una obsesión. En agosto de 1954, a un mes de decretada la ley de amnistía, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el Acto legislativo N° 6 por el cual se decretó la prohibición del comunismo internacional en Colombia. El proyecto fue redactado directamente por la presidencia con inspiración en la “Ley de control del Comunismo”, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 23 de agosto de 1954. La medida estuvo fundamentada en la presunta participación del comunismo en los hechos del 9 de abril de 1948.

La misión de identificar quiénes serían considerados comunistas estaría a cargo del Servicio de Inteligencia Colombiana (SIC), creado por decreto presidencial en 1953. El SIC se orientaría por los criterios del decreto 0434 de 1956 según el cual sería considerado comunista:

Quien figure, con su conocimiento o sin protestar por ello, como miembro inscrito de una organización comunista, en cualquier libro, registro, lista, correspondencia u otro documento;

Quien contribuya económicamente mediante cuotas, donaciones, préstamos, aportes u otra forma similar al desarrollo de planes u objetivos comunistas;

Quien se someta accidental, temporal o permanentemente a la disciplina de una organización comunista;

Quien redacte documentos, panfletos, hojas volantes, libros o cualquier tipo de publicaciones en apoyo de los fines u objetivos del comunismo, o los distribuya, embarque o remita como propaganda;

Quien exprese la decisión de cumplir proyectos, planes, instrucciones, u órdenes de personas u organizaciones comunistas tendientes a la realización de los fines u objetivos del comunismo.

Los culpables podrían ser condenados a prisión de uno a cinco años o confinados por igual tiempo a la colonia agrícola penal. También perderían el ejercicio de derechos y funciones públicas por diez años y quedarían incapacitados para actuar como dirigentes sindicales y para pertenecer a las fuerzas armadas. Además, el SIC se ocuparía «de los elementos dedicados a subvertir el orden constitucional, que no sean comunistas pero cuyas actividades ilegales faciliten el desarrollo y avance de los planes revolucionarios comunistas» (Secretaria de la Presidencia, abril de 1956, citado por Galvis y Donadío, 1988: 376). Así, fueron identificados como comunistas o simpatizantes del comunismo los disidentes del gobierno, y en particular, los periódicos y jefes políticos liberales, acusados de apoyar a la guerrilla comunista para desestabilizar el régimen.

La política de rehabilitación había sido acogida por los grupos guerrilleros de corte liberal, con desiguales resultados en las regiones. En Antioquia, las guerrillas del Capitán Franco en Urrao, las más orgánicas y cohesionadas en el territorio regional, se acogieron al indulto y algunos de sus miembros pasaron a colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado en las políticas de la pacificación. Mientras tanto, los pájaros de León María Lozano, una vez esquivaron la justicia con la aquiescencia del gobierno militar, retornaron a sus andanzas operando no solo en el Valle del Cauca —zona histórica de sus operaciones— sino también en los departamentos del Quindío y Tolima. El SIC echó mano de los pájaros para asesinar a los guerrilleros amnistiados; a aquellos que, aunque desmovilizados, no habían entregado las armas (liberales y comunistas); y a miles de campesinos inermes que solo tenían la desgracia de habitar en las zonas de disputa. Se abrió así la puerta de una tercera oleada de violencia de tendencia conservadora que combinó fuerzas militares y paramilitares. La llamada “pacificación” consistió en la aplicación de la fuerza pública, apoyada en sectores campesinos (autodefensas), en grupos de pájaros y viejos combatientes amnistiados, para liquidar los reductos de las guerrillas liberales y combatir a muerte a las guerrillas comunistas que, con razón, habían desconfiado del proceso de amnistía.

Con ocasión de esta nueva etapa, se conformaron bandas armadas como Los Patriotas y las Guerrillas de la paz, las cuales se encargaron de impedir el regreso de los guerrilleros amnistiados a sus pueblos y parcelas dando inicio a una campaña de tierra arrasada en la que también participó el ejército so pretexto de la amenaza comunista. De esta manera, se produjo un cambio en la correlación de fuerzas en la pugna política de las zonas rurales: por un lado, se desarrolló la disputa entre las guerrillas liberales y las comunistas en el sur del Tolima; por otro lado, ambas fueron objeto de la represión militar oficial y paramilitar, y al lado de las guerrillas, toda la población considerada disidente fue perseguida por el Gobierno. El teatro de operaciones se concentró en este periodo en los departamentos de Huila y Cauca y en la región de Sumapaz (Cundinamarca).

Pero, ¿era tal la amenaza del comunismo en Colombia? Curiosamente, Cunday, uno de los municipios arrasados, era una población marcadamente liberal que había venido recibiendo ataques sistemáticos de la policía conservadora. Un dato más: según Uribe de Hincapié (1991) «de las cuarenta y seis masacres registradas en el Tolima durante el gobierno de Rojas, las de la Mesa de Palmichal, río Tetuán y Guadualejo, en el municipio de Chaparral, fueron llevadas a cabo por militares que ocupaban cargos públicos en asociación con caciques conservadores». Los ataques del gobierno no recayeron sobre guerrilleros comunistas, sino sobre militantes liberales que fueron homologados como tales.

Veamos entonces qué dice al respecto el Informe del Embajador estadounidense al Departamento de Estado norteamericano, enviado semanas antes del ataque fulminante a Villarrica y alrededores:

la urgencia del Gobierno por liquidar el conflicto en el Tolima, no se deb[e] a un empeoramiento de la situación ni e[s] parte de una solución global a esa alteración del orden público. Las guerrillas no amenazan la estabilidad del Gobierno colombiano, “pero la cuestión de si las guerrillas tienen apoyo y orientación comunista sigue sin resolverse” (citado por Galvis y Donadío, 1989: 427, cursivas nuestras)

No solo la amenaza comunista no era tal, sino que la violencia desatada entre 1954 y 1957 era una reedición de la violencia partidista de décadas anteriores, que esta vez asumió una dinámica aún más cruenta al calor de la retórica anticomunista y con unas fuerzas armadas que habían recibido un fuerte espaldarazo norteamericano. El regreso de miles de guerrilleros a sus tierras después de cuatro años de exilio revivió las tensiones económicas y políticas de los cuarenta. La lucha por la recuperación de la tierra, sumada al incumplimiento de las promesas oficiales y la ofensiva militar-terrateniente encendieron de nuevo la chispa de la violencia: exguerrilleros amnistiados hostilizados por el gobierno bajo la consigna anticomunista retomaban las armas, al tiempo que policías y miembros del ejército se aliaban con los políticos y terratenientes conservadores para impedir el retorno de los campesinos a sus parcelas. A su vez, los propietarios y políticos liberales se sentían tan acosados por los pájaros y las fuerzas armadas que contactaban a las guerrillas en busca de seguridad. Y así, en un círculo de venganzas y reyertas, las violencias —que fueron muchas y muy diversas— se tomaron el país hasta mediados de los sesenta. Entre tanto, las élites político-económicas lograrían reorganizarse en el gran pacto oligárquico del Frente Nacional para sellar con impunidad el desangre que ellas mismas habían propiciado.

Reflexiones finales

Al período de represión ejercida por los gobiernos conservadores en representación de las oligarquías liberales y conservadoras contra el pueblo se le ha querido dar un carácter de simple enfrentamiento civil entre partidos. Tal acepción encubre, en primer lugar, el carácter de clase del conflicto y en segundo lugar, la responsabilidad estatal de buena parte de la violencia desatada. Si bien fue el pueblo raso el que puso las víctimas, fue el gobierno a través de sus órganos militares y paramilitares el que encendió la llama. Las fuerzas que debían representar la autoridad y el orden se convirtieron en un actor más de la contienda respondiendo a intereses privados y particulares y no a la defensa de la nación.

La acción ejercida por Chulavitas, Pájaros y Contrachusmeros, entre otros agentes de violencia parainstitucional, configuró un dispositivo antipopular que, aunque cercano a lo militar, terminó desviando, irregularizando y deformando la función de la milicia volcándola cruelmente contra el cuerpo social que, en teoría, debía defender (Giraldo, 2004). Dos factores favorecieron el giro hacia la estrategia parapolicial: la politización e ideologización de la policía, que la condujo a usar la fuerza en defensa de los intereses de un sector de la sociedad y no en defensa del conjunto; y la vinculación de personal civil a la acción armada, que borró los límites entre civiles y militares desnaturalizando el lugar de ambos. El punto más alto de perversión de las instituciones se alcanzó cuando las fuerzas parapoliciales terminaron autonomizándose hasta del propio gobierno para cumplir tareas encargadas enteramente por el sector privado. Esto habilitó el paso a la acción clandestina y la concomitante evasión de responsabilidades por parte del Estado.

Tanto las formas como la intensidad de aplicación de la violencia estatal y parapolicial tuvieron profundas variaciones regionales siendo imposible analizarlas como un conjunto monolítico con pautas homogéneas. Palacios (1995) señala cómo en la primera fase (1946- 1948), la violencia se presentó en áreas con alta densidad poblacional exportándose desde allí hacia los municipios vecinos. Los centros urbanos³⁰ fueron, en esta dinámica, un foco importante dado que las amenazas, atentados y asesinatos de líderes políticos locales y residencias se presentaron primero en las ciudades importantes para de ahí propagarse en forma de limpiezas sectarias en los municipios vecinos de mayor conflictividad. En el segundo momento (1948-1953), la violencia se extendió a las regiones de frontera agrícola de los Llanos orientales donde se desplegaron las luchas guerrilleras y la acción contrainsurgente.³¹ En la tercera etapa (1954-1957), la violencia se concentró en Tolima, Huila, Caldas, Valle del Cauca, y se extendió hacia el Quindío y Antioquia. Esto permite notar cómo la conflictividad no cubrió la totalidad de la geografía nacional, sino que se concentró en la región central del país, sobre la cordillera de los Andes y los Llanos Orientales manteniendo relativamente aisladas zonas como la Costa Atlántica³² y el suroriente colombiano. En lo que hace a la actividad económica, la geografía del conflicto tampoco es homogénea: por momentos coincidió con las zonas de mayor desarrollo, como en el caso del Quindío y la zona cafetera entre el 1954 y 1957, mientras que en otros tuvo lugar en escenarios marcados por la pobreza y la marginalidad, como en el caso de Villarrica.

El término “la Violencia”, así nombrado, descarga de compromisos al Estado colombiano y sus agentes en la muerte de miles de ciudadanos. Sustancializa los hechos de violencia presentándolos como una sumatoria anómica que se resiste a ser explicada o comprendida, y sustrae este hecho histórico del marco de la lucha de clases y la disputa por el poder público en el país. La mal llamada “Violencia” no fue una guerra civil no declarada, ni mucho menos un enfrentamiento del Partido Conservador contra el Partido Liberal, fue una cruzada antipopular en la que oligarquía liberal-conservadora buscó extinguir las demandas sociales y mantener los privilegios de terratenientes y capitalistas, a la que se sumó una disputa por la hegemonía electoral y burocrática. Es necesario entonces recusar la opinión común que sindica únicamente a los conservadores como instigadores de la violencia. El análisis del periodo tomado en este capítulo muestra que incluso ciudadanos de filiación conservadora fueron perseguidos por el hecho de reivindicar los derechos de las clases subalternas.

⁴ En aquel entonces, las fuerzas del orden fueron contaminadas por asesinos a sueldo que persiguieron y ultimaron a todos aquellos que no compartían las ideas del liberalismo; y aunque los enfrentamientos no alcanzaron el nivel de una guerra civil, dejaron en la memoria de los conservadores secuelas que más adelante buscarían la retaliación.

⁵ Más adelante desarrollaremos nuestra crítica a esta forma de denominar el proceso socio-político desarrollado entre 1946 y 1965.

⁶ Sobre la relación entre clases sociales y filiación partidista ver el estudio estadístico de Medina (1997). Allí el autor asocia los resultados electorales de los partidos liberal y conservador con algunas características socio-económicas de la población en edad de votar a partir de cifras reportadas por el Departamento Nacional de Estadística (DANE). Algunos de los hallazgos son: una mayor correlación de la votación liberal entre la población con mayor nivel educativo y una mayor correlación entre la votación conservadora y la población ocupada sin educación. Para la votación liberal se encuentran altas asociaciones de signo positivo con la población obrera y empleada y con los trabajadores familiares de menos de 45 años. A su vez, esta asociación toma signo negativo para la población mayor de 45 años. Por otro lado, la correlación de la votación liberal con los patronos es negativa, independientemente de la edad que se asocie.

⁷ Alfonso López Pumarejo (1886-1959), proveniente de una familia de empresarios bogotanos, estudió economía y comercio en Inglaterra y Estados Unidos. Nunca obtuvo un título profesional, si bien su preparación en el exterior le permitió tener una visión más contemporánea del mundo, de la economía y de la política; volvió a Bogotá en 1904, empezando a colaborar en los negocios de su padre y llegando a ser un reconocido empresario. A la par con su ascenso como empresario, López Pumarejo empezó a destacarse como dirigente del Partido Liberal. Para las elecciones de 1930 el conservatismo no logró reunirse en torno a una candidatura, y sus electores se debatían entre el general Alfredo Vásquez Cobo y el poeta y ex ministro Guillermo Valencia. Este hecho fue visto por López como la oportunidad de recuperar la presidencia para el liberalismo. A sabiendas de que su candidatura podría provocar la unión conservadora (debido a su franca beligerancia contra el régimen), López propició y coordinó la candidatura del embajador de Colombia en Estados Unidos, Enrique Olaya Herrera un destacado liberal que en varias ocasiones había servido como ministro de los gobiernos conservadores y no generaba mucha suspicacia entre los dirigentes de ese partido. Efectivamente en las elecciones ganó el partido liberal, gracias a la división de Vázquez y Valencia y al manejo estratégico que López le dio a esta oportunidad con la candidatura de Olaya. Sobre la biografía y los principales aspectos del primer mandato del político liberal ver Tirado Mejía (1995).

⁸ En el año 1935 se produjo la aprobación del Programa General del Partido Liberal en el marco de una Convención Nacional de la agrupación. En este se condensaron los fundamentos ideológicos y programáticos que orientaron las reformas de López. Como principios fundamentales se establecieron el respeto de las libertades ciudadanas y la garantía de los derechos individuales, así como la igualdad de oportunidades. Para la consecución de estos objetivos se abandonó la doctrina clásica del laissez faire y se asume el intervencionismo de Estado para dirigir y controlar las iniciativas individuales en aras del bien general. Partiendo aguas con el marxismo, el liberalismo aclaró que el Estado debía establecer un equilibrio entre el individuo y la empresa y entre ésta y el Estado, y que la propiedad en general y la territorialidad en particular, tenían una función social. Así mismo, consagró que el trabajo era la principal fuente de adquisición de la propiedad, por lo que propugnó la protección legal de trabajo iy el principio de favorabilidad al trabajador. La descentralización administrativa fue otro de los aspectos que quiso cambiarse, respecto del centralismo imperante desde la Constitución de 1886. Las actas de la Convención pueden consultarse en Morales Benítez (1997).

⁹ La siguiente carta de principios de López Pumarejo publicada en el diario El Espectador en 1942 da cuenta de sus intenciones respecto a la cuestión sindical: «...la oposición ha pretendido que soy el inventor de un monstruoso instrumento de la lucha de clases. Los sindicatos que existían estaban previstos, ordenados, estimulados y protegidos por la ley. Pero no estaban dentro de la ley. Procedían irregular y revolucionariamente... El Gobierno Liberal logró que los sindicatos actuaran dentro de la ley, se sometieran a ella y que los obreros y campesinos se convirtieran, desde entonces, en celosos vigilantes de la ejecución cabal de las leyes de trabajo existentes, en vez de ser como eran, sus adversarios. El proceso de conflictos de trabajo que fue hasta entonces revolucionario, se convirtió paulatinamente en una evolución casi judicial, con la intervención del gobierno... El haber convencido a los patronos y obreros, a los representantes del capital y el trabajo, de que podían discutir directamente sus conflictos, y que no eran en forma alguna los agentes de dos clases sociales en lucha, sino los interesados comunes en la prosperidad de sus empresas, no fue ciertamente fácil ¿... Así se ve que la famosa Revolución en Marcha no fue sino un paso hacia la normalidad» (El Espectador, 1942, citado por Archila, 1992).

¹⁰ Mauricio Archila describe así la situación: «La atracción del reformismo lopista dejó una imborrable marca en la clase obrera colombiana. En momentos en que ella se identificaba como grupo con cobertura nacional para salir del aislamiento en que la dejó la represión de los años veinte y la crisis de la izquierda, encontró en el Estado Liberal un aliado que le otorgaba poder de presión. La polarización creciente de la sociedad colombiana en esos años terminó arrojando a la clase obrera, así como a la dispersa izquierda, al bando lopista. Dentro de esas circunstancias no había mucho espacio para dar respuestas diferentes a las que dio la clase obrera colombiana en esos años. Sin que puedan ser tachadas absolutamente como simples actos de integración o de resistencia, las múltiples respuestas obreras contribuyeron a delinear los contornos de la clase, con un matiz de identificación política con el destino de la República Liberal y en particular con el de López mismo» (Archila, 1992: 309)

¹¹ Sobre el retroceso de las reformas modernizantes durante la segunda administración de López véase Vega Cantor (1987).

¹² La segunda administración de Alfonso López Pumarejo (1942-1945) estuvo marcada por dos escándalos que la oposición conservadora, dirigida por Laureano Gómez, explotó con saña. La muerte de Francisco Pérez, “Mamatoco”, un instructor de Boxeo de la policía y periodista, asesinado en extrañas circunstancias por órdenes del Director de la Policía. Y un debate contra el hijo del Presidente, adelantado en el Congreso, por supuesto tráfico de influencias en lo que se ha conocido como “el asunto de la Handel”, en el que se aseveraba que las adquisiciones de bienes por parte de su hijo Alfonso López Michelsen se habrían producido en dudosas condiciones de negociación. Sobre el tema ver: Revista Credencial Historia No. 24 Abril 2006. Los escándalos de Mamatoco y la Handel (1943-1945).

¹³ Sobre la vida de Laureano Gómez ver Tirado (1989a).

¹⁴ Por dos días (julio 10 y 11 de 1944) López Pumarejo fue apresado en Pasto por el coronel rebelde Diógenes Gil en un intento de golpe de Estado. Gracias a su vicepresidente Darío Echandía, quien asumió el mando, y a su ministro de Gobierno Alberto Lleras Camargo, pudo develar la conspiración y mantenerse en el poder.

¹⁵ «El paralelismo sindical se expresó en protección a la fundación de una nueva central obrera, la UTC, que surgió bajo los auspicios de la Iglesia el 16 de junio de 1946 y fue reconocida legalmente en 1949 luego de que el gobierno del Presidente Ospina, mediante el decreto 2785, derogara las disposiciones que prohibían el paralelismo sindical» (Medina:1989:23)

¹⁶ Con una esperanza de vida promedio de 40 años.

¹⁷ Las cifras al respecto son ilustrativas: Turbay con 440.591 votos y Gaitán con 358.957 sobrepasaban juntos a Ospina que consiguió 565.260. De haber mermado el enfrentamiento otra hubiese sido la historia.

¹⁸ Así lo declaró el Secretario de la Presidencia, Rafael Azula Barrera “Indiscutiblemente, fue abortado un movimiento subversivo de inspiración internacional, planteado y promovido por conocidos agitadores revolucionarios, en connivencia con la organización sindical de Colombia, filial de la CTAL (Central de trabajadores de América Latina) y con el estímulo velado, si no con el apoyo franco de las fracciones liberales en pugna. Sus planes no podían ser más siniestros. Se trataba de provocar una paralización total del país, a cuyo amparo pudieran realizarse hechos de tal naturaleza que determinaran la inevitable caída del gobierno, tras un proceso de confusión social y de impotencia de las autoridades para reprimir el desorden” (1963: 271).

¹⁹ Elecciones parlamentarias en marzo 1947, para Concejos municipales en octubre de 1947, parlamentarias de nuevo en junio de 1949 y presidenciales en marzo del mismo año.

²⁰ Según cifras de Oquist (1978), las víctimas de la violencia ascendieron a 127. 297 entre 1947 y 1950, siendo este último año el más sangriento con más de 50 mil muertos.

²¹ Seguidores del líder ultraconservador Laureano Gómez, presidente de la República entre 1950 y 1953.

²² Pronunciada después de la muerte de Gaitán, la metáfora del Basílico es ilustrativa de la articulación de la jerga anticomunista a sus discursos de Laureano Gómez: «En Colombia se habla todavía del partido liberal para designar una masa amorfa, informe y contradictoria que sólo puede compararse o calificarse como creación imaginaria de épocas pretéritas: el basilisco. El basilisco era un monstruo que reproducía la cabeza de una especie animal, de otra la cara, de una distinta los brazos y los pies de otra cosa deforme, para formar un ser amedrentador y terrible del cual se decía que mataba con la mirada. Nuestro basilisco camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y de violencia, con un inmenso estomago oligárquico, con un pecho de ira, con brazos masónicos y con una diminuta pequeña cabeza comunista, pero que es la cabeza; y así tenemos que el fenómeno mayor que ha ocurrido en los últimos tiempos, el 9 de abril, fue un fenómeno típicamente comunista ejecutado por el basilisco, la cabeza pequeña e imperceptible lo dispuso y el cuerpo lo llevo a cabo para vergüenza nacional.» Gómez, [25 de junio de 1949] (1968).

²³ Coincidencialmente, “de penca ancha” es la expresión utilizada en la Costa Altlántica para referir a las personas ricas e influyentes.

²⁴ Como se denominó a aquellos que se levantaron el 9 de abril tras el asesinato de Gaitán.

²⁵ Algunos no regresarían nunca más al Quindío, como Pedro Antonio Marín (más conocido como Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo), quien se quedará combatiendo en el Tolima y será el futuro comandante de las FARC-EP. Otro oriundo del Quindío, Fabio Vásquez Castaño, fundador del ELN en 1964, vería morir a su padre a manos de los pájaros durante la violencia partidista en Colombia y desde entonces se obsesionaría con tomar las armas para hacer justicia. Así, trató de formar parte de varios grupos armados ilegales hasta ingresar a las filas del ELN, luego de formarse en la Cuba revolucionaria.

²⁶ Recordemos que durante el Bogotazo, la casa personal de Laureano Gómez había sido incendiada por una turba enfurecida que atinó a destruir todos aquellos edificios que representaban el poder oligárquico de la ciudad.

²⁷ En Las Guerrillas del Llano, Eduardo Franco Isaza entrega el siguiente testimonio: «… a cambio de nada, las guerrillas victoriosas ceden el terreno conquistado a tan alto precio, y sin dejar nada para sí, se entregan tan confiadas como otras veces fueron al combate… Y la gran rebelión se apaga para abrir un paréntesis, en el agitado y tremendo drama político de la vida colombiana». (Franco Isaza,1976: 274)

²⁸ Comandante de las guerrillas liberales del Llano.

²⁹ Servicio Nacional de Asistencia Social, de donde dependía la Oficina de Rehabilitación y Socorro, dirigida por la hija del General, María Eugenia Rojas, a quien quiso instalar como una especie de “Evita” colombiana.

³⁰ Ciudades como Cali, Pasto, Palmira, Tuluá, Armenia, Ibagué, Rionegro, Miraflores, Socorro y la misma Bogotá tras el asesinato de Gaitán.

³¹ Nos referimos en particular a los Llanos Orientales (departamentos del Meta, Arauca y Casanare), el norte del Tolima, el Sumapaz en Cundinamarca, la zona de Urrao en Antioquia, Boyacá, el bajo Cauca y el Magdalena Medio.

³² En los departamentos de Magdalena, Cesar, Córdoba y Sucre, se produjeron algunos incidentes por la acción de grupos paramilitares como los penca ancha de los cuales existen registros muy escasos.

CAPÍTULO II. LA DEMOCRACIA DEL GARROTE

Violencia parainstitucional y dispositivo contrainsurgente (1958-1982)

Hoy tenemos más la lucha de clases que la lucha de los partidos. Por eso, se dividen (los bandos) entre quienes quieren acabar el sistema y quienes quieren preservarlo. Entonces, el tema de cómo hacer la paz entre liberales y conservadores, no tiene ya actualidad, sino cómo ventilar el debate entre los amigos del statu quo y quienes aspiran a un orden distinto.

Alfonso López Michelsen (1977)

Se nos quiere negar el derecho a vivir. Vamos a defenderlo. Reclamamos el apoyo nacional porque sabemos que el ataque contra Marquetalia no es sino el inicio de una nueva fase de la política “a sangre y fuego”.

Partido Comunista Colombiano (1964)

Introducción

Ideado para operar durante un periodo limitado de dieciséis años, el régimen de alternación bipartidista conocido como Frente Nacional (1958-1974),³³ dejó marcas tan profundas en la política y la sociedad colombianas que suele ser invocado por la mayor parte de analistas como un antecedente ineludible del conflicto armado reciente. El debate puede condensarse en tres tipos de interpretaciones. En primer lugar, aquellas que perciben el Frente Nacional como un régimen autoritario y excluyente, ralentizador de la modernización política que requería el país tras la Segunda Guerra Mundial y en tal medida, causante del inmovilismo político y la radicalización armada de la oposición que dio origen a las guerrillas de izquierda (Villegas y Rivas, 1980; Gallón, 1979; González, 1989; Iturralde, 2010; Uribe de Hincapié, 2001). Por otro lado, las explicaciones que ven en el pacto bipartidista un régimen en apariencia restrictivo, pero en todo caso democrático, que permitió el juego político a las disidencias de los partidos y tuvo un carácter pacificador y civilizado, comparado con “la Violencia” y el gobierno militar que lo precedieron y los regímenes de facto que dominaban la escena latinoamericana en la misma época (Ayala, 1996; Dávila, 2002; Pécaut, 2006; Wilde, 1982). Finalmente, aquellas lecturas que reconocen los méritos iniciales del Frente como una salida transitoria a “la Violencia”, pero resienten los efectos indeseados de su extensión en el tiempo: la despolitización bipartidista y el clientelismo político (Leal y Dávila, 1990); el mantenimiento de los problemas sociales y económicos estructurales que subyacían como causas objetivas de la violencia (Sánchez, 1988; Machado; 2009); y la persistencia de formas tradicionales de actividad política que contribuyeron al atraso estatal en un país que experimentaba una de sus fases más dinámicas de desarrollo económico (Palacios, 1995; Tirado, 1989b).

En lo que hace a nuestro problema de estudio, el Frente Nacional comporta rasgos de continuidad y ruptura con el periodo anterior. Por un lado, se produce un descenso notable de la tasa nacional de homicidios en comparación con el periodo precedente³⁴, al tiempo que se reduce la acción de los grupos parapoliciales de filiación partidista como la Chulavita, los Pájaros y los Contrachusmeros hasta su desaparición a mediados de los sesenta. Pero, por otra parte, es durante este periodo que la estrategia de dominación se reorganiza y actualiza bajo los cánones de la guerra contrainsurgente. A partir de una interpretación local de los planteamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional y siguiendo la concepción político-militar norteamericana, los gobiernos del Frente Nacional modelaron un dispositivo contrainsurgente orientado a la contención no sólo de las guerrillas comunistas emergentes sino de todo tipo de movilización social y política que representase un desafío al orden de propiedad y privilegios del bloque dominante.

Hablamos de dispositivo y no de guerra contrainsurgente, en el entendido de que lo acaecido en este periodo, excede los límites de la estrategia militar y la guerra psicológica para incluir «un conjunto resueltamente heterogéneo que compone los discursos, las instituciones, las habilitaciones arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las leyes, las medidas administrativas, los enunciados científicos, las proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas (…) lo dicho y lo no dicho» (Foucault, 1994: 229 y ss). El dispositivo contrainsurgente comprende la red formada por esos elementos en un momento de la historia colombiana marcado por la urgencia del bloque dominante de hacer frente a las demandas (pacíficas y armadas) de inconformidad política y justicia distributiva provenientes de los sectores subalternos.

Con miras a conjurar la fragilidad del orden, conservar el sentido de la dominación política y servir a las necesidades de la acumulación, los gobiernos del Frente Nacional implementaron un complejo de mecanismos institucionales y prácticas políticas, militares y discursivas que oscilaron entre la legalidad y la ilegalidad y entre el consenso y la coerción. Desde la realización de acuerdos consociacionales entre las élites partidistas hasta el recurso constante al estado de sitio para la represión y dispersión de la protesta social; desde la promoción estatal de asociaciones de campesinos, hasta la autonomización y fortalecimiento del estamento militar en el manejo del orden público. De esta forma, los dieciséis años del Frente Nacional (1958-1974) y los ocho que sucedieron a su desmonte (1974-1982) son un periodo clave para comprender la manera en que se produjo un proceso de reorganización del Estado y de la sociedad colombiana bajo la égida de un dispositivo contrainsurgente. La continuidad con el periodo de “la Violencia” radica en el mantenimiento y exacerbación de las tensiones sociales en torno a la distribución de la tierra y la riqueza, mientras que la ruptura se ubica en la clausura de las hostilidades interpartidistas como escisión fundamental del conflicto y su reemplazo por el discurso anticomunista que, si bien aparecía enunciado en tiempos de la violencia, no había logrado penetrar los modos de organización de la guerra y la política.

Las organizaciones de violencia parainstitucional estuvieron atravesadas por esta escisión maestra, adecuando su modus operandi a las tácticas de la guerra irregular. De organizaciones civiles clandestinas que mantenían velada su vinculación con los centros del poder político-partidario, pasaron a ser componentes visibles de la lucha contrainsurgente desplegada por el Estado, con enunciaciones y funciones claramente explicitadas en los manuales militares. Su existencia se avaló en la búsqueda de eficiencia de la lucha contra las guerrillas, siendo admitida como “apoyo” a la función de seguridad tradicionalmente prestada por el Estado. Así, a partir de 1965 se inicia un proceso paulatino de descentralización de la violencia y privatización de la seguridad, que alcanzará visos radicales y consecuencias paradójicas en las décadas del ochenta y noventa.

Contra la lectura arraigada que suele presentar el fenómeno paramilitar como ajeno o extraño al Estado, sostenemos que, lejos de mantener una relación de exterioridad respecto de éste, el paramilitarismo encarna una forma de organización de la violencia público-política por medio de la cual el Estado busca ejercer funciones de control social, sin afrontar las consecuencias sobre su legitimidad, por la violación de Derechos Humanos. De ahí que de la baja en el número de homicidios durante el Frente Nacional no se deduzca tanto un cese de la ofensiva antipopular como su refinamiento y reorientación hacia un dispositivo contrainsurgente, modalidad local de la Doctrina de Seguridad Nacional, que acudió con asiduidad al involucramiento de la población civil en el oficio de la guerra. Erigido sobre el anticomunismo, el dispositivo contrainsurgente sentó las bases para una guerra preventivo-punitiva y construyó un concepto de enemigo interno que englobó como amenazas al orden público no solo a las organizaciones rebeldes (enemigo objetivo) sino también a todas las expresiones de oposición política y protesta social (enemigo efectivo) (Franco, 2009).

Junto al componente militar, auspiciado por las agencias del Gobierno estadounidense, el reformismo social ocupó un lugar central en la estrategia de control social de los sectores subalternos. La centralidad de las fuerzas armadas en la estrategia no estuvo exenta de tensiones y contradicciones. A lo largo del periodo se observa una tensión entre la clase política gobernante y el poder militar que, aunque subordinado, siempre aspiró a una mayor incidencia en el manejo de los asuntos nacionales. Y si bien no lograron encabezar el poder ejecutivo, como ocurrió en otros países de América Latina, los militares lograron conquistar la autonomía total en el ejercicio de la represión. Pese a las tensiones con el poder civil, la política de seguridad hizo posible la configuración de un bloque de poder contrainsurgente que aunó facciones institucionales y fracciones de clase en aparente pugna en torno a una causa común: la eliminación del enemigo interno. Las tácticas de represión, exclusión y persecución del dispositivo contrainsurgente, supieron combinarse con medidas de apariencia democrática, modernizadora y reformista, que dieron un rostro institucional y consensuado a la guerra librada contra la población civil. El acuerdo bipartidista apaciguó el sectarismo político y redujo la competencia entre los partidos Liberal y Conservador reemplazándola por un régimen de alternancia en el poder y reparto burocrático; pero la exclusión política y, fundamentalmente la exclusión social y la desigualdad, redundaron en un franco debilitamiento del sistema político y de las instituciones democráticas que terminó incentivando la acción de los grupos insurgentes.

Más que una respuesta a la situación de violencia política y crisis institucional que azotaba al país a finales de los cincuenta, el Frente Nacional fue la reacción de las élites liberales y conservadoras y de los sectores económicos potentados ante los peligros de inestabilidad sembrados por las medidas populistas y la concentración del poder del gobierno militar de Rojas Pinilla, en un primer momento, y por los sectores políticos y sociales de oposición al régimen de alternancia, en una segunda instancia. En sus comienzos, la alianza que morigeró el conflicto entre las élites de las dos colectividades partidarias tuvo como objetivo principal dejar sin piso las pretensiones del líder militar y permitir el retorno del poder a manos civiles en un arreglo que resolvía rigurosamente la repartición burocrática y la contienda electoral pero dejaba incólumes asuntos abiertamente problemáticos como la propiedad de la tierra, los derechos laborales y sociales y el goce pleno de una ciudadanía participativa para todos los colombianos.

Como veremos a lo largo del capítulo, a medida que la amenaza de un golpe militar se diluía y la movilización política y social se incrementaba en distintitas latitudes del país, el Frente Nacional auspició la configuración de un dispositivo contrainsurgente que combinó al menos tres elementos: un régimen de exclusión política que impidió el encauzamiento de las demandas sociales por la vía partidaria; un uso recurrente del estado de sitio como mecanismo jurídico-legal para la contención y represión de las reivindicaciones de los distintos sectores sociales y la regulación de la vida económica; y la implementación de una versión “criolla” de la Doctrina de Seguridad Nacional como estrategia legitimadora de la acción criminal del Estado sobre la oposición política y social bajo la retórica del enemigo interno. A partir de 1978, el dispositivo contrainsurgente se vio complementado por la operación de grupos paramilitares amparados por el Estatuto de Seguridad Nacional y bajo la asesoría norteamericana. Estos actuaron contra la población campesina, contra los movimientos sindicales y estudiantiles, contra los periodistas e intelectuales, las publicaciones de oposición y contra todos aquellos considerados como el “brazo desarmado de la subversión” (Arango y Rivas, 1980; CIDH 1993; HRW, 1996).

En lo que sigue, reconstruimos y analizamos estos acontecimientos en el marco la dinámica de cambio político y social del periodo 1958-1978, considerando que se trata de una etapa de viraje en las dinámicas y actores de la violencia parainstitucional en Colombia, y el inicio de un ciclo represivo que aunque tendrá como protagonistas a las Fuerzas Militares, abonará el terreno para la organización descentralizada, privada y clandestina de la represión, que será alimentada por el combustible del narcotráfico en las décadas siguientes.

1. Crónica de un pacto: los enemigos de mi enemigo son mis amigos

Como vimos en el capítulo anterior, el gobierno de Rojas Pinilla quiso enarbolar las banderas de la paz en medio de un conflicto violento que parecía insostenible. En este sentido se dirigieron las políticas de amnistía y rehabilitación cuyos efectos fueron, cuanto menos, cuestionables (Sánchez, 1989b). Al margen del grado de eficiencia de las políticas del General, una preocupación crecía entre los sectores del bipartidismo cada vez que él inauguraba obras públicas o entregaba recursos en nombre de la “rehabilitación”: la conformación de un bloque pueblo-fuerzas armadas bajo la batuta de un jefe militar en un país donde los partidos políticos representaban tradicionalmente los intereses de las clases dominantes. De ahí que el desgaste de la anhelada pacificación respondiera no sólo a hechos execrables del propio gobierno militar, como la masacre a manos del Ejército de trece estudiantes de la Universidad Nacional en 1954, sino también a una deliberada estrategia de desestabilización urdida por los partidos.

Para cuando Rojas anunció su intención de permanecer en el poder por un nuevo cuatrienio, ya se hallaba conformado un Frente Civil encabezado por los líderes del Partido Liberal, Alberto Lleras Camargo, y conservador, Laureano Gómez, y respaldado por los grupos económicos y la Iglesia, que organizaron un paro nacional que obligó la renuncia de Rojas en mayo de 1957. El papel de los gremios económicos fue fundamental: sectores claves de la industria y de la banca acordaron el bloqueo económico, los bancos, las industrias y el transporte dejaron de operar y los planteles educativos cerraron, al mismo tiempo que se incrementaron las movilizaciones estudiantiles. Lejos de constituir un alzamiento popular, la movilización que acompañó la caída de Rojas se compuso mayoritariamente por sectores urbanos de niveles medio y alto, mientras que los sindicatos y organizaciones populares se mantuvieron relativamente ajenos.

El poder pasó transitoriamente a una Junta Militar de cinco miembros mientras se convocaba a elecciones presidenciales en 1958. El Programa de Gobierno de la Junta Militar permitió a las Fuerzas Armadas fijar las condiciones para su abandono del poder y a los civiles asegurar la futura recuperación de éste. Las Fuerzas Armadas se mantuvieron incólumes como institución una vez hecha la transición a los civiles, siendo procesado como único responsable del clima de violencia el general Rojas. El empresariado por su parte, acordó no involucrarse en asuntos partidistas si se aseguraba un escenario estable y confiable para su actividad, tema que se concretaría con el Programa de ajuste y austeridad aprobado por la Junta y las políticas de endeudamiento externo de los gobiernos subsiguientes.

El logro de estos acuerdos con los sectores empresarios y con los propios militares revistió una enorme complejidad. Dávila (2009) ha hecho un análisis exhaustivo de este proceso mostrando que, aunque

parecería evidente que desde un principio las partes previamente en conflicto habían definido con mucha claridad los términos y alcances del pacto (...) el proceso se caracterizó más bien por una honda tensión entre los principios expuestos por Lleras y compartidos inicialmente por el laureanismo; y su permanente fragilidad e incertidumbre, así como las amenazas de estancamiento y ruptura que repetidamente lo confrontaron (p. 9).

Así, aun cuando compartían un enemigo común, por más impostado que fuere, «fue complejo y difícil pasar de esos acuerdos básicos y casi tácitos al diseño político institucional que finalmente se configuró» (p. 9). Superada la etapa de negociación iniciada con la Declaración de Benindorm³⁵ y consolidada con la suscripción de los Pactos de Marzo³⁶, de Sitges³⁷ y de San Carlos³⁸, el primero de diciembre de 1957 se efectuó el Plebiscito que dio legitimidad al Frente Nacional. Los historiadores suelen hacer hincapié en la enorme participación electoral suscitada por la consulta, “la más grande en toda la historia de Colombia”, con un 81, 95% de la población cedulada y resultados que arrojaron un 94,8% de los votantes a favor del Frente y un 4,7% en contra (Cámara de Representantes, 1959: 45). Esta lectura entusiasta pierde de vista que no necesariamente existía acuerdo en torno a todos y cada uno de los puntos puestos en consideración en la consulta y que el engrosamiento del padrón electoral se produjo fundamentalmente por la efectivización del voto femenino. Por otra parte, el aumento de la concurrencia puede explicarse en las restricciones al sufragio sufridas durante la década anterior, que hicieron que los colombianos se abocaran con entusiasmo a las urnas, así como en el enorme despliegue propagandístico del gobierno a favor del sí, que aprovechó el rechazo alcanzado por el régimen militar, tanto por sus estragos en la gestión, como por el encono que desató en la prensa bipartidista.³⁹

2. Las secuelas de “la Violencia”: bandoleros, bandidos y robinhoodes

Una vez logrado el pacto de élites, el primer gobierno del Frente Nacional debió enfrentar las consecuencias del escalamiento de la violencia durante el régimen militar. El presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962) recibía un país donde la violencia no sólo no había cesado, sino que se había degenerado. Entre 1957 y hasta 1965, tuvo lugar una nueva modalidad de conmoción social y política: el bandolerismo. Sánchez y Meertens han descrito este fenómeno «como un punto de llegada en la redefinición de las fuerzas contendientes en la primera fase de la Violencia» (2006: 37). La mayoría de los bandoleros eran jefes o militantes del campesinado que en su momento habían sido reconocidos como guerrilleros tanto por la dirección del Partido Liberal como por los sectores sociales dominantes. Su tránsito al bandolerismo obedeció a la ruptura de relaciones con la dirigencia partidista en 1953 y a su apartamiento del proceso de desarme y amnistía adelantado por Rojas Pinilla, bien por considerarlo sospechoso y sin garantías, o por haber sufrido hostigamientos y persecuciones tras acogerse a este. Muchos ex guerrilleros que quisieron reintegrarse a la vida civil vieron cómo sus compañeros morían abatidos por las fuerzas estatales y paramilitares retomando las armas, ahora sin el apoyo de los partidos.

Con la llegada del Frente Nacional, las colectividades liberal y conservadora se solidificaron como bloque en el poder en torno a la lucha contra la dictadura de Rojas, pero también contra cualquier otro tipo de oposición que amenazara sus intereses. En estas circunstancias, los ex guerrilleros evolucionaron hacia organizaciones armadas eminentemente rurales sustentadas por los poderes locales que se hallaban en oposición al Frente Nacional, su proyecto centralizador y/o su programa económico y social. El carácter local de estos apoyos es sintomático de la persistencia de los problemas de la tierra, la distribución y la participación política en las zonas rurales, allende el acuerdo bipartidista logrado en la capital. Los bandoleros ejercieron un poder de facto en las regiones, aunque no llegaron a proyectarse como un poder alternativo a nivel nacional (Sánchez y Meertens, 2006: 80). Pero, con independencia de su radio de acción, el carácter político fue su rasgo distintivo:

[A] veces se proyecta como proyecto de gentes vinculadas a las altas esferas del poder político, hacendatario y terrateniente, para conservar sus privilegios; otras se expresa como fuerza subordinada de los poderes regionales y locales, en sus luchas internas y en su lucha frente al poder central; y, eventualmente, en ausencia de partidos y movimientos sociales organizados, el bandolerismo puede operar como una fuerza autónoma o como materialización de los poderes informales que florecen a la sombra de una crisis institucional de vastas proporciones, como es precisamente el que dejó el largo y sangriento periodo de la Violencia (p.10)

En este sentido, el bandolerismo colombiano se distingue de aquel definido por Hobsbawm (1983) como bandolerismo social: «una protesta endémica del campesino contra la opresión y la pobreza: un grito de venganza contra el rico y los opresores» (p. 15). Mientras los bandoleros sociales son campesinos fuera de la ley, a los que el señor y el Estado consideran criminales, pero a los que la sociedad campesina considera sus aliados⁴⁰, las cuadrillas bandoleras surgieron, como marcan Betancourt y García (1990) «en un doble sentido: desde las capas altas y medias de la sociedad local, es decir caciques, jefes partidistas, hacendados, finqueros y comerciantes que las apoyaron para defender sus propiedades» e intereses, y «desde el campesinado raso que las fue apoyando por temor, por simpatía, por defenderse de las cuadrillas del bando contrario», ante la incapacidad del Estado para resolver la situación de conflictividad predominante (p. 149)

Por otra parte, el bandolero social de Hobsbawm se caracteriza por tener pocas ambiciones y mantenerse al margen de las cuestiones políticas. Su surgimiento tiene lugar «cuando una sociedad campesina que no conoce otra forma mejor de autodefensa se encuentra en condiciones de tensión y desquiciamiento anormales» (Hobsbawm, 1983: 15). Carece de organización o de ideología, y resulta por completo inadaptable a los movimientos sociales modernos.

El caso colombiano permite atisbar una nueva modalidad de bandolerismo que es profundamente político, no obstante la falta de legitimidad acusada por los gobiernos de la época. Aun cuando una buena porción de la actividad de estos hombres lindó con la delincuencia común, su rasgo transversal fue la relación de dependencia respecto a uno o varios componentes de la estructura dominante de poder: los gamonales, los partidos políticos o alguna facción de la clase, siendo la política «el elemento que motiva y define, en primera instancia, sus actuaciones y sus blancos» (Sánchez y Merteens, 2006: 53-54). Este es un elemento que conviene retener, frente a aquellas lecturas que pretenden encasillarlo como un producto monstruoso del degeneramiento de la violencia sin ningún vínculo con la dirigencia política o los sectores económicos. En su lugar, obliga decir que el bandolerismo es un fenómeno que tuvo como actores centrales no solo a los bandoleros — a veces asaltantes y asesinos, a veces héroes y robinhoodes — sino también a los gamonales y terratenientes, a los finqueros y comerciantes que contrataron sus servicios «para presionar la venta o abandono de una finca, una mejora, o simplemente para obtener el alejamiento de un jornalero o administrador de un predio a cuyo propietario se quería hostigar» (p. 109).

Matizando las tesis de Sánchez y Meertens, Betancourt y García (1990a) señalan que, a partir de 1957, la evolución de los grupos de civiles armados se produjo en al menos cuatro sentidos. El bandolerismo social, engrosado por todo rebelde que encarnara formas de protesta contra lo establecido y que fuera percibido por las masas campesinas como defensor de sus intereses. El bandolerismo partidista, que adheriría durante un periodo a alguno de los partidos pero iría perdiendo paulatinamente su filiación hasta entrar en contradicción con ésta, evolucionando hacia la formación de guerrillas (como en el caso de Manuel Marulanda, fundador de las FARC). El bandolerismo común o bandidismo, sin filiación partidista ni condiciones para evolucionar hacia la guerrilla, que terminaría volcando su frustración contra su propia base social, perdiendo su apoyo y viéndose aislado frente a la persecución estatal. Finalmente, las guerrillas comunistas, donde convergieron sectores rurales y urbanos y ex bandoleros dispuestos a romper con la ideología liberal-conservadora (Betancourt y García 1990b: 155).

Lo que permite ver esta gradación de los grupos armados campesinos es que, al lado de las motivaciones políticas, estaban también las motivaciones económicas y los odios heredados. En el caso de las cuadrillas bandoleras del Norte del Valle estudiadas por Betancourt y García (1990a; 1990b), la economía cafetera jugó un papel esencial, dado el interés de éstas en manejar a los administradores de fincas y lucrar con el robo de café (que se convertía en un buen negocio por su fácil comercialización y buen precio). Esto sin contar con el beneficio derivado del recurso humano atraído por el trabajo temporal de la cosecha cafetera, que permitió nutrir de hombres a las cuadrillas e imponer controles sobre los mayordomos de las fincas que los tenían empleados. Fue así como los cuadrilleros llegaron a establecer impuestos en las cargas de café y en los animales según la producción de cada finca.

En lo que hace a las reyertas de sangre, la ausencia de un mando militar central y el desdibujamiento del ideal partidista, hicieron que algunos bandoleros vieran en la extensión de “la Violencia” el momento para “hacer justicia” por el arrasamiento sufrido en los años precedentes. Fue entonces común la participación de niños y adolescentes que habían presenciado el asesinato de sus familias, el incendio de sus casas y beneficiaderos viéndose obligados al desplazamiento. De ahí la importancia de incluir como variable explicativa del proceso de rearme la impronta de la sangre derramada en la memoria de los combatientes, un factor que trasciende las pugnas partidistas para ahondar en las condiciones sociales y subjetivas que construyen la identidad política campesina. En su estudio sobre las masacres en el Tolima entre 1948 y 1964, Uribe de Hincapié (1990) ha mostrado cómo los espacios donde ocurrieron estos hechos de crueldad fueron aquellos donde los bandos enfrentados convivían agrupadamente, esto es, donde víctimas y victimarios compartían características contextuales, siendo “vecinos que se mataron entre sí”. Este dato permite ver la profundidad con la que el bandolerismo se insertó en el tejido de intereses, expectativas y representaciones individuales y colectivas de los diversos sectores sociales que se movían en el mundo rural, como un fenómeno que involucró tanto al proletariado agrícola y a los pequeños y medianos propietarios, como a los terratenientes, administradores de fincas, aparceros y comerciantes que operaban en las zonas agrarias.

3. Reformismo agrario inocuo y contrarreformismo armado

En la Colombia de los años sesenta un cúmulo de factores hacía urgente la expedición de una ley de reforma agraria. Se había consolidado una estructura social rural caracterizada por la inequidad en la distribución de la tierra y del ingreso, como consecuencia del orden altamente desigual gestado en el siglo XIX y prácticamente inalterado tras las reformas liberales de los años treinta. El Estado había perdido el control político y social de las masas campesinas y de la población rural, asumiéndolo en su lugar los grupos de bandoleros y las guerrillas liberales y comunistas. La “Violencia” había precipitado una avalancha migratoria del campo a las ciudades que fomentó la creación de cinturones de miseria y el crecimiento inusitado de la oferta de mano de obra. Por último, el despojo de tierras operado durante la confrontación agravó los problemas jurídicos de la propiedad, debilitó la producción agrícola e industrial, contrajo la oferta de alimentos y generó más desempleo.

Con el conflicto partidario formalmente aliviado, los gobiernos del Frente Nacional (1957-1974) debieron abocarse a resolver la situación de la gran masa de campesinos pobres y semiproletarios que habían perdido todo por la violencia. No obstante estar dadas las condiciones internas para la reforma y contar con un clima internacional favorable, el país quedó en mora de realizar una transformación profunda de su estructura agraria. Nos interesa indagar en las razones de esta deuda, concentrándonos en el proceso que va de la apertura de los debates reformistas, en torno a la Ley 165 de 1961, a la clausura de cualquier iniciativa de redistribución de la tierra tras la firma del Pacto de Chicoral en 1972.

Desde nuestra perspectiva, el abandono del reformismo agrario y la consolidación del gran latifundio a finales del Frente Nacional se vinculó con dos factores: la introducción de un modelo crediticio de modernización del agro y la puesta en marcha de una estrategia de contra reformismo armado: la guerra contrainsurgente.

3.1. Rehabilitar hasta donde nos dé la plata, pacificar hasta donde nos dé el plomo

Con el primer gobierno del Frente Nacional, el del liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), la estrategia de restitución del orden en las zonas rurales sufrió un desdoblamiento: reinserción para los guerrilleros y represión para los “bandoleros”. Imitando la política del ex dictador Rojas Pinilla en sus primeros años, el gobierno llamó a la amnistía a los que consideró delincuentes políticos y combatió a quienes se resistieron a reconocer el pacto consociacional. Para los primeros creó la Comisión Interministerial de Rehabilitación, que tendría a su cargo la ejecución del gasto público dirigido a programas sociales en el campo. La Rehabilitación se planteó como una estrategia de acción estatal que buscaba dar asistencia social a los damnificados de la “Violencia” y reincorporar a los excombatientes a la vida civil y laboral. En los dos años de su funcionamiento, la Comisión tuvo que enfrentar la disyuntiva entre pacificar o rehabilitar. Dado que el presupuesto era escaso y la demanda social creciente, los ministros discutían permanentemente hacia donde canalizar los recursos. La tendencia a la larga fue sacrificar los gastos sociales y de inversión del Estado, en aras de resultados inmediatos en el campo del orden público que, en opinión de los ministros, no daban tregua. Así, seguían sin resolverse las causas estructurales de la violencia.

A la actitud conservadora de la Comisión se sumó la presión de sectores políticos que empezaron a cuestionar la acción y efectividad de la política de Rehabilitación:

[se] quejaban de que ésta, en lugar de favorecer a las zonas devastadas y a las víctimas, estaba privilegiando a las regiones aún no pacificadas y a los propios agentes de la “Violencia”. La acusaban incluso de estar premiando infractores de la ley no solo con la suspensión de las acciones penales (amnistía) sino con préstamos y adjudicación de tierras (Sánchez, 1988).

Para diciembre de 1960, cuando dejó de funcionar la Comisión, fue la represión y no la rehabilitación la que se consolidó como política frente a la violencia rural, quizás porque, como señala Sánchez, «la Rehabilitación había sido diseñada como un programa para “después” de la “Violencia”, y la “Violencia”, en verdad, no había terminado» (p. 53).

No obstante el repunte económico que tuvo la economía colombiana entre 1956 y 1960, los indicadores de distribución de la tierra, la riqueza y el empleo en el país estaban entre los peores de América Latina. Según el censo agropecuario de 1960, el 75,8% de la tierra cultivable consistía en propiedades de más de 50 hectáreas que representaban sólo el 6,9% de las explotaciones; mientras que el 8,8% de la superficie concentraba el 76,5% de las explotaciones, todas menores a 10 hectáreas (DANE, 1970a).⁴¹ Además, el 4% de las explotaciones rurales concentraba el 45% de los ingresos provenientes de la agricultura (DANE, 1970b). Por otra parte, la ganadería ocupaba el 90% de las tierras del país; las más fértiles y las únicas mecanizables con un rendimiento extraordinariamente bajo, mientras que la agricultura ocupaba solamente el 10% de toda el área disponible y se encontraba localizada en las vertientes donde la mecanización es imposible, y donde se precipita el proceso de destrucción de los suelos (Toro Agudelo, 1972:192-193). Para agravar el cuadro, el coeficiente de Gini en las áreas rurales fue de 0.86 en 1960, situando a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo (DANE, 1970b).

En materia de ingreso y empleo la situación no era mejor. En 1964, el desempleo afectaba al 4.9% de la población económicamente activa y el sub-empleo llegaba al 24.8%. Para ese mismo año, el 60% de los ingresos totales del país eran percibidos por un 13.2% de las personas mientras el 17% de ingresos se repartía entre un 54.2% de la población, quedando una capa media de 32.6% que percibía un 22% de los ingresos (Vallejo, 1971). Tampoco era alentador el nivel de participación política con un porcentaje de abstención electoral que pasó del 44% en 1958 a casi el 60% en 1966. En estas condiciones, es claro que el Frente Nacional convivió desde sus inicios con tres problemas estructurales: la concentración de la tenencia de la tierra; la marginación de una porción importante de la población rural y urbana del mundo del trabajo; y el monopolio elitista del poder para mantener las dos segregaciones anteriores.

Las elites económicas y políticas tenían un fuerte interés en avanzar en el proceso de sustitución de importaciones con tasas de crecimiento más altas, requiriendo para ello dinamizar el desarrollo capitalista en el campo con materias primas, alimentos y exportaciones que sustentaran los procesos de acumulación social de capital. Esta necesidad había sido ya identificada en los informes de los ministros de agricultura de la época que mostraban las precarias condiciones del campo y la injusta distribución de la propiedad⁴² (Toro Agudelo, 1972; Morales, 1986).

En esta perspectiva, el Gobierno Nacional había expedido algunas normas como el decreto 290 de 1957 y la ley 20 de 1959 que reglamentaban medidas como las parcelaciones de tierras, la colonización y la entrega de tierras a los desplazados por la violencia y los campesinos desposeídos. Estos corpus legales buscaron incentivar el uso intensivo del suelo a partir de su clasificación con base en sus potenciales, con algunos intentos por llegar a una distribución adecuada de la propiedad (Machado, 2009). Como era de esperar, estas normas tuvieron un impacto marginal sobre la estructura agraria, creando en el gobierno la idea de que era necesario pasar a políticas más efectivas a fin de modernizar la estructura agraria.

Faltaba un impulso adicional que pusiera en firme la necesidad de promover la reforma agraria. Este provino del exterior con el estallido de la Revolución Cubana y la concomitante respuesta estadounidense. El Gobierno revolucionario de Cuba desarrolló una reforma agraria integral que liquidó el latifundio y la aparcería, procediendo a la expropiación y nacionalización de los suelos explotados por los grandes tabacaleros cubanos y por las azucareras norteamericanas sin otorgarles indemnización. Además, repartió y redistribuyó los minifundios entre los trabajadores rurales. De este modo, se buscó que la producción latifundista, extensiva y antieconómica, fuese sustituida por una producción cooperativa, técnica e intensiva, que llevara consigo las ventajas de la producción en gran escala.

Pero fueron los vientos de Washington y no los de la Sierra Maestra los que insuflaron el reformismo agrario colombiano. Advirtiendo el peligro de que la chispa cubana se extendiera por el resto de América latina, la “Alianza para el Progreso” presionó a los países de la región para que realizaran reformas agrarias y tributarias que contuvieran posibles brotes revolucionarios y permitieran la ampliación de mercados y áreas de desarrollo para el capital. Tanto los préstamos de los organismos financieros internacionales como los paquetes de ayuda de la “Alianza” estuvieron sujetos a la implementación de estas reformas y de arreglos fiscales que garantizaran el pago de la deuda externa⁴³ (Machado, 2011).

3.2. Una ley agraria inocua

En este contexto se expide la ley 135 de 1961 o “Ley de Reforma Social Agraria”. Bajo la promoción del senador liberal, y futuro presidente, Carlos Lleras Restrepo, ésta estuvo «inspirada en el principio del bien común y en la necesidad de extender a sectores cada vez más numerosos de la población rural colombiana el ejercicio del derecho natural a la propiedad, armonizándolo en su conservación y uso con el interés social» (Art. 1, cursivas nuestras).⁴⁴ El organismo encargado de su ejecución sería el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) que «administraría a nombre del Estado las tierras baldías de propiedad nacional, adjudicadas; constituiría reservas y adelantaría colonizaciones sobre ellas, de acuerdo con las normas vigentes y con las disposiciones de esta ley»; y ejercitaría las acciones y medidas correspondientes en casos de apropiación irregular o indebida de tierras baldías y en los procesos de extinción del derecho de dominio privado (Art. 3).

Pese a lo elevado de sus objetivos, el programa de Reforma Agraria tuvo efectos muy limitados. En diez años de funcionamiento, el INCORA entregó sólo 101.161 títulos de propiedad cuando se estimaba que más de un millón de familias necesitaban tierras. Del total de títulos entregado, cerca del 45% correspondía a tierras no cultivadas (baldíos), 18% a tierras de colonización, 30% a tierras cuyo título de propiedad se declaró nulo y sólo 8,5% a tierras adquiridas o expropiadas por el INCORA (Pécaut, 2006: 80). La reforma sólo tocó tierras de colonización resultando inocua a los fines de modificar la estructura agraria, como era su objetivo formal. Si bien la ley 135 intentaba corregir los defectos de la estructura de tenencia, no pretendía la fragmentación de la propiedad. De hecho, el propio plexo jurídico ponía densos cotos a la expropiación.

Descartada en los hechos la redistribución de los títulos de propiedad, la reforma se concentró en el desarrollo de la propiedad latifundista. En este sentido, se condijo con las características de desarrollo rural de tipo reformista destinadas a «aumentar la producción agrícola, redistribuir el ingreso y evitar un alzamiento político de tipo revolucionario mediante pequeños cambios graduales» (Kay, 1977: 857). La acción del INCORA buscó que los grandes propietarios agrícolas modernizaran la explotación de sus tierras y les dieran un uso más adecuado, además de moderar algunos defectos de la estructura de tenencia para eliminar la concentración excesiva. No obstante, la modernización de ciertos cultivos terminó agravando el problema agrario en la medida en que condenó al subempleo a los antiguos pequeños propietarios y a los trabajadores agrícolas.

La pregunta en este punto es, ¿por qué si estaban dadas las condiciones internas para la reforma agraria, y se contaba con un clima internacional favorable, ésta no redundó en una transformación profunda de la estructura agraria? Varias razones se han esbozado al respecto. Para Machado (2009), el proceso reformista se vio obstaculizado por factores políticos, económicos y jurídicos, y otros de carácter operativo y técnico. Causas gruesas que pueden resumirse en el carácter excluyente del Frente Nacional y la carencia de una verdadera decisión política de transformar la estructura agraria y los poderes allí incrustados explicarían, según el autor, el fracaso de la ley 135 de 1961. Tobón (1972; 1990) agrega a los escollos políticos, los inconvenientes relativos a los mecanismos jurídico-administrativos propios de la implementación de la reforma, tales como la poca efectividad de los instrumentos legales entregados al INCORA; los criterios de calificación de las tierras expropiables; y las cortapisas y controversias legales que, al otorgar excesivos privilegios al derecho de propiedad, dilataban enormemente los procesos de expropiación e incluso los impedían.

Pero, ¿son los obstáculos de su aplicación los que explican el fracaso de la ley en la transformación de la estructura de tenencia de la tierra? En nuestra opinión, la ley 135 de 1961 no fracaso ex post, en su implementación sino no ex ante, en su formulación. Aun cuando formalmente se anunciara como tal, la redistribución de la tierra no era el objetivo que animaba a la ley. Una reforma orientada en tal sentido, hubiera previsto mecanismos institucionales que tocaran las modalidades de propiedad, apropiación, usufructo y posesión de la tierra, redistribuyendo el suelo entre colonos, campesinos y trabajadores agrícolas. Pero en el propio texto de la ley vemos cómo los objetivos grandilocuentes de la parte general fueron diluyéndose a lo largo del articulado, siendo desde su concepción una ley confusa y de imposible implementación. Y esta fue precisamente la intención de la coalición frentenacionalista que la aprobó.

En 1960, circularon por el Congreso nacional nueve proyectos de reforma distintos, provenientes de todos los sectores políticos, y unas cinco propuestas más de los sectores agrarios y ganaderos (Silva Luján, 1989b: 222), de manera que la propuesta que fue finalmente aprobada se acomodó a los intereses en juego: todos menos los de los campesinos pobres. La imposibilidad de una reforma radical ya podía entreverse en los debates previos a la aprobación de la ley en los que sectores tradicionalmente opuestos hicieron núcleo común en la negativa a una reforma profunda.

Alfonso López Michelsen, líder de la oposición liberal aglutinada en el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) objetó acerbamente la reforma agraria, y fue enemigo de la distribución de las tierras ya que, en su opinión, la reforma agraria era, «más que un problema de distribución de tierras, un problema de distribución de gentes» (Lleras, 1962). También hubo voces contrarias a la reforma dentro del oficialismo liberal:

el senador liberal Pedro Castro Monsalve, acaudalado terrateniente del Magdalena (actualmente Departamento del Cesar), se opuso a la reforma agraria sistemáticamente, tal como lo hicieran los terratenientes liberales de los Llanos Orientales, y todo un núcleo muy significativo de latifundistas que se movían al interior del partido liberal, y que eran verdaderos caciques, con enorme poder electoral y de presión sobre las masas campesinas (Tobón, 1979: 57-58).

En igual sentido se manifestaron los miembros del Partido Conservador. El ospinismo, citando encíclicas papales y otros documentos pontificios, señaló la necesidad cristiana de distribuir tierra a los campesinos, como una forma de aliviar la miseria, pero advirtió «que el derecho de propiedad era un “derecho natural”, anterior y superior al Estado, y en consecuencia este no podía desconocerlo sin acercarse peligrosamente a la confiscación, a las doctrinas comunistas» Además exigió que, «en caso de expropiación, la indemnización fuese lo más expedita posible, rápida y “equitativa” (citado por Tobón, 1979). Por su parte, el ala laureanista rechazó enconadamente la reforma agraria, y su líder, el senador Álvaro Gómez Hurtado, argumentó la inconveniencia económica que esta traería en un país donde había sobre “abundancia” de baldíos (Lleras, 1962).

Por la acción de los sectores ligados a los intereses de los grandes propietarios rurales en distintas instancias del poder público, la ley 135 de 1961 terminó siendo todo, menos una reforma agraria, si por esta entendemos «una transferencia substancial de los derechos de propiedad sobre la tierra, de los grandes terratenientes a los campesinos, arrendatarios o asalariados agrícolas, ya sea en propiedad privada, cooperativa colectiva o estatal» (Kay, 1977: 857). Desde su formulación, que no era clara ni expeditiva en cuanto a exigir la expropiación inmediata de los latifundistas, hasta su implementación a través de un organismo ejecutor con estatutos que privilegiaban al poder terrateniente. Basta con atender a la composición de la Junta directiva del INCORA (prevista en el artículo 8° de la mentada ley), que le daba asiento y representación mayoritaria a los terratenientes aglutinados en la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Confederación Colombiana de Ganaderos, Acción Social Católica, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, dos senadores y dos representantes, elegidos por las respectivas cámaras.

Separada de los intereses del campesinado, la reforma de 1961 fue, desde su gestación, un proceso de modernización agraria excluyente que prescindió de la participación de los trabajadores rurales⁴⁵ y los sectores urbanos. Tampoco hizo parte de este proceso la burguesía industrial-financiera que se mantuvo ajena a los problemas rurales, pese a la conveniencia de los cambios en las estructuras agrarias para la acumulación de capital. Los partidos políticos, por su parte, se identificaron más por su deseo de socavar la iniciativa que por secundarlo, dejando solo al presidente Lleras y sus amigos como impulsores.

Por otro lado, las fallas en el proceso de implementación, más que accidentes aislados, revelaron la dificultad del Estado colombiano y sus instituciones para emprender cambios estructurales en la tenencia de la tierra. Así, cuando el INCORA intentaba un proceso de expropiación, surgían toda clase de oposiciones y sofismas legales planteados por los abogados de los terratenientes, y acogidos, en buena parte, por los tribunales contenciosos y el Consejo de Estado, con el pretexto de mantener el “derecho de defensa”, y la “igualdad de las partes en el proceso”. En consecuencia, como refiere Tobón (1979), los procesos administrativos para llevar a cabo la reforma agraria, ya de por sí menguados, acababan de ser liquidados al convertirse en «procesos lentos, tortuosos y llenos de trampas leguleyas» (p. 61).

La reforma Lleras no sólo no tuvo los efectos esperados sobre la equidad, sino que produjo el efecto contrario, al habilitar el enriquecimiento inaudito de los terratenientes, que abusando de la política de expropiación y compra de tierras por el Estado por medio del INCORA, para la adjudicación a campesinos, se deshicieron de tierras de pésima calidad a cambio de gruesas sumas de dinero. Esto sin contar los beneficios percibidos por la adecuación de tierras y la creación de distritos de riego en sus propiedades gracias a la acción del INCORA.

La ley 1a de 1968, conocida también como de “Arrendatarios y Aparceros”, despejó un poco el paso a la aplicación de la reforma agraria, enfatizando en la afectación de los predios inadecuadamente explotados y en la entrega de la tierra a aparceros que la trabajaban. Con un enfoque de indemnización y avalúo no comercial, logró provocar la baja del precio y de la renta de la tierra. Aun así, los objetivos de dotar de tierras a arrendatarios y aparceros no tuvieron el impacto deseado; significando en cambio un retroceso y un empeoramiento de la situación de los campesinos, una vez que los propietarios reaccionaron desalojándolos de sus predios para evitar que solicitaran la adjudicación de las tierras que trabajaban, o iniciaran reclamaciones por el pago de “mejoras” realizadas por ellos en los predios. De este modo, las leyes de los sesenta terminaron siendo inoperantes e infundieron en la opinión pública la idea del INCORA como un ente ineficaz y corrupto. Al mismo tiempo, la que quiso ser una respuesta “desde arriba” para amortiguar la inconformidad creciente de los sectores campesinos, reflotó el conflicto entre burguesía y terratenientes al interior de los partidos debilitando la coalición del Frente Nacional.

El segundo presidente del Frente Nacional, el conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), abandonó las banderas de la reforma agraria. En su lugar fueron enarbolados el reparto milimétrico de la burocracia estatal para frenar la presión de los directorios partidistas y la “pacificación” de la República para contener al campesinado en armas. Este último se hallaba concentrado en el sur del Tolima en los territorios de Marquetalia, Rio Chiquito, Pato y Guayabero, los cuales sirvieron de refugio a las autodefensas campesinas comunistas que no entregaron las armas luego de la violencia bipartidista de los años cincuenta y a las familias de campesinos que aún huían de la violencia.

Las zonas lideradas por Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda Vélez) y Jacobo Arenas —futuros fundadores de las FARC— albergaron un movimiento campesino que formó destacamentos para labrar la tierra más allá de la frontera agrícola y conducirse bajo su propia normativa comunitaria. Eran «caseríos lejanos apartados de las condiciones mínimas para el desarrollo económico y social [que] no contaban con vías de acceso, puestos de salud y mucho menos escuelas para la gran cantidad de niños que crecían en la zona y que terminarían convirtiéndose en combatientes de la siguiente generación» (Moreno, 2011:53).

Para el bloque dominante, las comunidades allí nucleadas representaban una amenaza y un desafío al poder estatal que daba muestras de la capacidad de organización y expansión del Partido Comunista, consolidado ya en varios puntos de la cordillera central y de los departamentos de Cauca y Huila. El grito de alarma lo dio en octubre de 1961 el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado, en un debate parlamentario en el que acusó la existencia de dieciséis “repúblicas independientes” que escapaban al control del Estado y en las cuales se estaban construyendo zonas liberadas. Se refería específicamente a Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz, la región del Ariari y la Intendencia de Vichada (Pizarro, 1989).

Ante la presión partidista, el presidente Valencia tomó la decisión de exterminar estos enclaves comunistas en la llamada “Operación Marquetalia” iniciada el 27 de mayo de 1964, bajo las directrices del “Plan Lazo”⁴⁶, una estrategia militar que «difundía tácticas de contrainsurgencia y hacía énfasis en el componente psicológico de la “guerra irregular”» (Leal, 2002: 21). La “Operación Marquetalia” consistió en el despliegue de 16.000 hombres armados y equipados, tropas helicoportadas y aviones bombarderos que buscaron someter a los guerrilleros.

En contra de lo esperado, el ataque militar redundó en la formación de nuevas columnas de marcha de campesinos desplazados, similares a las de los años cincuenta, que habrían de dirigirse hacia nuevas o antiguas regiones de colonización. Se produjo así el fenómeno de “colonización armada”, descrito por Pizarro (2004), en el que el campesinado comunista se expandió territorialmente ampliando la frontera agrícola. La “Operación Marquetalia” devino un fracaso estruendoso para el gobierno colombiano que, lejos de eliminar la resistencia campesina terminó contribuyendo a su fortalecimiento. De autodefensas, estos grupos se transformaron en guerrillas móviles, dando lugar a la creación del Frente Sur (1964) que dos años más tarde sería el núcleo fundacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Pizarro, 1989).

3.3. Del agrarismo de Estado a la defunción de la reforma agraria

Cuando el impulsor de la ley 135 de 1961 llegó a la Presidencia, el relanzamiento de la reforma agraria ocupó de nuevo la agenda política. Carlos Lleras (1966-1970) asumió desde su campaña el propósito de revitalizar el INCORA y fortalecer los instrumentos para organizar al campesinado. Su idea fue crear una fuerza social capaz de acompañar la propuesta y hacer frente al poder latifundista, gran responsable del fracaso del 61. Al mismo tiempo, una alianza con el campesinado le permitiría extraer rédito electoral. Fue así como se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC)⁴⁷, con un esquema pensado para que el Estado controlase directamente las actividades y orientación política de los asociados.

El proceso de organización campesina comenzó con la constitución de comités veredales, luego de asociaciones municipales y enseguida de asociaciones departamentales. Hecho lo anterior, la Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura convocaron para el 7 de Julio de 1970 la realización del primer Congreso de la ANUC, en el Capitolio Nacional de Bogotá, el cual fue instalado por el propio presidente. El congreso constituyó formalmente la ANUC, designando una junta directiva nacional con un representante por cada uno de los 22 departamentos y dos intendencias asistentes (ANUC, 1974; Bagley, 1994).

Durante sus primeros años, la ANUC cosechó triunfos organizativos y participó en las juntas directivas de organismos estatales como el INCORA, el INDERENA e incluso la Caja Agraria. En noviembre de 1970 la Asociación alcanzó un registro de 908.358 usuarios, y un par de meses después se registraron 316 tomas de tierras en trece departamentos del país. Las tomas generaron gran malestar entre los terratenientes de la costa Caribe y el Valle del Cauca, donde la ANUC había logrado trabajar en equipo con el Incora para avanzar en las reivindicaciones del campesinado nacional (Zamosc, 1987).

La revitalización de la reforma agraria no ocurriría sin inconvenientes. Pronto aflorarían los conflictos entre los terratenientes de todos los sectores políticos y el gobierno, entre éste y las organizaciones campesinas que paulatinamente fueron adquiriendo autonomía, y entre aquellas y los propietarios de la tierra una vez que dieron muestras del fortalecimiento de su capacidad reivindicativa a través de la toma de tierras. En estas condiciones, la presión de los intereses latifundistas sobre el Estado impidió, una vez más, que éste respondiera a las demandas de tierra de los sectores campesinos, e hizo que empezasen a ser percibidos como un sector políticamente desestabilizador.

Por otro lado, el trabajo de la ANUC se vio socavado por su fraccionamiento interno en distintas tendencias ideológicas (maoistas, troskistas, marxista leninistas e independientes) y regionales (la Línea Sincelejo, que defendió las acciones directas establecidas en la costa Caribe, y la Línea Armenia que sólo apoyó las invasiones en casos extremos). La Asociación llegó a albergar más de una decena de líneas cayendo en un faccionalismo paralizante (Zamosc, 1987).

En 1971, la ANUC se radicalizó adoptando la consigna cubana “la tierra es para el que la trabaja” interpelando así el contenido de la reforma frentenacionalista. Tal crítica se concretó en el primer Mandato Campesino que recogió las aspiraciones democráticas de los asociados con respecto a la tierra y rechazó el reformismo frentenacionalista como contrario a los intereses campesinos. El Mandato, emitido en el Congreso Campesino de 1971, emergió como una plataforma transformadora de las relaciones sociales en el campo, ideada por los propios campesinos (ANUC, 1974). Sin embargo, una vez que el campesinado rompió los marcos institucionales y creó una ANUC no gubernamental de oposición, que lideró tomas de tierras por todos los rincones del país, la represión contra el movimiento campesino sobrevendría criminalizando y torturando a miles de sus miembros (CNM, 2000).

Las contradicciones se agudizarían durante los dos últimos años del gobierno de Lleras Restrepo y adquirirían una solución represiva durante la Presidencia Misael Pastrana Borrero (1970-1974). Durante su administración se enterró definitivamente la Reforma Agraria con el “Pacto de Chicoral”, un acuerdo celebrado entre los terratenientes, la burguesía agraria y el gobierno en enero de 1972, que abandonó por completo la idea de la redistribución de la tierra al campesinado y redujo la cuestión agraria a la aceptación de una política de gravámenes a la propiedad por parte de los terratenientes.

3.4. Modernización agraria “al debe”

Condensado en las leyes 4a, 5a y 6a de 1973, el “Pacto de Chicoral” sustituyó la repartición de tierras por la realización de obras de infraestructura en el campo, la creación de mecanismos de financiación de la gran explotación agrícola y la legalización de la aparcería como un sistema de contratación en el campo, perfilando el agro colombiano hacia la vía prusiana del desarrollo capitalista en el campo. La ley 5a de 1973 consolidó el modelo agroexportador financiando a los gremios de la caña de azúcar, el algodón, el banano, y el arroz; y fomentando la ganadería extensiva a través de la fortificación de los Fondos Ganaderos, y el otorgamiento de facilidades impositivas a los grandes terratenientes. Paralelamente, el INCORA, unidad impulsora de la exigua política de redistribución de tierras fue desmantelado.

La política antidistributiva se profundizó en el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978), para quien carecía de sentido la cuestión de la participación de la tierra (recordemos que fue uno de los más enconados enemigos de la reforma de 1961) siendo más importante la consolidación de una economía de grandes unidades agrarias de tipo capitalista. Esta política se concretó en el Plan de Desarrollo Rural Integrado (DRI), inscrito en el nuevo enfoque del tema agrario impulsado por el Banco Mundial.

En los setenta, los Estados Unidos abandonaron el reformismo agrario de la “Alianza para el Progreso” para perfilar programas de desarrollo rural integrado basados en el crédito externo. Tal como reconstruye Tobón (1979, 71-79), la receta del Banco Mundial para aumentar los índices de crecimiento y productividad del sector agrícola, consistió en afectar variables como el crédito, la tecnología, el mercadeo y el desarrollo de la infraestructura, dejando intacta la estructura de tenencia de la tierra. Respecto del crédito, en cambio, planteó medidas tales como conceder préstamos a la pequeña y mediana producción, tomando como criterios para su aprobación la capacidad de producción y adaptación del productor agrícola a la tecnología y no los sistemas tradicionales de garantía (hipotecas).

El DRI surgió con el patrocinio del capital internacional marcando el viraje definitivo de la política agraria en el país. Desde entonces, sería el crédito externo proveniente del BID, del Banco Mundial y el CIDA del Canadá, el que definiría las prioridades del desarrollo del sector. De esta manera, los dos últimos gobiernos del Frente Nacional revirtieron las pautas de la reforma agraria impulsada en los sesenta, imponiendo un modelo de desarrollo capitalista del campo orientando al crédito, que incentivó las empresas agroindustriales y consolidó la dependencia externa respecto de los bienes de capital. Este giro contó con el guiño cómplice de las jerarquías de los partidos tradicionales y de los gremios agroindustriales que, tras la firma del Pacto de Chicoral, se enfilaron a favor de López Michelsen

El fracaso estrepitoso de la reforma agraria puede advertirse en unos pocos indicadores. Entre 1962 y 1977, el INCORA apenas afectó 200.000 hectáreas de tierra, que representaban el 1.5% de los 13 millones en manos de los latifundistas. Diez años después de promulgada la ley de 1961, el coeficiente de Gini en las zonas rurales solo se había modificado en 0.04 bajando a 0,82 (DANE, 1970b). Esta tendencia a la baja se revirtió en la década siguiente subiendo a 0.87 en 1984, y se mantiene en ascenso hasta la actualidad por obra de la segunda ola de contra reformismo armado: la del narco-paramilitarismo.

La persistencia y agravamiento del conflicto agrario durante los cuatro gobiernos del Frente Nacional demuestran el escaso impacto de los intentos reformistas de la década del sesenta sobre la estructura agraria, al tiempo que denotan la avanzada y consolidación del poder terrateniente auspiciado por sendos sectores del bipartidismo en la década del setenta. Las iniciativas de tratamiento del problema agrario, lejos de generar transformaciones sustantivas en las condiciones económicas, sociales y políticas de la población rural, tan afectada por los años de la Violencia, terminaron cediendo a la política de sangre y fuego que interpretaba las demandas por la redistribución de la tierra como brotes antisociales que amenazaban el “derecho natural” de los propietarios.

4. Seguridad Nacional “a la criolla”

El Frente Nacional consolidó un orden social tradicional sustentado en elites rurales y urbanas renuentes al cambio. La confluencia de las corrientes liberal y conservadora en el gran aparato consociacional y la compenetración de éste con el régimen económico agro-exportador determinaron la conformación de un establecimiento que convirtió sus rigideces interiores en índice de fuerza y que terminó por ver como una perturbación inquietante cualquier proyecto susceptible de introducir alguna contradicción en su seno. En la medida en que este esquema general se oficializó, la oposición total o parcial a cualquiera de sus elementos adquirió visos de subversión. La respuesta estatal frente al incremento de las demandas sociales provenientes de sectores rurales y urbanos fue de carácter represivo, orientándose al control del orden público a través del fortalecimiento del papel de las Fuerzas Armadas y el uso recurrente del estado de sitio. A continuación, nos concentramos en el primero de estos instrumentos, reconstruyendo los vínculos entre la adaptación local de la Doctrina de Seguridad Nacional y el surgimiento de una segunda ola de violencia parainstitucional, ahora de corte contrainsurgente.

Hasta 1957 el Ejército de Colombia estaba incapacitado para estructurar teóricamente el terror que sobrevoló al enfrentamiento entre liberales y conservadores y entre éstos y los sectores vinculados al Partido Comunista. La ideología de la Guerra Fría había sido empleada retóricamente por los caudillos partidistas y por la Iglesia Católica sin llegar a impactar las tácticas y estrategias de las Fuerzas Armadas. Aun cuando el anticomunismo ya había sido importado por los miembros del Batallón que peleó en la Guerra de Corea (1950-1953) éste no había calado del todo en la mentalidad de las fuerzas armadas: «el Ejército comba[tía] la violencia sin analizarla mucho, sin interrogarse demasiado por sus causas o implicaciones» (Gilhodes, 2007, 302).⁴⁸ Sin embargo, ya venían dándose pasos importantes en el proceso de formación de las fuerzas armadas en la guerra contrainsurgente. Para contrarrestar el bandolerismo, se había creado en 1955 el cuerpo de lanceros. Un grupo de oficiales fue enviado a Fort Bening (Estados Unidos) para adelantar el curso de ranger especializado en guerra irregular y táctica contrainsurgente: «[l]a escuela de lanceros entrenó alféreces, subtenientes, sargentos del ejército y algunos oficiales y suboficiales de infantería de marina, con el propósito de difundir la táctica y técnica apropiada para contrarrestar la modalidad de combate imperante» (Ejército de Colombia, 2013). El objetivo fue formar soldados expertos en la vigilancia, seguimiento y captura de individuos o grupos que de por sí no constituían ejércitos regulares, pero que tenían cierta estructura militar y actuaban en territorios aislados. En 1959, la unidad creó nuevas compañías de lanceros con una organización más ágil y flexible, que operaron agregadas a 252 nuevos puestos del Ejército con 8200 hombres (Gilhodes, 2007: 303).

A partir de 1960 el Ejército es interpelado y llamado a combatir la insurgencia bajo una nueva orientación. Dos factores concurrieron en este viraje. A nivel externo, la revolución cubana y el replanteamiento de la estrategia norteamericana que conllevó la participación activa de los ejércitos latinoamericanos en la lucha anticomunista. En el plano interno, el abandono de la adscripción partidista por parte del estamento militar y la paulatina construcción de un sustrato ideológico “propio” bajo los cánones de la guerra contrainsurgente que reconfiguró su papel en la vida nacional.

La cooperación con los Estados Unidos venía gestándose desde finales de los cuarenta con el Tratado de Asistencia recíproca (TIAR) y se afianzó con la participación colombiana en la Guerra de Corea. Colombia fue el único país latinoamericano que tuvo una intervención directa en este conflicto con el envío de más de 1000 hombres en la fragata Almirante Padilla y el ofrecimiento de impulsar la adhesión armada de los países de la región. Pero no fue tanto la causa contra el comunismo internacional, como el interés del gobierno de turno en mejorar su imagen frente al hegemón y obtener asistencia militar para enfrentar el conflicto interno, el motivo de la colaboración colombiana. Según narra Blair, Laureano Gómez

no era bien visto por las autoridades de los Estados Unidos en razón de sus ideas falangistas y de su apoyo a los países del eje. No es de extrañar que los conservadores estuviesen interesados en congraciarse con los Estados Unidos, en otro ejemplo palpable del “pro-norteamericanismo” de las élites (1993: 74).

Por otra parte, la campaña estadounidense se acoplaba con el objetivo del gobierno conservador de perseguir y eliminar al liberalismo. De esta manera, fueron los conflictos y “amenazas” locales, los verdaderos promotores de la adopción de un ideario que permitía restarle legitimidad política al liberalismo (al asociarlo con el comunismo) y lograr recursos para la guerra interna. Como recompensa por su compromiso en Corea, el ejército colombiano empezó a recibir armamento y adiestramiento norteamericano para ser utilizado a través del Pacto de Asistencia Militar (PAM) firmado en 1952.

La generación de militares que peleó en Corea fue la primera en tomar contacto con ejércitos modernos que manejaban nuevas armas y contaban con adiestramiento especial. Esta experiencia permitió al Ejército colombiano la introducción de nuevas técnicas de operación para enfrentar a las guerrillas. Al mismo tiempo, el diálogo con otros ejércitos latinoamericanos le sirvió para conocer nuevas corrientes del pensamiento militar. Pero fue la separación del estamento militar respecto de la política partidaria el factor más decisivo para su transformación interna. Durante “la Violencia”, las fuerzas armadas estuvieron en el centro del conflicto como mecanismo de presión del partido dominante. Una vez logrado el acuerdo entre las élites políticas, el conflicto se trasladó a la periferia bipartidista combatiendo todas las expresiones políticas y sociales disidentes como problemas de orden público. A partir de entonces, la institución militar logró fortalecer su autonomía encarando con relativa discrecionalidad el manejo de la política de seguridad y defensa.

Tras el debate parlamentario de las “Repúblicas Independientes” fogoneado por el hijo de Laureano Gómez, el gobierno de Lleras Camargo terminó inclinándose a favor del modelo militarista como forma de atender el problema de la violencia en el campo. Poco a poco fueron abandonándose las políticas de Rehabilitación y amnistía⁴⁹ para ceder lugar a la versión criolla de la seguridad nacional. El visionario de esta nueva etapa fue el brigadier general Alberto Ruíz Novoa, ex combatiente en Corea versado en los principios de la guerra moderna, quien se propuso actualizar las instituciones militares bajo una nueva concepción con el apoyo de varios oficiales veteranos del conflicto en el Pacífico. Según cuenta Leal, Ruiz Novoa «tuvo una orientación desarrollista, que fue más allá de las tareas de competencia militar» (2002, 21). Su perfil lo hizo destacarse como un “intelectual” dentro de la fuerza preocupado por la formación ideológica de los oficiales en la nueva teoría del “enemigo interno”. Participó de las Conferencias de Ejércitos Americanos (CEA) desarrolladas en Estados Unidos en 1961 y presentó en la edición de 1962 el Plan de Acción Cívico Militar (ACM) que más adelante se implementaría en Colombia con el nombre de Plan Lazo.

La ACM fue concebida por Ruiz Novoa como una estrategia tendiente a reconciliar a las Fuerzas Armadas con la ciudadanía y restar apoyo social a la guerrilla a través de la intervención del Ejército en la construcción de obras públicas como escuelas, carreteras y puestos de salud y la prestación de servicios médicos y odontológicos en las zonas marginadas (Blair, 1993: 98). El razonamiento de Ruiz Novoa partía de la necesidad de recuperar a las fuerzas armadas de la “postración política, social e intelectual” en la que fueron subsumidas hasta entonces y restablecer la confianza de las comunidades (Leal, 2002). En su opinión, las Fuerzas Militares eran «la institución encargada de garantizar la normalidad contra los enemigos externos e internos y la única que esta[ba] en condiciones de hacerlo en momentos de crisis» (Comando del Ejército, 1960, citado por Leal, 2002:21). Se trataba de una labor psicológica y social encaminada a ganar el apoyo de los campesinos otrora perseguidos por el Ejército e instalar la idea de una renovación en el vínculo cívico-militar (Ruiz Novoa, 1965).

La ACM fue apoyada por instituciones del Estado como el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), por sectores gremiales como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y por medios de comunicación como el periódico El Tiempo. Sin embargo, la recepción no sería tan positiva a nivel local. Según el testimonio del General Valencia Tovar, veterano de la Guerra de Corea y en aquel momento Comandante de la Quinta Brigada de Bucaramanga, las objeciones de los poderes locales «no provenían de un análisis sobre la estrategia para enfrentar a la guerrilla sino del hecho de que, según algunos caciques regionales, el ejército con sus obras “les quitaba el pueblo”» (Valencia Tovar, citado por Blair, 1991:99). Por otro lado, la ideología pactista del Frente Nacional no penetró del todo en el territorio. Según Valencia Tovar, hubo zonas del país donde la oposición al régimen consociacional derivó en un abandono de parte del Estado nacional que las consideró enemigas del gobierno y la paz, decidiendo invertir en aquellas localidades identificadas con la alternación bipartidista.

Convencido del papel central que habrían de jugar las fuerzas armadas, Ruiz Novoa promovió dentro de estas una ideología que combinaba anticomunismo y desarrollismo, invocando la necesidad de reformar las estructuras de la sociedad como medio para erradicar el comunismo. Esta visión se tradujo en el programa insignia de su carrera: el Plan Lazo, un conjunto de medidas operativas iniciado en 1960 con base en la ayuda económica y formativa estadounidense que adaptó las directrices de la doctrina contrainsurgente a la situación local e involucró ideológica y organizativamente al estamento militar. En un comienzo, las acciones militares se orientaron al combate del bandolerismo con un éxito relativo: entre 1962 y 1964, la VIII Brigada del Ejército con sede en Armenia y jurisdicción sobre 52 municipios, logró reducir de 29 a 2 el número de cuadrillas de bandoleros que operaban en los departamentos de Caldas, Valle y Chocó (VIII Brigada, citado por Blair, 1993: 96)

Otro sería el resultado alcanzado en la lucha contra las guerrillas comunistas. Los sectores campesinos que demandaban un nuevo reparto de la tierra persistieron más allá de “la Violencia” formando una franja de marginalidad ideológica que, frente al régimen excluyente, no tuvo más opción que radicalizarse. En las áreas rurales devastadas por la violencia bipartidista se gestó la transformación de las autodefensas rurales en guerrillas comunistas. La población que había sufrido los ataques militares de la dictadura de Rojas Pinilla, emigró desde el norte del Tolima hacia regiones apartadas del sur del departamento y hacia el norte del Cauca, estableciendo zonas organizadas en Marquetalia, Ríochiquito, Pato, Guayabero y otros puntos que, vinculados con los antiguos movimientos rurales del Tequendama y Sumapaz, dieron lugar a una nueva etapa insurgente bajo la tutela del Partido Comunista. Estas zonas fueron el objetivo de las acciones ideadas por Ruiz Novoa para «ejercer soberanía y de paso mostrar a las instituciones castrenses la realidad del comunismo» (Leal, 2002: 22).

La intervención sobre las “repúblicas independientes” fue aplaudida por el bipartidismo y por buena parte de la opinión pública nacional para la que Marquetalia y las comarcas vecinas representaban un reducto del bandolerismo imposible de tolerar. Ruiz Novoa sostendría hasta último momento que la intervención guardaría la modalidad de acción cívico-militar y no la de invasión militar. En la misma línea se expresaron los medios de comunicación que informaron al respecto. El mismo día en que se iniciaron los ataques militares, el periódico El Tiempo afirmó «que se trataba de una acción conjunta entre los Ministerios de Obras, Agricultura, Salud Pública y el INA y que sólo en su última etapa será militar, en el caso de que se presenten grupos rebeldes que no quieran someterse a las leyes, a la Constitución y a las autoridades de Colombia» (El Tiempo, 18 de mayo de 1964, citado por Blair, 1991: 100).

La versión de los guerrilleros de la zona contrasta enormemente. Jacobo Arenas, guerrillero del núcleo fundacional de las FARC describió así la operación en su diario de combate:

Contra el núcleo revolucionario de Marquetalia se emplearían a fondo 16.000 hombres del ejército. Fuerzas combinadas de infantería, artillería, aviación para bombardeos y aerotransporte iniciarían la agresión. Se emplearía en todo su rigor la táctica del cerco y el bloqueo. Si se producía por parte de los campesinos alguna manifestación de resistencia, serían lanzadas bacterias contra la población (Arenas, 1972).

En el mismo documento, el líder comunista reportó que la operación había sido anticipada por los guerrilleros antes de su ejecución, llegando a alertar a la población en una carta abierta publicada en el diario Voz el 3 de abril de 1964:

Con el pretexto de la “lucha contra la violencia”, desde hace meses los altos mandos de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Presidente Valencia y la inspiración de los círculos más agresivos del conservatismo y del liberalismo oficialista, vienen preparando una nueva ofensiva armada contra el campesinado de esta región. Este plan regresivo ha culminado en estos días con la inminente iniciación de operaciones que se identificará como una verdadera guerra de exterminio. Las informaciones de que dispone este Movimiento indican que en el asalto oficial a mano armada de que se hará víctima a esta región, participarán de 10.000 a 16.000 unidades militares, correspondientes, entre otros, a los batallones Colombia, Caicedo, Tenerife, Juanambú, Patriotas, Galán, Rook, Escuela de Lanceros, apoyados por fuerzas de la aviación y carabineros de la policía y con utilización de todos los tipos de armas y especialidades con que cuentan hoy las fuerzas represivas del país, bajo la asesoría de la Misión Militar norteamericana y los llamados “Cuerpos de Paz” (Arenas, 1972)

Las Memorias de Ruiz Novoa contradicen flagrantemente sus declaraciones públicas, mostrando que el Plan Lazo se concentró en el componente militar para dejar en un segundo plano las acciones cívico-militares. Respecto del primer factor, el entonces Ministro de Guerra, da cuenta en sus Memorias de la adopción de técnicas de contraguerrilla que incluyeron la realización de actividades de inteligencia en las que se empleó la tortura de civiles, la conformación de “comandos localizadores” o grupos de choque no convencionales que asesinaron y capturaron clandestinamente a líderes guerrilleros y bandoleros, y la anexión de Grupos Móviles de Inteligencia a todas las unidades mayores de operación, integrados por servicios de policía y detectives de inteligencia que cumplieron actividades similares a las de los “comandos localizadores”. Además, refiere la constitución de la Red de inteligencia de la VIII Brigada, con base en el pago de informantes y la entrega de recompensas en efectivo (Memoria del Ministro de Guerra, Julio 20 de 1963; citada por Maullin, 1972: 142).

En las Memorias también se desliza el involucramiento paulatino de la población civil en la guerra contrainsurgente. No sólo como colaboradores potenciales de la guerrilla a los cuales debía aplicarse la “guerra psicológica” y la reeducación ideológica sino, fundamentalmente, como efectivos armados e informantes de las fuerzas del Estado. Esta será una práctica recurrente del dispositivo contrainsurgente que perdurará más allá de la Guerra Fría (ilegalmente desde 1989), y a partir de la cual echará raíces la segunda ola de violencia parainstitucional.

En el capítulo anterior observamos cómo la adscripción partidaria marcó la participación tanto de la población civil como de las fuerzas del orden, particularmente la Policía, en la violencia de los cincuenta e insistimos en la necesidad de desmontar la visión mixtificadora de “la Violencia” como un mero enfrentamiento entre ideologías partidistas para comprenderlo en sus dimensiones de conflicto cultural y de clase. Con la guerra contrainsurgente ha querido operarse un falseamiento similar. Se dice que a partir de la década del sesenta, las fuerzas militares abrazaron el ideario anticomunista, rompiendo con la política partidista y avanzando hacia un ejercicio autónomo de su función:

la liberación de la tutela bipartidista, les permitió [a los militares] identificarse mejor con su concepción abstracta de nación, así como con el Estado (…) A medida que avanzó la despolitización partidista y se generalizó la ideología del anticomunismo entre los militares, el concepto de seguridad nacional fue desplazando en importancia al de defensa nacional (…) La defensa nacional se convirtió en el medio para garantizar la seguridad y de esta forma quedó involucrada también en la lucha anticomunista. (Leal, 2012: 40).

Esta lectura puede conducir a equívocos al menos en tres sentidos. En primer lugar, al omitir que, una vez articulados como bloque en el poder (en un Frente simbolizado como instancia universal, justa y consensuada de la vida nacional), los partidos van a presentar como inmorales e ilegítimos todos aquellos intereses que contradigan la alianza bipartidista y a reclamar su persecución en nombre de la defensa del orden y la seguridad. En segunda instancia, al desconocer que la Doctrina de Seguridad Nacional no sostiene concepciones “abstractas” de nación y Estado sino elaboraciones concretas que son la condensación material de las relaciones de dominación política y económica existentes; el enemigo interno va a tener rostros identificables no solo en guerrilleros, sino también en sindicalistas, estudiantes, campesinos y todos aquellos sujetos “perturbadores” del orden. Finalmente, al desatender que, convergiendo en la ideología anticomunista, partidos políticos y fuerzas militares continuarán asociados en la estrategia de preservar los intereses dominantes y obstruir tanto los intereses de las fuerzas rebeldes como de los sectores sociales con demandas contenciosas o reivindicativas.

En este sentido, no habría ruptura entre fuerzas armadas y partidos políticos durante el Frente Nacional en tanto unas y otros operarían, cada uno desde su lugar, en la configuración de un dispositivo contrainsurgente que buscó contener la inestabilidad producida por la movilización social y armada. De hecho, la subordinación política de las fuerzas militares al poder civil fue tal, que cada vez que miembros de las instituciones castrenses quisieron elevar su voz respecto de la situación política recibieron por respuesta la destitución. Esto no obsta que, en lo que hace al manejo del orden público y a la adquisición de prerrogativas institucionales, las fuerzas militares gozaran de un amplio margen de autonomía.

4.1. “Sacarle el agua al pez”

La ruptura sustantiva va a producirse, en cambio, en el papel ocupado por la población civil, que quedará atrapada en medio de la polarización de la guerra antisubversiva. La centralidad del concepto de seguridad (nacional e interna) de la doctrina contrainsurgente se articuló en torno a la percepción de “nuevas” amenazas al orden establecido que exigieron una estrategia especial de protección estatal: la guerra preventivo-punitiva. Esta se fijó como objetivo la salvaguardia del ordenamiento institucional y con ella, la preservación de las relaciones de dominación condensadas materialmente en el Estado, o lo que es lo mismo, la contención de los sectores subalternos.

El involucramiento de la población civil es el vector principal de la guerra contrainsurgente, tal como fue definida en el canónico manual de Roger Trinquier (1963). En éste el coronel francés volcó su experiencia en las guerras de liberación nacional en la Indochina francesa y Argelia, remarcando la necesidad de comprender que se trata de un tipo de guerra radicalmente diferente de aquel para el que habían sido preparados los ejércitos tradicionalmente. En las guerras convencionales, se enfrenta a un enemigo (con o sin doctrina propia) con armamentos similares a los propios, sobre un terreno más o menos determinado, y la contraparte aspira a llegar a una resolución mediante el uso de la fuerza. En la Guerra moderna o de insurgencia, en cambio, se enfrenta un enemigo (la insurgencia) que no pretende alcanzar una resolución mediante el uso de las armas, sino que busca vulnerar la seguridad del sistema a través de acciones puntuales (como atentados terroristas, movilización de las masas, acciones de propaganda) que muestren a la población civil que las fuerzas regulares del gobierno son virtualmente incapaces de proporcionar seguridad. Dos factores facilitan, según Trinquier, este accionar. Por un lado, una forma de operación de tipo celular en la que la insurgencia se confunde con la población civil; y por otro, un conocimiento pleno del terreno donde se adelantan las acciones.

En este nuevo escenario, la población civil sufre no solamente por la posibilidad de ser víctima de las acciones insurgentes o de las adelantadas por las fuerzas gubernamentales contra la insurgencia, sino que debe enfrentar represalias de las guerrillas si colaboran con el gobierno. De ahí que para Trinquier, la única manera de romper la situación creada por la insurgencia sea quebrar cualquier relación de apoyo que pueda recibir de la población actuando simultáneamente en dos frentes: proporcionar seguridad y atacar la causa del apoyo civil a la insurgencia. Para ello debía comenzarse por operar sobre un sector relativamente pequeño del terreno, al cual fuera relativamente fácil de saturar con tropas del gobierno, de manera de restarle movilidad a la insurgencia y de forma simultánea apoyar a la población civil en todo lo relativo con el mejoramiento de sus condiciones de vida, sin olvidar que el sólo hecho de darle un margen importante de previsibilidad a sus vidas es todo un avance en casos como los que nos ocupan. Una vez que el sector en cuestión fuera pacificado, se debía avanzar sobre otro contiguo, y así sucesivamente, de modo tal de poder lentamente vencer a la insurgencia. Esta estrategia, requiere de dos condiciones básicas: contar con una inteligencia excelente sobre la insurgencia y tener una voluntad política muy grande que permita mantener un esfuerzo prolongado para vencer en este tipo de guerra.

Los postulados de Trinquier fueron retomados y adaptados por la doctrina contrainsurgente norteamericana y divulgados entre las fuerzas armadas colombianas en los cursos ofrecidos en la Escuela de lanceros y en las misiones militares estadounidenses que visitaron el país. En febrero de 1962, el general William P. Yarborough, conocido padre de los boinas verdes modernos, visitó Colombia en calidad de director del Centro de Investigaciones de Guerra Especial de Fort Bragg (Carolina del Norte). En el Informe al Cuartel General del Ejército de Estados Unidos el general aconsejó:

Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos, que se van a necesitar para poner en acción funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto (Yarborough, citado por McClintock, 1992: 222)

En el mismo documento, Yarborough incluye recomendaciones al Ejército y a la Policía de Colombia en materia de inteligencia y control de la población, tales como la implementación de un programa intensivo de registro de los civiles en archivos del gobierno que incluya huellas digitales y fotografías; la aplicación de procedimientos y técnicas de interrogatorio a los pobladores del campo a quienes considera conocedores de las actividad guerrillera; y la realización de interrogatorios exhaustivos a los bandidos, incluyendo sodio, pentotal y el uso de polígrafos. Todas operaciones a realizar por personal especialmente entrenado. El Informe de Yarborough sigue en líneas generales lo esbozado por el Cuartel General del Ejército norteamericano en los Manuales FM-31-20 “Operaciones contra Fuerzas Guerrilleras”, de 1961; FM-31-15 “Operaciones contra fuerzas irregulares”, de 1963; y FM-31-16 “Operaciones de contraguerrilla”, de 1963. Todos estos documentos coinciden en definir al enemigo interno como una fuerza auxiliar de la guerrilla y en concebir a la población civil como base de apoyo para los grupos subversivos. Además, recomiendan la creación de grupos paramilitares y métodos de acción y control sobre la población civil que incluyen la guerra psicológica, la toma de civiles como rehenes y las retaliaciones directas sobre la población.

En Colombia, el Ejército Nacional tradujo y publicó para sus miembros el Manual FM-31-15 de “Operaciones contra Fuerzas Irregulares” así como el libro de Trinquier (1963). Más allá de la traducción, el Ejército incorporó adaptaciones propias a la doctrina francesa y norteamericana poniéndolas en circulación en los textos de estudio y entrenamiento militar que compusieron su biblioteca institucional entre 1962 y 1987. El análisis de los tres manuales publicados en la década del sesenta, permite reconocer la centralidad de la violencia parainstitucional, en tanto forma no ortodoxa de control social desplegada con el objetivo de garantizar, complementar y suplementar el funcionamiento del Estado, en la configuración del dispositivo contrainsurgente. La instrumentación de tácticas que diluyen los límites entre civiles y combatientes y entre operaciones militares abiertas y clandestinas, sentó las bases para el desarrollo de una fase de violencia paraestatal más refinada y sistemática. Este fenómeno se rastrea en tres puntos nodales de la doctrina contrainsurgente colombiana: el concepto de enemigo interno, las metodologías de control y hostigamiento de la población civil y la promoción de grupos paramilitares.

El enemigo interno es definido en el Manual de 1962⁵⁰ bajo el nombre de “fuerza irregular” y es identificado como «manifestación externa de un movimiento de resistencia contra el gobierno local por parte de un grupo de la población» (1962: 5). La distinción entre civiles y militares propia de la guerra convencional es eliminada para transitar hacia la construcción de un enemigo difuso que rebasa ampliamente el espectro de los grupos guerrilleros y se extiende a toda forma de oposición política o social al statu quo. En los años subsiguientes, la teoría del “enemigo interno” daría lugar a toda una serie de calificativos en la retórica de las fuerzas militares colombianas: “brazo desarmado de la subversión”, “brazo jurídico de la subversión”, “brazo político de la subversión”, “población civil insurgente”, entre otros, habilitando la identificación de «defensores de derechos humanos, jueces, procuradores, miembros de movimientos estudiantiles, campesinos o sindicales como enemigos del Estado» y por tanto, objetivos militares (Movice, 2013: 109).

El Manual de formación del Ejército de 1963⁵¹, terminó de licuar las convenciones del conflicto bélico tradicional para sostener que «[e]n la guerra moderna el enemigo es difícil de definir (…). El límite entre amigos y enemigos está en el seno mismo de la nación, en una misma ciudad, y algunas veces, dentro de la misma familia. Todo individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del enemigo, debe ser considerado traidor y tratado como tal» (Ejército de Colombia, 1963: 32). Además, afirma como objetivo de las guerras modernas la destrucción definitiva de las organizaciones insurgentes usando como arma básica el terror:

lo que se busca de él [terrorista] no es el castigo de su acción [...] sino la eliminación de su organización o rendición [...] Pero si esta información no se produce de inmediato, sus adversarios se ven forzados a obtenerla empleando cualquier medio [...] El terrorista tiene que aprender a aceptar estas consecuencias como una condición inherente a su función y al método de guerra que él y sus superiores, con perfecto conocimiento de lo que hacían, han escogido (p. 42)

El Manual de 1969, “Reglamento de Combate de Contraguerrillas” –EJC J-10, afirma que la guerra revolucionaria en Colombia «pretende destruir el sistema que se ha dado nuestra nación» (Ejército de Colombia, 1969: 194) y explica su surgimiento por «las desatenciones de los organismos oficiales para solucionar los diferentes problemas y necesidades de la población (que) se convierten en un ingrediente de inconformidad que es aprovechada por los grupos subversivos» (p. 159). Por eso define las operaciones de contrainsurgencia como «acciones militares, políticas, sociales, económicas y sicológicas tomadas por un gobierno local para modificar y eliminar las causas de la insurgencia» (p.185).

Bajo el supuesto de que «el crecimiento y continuación de una fuerza irregular depende del apoyo suministrado por la población civil» (Ejército de Colombia, 1962: 5), los mecanismos de control y acción contrainsurgente pusieron en la mira en la población desarmada. Esta empezó a ser objeto de numerosas tácticas de control y hostigamiento que vaciaron de contenido los derechos individuales y colectivos garantizados por la Constitución y la ley. Permanente sospechada, la población civil, «es tratada como un sujeto de responsabilidad colectiva, mientras no demuestre su inocencia; se la considera “culpable” de que su situación de pobreza haya inspirado a otros estrategias violentas en búsqueda de transformaciones estructurales» (Banco de datos, 2004: 3). Es portadora de una patología que la impulsa a “desafiar” al establecimiento, siendo imperativo controlarla y reeducarla, y en caso de que no sea posible, exterminarla:

Para extirpar la organización terrorista del seno de la población, ésta será duramente atropellada, reunida, interrogada y requisada. Tanto en el día como en la noche, soldados armados harán repentinas incursiones en las casas de habitantes pacíficos para proceder a efectuar arrestos necesarios; se podrán producir hasta combates que tendrán que sufrir todos los ciudadanos (...) Pero bajo ningún pretexto, un gobierno puede en este aspecto dejar que surja una polémica contra las fuerzas del orden que solo favorecerá a nuestro adversario (...) La operación policiva será por tanto una verdadera operación de guerra. (Ejército de Colombia, 1963: 50).

La formación de grupos de civiles con fines armados o de inteligencia cerró el círculo “virtuoso” contrainsurgencia-parainstitucionalidad. Buscando suplir las limitaciones de las Fuerzas Armadas oficiales para garantizar un domino territorial permanente, esta práctica estuvo recomendada desde los primeros manuales originados en Estados Unidos y Francia en 1962 y 1963. En la versión publicada por el Ejército colombiano en 1962 puede leerse:

Para disminuir el requerimiento de unidades militares, se ha visto que es de gran ayuda el empleo de policía civil, de unidades semi-militares y de individuos de la localidad que sean simpatizantes de la causa amiga (...) Los individuos de la localidad de ambos sexos que han tenido experiencia o entrenamiento como soldados, policía o guerrilleros, deben ser organizados dentro de la policía auxiliar y las unidades de voluntarios de cada ciudad. (...) necesitarán apoyo de las fuerzas militares (...) el apoyo es normalmente necesario en el abastecimiento de armas, municiones, alimentos, transporte y equipos de comunicaciones (Ejército de Colombia, 1962: 75-76).

En un sentido similar, el Manual de 1963 recomendaba: «el control de la población permitirá obligar a participar a una parte importante de los habitantes en su propia defensa. Estas tropas podrán estar así disponibles para reforzar el elemento reserva del comandante del sector» (Ejército de Colombia, 1963: 70).

El arsenal teórico y operativo de la estrategia contrainsurgente fue puesto a prueba en etapas sucesivas del Plan Lazo. En 1962 se creó la VIII Brigada del Ejército integrando batallones del norte del Valle y Caldas bajo un solo mando, y posteriormente se puso en marcha la guerra psicológica en la “Operación Sonrisa” encargada al Batallón Colombia. El test definitivo de la nueva orientación contrainsurgente sería la “Operación Marquetalia”, pero ésta, lejos de extinguir a las autodefensas comunistas, motivó su desplazamiento hacia nuevos territorios y su posterior transformación en organizaciones guerrilleras.

Tras la agresión a las “Repúblicas independientes” verían la luz las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en una nueva etapa de la lucha guerrillera en la que se desarrollaron y complejizaron los criterios en torno a la territorialidad, operacionalidad y movilidad como elementos esenciales de la actividad guerrillera. La idea de defensa de la parcela y de la propia vida, cedió el lugar a la proyección de una fuerza ofensiva capaz no sólo de resistir sino de emprender el ataque frente a la agresión estatal. El Programa Agrario de 1964, escrito en medio de la ofensiva militar estatal, condensó el proceso político vivido por los estos sectores subalternos en las décadas anteriores y las vindicaciones que orientarían en adelante su lucha:

Contra nosotros se han desencadenado en el curso de 15 años cuatro guerras. Una a partir de 1948, otra a partir de 1954, otra a partir de 1962 y ésta que estamos padeciendo a partir del 1o de mayo de 1964, cuando los mandos militares declararon oficialmente que ese día había comenzado la “Operación Marquetalia”. Hemos sido las primeras víctimas de las furias latifundistas porque aquí en esta parte de Colombia predominan los intereses de los grandes señores de la tierra, los intereses más retardatarios del clericalismo, los intereses en cadena de la reacción más oscurantista del país. Por eso nos ha tocado sufrir en la carne y en el espíritu todas las bestialidades de un régimen podrido que se asienta sobre el monopolio latifundista de la tierra, la monoproducción y la monoexportación bajo el imperio de los Estados Unidos (FARC, 1964)

La evolución de la estrategia militar de autodefensas campesinas a guerrillas también quedó consignada en el Programa:

Nosotros hemos llegado a todas las partes donde había puertas para golpear, en procura de auxilio para evitar que una cruzada anti-comunista, que es una cruzada antipatriótica contra nuestro pueblo, nos llegara, y con nosotros a todo nuestro pueblo, a una lucha larga y sangrienta. Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía de la lucha democrática de las masas, las vías legales que la Constitución de Colombia señala. Esa vía nos fue cerrada violentamente y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, obligados por las circunstancias arriba anotadas, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder (FARC, 1964)

Esta transformación implicó la ampliación de la cobertura territorial y de la influencia política de los grupos móviles armados de orientación comunista. Algunos núcleos de autodefensa se fueron transformando en guerrillas móviles aunque, como refiere Pizarro (2002), no todos dieron este paso. En algunos casos, debido a una ausencia de condiciones adecuadas, tales como organización, armamento, claridad táctica, etc. En otros, porque la propia autodefensa bastó para contener la violencia oficial y sus objetivos se alcanzaron sin necesidad de transformarse en otra modalidad de organización (como ocurrió en la región de Viotá). En 1965 se produjo la primera reunión del Bloque Sur de las FARC en el departamento del Cauca, unificando cinco destacamentos que sumaban unos cien hombres. La adopción del nombre FARC tuvo lugar dos años después en la II Conferencia Guerrillera, y marcó el giro definitivo hacia una estrategia ofensiva. Para este momento el grupo armado contaba con unos 300 combatientes repartidos en seis frentes regionales y su desarrollo fue muy lento hasta bien avanzada la década del setenta, dado su papel subsidiario de la lucha política adelantada por el Partido Comunista. Así, para 1978 la guerrilla apenas llegó a enfilar unos mil hombres con armamento precario y serias dificultades de financiamiento (CNMH, 2012:124).

Casi en simultáneo a la fundación de las FARC surgieron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1962 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1967. A diferencia de las FARC, se trató de guerrillas de origen fundamentalmente urbano organizadas en torno a las luchas estudiantiles y obreras inspiradas en las revoluciones china y cubana, que supieron recoger el descontento de los “hijos” de “la Violencia”: jóvenes campesinos cuyos padres fueron perseguidos en las décadas anteriores por su filiación gaitanista y que ahora veían con encono las restricciones del régimen frentenacionalista.

A medida que el Plan Lazo avanzaba, Ruiz Novoa se convencía de la necesidad de una orientación desarrollista para las fuerzas militares. Las acciones cívico-militares eran vistas por el General como algo más que paliativos para las poblaciones revoltosas y resentidas o simples tareas de limpieza para justificar el encuentro con los militares. En su perspectiva, las dificultades para consolidar los objetivos de la Operación Marquetalia, provenían más del mantenimiento de las condiciones sociales y económicas estructurales que servían de caldo de cultivo a la subversión que de un fracaso militar:

No es difícil probar que en Colombia existe un estado de injusticia en la posesión de la tierra y que esta situación es la responsable de la pobreza y el atraso del país pues no solo mantiene a millones de campesinos en estado de miseria y de ignorancia, sino que tratándose de un problema fundamental, su estado influye decisivamente como un lastre para el progreso general (…) La tierra no está en su mayor parte en manos de quienes la trabajan y tiene una estructura totalmente inadecuada para estimular la producción (Ruiz Novoa, citado por Blair, 1993: 93).

Este tipo de intervenciones respecto al reparto de poder y la riqueza en el país le valieron a Ruiz Novoa el retiro del Ejército por voluntad presidencial en 1965. La necesidad de reformas en las estructuras invocada por el General, fue asumida por la clase política y por los propios miembros de las Fuerzas Militares como un acto de deliberación desautorizado por la Constitución. Con la salida de Ruiz Novoa, se produjo una inflexión en el manejo de la política de seguridad marcado por el abandono de los visos desarrollistas y la profundización del componente punitivo-represivo.

4.2. Autonomía represiva de las Fuerzas Armadas

Entre 1965 y 1977 se abrió un periodo en las relaciones cívico-militares que Dávila (1988) ha definido como de “subordinación explicita y autonomía represiva”, en el que la reacción de los militares respecto a la experiencia anterior (subordinación implícita y autonomía desarrollista) se tradujo en una actitud de subordinación al mando civil «siempre y cuando se les dejaran las manos libres para reprimir» a las guerrillas comunistas (p. 19). El Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional, expedido mediante el decreto 3398 de 1965 y convertido en legislación permanente en la ley 48 de 1968, estructuró la defensa y seguridad nacional como un problema que competía al conjunto de la sociedad y el Estado, en lo que ha sido interpretado como el reconocimiento formal de la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia (Gallón, 1979). El artículo 3° de la mentada ley dispuso que «todos los colombianos están obligados a participar activamente en la defensa nacional, cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones patrias». En la misma línea, el art. 22 previó que «[p]ara la defensa nacional del país y la preparación de los planes pertinentes, el Gobierno podrá establecer, desde tiempo de paz, la prioridad de la utilización de las personas y recursos de acuerdo con las necesidades que se deriven de los planes de la defensa nacional».

La ley buscó generar mecanismos para enfrentar la guerra contrainsurgente vinculando orgánicamente a la sociedad civil. Considerando «[q]ue la acción subversiva que propugnan los grupos extremistas para alterar el orden jurídico, requiere un esfuerzo coordinado de todos los órganos del poder público y de las fuerzas vivas de la Nación», el Estatuto Orgánico autorizó a los comandantes militares a entregar armas de uso privativo de las fuerzas militares a civiles (art. 33 parágr. 3)⁵² y al gobierno a convocar a la población civil para acciones armadas (art. 25).⁵³ Además, institucionalizó la defensa civil, mecanismo de intervención controlado por las Fuerzas Armadas, definiéndola como «la parte de la defensa nacional que comprende el conjunto de medidas, disposiciones y órdenes no agresivas, tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la naturaleza puedan provocar sobre la vida, la moral y bienes del conglomerado social» (art.6).

Según la investigación desarrollada por Gallón (1979), en las zonas rurales de departamentos con presencia de grupos armados como el Tolima, Quindío, Valle, Huila y Santander, la defensa civil llegó a constituir un «cuerpo paralelo a la Policía y al Ejército», que logró mucha cercanía a la población civil a través de tareas como «la enseñanza de técnicas de defensa individual y colectiva contra la agresión, el desarrollo de la conciencia cívica y la protección de la comunidad a su cargo»; acciones que buscaron reducir los márgenes de desconfianza de la ciudadanía en las Fuerzas Militares al tiempo que permitieron ejercer tareas de inteligencia y control sobre sus actividades (p. 61).

El grado de apego de las instituciones colombianas al modelo de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) ha sido motivo de un amplio debate académico. Mientras autores como Gallón (1979), sostienen que el Estado colombiano se habría organizado en función de dicha doctrina llamando a los militares a asumir la dirección de la estrategia nacional; para otros analistas, el ensanchamiento de la participación militar en la vida nacional no es señal de «una manifiesta voluntad de poder ni una injerencia buscada en esferas que no son de su competencia» (Blair, 1993), por lo que, «el realce de las actividades castrenses de esa época no pasó de ser un reflejo de los principios de seguridad norteamericana y de la DSN suramericana» (Leal, 2002:25) que en todo caso resultó insuficiente para legitimar las antiguas prácticas de contrainsurgencia.

¿Cuáles serían, en este orden de ideas, las características de la “versión criolla” de la Seguridad Nacional? El sociólogo brasileño Costa Pinto (1969) identifica tres rasgos fundamentales de la doctrina basándose en la observación de las dictaduras argentina y brasileña: i. un tipo de relación político-militar en la que los militares buscan intervenir directamente en áreas de la vida nacional que exceden sus dominios específicos; ii. la ocupación militar del orden institucional justificada en razones ideológicas y demagógicas de salvación nacional (golpes de estado); y iii. la suscripción de una ideología de “reaccionismo totalitario” en virtud de la cual los militares se autoatribuyen la representación popular y el carácter de salvadores de la nación, asumen una actitud simplista en los diagnósticos, una resolución mecánica de los problemas y una visión del mundo moralista, refractaria al diálogo y proclive a la catástrofe y el pasadismo.

Con excepción de la toma del poder por la vía golpista, el caso colombiano presenta hondas similitudes con lo descrito por Costa Pinto. Podemos referir, respecto del segundo rasgo, que los militares colombianos operaron una ocupación parcial del orden institucional en el marco de gobiernos civiles que ampliaron enormemente su ámbito de injerencia. Hay una cuarta característica de las dictaduras de la DSN, ésta señalada por Rouquié (1984), que termina de encuadrar la experiencia colombiana dentro del complejo de variaciones de la DSN: la subordinación de la racionalidad de acumulación a la reproducción social de privilegios y al fortalecimiento del poder político. En momentos de inestabilidad e incertidumbre, la DNS garantiza el mantenimiento de las relaciones de dominación y la exclusión social y política. Este último factor es el que nos permite retomar la tesis de Gallón (1979), no para explicar el rol de los militares colombianos como un subproducto del seguimiento estricto de los lineamientos del Departamento de Estado norteamericano, sino para advertir su centralidad en la definición de los intereses nacionales en las décadas del sesenta y setenta. Creemos que lo que señala el abogado del Colectivo Alvear, no es tanto que los militares hayan asumido la dirección de la nación, como que su participación fue vital en la conformación de un bloque de poder contrainsurgente: una coalición cívico-militar heterogénea que orientó, a través de la unidad legalidad-ilegalidad, la movilización contrainsurgente para controlar todas aquellas expresiones (pacíficas o armadas) que pudieran introducir desequilibrios en el reparto de poder vigente y en su preservación futura (Franco, 2009).

Lejos de concretarse en una unidad homogénea, el bloque en el poder indica, como señala Poulantzas (1976) «la unidad contradictoria particular de las clases o fracciones de clase dominantes, en su relación con una forma particular del Estado capitalista (...) Comprende la configuración concreta de la unidad de esas clases o fracciones en estadios, caracterizados por un modo específico de articulación, y un ritmo propio de división, del conjunto de las instancias» (p. 302-303).⁵⁴ Como ha señalado Franco (2009), el bloque contrainsurgente en Colombia, es una coalición de intereses configurada paulatina y nunca explícitamente, entre centros de poder económico (industriales y financieros); agentes estatales (políticos, fuerzas armadas y franjas de la burocracia estatal); fracciones de clases dominantes (ganaderos, terratenientes, gremios); poderes internacionales (gobierno norteamericano, empresas transnacionales), poderes locales y sectores subalternos (que han servido de apoyo al orden interior a través de la represión) (p.162). Así comprendido, el concepto de bloque contrainsurgente, nos permite correr el énfasis militar de los estudios sobre la DNS para revisar la penetración de la ideología contrainsurgente en prácticas y actores que no son comúnmente analizados, y que son consustanciales a la configuración del dispositivo contrainsurgente: el poder ejecutivo, las facciones de las clases dominantes (principalmente terratenientes y ganaderos) y los gremios económicos. En el siguiente apartado pondremos la lente en el primero de estos actores, analizando el componente jurídico-institucional que acompañó y profundizó las directrices iniciadas por la estrategia militar: el estado de sitio.

4.3. Estado de sitio y criminalización de la protesta social

Una de las principales dificultades a la hora de analizar el fenómeno de la violencia institucional y parainstitucional en Colombia es la porosa línea que separa legalidad de ilegalidad. En el caso del sistema jurídico, la legislación de excepción, como soporte a la actividad del poder ejecutivo, devino una práctica empleada con tal asiduidad en el mantenimiento y reproducción del orden hegemónico, que se convirtió en un rasgo esencial y distintivo del régimen político. Mediante decretos legislativos que otorgaban poderes amplios al ejecutivo, sin ningún control político o legal de las demás ramas del poder, los gobiernos del Frente Nacional instauraron innumerables medidas de emergencia para el control de los conflictos rurales y urbanos que terminaron incorporándose a la legislación permanente.

La figura del estado de sitio fue definida en el artículo 121 de la Constitución de 1886 como la facultad que tiene el gobierno para declarar turbado el orden público, bien sea en la totalidad del territorio o en parte de él, y de asumir ciertas prerrogativas con miras a su restablecimiento. Tal declaración puede realizarse bajo dos circunstancias: la guerra exterior y la conmoción interior.⁵⁵ Si bien la primera no ofrece mayores dificultades para su identificación, la segunda ha dado lugar a interpretaciones tan amplias que han terminado por desnaturalizar el sentido excepcional de la figura. Como bien señala Gallón (1979), la interpretación que ha predominado en la práctica ha sido la que otorga al gobierno una libertad de apreciación de la gravedad de la situación que le permite hacer un uso extenso de la institución y considerar como conmoción hechos tan disímiles como una huelga, un levantamiento armado o el tráfico de estupefacientes. De esta suerte, en el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 1958 y el 7 de agosto de 1978, catorce años y once meses transcurrieron bajo estado de sitio, alternando periodos de restricción y de tolerancia, para dar la apariencia de “excepcionalidad” requerida formalmente por una democracia liberal (p. 23).

La Constitución del 1886 disponía tres tipos de prerrogativas para el Presidente de la República durante el estado de sitio: i. facultades legales atribuidas por el Congreso que pueden ser de contenido particular o general: ii. facultades constitucionales, en virtud de las cuales en caso de perturbación del orden el gobierno tiene la posibilidad de desconocer las garantías cobijadas por la carta magna; y iii. facultades prescritas por el “derecho de gentes”, que rigen para la guerra entre las naciones.

Por su nivel de desarrollo durante el Frente Nacional en el manejo del orden interno, nos concentraremos en el segundo tipo de facultades. La Carta del 1886 dispuso, como parte de estas prerrogativas, la facultad del gobierno para extender ilimitadamente el tiempo de retención de las personas, sin obligación de ponerlas en libertad después de un tiempo determinado ni transferirlas a un juez o a quien corresponda para iniciar un proceso; la facultad de decretar la expropiación de bienes, por parte de autoridades no judiciales sin que mediase el pago de indemnizaciones; la posibilidad de ocupar inmuebles temporalmente y/o hacer uso de sus productos para las necesidades de la guerra; la prohibición de la circulación de impresos por vía postal; la suspensión de la libertad de prensa; la facultad de decretar tributos para restaurar el orden público; la posibilidad de concentrar en una misma persona u órgano toda la autoridad política y civil o la función judicial y militar; la dirección de las operaciones de guerra por parte del Presidente; y la autorización al Gobierno para modificar el presupuesto aprobado por el Congreso.

Toda esta batería de medidas de emergencia hizo parte del dispositivo contrainsurgente con el que se enfrentó la amenaza que las huelgas y manifestaciones de los movimientos de estudiantes y trabajadores, a nivel urbano, y el campesinado y las guerrillas, a nivel rural, representaban para los intereses del régimen consociacional. Aún con esta característica en común, los distintos gobiernos del Frente Nacional emplearon de forma específica el estado de sitio, dependiendo del momento del ciclo económico, el grado de organización de los movimientos sociales y los grupos armados y la evolución de las relaciones de fuerza al interior del bloque dominante, entre otros factores.

Alberto Lleras Camargo (1958-1962), primer presidente del Frente Nacional recibió un país marcado por la violencia rural, con un serio endeudamiento y clases populares que, aunque desorganizadas, mostraban cierto nivel de combatividad. Las medidas de excepción desplegadas durante su gobierno se orientaron a combatir las bandas armadas y a recuperar económicamente las zonas afectadas. Tanto los militares como la Policía gozaban desde 1959 de la autoridad para detener sospechosos sin orden judicial previa. Lleras asignó a los tribunales militares la competencia para juzgar delitos contra el orden público cometidos por civiles; eliminó la libertad condicional, las reducciones de sentencia y los indultos e impuso la detención de sospechosos como única medida de aseguramiento disponible (Iturralde, 2010:11). El estado de sitio fue parcial en la mayoría de los casos aunque, con ocasión de revueltas militares agenciadas desde el círculo del saliente Rojas Pinilla, en dos oportunidades fue declarado el estado de sitio total. Aunque los intentos de rebelión fueron rápidamente interceptados y reducidos por el ejército, el estado de sitio se mantuvo por un par de meses, coincidiendo con un periodo electoral en el que brotaron sectores de oposición dentro de la propia institucionalidad: el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y el Movimiento Obrero, Estudiantil y Campesino (MOEC). Así entre octubre y diciembre de 1961:

El estado de sitio total durará dos meses y veinte días en esta ocasión. El Gobierno golpea en primer término el derecho de reunión y la libertad de prensa. Las reuniones y las manifestaciones públicas son prohibidas, aunque los gobernadores pueden autorizar la realización, en locales cerrados y cubiertos, de aquellas para las cuales se solicite permiso previamente. Pero los discursos allí pronunciados no pueden en ningún caso ser transmitidos por alto-parlantes exteriores ni por la radio. A ésta se le prohíbe, a su vez, transmitir cualquier clase de conferencias políticas o de noticias relacionadas con el orden público, con operaciones militares o con desórdenes políticos o sociales, con excepción de los informes oficiales provenientes del gobierno (Gallón, 1979:43).

Para finales del gobierno Lleras la política de Rehabilitación había sido completamente abandonada y no había asomo de nuevas iniciativas sociales o económicas para recuperar las áreas devastadas por la violencia. En su lugar, el gasto estatal se orientó a robustecer el aparato punitivo con medidas como la vinculación de ochenta jueces nuevos, la modernización de la Policía, mayores erogaciones para el Ministerio de Guerra, compra de armas y fortalecimiento de los servicios secretos. Durante la administración Lleras el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) fue rebautizado como Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y reformado bajo las pautas del anticomunismo mediante el decreto 1717 del 18 de julio de 1960. En el momento de su creación, la función del SIC fue la de espiar, infiltrar y perseguir a los miembros del Partido Liberal y otras organizaciones, que luego del asesinato de Gaitán se habían volcado a la lucha armada para exigir elecciones libres y justas. Con la llegada del Frente Nacional, el trabajo del DAS se reorientó a la “conjura del peligro comunista” de forma tal que, junto con la persecución de los gaitanistas alzados en armas, se dio inicio a una furibunda cacería de todo aquel acusado de suscribir esta ideología. Durante las sucesivas oleadas de asesores norteamericanos que pasaron por la academia del DAS, diseñada a imagen y semejanza de la del FBI, se fue perfilando en la institución la política de que cualquier contacto valía con tal de derrotar “el peligro rojo”. Este será el origen de una alianza siniestra que, a futuro, unirá al DAS con sicarios, paramilitares y narcotraficantes y que se extenderá hasta 2011 cuando el presidente Santos decida su disolución frente a un escándalo de corrupción de dimensiones descomunales.

A la aplicación tímida de la figura del estado de sitio durante la administración Lleras le sucedió un uso casi paroxístico en los gobiernos ulteriores. Una vez inclinado por la pacificación militar en el campo, el presidente Guillermo Valencia (1962-1966) debió enfrentar la crisis social que empezaba a arreciar en los sectores urbanos. Si bien para 1964 buena parte del país se había urbanizado, el crecimiento de las ciudades fue caótico y sin tendencia policéntrica. La industria, otro factor clave de modernización, seguía creciendo para abarcar sectores de bienes intermedios e incluso alguna producción de maquinaria, pero era incapaz de absorber la creciente oferta de mano de obra, que debió buscar actividades de baja calificación y estabilidad, como la construcción o la economía informal, para sobrevivir. Por su parte, el carácter especulativo de la economía no favorecía una mayor inversión productiva.

En un contexto marcado por la recesión económica, las fisuras profundas en el bloque consociacional, el debilitamiento de la legitimidad del régimen y el aumento de la agitación social y la protesta obrera, el estado de sitio fue empleado para ampliar las esferas de intervención estatal y consolidar el nuevo papel del Ejército en el aparato de Estado. El presidente Valencia invocó dicha figura para contener un paro cívico de los trabajadores petroleros que reclamaban por del trato recibido por las empresas extranjeras que explotaban el crudo. El decreto legislativo 1137 del 23 de mayo de 1963 prescribió el nombramiento de un coronel del Ejército como autoridad civil y militar de Barrancabermeja, lugar donde se producía la protesta, quien en ejercicio de sus facultades extraordinarias, detuvo a los dirigentes obreros de Ecopetrol, suspendió las personerías jurídicas de los sindicatos y ocupó sus sedes con fuerzas policiales (Gallón, 1979:50). Este caso permite observar la inflexión de la política de seguridad interna: no se trata más de resarcir el daño de la conflagración bipartidista en zonas rurales, ni de blindar la institucionalidad democrática de posibles golpes militares. En su lugar, la prioridad de la seguridad será neutralizar y reprimir el movimiento popular y dentro de éste a la protesta obrera, considerada nociva para la economía local y para la confianza y rentabilidad de los capitales extranjeros.

Al estado de sitio parcial de 1963 le sucedió un periodo de profundización de las medidas de excepción entre 1965 y 1968 cuando se promulgaron 120 decretos legislativos destinados a atender la emergencia económica, reformar la legislación laboral, restringir el marco de los derechos y libertades individuales y colectivas y fortalecer el aparato represivo del Estado. El motivo esgrimido para declarar el estado de sitio en 1965 fue la turbación del orden público generada en Medellín por una manifestación estudiantil en contra de la invasión norteamericana a Santo Domingo. Pero es sabido que la motivación profunda de esta declaración fue la escasa legitimidad del régimen, expresada en un abstencionismo de cerca del 64% en los comicios, que corría en paralelo con la conformación de organizaciones políticas independientes entre los sectores populares, como el Frente Unido del sacerdote Camilo Torres, mártir fundador del ELN. Las dos centrales obreras más importantes del país (la CTC y la UTC) amenazaban con ir a la huelga en protesta por el alto costo de vida y el impuesto sobre las ventas, síntomas ambos de una crisis financiera y presupuestal en la que el gobierno ni siquiera podía echar mano del crédito internacional.

Ante estas circunstancias, el decreto legislativo 1289 del 21 de mayo de 1965, estableció el marco general de represión de las demandas sociales prohibiendo las manifestaciones públicas, restringiendo el derecho de circulación, sometiendo a censura previa toda información periodística y declarando la ley seca. Como novedad, este nuevo paquete de excepcionalidad transfirió a la Jurisdicción Penal Militar la potestad de juzgar diversos delitos en Consejos verbales de guerra, procedimientos judiciales en los que los militares eran al mismo tiempo, jueces, fiscales y jurados que actuaban con autonomía de las leyes civiles. Los tribunales militares entendieron en delitos como conductas contra la seguridad del Estado (fuera rebelión o irrespeto a la bandera); asociación para delinquir, acciones que envolvieran un peligro común, secuestro y extorsión y delitos conexos y acciones contra la propiedad, las personas y el orden social (Gallón, 1979: 54). Al mismo tiempo, los miembros de la Policía o de las Fuerzas Militares que incurriesen en estos delitos serían juzgados por una corte marcial y no por civiles, abriendo el paso a una enorme cuota de discrecionalidad en el juzgamiento. Por último, dentro de las medidas tendientes al fortalecimiento de las fuerzas del orden se promovió un nuevo estatuto orgánico de la Policía Nacional en el que se autorizó a los comandantes de policía a ordenar el uso de armas «para reprimir una reunión tumultuaria que degenere en asonada, sedición o rebelión» (Gallón, 1979: 64).

Estas medidas evidenciaron la incapacidad del sistema jurídico colombiano para garantizar el desenvolvimiento de un modelo de acumulación y un régimen político excluyentes bajo la lógica del aparato judicial ordinario, debiendo acudir en su lugar a la justicia penal militar. La jurisdicción de las Fuerzas Armadas se extendió más allá del ámbito judicial y llegó al poder ejecutivo en múltiples decretos de delegación de la autoridad civil en manos militares en calidad de agentes especiales del Gobierno Nacional. En tales casos, los jefes militares estuvieron encargados de vigilar que los funcionarios públicos y los civiles actuasen “de acuerdo a la ley” y de implementar planes de desarrollo económico y social específicos.

Al poco tiempo de instalarse en el gobierno el tercer presidente del Frente Nacional, Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), se restringió aún más el derecho de reunión exigiendo la autorización previa de todo tipo de manifestaciones públicas por parte de los alcaldes locales. Según decreto legislativo 2285 del 7 de septiembre de 1966, en caso de actuar sin permiso se procedería al encarcelamiento de los organizadores por treinta días y de los participantes por mínimo cinco. Por su parte, los medios de comunicación que publicitaran el acto deberían pagar cuantiosas multas. Todas estas sanciones serían aplicables por la Policía que además estaría legalmente autorizada para disolver las manifestaciones no autorizadas e imponer penas de detención que de entre 48 horas hasta año y medio. El nicho de protestas que esperaba disuadirse esta vez era el movimiento universitario que se manifestaba en contra de la visita al país del empresario petrolero John Rockefeller. Dentro de las sanciones recibidas por la movilización estuvieron la supresión del Consejo Estudiantil de la Universidad Nacional, la eliminación de la representación de los alumnos en el Consejo Superior Universitario y la ocupación del predio de la Universidad por los militares el 26 de octubre de 1966 (Gallón, 1979).

Bajo el pretexto de la lucha antisubversiva, el Gobierno autorizó en otro decreto del mismo año⁵⁶ la realización de listas negras de sospechosos de vinculaciones con actividades subversivas por parte del DAS, su vigilancia permanente y la prohibición de salir de su área de residencia sin autorización previa so pena de arresto de treinta días. También dio vía libre a la cancelación de las licencias de funcionamiento a las publicaciones que incitasen a subvertir el orden público y se penó con un mes de arresto su distribución. El dispositivo contrainsurgente incluyó además labores de inteligencia realizadas a través de mecanismos sofisticados de vigilancia y control como la Junta Nacional de Inteligencia y sus análogas seccionales, creadas mediante decreto legislativo 978 de 1967, en una propuesta que buscaba integrar autoridades civiles y militares. Cinco años más tarde, esta Junta estaría controlada exclusivamente por oficiales de las Fuerzas Armadas (Dávila, 1998:100-101).

El recurso constante al estado de sitio condujo a los distintos gobiernos del Frente Nacional a la sustitución de la regla por la excepción de tal manera que el Estado de derecho terminó cediendo frente al autoritarismo. La ley 48 de 1968 adoptó como legislación permanente una parte importante de los decretos dictados durante los estados de sitio cuya vigencia se consideró conveniente para facilitar el tránsito a la normalidad jurídica: aquellos que otorgaban facultades especiales al Presidente de la República y a las Asambleas departamentales, los que introducían reformas al Código Sustantivo del Trabajo y los vinculados al fortalecimiento del aparato represivo. Estos últimos consolidaron los mecanismos de vigilancia estatal (resguardo de la identidad de los agentes de inteligencia en las declaraciones judiciales, obligación del Departamento Nacional de Estadística (DANE) de suministrar todos los datos requeridos por el Comando de Fuerzas Militares); criminalizaron formalmente la protesta social (sanción contra participantes en actos colectivos de agresión, inclusive letreros considerados “subversivos” o ultrajantes; prórroga del poder de la Policía para imponer estas sanciones) y ratificaron las limitaciones impuestas al derecho de huelga⁵⁷. Paralelamente, el decreto 3071 de 1968, garantizó a las Fuerzas Armadas una posición privilegiada. No sólo reorganizó la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, sino que ordenó el aumento de sus sueldos de base, de su subsidio familiar, de sus primas de actividad⁵⁸ y dispuso que el tiempo de servicio cumplido durante los estados de sitio contara el doble tanto para el retiro con jubilación como para el ascenso en la carrera militar.

La adopción permanente de la legislación de excepción y el atractivo régimen de incentivos para las fuerzas militares eran insuficientes para mantener el orden público y levantar definitivamente el estado de sitio en el país. El asentamiento de nuevas bases para salir de la anormalidad se legó, paradójicamente, a la creación de una nueva figura de excepción en la reforma constitucional de 1968: el estado de emergencia económica. Esta permitía al ejecutivo adoptar medidas con fuerza de ley de vigencia permanente, en caso de que existieran condiciones que amenazaran con perturbar gravemente el orden económico y social, bajo un régimen propio e independiente del estado de sitio. En los hechos, la emergencia económica desbordó su ámbito natural extendiéndose a los órdenes social, ecológico y de calamidad pública. Pero su principal potencial consistió en la ampliación y legitimación de las facultades extraordinarias del ejecutivo. La profusión de decretos legislativos promulgados en este periodo había afectado la imagen del régimen político colombiano y el cambio de fachada provisto por la emergencia económica permitió restablecer la apariencia de un gobierno democrático (aun cuando este siguiera gozando de las mismas atribuciones que en el pasado). Tras la reforma constitucional, el Congreso perdió la iniciativa en el gasto público, los institutos descentralizados quedaron bajo control del ejecutivo y, en desagravio, el periodo de los congresistas se extendió a cuatro años. Pese a no contar con una mayoría robusta en el legislativo, López logró una declaración de principios que habilitaba una mayor intervención del Estado en la economía, en aras de la “justicia social” (Acto Legislativo 1 de 1968).

El optimismo reformista se vio empañado por el deterioro progresivo de la legitimidad del gobierno, no obstante el repunte alcanzado en algunos indicadores económicos⁵⁹. La crisis política provino tanto del inconformismo popular (aquejado por un desempleo cercano al 15% y un costo de vida en ascenso) como de las rispideces al interior del bloque dominante (que consideraba nocivas la política agraria y la nueva tendencia keynesiana en la economía). De esta suerte, el gobierno debió enfrentar críticas por lado y lado: de aquellos que se sintieron amenazados por las reformas “excesivamente intervencionistas” (cafeteros, algodoneros, azucareros, ganaderos y terratenientes en general); y de quienes no veían en éstas sino quimeras que perpetuaban el régimen de exclusión (estudiantes, usuarios campesinos, sindicatos obreros) (Pécaut, 2009: 79). La respuesta estatal fue nuevamente la declaración del estado de sitio: parcial en el Valle del Cauca durante dos meses y cinco días, y en la totalidad del territorio nacional durante casi cuatro meses (Gallón, 1979: 28).

5. Agotamiento del modelo desarrollista y reacomodamiento del bloque dominante (1970-1978)

Llegado al poder en medio de sospechas de fraude electoral⁶⁰, el presidente conservador Misael Pastrana (1970-1974), mantuvo el estado de sitio total durante la mayor parte de su periodo y se preocupó por detener la ola reformista de su predecesor buscando reconciliarse con los intereses de las clases dominantes. Suspendió la reforma agraria y acordó con los grandes terratenientes reemplazar la distribución de tierras por el desarrollo de infraestructuras en las zonas rurales en lo que más tarde se conocería como Acuerdo de Chicoral (1972). Este rubricó la victoria de los propietarios sobre la ANUC y el campesinado raso:

Allí donde se preveía una indemnización pagada en diez años, los propietarios obtienen el pago en cinco. Allí donde el primero [gobierno] consideraba que el fondo de indemnización se constituyera con recursos provenientes únicamente del sector agrícola, los segundos impusieron una financiación cargada sobre el conjunto de la población. Finalmente, la tasa del seis por ciento considerada inicialmente para la ganadería fue reemplazada, en la mayoría de los casos, por una del cuatro (Pécaut, 2006: 173).

En la misma vía, la administración Pastrana aceleró el proceso de liberalización de la economía y favorecimiento del sector financiero que permitió la concentración de grandes capitales en los principales conglomerados o grupos económicos del país (Ahumada, 2002: 97).⁶¹ La nueva alianza de clase se consolidó con el Plan Currie⁶², estrategia económica orientada a promover la movilidad de los factores de producción obrando con prioridad sobre la demanda con eje en cuatro políticas: promoción de la construcción para canalizar el ahorro y generar empleo, estimulo de las exportaciones, elevación de la productividad agrícola sin afectación del ingreso de los productores, y estímulo del sector industrial. Este último eje se apoyó en una serie de reformas laborales que, aunque consagraron algunas conquistas de los trabajadores, acotaron seriamente el derecho a la huelga y la organización sindical.

El balance social y el panorama de la distribución de la riqueza y el ingreso resultantes del Plan Currie son poco alentadores. Muchos de los proyectos sociales anunciados a comienzos del mandato fueron abandonados⁶³, no obstante el incremento presupuestal destinado a la inversión social (que pasó del 20% en 1969 a 36% en 1973). Los salarios reales en el sector industrial sufrieron un retraso del 16,5% entre 1972 y 1973 (Pécaut, 2006: 181) y los precios de los artículos para obreros aumentaron un 25% entre 1972 y 1973 (Kalmanovitz, 1976). Por otra parte, el gobierno mantuvo los subsidios a los exportadores, las exenciones fiscales a los industriales y el crédito dirigido a los sectores más favorecidos fomentando la desigualdad.

El incremento de la conflictividad social era más que esperable. A las huelgas estudiantiles que persistían en todo el país se sumó la radicalización de los movimientos de pequeños campesinos y trabajadores agrarios en 1971 y la acción de los principales sindicatos del país. Nuevamente, el ciclo de protestas fue respondido con declaración de estado de sitio y represión. Los mecanismos de excepción se orientaron a restringir libertades individuales y colectivas como los derechos de reunión y circulación, a expandir las potestades del Ejército, la Policía y los organismos secretos y a mantener la prestación de servicios públicos pese a la anormalidad. Como novedad, se restablecieron los Consejos de Guerra para juzgar particulares, bajo el argumento de ser un instrumento eficaz en la administración de justicia y en la conservación del Estado de derecho.⁶⁴

En la undécima conferencia de Ejércitos en Santiago de Chile, preparada por la Junta Interamericana de Defensa en 1971, la representación colombiana compartió orgullosa con su experiencia en la lucha contraguerrillera. Al final del encuentro se solicitó a los gobiernos asistentes ser más férreos y contundentes en los mecanismos de represión para salvaguardar la democracia y derrotar la infiltración y el avance comunista. La orientación fue contundente: reprimir la inconformidad popular y el movimiento social, cercar y aniquilar al movimiento insurgente.

A nivel local, el reclamo de una legislación de guerra para la defensa contra “los enemigos del orden” venía siendo reiterado por los mandos militares. El gobierno Pastrana no hizo oídos sordos. Los jueces ordinarios de instrucción criminal fueron encargados para colaborar con la Justicia Militar instruyendo en los procesos por los delitos de su competencia, y las contravenciones empezaron a ser sancionadas por los propios comandantes de brigada sin mediación de una corte marcial. La implementación de cortes marciales para juzgar civiles subordinó el debido proceso a la mentalidad cuartelaria de las fuerzas militares. Fueron comunes la sustitución del delito político por delitos comunes como concierto para delinquir; la atribución de funciones de policía judicial a los organismos de seguridad, y la imputación de cargos por parte de éstos sin pruebas respaldatorias. La violencia institucional se naturalizó como parte del tratamiento a las guerrillas:

prácticamente todas las personas detenidas en los procesos que, por vinculación al ELN se realizaron en 1972, denunciaron haber sido víctimas de tortura y malos tratos por los organismos de seguridad del Estado, lo que terminó ameritando varias investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, que terminó corroborando la existencia de las mismas y censurando a sus autores (Vergara Portela, 1997:17, citado por Palacios 2012).

Las detenciones arbitrarias con despojo/destrucción de bienes y uso de violencia, las retenciones prolongadas sin mediación de órdenes de captura, la reclusión de los acusados en instituciones militares, la aplicación de torturas y las obstrucciones sistemáticas al debido proceso han sido denunciadas por numerosas organizaciones y defensores de derechos humanos y documentadas detalladamente en sus informes (Villegas y Rivas 1980; OEA-CIDH 1981 y 1993; HRW, 1996; CNM 2003; BANCO DE DATOS, 2004; Calvo 2008).

La lucha del Estado contra las guerrillas tuvo su cenit en la Operación Anorí, que marcaría la historia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de manera análoga a lo que hizo la Operación Marquetalia con las FARC. Anorí representa, como señala Medina Gallego «el fin de una época de romanticismo revolucionario y el inicio de una etapa en que el ELN se constituye en una verdadera máquina de guerra» (2001:290). Varios líderes guerrilleros fueron liquidados o capturados durante la ofensiva y la guerrilla foquista se vio obligada a replegarse en la montaña. La táctica del cerco de aniquilamiento fue la estrategia para sofocar el movimiento guerrillero que durante estos años había desarrollado una gran actividad en el departamento de Antioquia. Según relata el grupo insurgente, el Ejército colombiano habría movilizado 33.000 efectivos con el fin de controlar la población de veinte municipios, localizar, cercar y destruir una de las columnas guerrilleras del ELN⁶⁵ (ELN, citado por Medina Gallego, 1996). Previamente, venía realizando labores de inteligencia con la población campesina que le permitieron detectar la presencia de la columna de los hermanos Vásquez y proceder a su captura. La represión desatada en Anorí alcanzó tales dimensiones que a posteriori sería abierto un proceso judicial en busca de responsables. Según el Mayor (r) Gonzalo Bermúdez Rossi:

La operación Anorí, saturada de acciones bélicas, destrucción y exterminación de un considerable núcleo poblacional rural y de un destacamento entero del "Ejército de Liberación Nacional", indica hasta donde tenía intención de llegar el sistema. Pero lo dramático de la operación no fue tanto el aspecto militar, sino las prácticas reprobables que usó el ejército contra la población civil. Los mismos guerrilleros que ingenuamente se acogieron a un bien planeado "indulto", una vez entregadas sus armas fueron ejecutados uno a uno, sin fórmula de juicio; se violó flagrantemente la Convención de Ginebra. Fue el Estado Mayor de la Cuarta Brigada del Ejército el que tuvo a su cargo esta operación en las montañas del Departamento de Antioquia; estaba compuesto por mayoría de oficiales de inteligencia de extrema crueldad, que violaron todos los principios de los derechos humanos: fusilamiento de prisioneros, torturas físicas y psicológicas y profanación de cadáveres con los más inauditos vejámenes (Bermúdez Rossi, 1982: 189).

El hostigamiento constante a la población civil, su retención ilegal y hacinamiento, el cerco para impedir el ingreso de medicinas y alimentos y la expedición de salvoconductos para transitar libremente, fueron solo algunas de las medidas que compusieron el repertorio de represión a la población. A ellas se sumaron los interrogatorios, la tortura física y la ejecución extrajudicial de los presuntos “colaboradores”. Esto sin contar el fusilamiento de los líderes guerrilleros Manuel y Antonio Vásquez a poco de rendirse a las tropas de la IV Brigada del Ejército Nacional el 18 de octubre de 1973 (Palacios, 2012: 86). El exterminio estuvo acompañado por una campaña de propaganda a través de volantes en donde aparecían las fotografías de algunos dirigentes guerrilleros, entre ellos las de Fabio Vásquez, por quien se llegó a ofrecer un millón de pesos. Como parte de la táctica publicitaria, los asesinatos de campesinos fueron presentados en los medios de comunicación como victorias del ejército sobre la guerrilla, al tiempo que se ocultaban sus propias bajas (Medina Gallego, 2001).

Al finalizar los operativos, el ELN vio reducido su pie de fuerza de 250 a 70 hombres e inició un proceso de purga en busca de responsables que hoy reconoce y lamenta. El EPL también sufrió la pérdida de dos importantes dirigentes, el arresto de una veintena de sus miembros y numerosas bajas, viéndose seriamente debilitado. Las FARC tuvieron durante el periodo un crecimiento vegetativo logrando mantener sus zonas de influencia histórica (El Pato, en el Caquetá; Planadas, en el Tolima; Guayabero, en el Huila) en medio de fuertes combates con el ejército. El debilitamiento de los frentes estuvo sucedido por un proceso de reorganización y coordinación entre las distintas fuerzas.

5.1. Las fuerzas de oposición política y social

El restablecimiento de la “paz interior” y el levantamiento del estado de sitio se produjo a tres meses de las elecciones de 1974 en un gesto que quiso transmitir la idea de una democracia “respetuosa de la ley” antes de finalizar formalmente el acuerdo frentenacionalista. Para entonces, la ilegitimidad del gobierno ya había echado raíces muy profundas: los grupos guerrilleros, aunque debilitados, continuaban en operación; un grupo de ex militantes de las FARC y del ala izquierda del anapismo decidió tomar las armas y dar origen al Movimiento 19 de abril (M19); y la etapa más combativa del movimiento social estaba aún por venir: el número de paros cívicos entre 1971 y 1981 [138] se multiplicó por siete con relación a los sucedidos entre 1958 y 1966 (Giraldo y Camargo: 1985).

Según un estudio de Archila (1997), en los dieciséis años del Frente Nacional se registraron «3031 protestas, con un promedio de 178 por año, algo así como una protesta cada dos días. Sobresalen los paros en el conjunto de las luchas, mayor a la mitad, y dentro de ellos las huelgas laborales que fueron 1082, el 36% de las protestas». La misma investigación muestra una trayectoria ascendente de las protestas sociales que llega a su punto máximo en 1971, año en el que llegaron a producirse 539 protestas, muchas vinculadas con las invasiones a predios rurales.

Aunque nos referimos genéricamente a los sectores populares o subalternos, no pretendemos con ello ilustrar un rasgo de homogeneidad en el campo popular, por el contrario, nos interesa destacar el predominio de experiencias divergentes (estudiantiles, campesinas, obreras, sindicales) que solo coyunturalmente (como en el Paro Cívico de 1971) lograron convergencia. Dicha heterogeneidad se observa también al interior de cada sector (como pudimos observar en el caso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos). También deseamos demarcar estas iniciativas de aquellas adelantadas por los grupos guerrilleros. La homologación entre protesta social y acción subversiva fue parte de la estrategia retórica empleada por los gobiernos del Frente Nacional para justificar la criminalización de las manifestaciones vindicatorias de derechos.⁶⁶ Toda acción social colectiva que expresara intencionalmente demandas y/o presionase por el logro de soluciones al Estado (en sus diversos niveles) o a otros miembros de la sociedad civil, fue acusada por en tiempos del acuerdo bipartidista de pertenecer o apoyar al movimiento guerrillero, estigmatizando a cualquier líder u organización popular que se opusiera al régimen. De esta manera, el estigma de la “subversión” se utilizó no sólo contra el adversario político sino contra el opositor social.

Las condiciones de emergencia y las formas de manifestación de la oposición política y social durante el Frente Nacional han sido ampliamente estudiadas (Ayala 1995 y 1996, Archila 1996, Botero 1990, López 1994, Pizarro, 1996, Zuluaga, 1992). Para efectos de nuestra investigación nos interesa recuperar la tipología elaborada por Archila (1996: 31), quien distingue cuatro niveles o modalidades: i. la oposición interna al Frente Nacional, proveniente de sectores del Partido Liberal y Conservador), ii. la que se ejerce por fuera del mismo, pero dentro de la institucionalidad, como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) o Alianza Nacional Popular (ANAPO); iii. la oposición extrainstitucional, que se ejerce desde el afuera total y que contó con un brazo armado, el Partido Comunista Colombiano (PCC); y iv. la oposición de izquierda que rompió con la opción armada, encarnada en el Movimiento Obrero Independiente (MOIR) y la Unión Revolucionaria Socialista (URS). Las posibilidades de mediación de cada partido variaron a lo largo del periodo dependiendo del papel que fueron ocupando dentro del reparto de poderes y de su actitud respecto de la contienda electoral. Como es de esperar, las expresiones institucionales como el MRL y la ANAPO tuvieron mayor injerencia y poder de negociación a lo largo del periodo que aquellas que rechazaron de tajo cualquier participación electoral.

Lo que nos interesa no es tanto la experiencia particular de cada una de estas organizaciones, como su vinculación con el movimiento social, y particularmente, la relación entre los partidos de izquierda y las luchas populares. El sentido común indicaría que la conexión entre unos y otras es inextricable. Pero, ¿fue tan así? Para Archila (1996), si bien en momentos álgidos de la protesta social parecieron convergir tanto en las consignas como en los escenarios, lo cierto es que, por fuera de estas coyunturas el lazo era más bien débil. Esto ocurría porque la principal preocupación de la izquierda de la época era la lucha armada y no la contienda político-partidaria. Incluso el Partido Comunista, que suscribía la combinación de todas las formas de lucha, terminó inclinándose por el componente militar entrados los años ochenta. De esta manera, «la acción política de la izquierda se orientó a subordinar las luchas concretas de los sectores sociales que influía en pos de la gran meta estratégica: la toma del poder por la vía armada» (p. 45). Esta tesis abona un factor más a la comprensión de la retórica contrainsurgente. Si como afirma Archila «las reivindicaciones concretas de los sectores populares eran utilizadas como medio de movilización y cuando esta se producía, se buscaba conducirlos a un enfrentamiento con el Estado» (p. 45), vale la pena preguntarse de qué manera los modelos de guerra insurgente intervinieron en la vinculación creciente de la población civil en el conflicto armado, y qué responsabilidad cabe a estas “vanguardias” revolucionarias en el estrangulamiento del movimiento social en Colombia. Quizás encontremos aquí una clave para desandar el imaginario del establishment que insiste en relacionar toda acción vindicatoria con la desestabilización guerrillera o la “amenaza narco-terrorista” cuando hace tiempo que los movimientos de masas y los grupos armados discurren por caminos separados. El crecimiento de la movilización social en paros cívicos, luchas sindicales y protestas estudiantiles coincidió con una atmósfera de zozobra ambientada por la acción de los grupos guerrilleros de segunda generación (M19, MAQL, ADO, PRT), la reestructuración de los ya existentes (FARC, ELN y EPL) y el terror desplegado por las mafias emergentes de la marihuana y la cocaína.

El M19 se encontraba en operaciones desde 1974, cuando el ala socialista de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) decidió organizarse en protesta por el carácter fraudulento de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo al conservador Misael Pastrana Borrero. Según analizan Pizarro (1996) y Narváez (2012), el M19 se caracterizó por ser una guerrilla militarista que, si bien en un comienzo quiso retomar el legado de la ANAPO, no tuvo el interés de organizarse como un partido político abocándose en su lugar a la estructuración de una organización político-militar capaz de propinar golpes armados de gran espectacularidad que causaran opinión y acumularan fuerzas en la búsqueda de una insurrección general:

El M-19 basó su accionar revolucionario sobre la base de un modelo de guerra insurreccional, que contemplaba la concentración de “su fuerza en algunos centros para aniquilar a las fuerzas militares opresoras” (Comandante Antonio, 1999). Pretendía producir levantamientos populares masivos, bajo la lógica de una “guerra de decisión rápida” (Comandante Antonio, 1999), en la que se impulsaba la acción violenta de las masas, frente a un profundo descontento con el régimen impuesto. Para ello combinó los métodos foquistas y los métodos de guerra urbana, renunciando radicalmente al modelo de la guerra popular y prolongada que es un “proceso simultáneo, continuo y progresivo, de desgaste de las fuerzas reaccionarias y fortalecimiento de las fuerzas revolucionarias” (Comandante Antonio, 1999). Abandonó la idea de desarrollar un proceso de acumulación y organización que requiriera un tiempo prolongado y optó por métodos que impidieran la perpetuación de la guerra en Colombia (Narváez, 2012:67).

El privilegio de lo militar sobre lo político puede reinterpretarse como que la forma escogida por el M-19 para hacer política fue la acción armada. El robo de la espada de Simón Bolívar (1974); el secuestro y posterior asesinato de José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (19 de abril de 1976); el robo de armas al Cantón Norte en Bogotá (31 de diciembre de 1978); la Toma de la embajada de la República Dominicana (27 de febrero de 1980), el secuestro de Marta Nieves de Ochoa, hermana del clan familiar, asociado al Cartel de Medellín en 1981; y la fatídica toma del Palacio de Justicia en 1984, así lo demuestran.

Pero esta lucha librada por las armas fue inescindible de una lucha comunicacional, librada en el mundo del lenguaje. Como señala López de la Roche, el M19 «supo también ver la necesidad de manejar adecuadamente los medios para llegar con sus mensajes y propuestas a la opinión nacional» (1994: 296). Así lo corroboran sus producciones escritas (separatas, volantes y periódicos); la permanente presencia gráfica de su escudo y bandera, que además de garantizar su autoría, aportaba elementos identitarios y lo posicionaban ante la opinión pública; la creación de medios audiovisuales como el canal de televisión del M-19 y la Radio Venceremos Televisión (RVT), con base en la experiencia Montonera; así como la táctica de interferir canales con materiales pregrabados (Villamizar, 1995: 171).

5.2. El paradigma del “orden público”

Paralelamente venían en ascenso los sectores sociales vinculados al contrabando, el comercio de esmeraldas y el tráfico de drogas. Como veremos en el capítulo tres, el origen de las mafias asociadas a estas actividades puede situarse a finales de los sesenta como reacción al impacto económico, social y cultural de las crisis de la agro-industria, la minería y el comercio de las burguesías locales, pero también, como respuesta a las patologías del régimen político colombiano. De esta suerte, las distintas mafias no hicieron más que acentuar y llevar a un nivel paroxístico rasgos ya naturalizados de la política nacional: el clientelismo, el patrimonialismo y el autoritarismo.

Frente a este panorama de violencias, el “orden público” —categoría difusa que engloba las nociones de seguridad, orden en sentido estricto, tranquilidad y sanidad pública desde una óptica que enfatiza en el empleo de la fuerza— se erigió como el problema principal del último gobierno del Frente Nacional. Mediante el decreto 1573 del 31 de julio de 1974, el presidente López Michelsen (1974-1978) reconoció formalmente la Doctrina de la Seguridad Nacional como parte constitutiva del ordenamiento jurídico del país priorizando la adecuación doctrinal, organizacional y procedimental de las fuerzas armadas. Esto significó una injerencia mayor del estamento militar en la vida pública:

La “inseguridad” (…) se va a enfrentar en forma directa con el ejército ampliando así su margen de acción y llevándolo a controlar actividades como el contrabando de café o de esmeraldas. Por medio del Estado de sitio —que vuelve a regir desde junio de 1975 y sólo será levantado unos meses en 1976— tienen jurisdicción sobre delitos políticos. Todas las protestas reivindicativas de distintos sectores sociales son enfrentadas por el ejército. Varias veces se toman la Universidad Nacional para controlar disturbios estudiantiles (…) al ejército no le faltaba sino que lo pusieran de acomodadores en los teatros. Con esta diversidad de funciones es un hecho la “militarización” del país en esferas que eran competencia de civiles como la aduana, la defensa civil o el manejo carcelario (Blair, 1993:123-124).

Al tiempo que concedía mayores atribuciones al mando militar, el poder civil se desgastaba en constantes escándalos de corrupción: el Contralor de la República fue acusado por desviación de fondos en 1975, dos mil empleados públicos fueron destituidos por “indelicadezas” con el patrimonio común, el Director de la Policía fue condenado a ocho años de prisión junto a otros mandos que fueron investigados o pasados al retiro, y la Fuerza Aérea se vio inmersa en un caso de sobornos de la compañía norteamericana Lockheed. La falta de transparencia afectaba aún más seriamente a las regiones. Los auxilios parlamentarios con destino a las comunidades locales se perdían en los laberintos clientelares y las mafias del narcotráfico empezaron a intervenir financieramente en los procesos electorales (Pécaut, 2006). Los rumores sobre corrupción en torno a la familia presidencial, terminaron de configurar un panorama de descomposición institucional y social altamente desestabilizador.

Paralelamente, la aguda desigualdad económica incentivaba la agitación social. El retroceso de los salarios, que pasaron del 41,2% del PIB en 1971 al 36,5% en 1975, y una inflación que llegaba al 33% a mediados de 1977 (Pécaut, 2006), hicieron que la protesta social se materializara en el gran consenso de las centrales obreras que se concretó en el paro cívico nacional del 14 de septiembre. La respuesta del Estado consistió en una represión exagerada que terminó en la muerte de catorce personas, treinta y un heridos y más de cuatro mil detenidos producto de la intervención de las fuerzas armadas. La actuación del gobierno ante la protesta marcó una ruptura histórica para el régimen bipartidista, pues puso en crisis su legitimidad y minó su hegemonía. A partir de entonces, el partido político mayoritario (el liberal) perdió la capacidad de canalizar el conflicto social como lo había hecho con relativo éxito desde la década de 1930 (GMH, 2013).

El paro fue interpretado por el sector castrense como un detonante que legitimaba el uso facultativo de la fuerza represiva para limitar los derechos ciudadanos y la movilización social. Por sus proyecciones políticas, económicas y sociales, lo mismo que por la represión a que dio lugar, el paro de 1977 es el fenómeno que marca el tránsito de los militares hacia una actitud abiertamente deliberante y autonomista. Ante los sucesivos conflictos con el poder ejecutivo por las destituciones de varios generales, y tras las críticas esgrimidas por la Cámara de Representantes en el debate parlamentario abierto por su actuación durante la protesta, los militares respondieron con una carta de diez puntos en la que protestaron por las campañas difamatorias en su contra y exigieron la promulgación de medidas excepcionales para hacer frente a la situación de caos que azotaba el país:

Los suscritos Generales y Almirantes, presentes en la guarnición de Bogotá, como responsables actuales del comando y administración de las Fuerzas Militares, en forma unánime y solidaria, estimamos necesario hacer la siguiente declaración pública: [...]
Segundo: Consideramos que las medidas del gobierno y las ejecutorias de las Fuerzas Militares, tendientes a eliminar las causas de la violencia y el incremento de la inmoralidad, están siendo desfiguradas por una campaña sistemática y generalizada de oposición política, que está haciendo perder la fe en las instituciones y en la capacidad que ellas deben tener para controlar el crimen o imponer el orden. [...]
Sexto: Dentro de la campaña de difamación que se ha iniciado contra el estamento militar, en forma abusiva, los generales han sido clasificados políticamente, atribuyéndoles determinada tendencia predominante, afirmación que no puede admitirse en manera alguna, porque no solo tiene el efecto de demeritar su limpia hoja de servicio ante sus conciudadanos y la abnegación que su probada apoliticidad representa, sino el de quebrantar la solidez del mando que tiene derecho y el deber de ejercer. [...].
Octavo: Como consecuencia de lo anterior, y conscientes de que tenemos la obligación de mantener incólume la honra y el prestigio de las Fuerzas Militares puestas bajo nuestra dirección y responsabilidad, y de que no podemos permitir que los jefes ni subalterno alguno puedan ser impunemente injuriados o calumniados, porque ello conduce al deterioro individual primero y luego al conjunto, hemos resuelto, solicitarle nuevamente al gobierno que dicte por el procedimiento de emergencia eficaces medidas adicionales para garantizarle a la institución militar y a sus integrantes la honra a que tienen derecho, y a todos los ciudadanos la seguridad que requieren dentro de una patria amable [...]
Décimo: Igualmente, queremos notificarle al país que, así como hemos consagrado nuestra vida al servicio desinteresado de nuestros conciudadanos, sin temor a las consecuencias que ello nos entraña, estamos dispuestos a defender con la misma entereza nuestro patrimonio moral, personal e institucional, como única contraprestación a nuestras privaciones y a nuestro patriotismo. (Carta de los Generales, El Espectador, 19 de diciembre de 1977).

En las postrimerías de su mandato, López Michelsen se hallaba impedido para dar respuesta a las exigencias de los militares, por lo que la tarea debió ser afrontada por su sucesor. Julio César Turbay Ayala (1978-1982) llegó al poder gracias a un triunfo electoral apretado y ante la abierta antipatía de las élites bogotanas a las que les incomodaba su origen de clase media y el hecho de no poseer un título universitario. Internacionalmente su imagen no era mucho mejor: los propios estadounidenses llegaron a vincularlo con el narcotráfico, y pese a que la embajada estadounidense en Bogotá rechazó la versión, el manto de sospecha fue usado por sus contradictores durante todo su gobierno.

Al llegar a la Presidencia, Turbay se encontró con la declaratoria de guerra de un M-19 que se encontraba en su mejor momento en términos de capacidad militar. En medio de ese panorama, el desempleo y el déficit fiscal crecieron, y la implementación de las medidas de corte neoliberal se hizo evidente. En el contexto internacional, el alineamiento de Turbay con los Estados Unidos se consolidó gracias al apoyo a la posición de este país en el conflicto centroamericano y a la ruptura de relaciones con Cuba por su apoyo al M-19. Como señal de esta afinidad cabe también mencionar la posición asumida por Colombia durante la guerra de las Malvinas en contra de la petición de Argentina de convocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en su defensa, en un claro alineamiento con el mandato norteamericano.

Recién posesionado, el presidente Turbay Ayala implementó la estructura legal pedida por los Generales, delegando definitivamente la política de seguridad a las instituciones militares, en la idea de que era posible retornar a los cauces del orden y la institucionalidad por la vía represiva. Haciendo uso de las acostumbradas atribuciones del Estado de Sitio, el 6 de septiembre de 1978, Turbay expidió el decreto 1923, más conocido como Estatuto de Seguridad Nacional, «por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados». El Estatuto se presentó a la opinión pública como la única alternativa gubernamental para enfrentar la perturbación del orden público, sosteniendo que no existía normatividad alguna dentro de la estructura democrática que le permitiera al gobierno reducir los factores de conmoción. El decreto invoca en la parte expositiva:

Que periódicamente se han venido reiterando y agudizando las causas de perturbación del orden público, que crean un estado de inseguridad general y degeneran en homicidios, secuestros, sedición, motín o asonada, o en prácticas terroristas dirigidas a producir efectos políticos encaminados a desvirtuar el régimen republicano vigente o en la apología del delito, actos éstos que atentan contra los derechos ciudadanos reconocidos por la Constitución y por las leyes y que son esenciales para el funcionamiento y preservación del orden público. [Por lo] que es indispensable adoptar medidas de seguridad para mantener el orden social y la paz en el territorio de la República.

A lo largo del articulado se tipifican una serie de delitos relativos al orden público tales como secuestro, rebelión, conformación de bandas armadas, perturbación del orden público, extorsión y uso de explosivos (Artículos 1 al 6). En el Artículo 7 se impone el arresto inconmutable hasta por un año, a quien o quienes:

Ocupen transitoriamente lugares públicos, o abiertos al público, u oficinas de entidades públicas o privadas, con el fin de presionar una decisión de las autoridades legítimas, o de distribuir en ellas propaganda subversiva o de fijar en tales lugares escritos o dibujos ultrajantes o subversivos o de exhortar a la ciudadanía a la rebelión,

Inciten a quebrantar la ley o a desobedecer a las autoridades o desatiendan orden legítima de autoridad competente;

Usen injustificadamente máscaras, mallas, antifaces u otros elementos destinados a ocultar la identidad o alteren, destruyan u oculten las placas de identificación de los vehículos.

Entre las nuevas medidas se faculta a los Alcaldes y Gobernadores para decretar el toque de queda, prohibir o regular el expendio y consumo de bebidas embriagantes y las manifestaciones, desfiles y reuniones públicas (Artículo 8); se prohíbe transmitir informaciones, declaraciones, comunicados o comentarios relativos al orden público, al cese de actividades o paros y huelgas ilegales, o noticias que incitaran al delito o hicieran su apología, por las estaciones de radiodifusión y por los canales de televisión (Artículo 13). Además, se establecen como instancias para el conocimiento de los delitos y la aplicación de las sanciones respectivas, a la justicia penal militar a través de los Consejos Verbales de Guerra, los Comandantes de Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea (Artículo 9); y a los Comandantes de Estación de Policía con grado no inferior al de Capitán, quienes conocían a prevención, y en los lugares donde no existieran dichos Comandantes, los Alcaldes o Inspectores de Policía (Artículo 11).

De la lectura del decreto y de diversas intervenciones del presidente Turbay, se desprende que las dos amenazas percibidas como fundamentales eran el movimiento guerrillero y la movilización social, considerada como fuente de respaldo de la subversión, y en esta medida, susceptible de ser asimilada a ella. A partir de este diagnóstico, la autoridad se superpuso nuevamente sobre la libertad, bajo el argumento del restablecimiento de la seguridad, afectando los derechos y las garantías de los ciudadanos. No obstante este atisbo de arbitrariedad, el Consejo de Estado declaró que la mayoría de las disposiciones del Estatuto se ajustaban a la Constitución.

En términos generales, el Estatuto de Seguridad Nacional compiló los decretos dictados por diferentes gobiernos de Colombia y América Latina en tiempos de Estado de sitio. Paradójicamente, pese a su naturaleza temporal, el Estatuto impuso penas prolongadas para la sanción de determinados los delitos que afectaban el orden público, y extendió la jurisdicción militar para el enjuiciamiento de civiles más allá de los términos de duración del estado de excepción. En este sentido, encarnó la consolidación de la Doctrina de Seguridad Nacional en el país, sin necesidad de un gobierno de las fuerzas armadas. El Estado de sitio permanente, la militarización de la justicia, la censura de los medios de comunicación, la intervención y ocupación militar de las universidades públicas, la sujeción de la administración de justicia al ejecutivo y todas las medidas procesales, hicieron innecesario el golpe militar.

Al amparo de las nuevas disposiciones, la represión ejercida por las fuerzas militares durante el gobierno Turbay rebasó todos los límites de la legislación ordinaria. Se desencadenó como nunca una oleada de allanamientos, se llenaron las cárceles de presos políticos y las torturas y violaciones de derechos humanos se convirtieron en norma. Sobran los casos paradigmáticos:

La tortura y asesinato del poeta Luis Vidales a los 80 años de edad en caballerizas del Ejército en Bogotá, lugar usado reiteradamente para violentar a los detenidos; el exilio forzado de Gabriel García Márquez hacia México cuando se descubrió que estaba en una lista de personas a detener; la detención arbitraria y las torturas causadas a Olga López de Roldán que dieron lugar a un fallo de condena a la Nación por el Consejo de Estado; las torturas infligidas por personal militar contra 18 estudiantes universitarios detenidos en Bogotá en 1979, que el Instituto de Medicina Legal documentó en un dictamen pericial concluyente como "lesiones externas visibles de violencia”; y la muerte de Jorge Marcos Zambrano en febrero de 1980, debido a las torturas ocasionadas por personal de inteligencia militar en las instalaciones del batallón Pichincha, en Palmira. Luego de dos consejos verbales de guerra, los uniformados fueron declarados inocentes, a pesar de la declaratoria de contra evidencia de la decisión del jurado de conciencia (Ramírez, 2014).

Entre 1979 y 1982 organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidades nacionales como la Procuraduría General de la Nación, los sindicatos y los partidos de izquierda, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y medios de comunicación como El Espectador y la revista Alternativa, denunciaron una enorme cantidad de abusos y arbitrariedades cometidos por agentes estatales. La modalidad más frecuente de represión en las ciudades fue la detención y enjuiciamiento de opositores, combinada con la tortura de los capturados. Según el Grupo de Memoria Histórica,

en vigencia del Estatuto se denunciaron 82.000 detenciones arbitrarias y torturas en las guarniciones militares, contra antiguos miembros del EPL, el ELN y otros grupos de izquierda y contra estudiantes de universidades públicas. Además se denunciaban violaciones de Derechos Humanos (censura, allanamientos, desapariciones y juicios militares contra manifestantes y huelguistas) (GMH, 2013:133 [nota al pie 67]).

En las zonas rurales, la aplicación del Estatuto de Seguridad Nacional implicó la militarización de las zonas campesinas, dando como resultado 63.325 personas arrestadas por participar en acciones reivindicativas entre enero de 1970 y abril de 1981 y 1.053 muertes causadas por manifestaciones de protestas de campesinos e indígenas, por agentes estatales y organizaciones privadas (p.134). En las denuncias recibidas y analizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1980 se mencionan treinta y un lugares y centros de detención, en su mayoría batallones y destacamentos de las Fuerzas Armadas, donde se aplicaron apremios ilegales y torturas. Las denuncias aludidas señalaban, entre otras formas o métodos de tortura, los siguientes:

“Plantones al sol en el día y al sereno en la noche”; “ahogamientos y sumergimiento en agua”; “aplicación del 'submarino'”; “venda en los ojos hasta por doce, diecisiete y veinte días”; “vendado y amarrado por cuarenta y siete días en Cimitarra”; “sometimiento a golpes en diversas partes del cuerpo con palos y patadas”; “impedimento para dormir hasta por ocho días y falta de reposo”; “amenazas de muerte al detenido, a la familia y a amigos”; “colgaduras atados de las manos”; “prohibición de agua y alimento hasta por cuatro, siete y ocho días seguidos”; “simulacro de dispararles en la cabeza”; “esposados de las manos”; “tortura de otras personas cerca de la celda para que se escucharan los gritos”; “incomunicación”; “aplicación de energía y choques eléctricos en diferentes partes del cuerpo”; “ejercicios hasta el agotamiento”; “permanencia desnudos y de pie”; “provocación de asfixia”; “lavadas”; “caminar de rodillas”; “torturas sicológicas”; “sumergimiento amarrados en un lago”; “quemaduras con cigarrillos”; “sacar al detenido a los allanamientos y utilizarlo como 'chaleco anti-balas', esposado y vendado”; “simulacros de fusilamientos mientras estaba colgado de un árbol”; “introducción de armas en la boca”; “rotura de nervios como consecuencia de colgamientos”; “desnudo y sumergido en un río”; “negativa de asistencia médica para embarazo”; “fractura de costillas”; “amarrado, vendado, a veces permanentemente, golpeado con un leño, patadas”; “herida con arma de fuego por la espalda en el sitio de reclusión”; “amenaza de traer a sus familiares para torturarlos en su presencia”; “contemplación de las torturas a otras personas”; “hacerlos creer que otros sindicados por los mismos hechos lo habían señalado como participante”; “pinchazos en varias partes del cuerpo con alfileres”; “interrogatorios continuos y escritos obligados en que decía que había participado en el asalto” (OEA-CIDH, 1981)

En una visita posterior, la Comisión emitió el siguiente balance de la administración Turbay:

Durante el Gobierno del Presidente Julio César Turbay Ayala, bajo el cual se efectuó la invitación y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1980, ésta observó que en aquellos momentos, el Ejército de Colombia había logrado aparentemente el total respaldo del poder ejecutivo para su lucha antiguerrillera. Se toleró la utilización masiva de la tortura y no se tomaron medidas para prevenir y reprimir tales abusos (7a. conclusión del informe de 1981). Se permitió asimismo la detención de muchísimas personas por la mera sospecha de colaborar directa o indirectamente con la insurgencia y se efectuaron detenciones masivas de presuntos guerrilleros o simpatizantes con la guerrilla. Entre agosto del año 1978 y julio de 1979, las autoridades colombianas detuvieron a más de 60.000 personas. Entonces el principal problema que confrontó y denunció la Comisión en aquella oportunidad, aparte de las violaciones al derecho a la vida, estaba referido a las masivas detenciones ilegales, a los maltratos y torturas como práctica muy generalizada y consentida (OEA-CIDH, 1993).

El Informe Colombia Nunca Más confirma lo señalado en los informes de la Comisión Interamericana y asegura que el periodo comprendido entre los años setenta y ochenta constituyó el “ciclo de la Tortura” en la historia político militar de Colombia. «No porque la práctica de la tortura no se hubiera dado en otros períodos ni porque no se siga dando, sino porque en éste fue particularmente amplia e intensa hasta causar alarmas internacionales» (CNM, 2000). Sin ser abandonada, la tortura fue paulatinamente desplazada por la desaparición forzosa como la principal modalidad represiva denunciada. Este viraje en el repertorio de violaciones de derechos humanos, se produjo tras la declaración de inexequibilidad de varios artículos del Estatuto de Seguridad por parte del Consejo de Estado y ante la presión ejercida por los organismos de derechos humanos, marcando el paso de las operaciones de represión hacia la clandestinidad de la mano de organizaciones paramilitares que buscaron difuminar la responsabilidad del Estado. Este sería el tránsito de la modalidad de represión centralizada, institucional y fundamentada en la legalidad del estado de sitio, típicamente frentenacionalista, hacia una de carácter difuso, parainstitucional e ilegal, que tomará forma a lo largo de la década del ochenta.

5.3. Descentralización, privatización y clandestinización de la represión

La búsqueda de medidas para sofocar la crisis política, económica y social interpretada como un aumento de la “inseguridad”, generó la demanda y legitimación de una estrategia estatal represiva que enfrentase las amenazas al orden. Tal estrategia se venía articulando en torno a las prerrogativas castrenses en el manejo del orden público; el auspicio de legislación de excepción que autorizaba una fuerte restricción de las libertades civiles; el desarrollo de una legislación especial de orden público que validaba y convertía en permanentes las disposiciones adoptadas durante el estado de sitio; y el tratamiento de los conflictos y la protesta social como problemas de orden público.

La persistencia de la crisis, más allá del despliegue de las medidas del Estatuto de Seguridad, inoculó la idea de la incapacidad estatal para hacer frente a quienes desafiaban la estabilidad y el orden, y la necesidad de adoptar “acciones complementarias” a aquellos mecanismos provistos tradicionalmente al aparato de Estado. La guerra contrainsurgente adquirió protagonismo como forma de contención de todas las demás violencias, y dentro de ella, el involucramiento de civiles en el conflicto armado, dio inicio a un doble proceso de descentralización y privatización de la violencia en condiciones de clandestinidad.

En diciembre de 1979 el Comando del Ejército publicó con carácter restringido el manual de “Instrucciones Militares de Contraguerrillas”, donde enfatizaba la necesidad de organizar «grupos de autodefensa a nivel caserío y veredas con el fin de que los habitantes del área contribuyan en forma activa en la lucha (antisubversiva)» (Comando del Ejército, 1979: 81). El mismo documento prescribía el control exhaustivo de toda la vida, actividades y movimientos de los pobladores: «Todos los civiles deben ser identificados. Los censos de población, viviendas y semovientes son los vehículos adecuados», (p. 47). Así mismo, preveía la utilización de las autoridades civiles como fuentes de información «sobre la idiosincrasia de los pobladores, su organización social y política, sus necesidades, sus inquietudes, sus jefes naturales y demás personas destacadas» (p. 160).

El recurso al paramilitarismo se reitera en el manual del Comando General de las Fuerza Armadas “Combate contra bandoleros o guerrilleros” EJC-3-101, aprobado por Disposición 014 del 25 de junio de 1982. Allí se señala que la organización militar de la población «complementa y ayuda a consolidar la filosofía de la lucha de las Fuerzas Armadas contra la subversión contenida en otros Manuales y Publicaciones sobre Operaciones Irregulares la organización, instrucción y apoyo de juntas de autodefensa» (CGFM, 1982:5). En este sentido, la creación de Juntas de Autodefensa, organizaciones de tipo militar que se hacen con el personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros en coordinación con tropas en acciones de combate «debe ser un objetivo permanente de las Fuerzas militares donde la población es leal y se manifiesta agresiva y decidida contra el enemigo» (p. 84). Las Juntas de Autodefensa tendrían dentro de sus funciones «proporcionar información. Negar áreas al enemigo. Suministrar guías para las operaciones militares. Patrullar sus propias zonas. Suministrar apoyo logístico a las patrullas. Cumplir misiones de inteligencia y contrainteligencia. Transportar abastecimientos a tropas distantes. Hacer evacuaciones y asesorar un planeamiento con su conocimiento del área, su conocimiento del enemigo y su malicia indígena» (p. 11). En contraprestación, el Ejército: «retribuye[n] con municiones para revólver y escopeta, dinamita, salvoconductos, patrullaje militar esporádico de protección en sus regiones, drogas, un mejor trato, entusiasmo y aceptación a sus iniciativas» (p. 12)

La defensa de la participación privada en las funciones de seguridad pública, avanzó por fuera de los Manuales e instructivos militares de circulación restringida. Para el General Fernando Landazábal Reyes, Ministro de la Defensa entre 1982 y 1983:

[e]n términos generales se plantea, con esta teoría, no la suplantación del poder civil por el poder militar sino precisamente forzar al gobierno a definir su posición política frente a la subversión, en tal forma que su acción no obstaculice la acción militar en sus diversas manifestaciones, sino que se integre con ella, para buscar pronto y objetivamente el objetivo final de la paz (Landázabal, 1983: 73).

Años antes, la Revista de las Fuerzas Armadas, había publicado un artículo de los analistas Abdul Said y Charles Lercher en el que aseveraban que «[s]i una guerra limitada convencional entraña demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos» (1976:202).

Pero la articulación de civiles al dispositivo contrainsurgente, no fue una opinión exclusiva de los mandos militares. De hecho, fueron diversas las voces de la sociedad civil que clamaron con vehemencia en esta dirección. Un editorial del periódico El Colombiano, a propósito de la creación un Fondo de Seguridad Nacional propuesto por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), sostuvo:

es cierto que la lucha contra la inseguridad es de exclusiva competencia de las autoridades civiles y militares encargadas de guardar el orden y hacer cumplir las leyes. Pero el deterioro moral de la sociedad ha llegado a tales extremos que nadie puede negarse a participar en campañas de saneamiento social, sin las cuales es imposible la defensa de la democracia contra las amenazas de sus enemigos (El Colombiano, 7 de septiembre de 1978, citado por Franco 2009:103).

En un sentido similar, el principal diario capitalino editorializó que «el país estaba ansioso y urgido de medidas drásticas que le devolvieran a la sociedad colombiana, en todas sus clases, la seguridad perdida» (El Tiempo, 8 de septiembre de 1978), coadyuvando en la configuración de un discurso legitimador de la guerra contrainsurgente amparado en necesidades de urgencia y necesidad. La idea de que el país «no podía hacerle frente al crimen y al terrorismo urbano […] con sanciones irrisorias que no intimidan a los delincuentes» (El Colombiano, 9 de septiembre de 1978), había generado ya cierto consenso mediático en torno a los beneficios del Estatuto de Seguridad Nacional.

El sentido común autoritario, le abrió el camino de la legitimación a las organizaciones paramilitares ante la ausencia de un gobierno, fuerte, todopoderoso y con autoridad para derrotar a la guerrilla y controlar el crimen organizado. No parecía advertirse que era en la base de ese Estado “débil”, que se tejía la conformación de aquellos aparatos armados paralelos, “tan efectivos” a la hora de resolver la amenaza encarnada por las guerrillas y la delincuencia. Lo que aunaba en un núcleo común a sectores tan distantes socialmente, era el odio contrainsurgente, aquella escisión de la sociedad colombiana que, construida por décadas (incluso antes de la adopción del discurso anticomunista), erigía el apego al orden y a la estructura de la propiedad y privilegios como elemento de movilización política a favor de la guerra.

Paralelo a la demanda por mano dura, discurría el aumento de las denuncias por violaciones de derechos humanos por miembros de las Fuerzas Armadas, presionando el tránsito de la estrategia represiva hacia a la violencia parainstitucional. Cuando la criminalidad burocrática fue inocultable y la legalidad de excepción encontró sus límites, las operaciones clandestinas suplementarias y el fomento de organizaciones paramilitares empezaron a ocupar un papel mayor dentro de la estrategia de control social. Así lo registra el Informe Colombia Nunca Más:

El nuevo modelo represivo que se va perfilando al terminar los setentas y en los comienzos de los ochentas, disminuye considerablemente las dosis de tortura y de prisión política y opta por la desaparición forzada y el asesinato. Evidentemente estas prácticas implicaban una deslegitimación del Estado que ya no sería fácilmente manejable, ni a nivel interno ni externo. Por eso concomitantemente se va pasando de un paramilitarismo confeso […] Se imponía mantener cuerpos de civiles que pudieran desaparecer y asesinar sin que su dependencia de la fuerza pública fuera fácilmente comprobable (CNM, 2000).

En sintonía con lo anterior, las investigaciones de Evans (2007), Calvo (2008) y el Movice (2013) refieren la existencia de una organización paramilitar que, bajo el nombre de Alianza Anticomunista Americana (AAA o Triple A), encubrió las acciones del Batallón de inteligencia del Ejército “Charry Lozano” (BINCI). Esta unidad clandestina estuvo en operaciones entre 1978 y 1979 bajo la dirección general (r) Mario Montoya Uribe y fue responsable de varios ataques dinamiteros, secuestros y asesinatos contra grupos de izquierda y medios de comunicación alternativos durante esos años.

Un informe del ex embajador estadounidense en Bogotá, Diego Asencio, fechado en 1979 y desclasificado por la CIA en 2001, constituye una importante evidencia de la participación del estamento militar en la realización de operaciones de "guerra sucia" (dirty tricks) contra la guerrilla del M19:

Two separate colombian military organizations, with sometimes overlaping responsabilities, are charged with responsability for antisubversive operations and have been active in the campaing against the M-19. The two are the Military Institutes Brigade (BIM) and the Inteligence Battallon of Inteligence “General Charry Lozano” (BINCI). The former is an operational/tactical unit, with headquarters in Bogotá Subordinate units include all military schools with the exception of the War College and Military Academy; as well at the presidential guard, MP enginners and Quartermasters Batallions and a Mechanized Calvalry Group (CIA, 1979: 4)

Asencio señala que, en noviembre de 1978, el entonces comandante del Ejército, General Jorge Robledo Pulido, aprobó el plan del BINCI “para crear la impresión que la Alianza Anticomunista Americana se había establecido en Colombia y estaba preparando acciones violentas contra comunistas locales”:

A disturbing development of recent date is the delineation of a plan by BINCI (…) to create the impression that the American Anticomunist Alliance (AAA) has established itsef in Colombia and is preparing to take violent actions against colombian comunist. However the activities thus far carried out in pursuit of this plan, e.g., the bombing of the colombian comunist party’s headquarters on december 12 with no casualties might be more appropiately characterized as dirty tricks than as violations of human rights. Moreover, in the Embasy’s view, the plan was born of the frustration the military felt last fall when little headway was being made in combatting terrorist activities and is likely to remain inoperative so long as the armed forces are successfull in dealing with the problema by other means (CIA, 1979: 5).

El mismo documento revela que el general Robledo fomentó activamente lazos entre el Ejército y grupos de derecha, aun cuando el movimiento paramilitar estaba todavía en proceso de formación. El cable del embajador hacía un récord de la actuación del gobierno colombiano en materia de derechos humanos, enfatizando en el combate a las guerrillas. Aunque en términos generales la evaluación es condescendiente con la administración Turbay, las palabras finales del documento dan cuenta de que, incluso para las autoridades norteamericanas, el principal apoyo a la lucha contrainsurgente, la frecuencia e intensidad de las violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas generaba preocupación:

We are convinced that as the antisubversive campaing intesifies, the outcry from left-wing organizations and the left wing media will increase in stridency (…) We cannot, of course, rule out the possibility that major violations will occur in the future. In the goverment’s war on subversion, the military forces are blunt instrument and military operations may have unexpected consequences, I feel that the GOC record is still relatively clean, if not as pristine as it was last year (p. 6)

La experiencia del BINCI marca la inauguración de una nueva etapa de organización de la violencia pública en Colombia que se corresponde con las necesidades de reajuste del dispositivo contrainsurgente. Durante años fue conocida la participación de miembros del Batallón de Inteligencia en la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de personas que se encontraban en la toma del Palacio de Justicia en 1985 (El Tiempo, 2 de junio de 2008). Sin embargo, la política de impunidad estatal ha hecho posible que la violencia ejercida por las fuerzas armadas y de seguridad y por los grupos armados parainstitucionales fuera sostenida en el tiempo, haciéndose consistente con los fines de la dominación y objetivando en cada acto de terror el poder de una nueva alianza dentro del bloque dominante (El Tiempo, 11 de marzo de 2011). El trato diferencial dado a guerrilleros y paramilitares, hizo manifiesto el criterio asimétrico que desde entonces marcaría la distribución de la coerción y la ley sobre los grupos armados ilegales: las fuerzas insurgentes y de oposición serán perseguidas y exterminadas, mientras que los grupos paramilitares (cuyo lazo co-originario con el Estado se niega) recibirán un trato indulgente en virtud de su vínculo orgánico con la represión y la guerra. Por su parte, las fuerzas armadas verán sellado el pacto de impunidad y silencio, que venía editándose tanto en la legislación de excepción como en el compendio represivo del Estatuto de Seguridad.

Reflexiones finales

El Frente Nacional fue un acuerdo consociacional ideado por la cúpula de los partidos liberal y conservador para superar la ingobernabilidad en la que había caído el país tras el periodo de “la Violencia” y contener un segundo mandato del General Rojas Pinilla. Si bien fue un “remedio” a la violencia bipartidista de las décadas anteriores, logró la “pacificación” a costa de males peores. Los gobiernos de este periodo mostraron una concepción estrecha y exclusivista en el ejercicio del poder que reforzó la habilidad de los coligados para sacar los mejores frutos del pacto y extirpar las alternativas disidentes. Así, tras la persecución al gaitanismo y la proscripción del Partido Comunista en la década del cincuenta, vieron la luz las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en 1961, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1964, y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1967. Por su parte, los militantes de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) tomaron las armas tras el presunto fraude electoral de 1970 dando nacimiento a la guerrilla del M-19. En paralelo, la efervescencia social aumentó frente ataque sostenido contra los derechos de los trabajadores y de los campesinos arrendatarios y sin tierra, auspiciado por un proceso de modernización capitalista altamente desigual y dependiente que terminó radicalizando las tensiones sociales existentes hasta llevarlas a la confrontación bélica.

Entre 1958 y 1972 el movimiento social desarrolló una dinámica de confrontación permanente con el Estado y los gremios, fortaleciendo sus niveles de independencia institucional, aumentando su autonomía y su capacidad de organización y movilización. Se desarrolló un importante movimiento campesino de lucha por la tierra, se fortalecieron las organizaciones sindicales independientes y se libraron decenas de paros, huelgas y protestas estudiantiles. Fue también durante este período que se redefinió la violencia insurgente asumiendo un carácter revolucionario bajo la vanguardia de los grupos guerrilleros

En medio del escenario descrito se perfiló una nueva modalidad de violencia parainstitucional: el dispositivo contrainsurgente, una combinación de elementos legales e ilegales, políticos, económicos y militares, que marcó un viraje decisivo en la política de seguridad interna. No se trató más de resarcir el daño de la conflagración bipartidista en zonas rurales, ni de blindar la institucionalidad democrática de posibles golpes militares. En su lugar, la prioridad de la seguridad fue neutralizar y reprimir indistintamente el movimiento armado y popular y, dentro de éste último, a la protesta obrera y campesina, considerada nociva para la economía local y para la confianza y rentabilidad de los capitales extranjeros.

En su componente militar, el dispositivo contrainsurgente conjugó elementos de la doctrina norteamericana y francesa y transformó el papel de las fuerzas armadas en el manejo de los conflictos internos fomentando su “autonomía represiva”. Durante la administración del presidente Guillermo León Valencia, las fuerzas armadas dejaron de tener como objetivo fundamental la defensa de la soberanía nacional contra una posible agresión exterior y asumieron como responsabilidad la lucha contra el “enemigo interno” al cual identificaron con el comunismo y con la “base social” que le servía de apoyo. Desde una perspectiva desarrollista, el general Ruiz Novoa se convirtió en el impulsor de las campañas cívico-militares orientadas a contrarrestar las acciones de la guerrilla en los planos ideológico y militar. La estrategia utilizada para desarrollar este nuevo enfoque se concretó en el “Plan Lazo”, dirigido a debilitar y acabar con la influencia del comunismo y sus agentes internacionales al interior del país.

Sin mayores transformaciones en los indicadores de desigualdad social e inclusión política, el presidente Valencia entregó el poder al liberal Carlos Lleras Restrepo, quien se propuso transformar la estructura político-institucional, fortalecer el poder ejecutivo y aumentar el nivel de intervención del Estado en los asuntos económicos. Fiel a la tradición del performativismo jurídico, la Reforma Constitucional de 1968, fracasó en su objetivo de apaciguar los ánimos sociales y concretar una modernización del Estado y la sociedad colombiana desde el texto legislativo, al ignorar los factores sistémicos que jugaban en contra del ideal de una administración estatal impersonal y apegada al derecho. La modernización del Estado se hizo a costa de consolidar los vicios del clientelismo y de un proceso de creciente corrupción y pérdida de importancia del Congreso y de los políticos profesionales. Así mismo, la extensión del acuerdo del Frente Nacional hasta 1978 acentuó el inmovilismo político y profundizó la sensación de ilegitimidad estatal entre los ciudadanos.

Los proyectos de reforma agraria y organización estatal del campesinado a través de la ANUC tampoco rindieron los frutos esperados para el bienestar social. En su lugar, el problema agrario fue resuelto como un problema de orden público a lo largo de la década del setenta. Así como Lleras tuvo enfrentar la transición de un país predominantemente rural a un país crecientemente urbano, la administración de Pastrana Borrero afrontó los problemas del proceso de urbanización. En tal medida, su proyecto político se enfocó en el desarrollo de las ciudades y abandonó definitivamente las banderas de la reforma agraria para proceder a la refundación del pacto terrateniente.

Frente a las particularidades que asumía el conflicto político y social interno, los gobiernos frentenacionalistas desarrollaron una versión “criolla” de la Doctrina de Seguridad Nacional e instalaron el paradigma del “orden público” como modalidad de tratamiento de la conflictividad. Persistieron así durante este periodo las figuras del estado de sitio, parcial y total, y la formación contrainsurgente de las fuerzas armadas y la policía. Vía estado de excepción se inició un proceso de autonomización represiva de las fuerzas armadas que se consolidó como legislación ordinaria con la promulgación del Estatuto de Seguridad Nacional en 1978. Con dicho instrumento, y recogiendo las recomendaciones que los asesores estadounidenses realizaran en años anteriores, se abrió la puerta a la descentralización, privatización y clandestinización del ejercicio de la violencia estatal. Organizaciones como la Alianza Anticomunista Americana buscaron encubrir operaciones encubiertas y tácticas de "guerra sucia" orquestadas por las fuerzas militares y el DAS.

Las medidas autoritarias y las graves violaciones de derechos humanos justificadas en virtud de la perturbación del orden público y la incapacidad de los mecanismos institucionales democráticos para controlar la virulencia social, demostraron ser altamente ineficaces. No sólo no consiguieron reducir el fenómeno guerrillero ni el narcotráfico, sino que alentaron su expansión y fortalecimiento. En cambio, el dispositivo contrainsurgente dejó graves heridas en la sociedad, profundizó las práctica autoritarias y excluyentes, estigmatizó y criminalizó la protesta ciudadana, desarticuló los procesos de organización social en ciernes y dio vía libre a la creación de grupos de violencia privada. La década del ochenta marcará varias transiciones en el modo de organización de la violencia parainstitucional: de las prácticas de encarcelamiento arbitrario y tortura, a las de desaparición forzada y asesinato; de la constricción y proscripción electoral de la izquierda partidaria a su exterminio; y en definitiva, «de un paramilitarismo confeso y “legalizado” bajo los decretos de excepción, a «un paramilitarismo inconfesable, fundado en relaciones encubiertas entre civiles y militares» (CNM, 2002).

Quizás el motivo más fuerte para un rediseño del modelo represivo fue su fracaso militar: las fuerzas armadas se habían propuesto exterminar definitivamente a la insurgencia armada durante el cuatrienio Turbay, sometiendo a cárcel y tortura a su “brazo desarmado”, como llamaron en numerosos documentos a la izquierda legal. Pero el efecto fue el contrario: al ver cerrados los espacios de lucha legal por transformaciones sociales, muchos militantes legales se radicalizaron y adhirieron a la insurgencia armada, la cual creció entonces mucho más que en otras épocas. Lo que siguió a esta dialéctica de represión y negación, fue la expansión y reproducción de la experiencia paramilitar en numerosos grupos de distinto tenor y características. Al análisis de las condiciones de emergencia y desarrollo de este primer ciclo del paramilitarismo estará dedicado el siguiente capítulo.

³³ El pacto bipartidista se extendió constitucionalmente cuatro años más hasta 1978 y en los hechos hasta 1986, fecha en la que el presidente liberal Virgilio Barco decidió retornar al esquema gobierno-oposición.

³⁴ Según datos aportados por Sánchez, Diaz y Formisano (2003), la violencia homicida se disparó durante los años cuarenta, pasando de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1946 a 40 hpcmh en 1952. El golpe militar de Rojas Pinilla en 1953 produjo una reducción momentánea del número de muertes violentas, pero su cruzada contra el bandolerismo aumentó rápidamente la tasa homicidios alcanzando en 1957 un nivel record de 50 hpcmh. Tras el acuerdo político logrado en el Frente Nacional, la tasa homicidios disminuyó lenta y progresivamente, llegando aproximadamente a 20 hpcmh a finales de los años sesenta.

³⁵ La Declaración de Benindorm fue el producto del encuentro de los ex-presidentes Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez en España el 24 de julio de 1956. El documento es una exposición de principios de los dos líderes en torno a la situación política del país, la dictadura de Rojas y la necesidad de retornar al gobierno civil a partir de una coalición bipartidista. Ver Silva Luján (1989) y Cámara de Representantes (1959).

³⁶ Se trató de un pacto suscrito el 20 de marzo de 1957 entre la Dirección Nacional del Partido liberal y su análoga conservadora, en el cual ambas colectividades se oponían a la reelección de Rojas Pinilla y suscribían un programa mínimo de acción y oposición a la dictadura. Este paso permitió la vinculación del ala ospinista del partido conservador al pacto de élites.

³⁷ Firmado el 20 de julio de 1957, este pacto es fruto del encuentro entre los ex-presidentes Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez en España una vez derrocada la dictadura de Rojas. Fija los pasos a seguir para establecer el gobierno de coalición tales como una reforma constitucional que contempla la paridad en el gabinete ministerial y las corporaciones públicas por un periodo de doce años, al igual que el establecimiento de la carrera administrativa. Plantea la necesidad de un realizar un plebiscito popular que refrende las reformas constitucionales sugeridas y de escoger un candidato único a la presidencia.

³⁸ Este pacto firmado el 22 de noviembre de 1957 por los principales jefes políticos de los dos partidos y miembros de la Junta Militar de Gobierno institucionaliza la coalición de los partidos y respalda el plebiscito programado para el 1 de diciembre. Acuerda los mecanismos de selección del candidato presidencial de la coalición.

³⁹ Con justa causa teniendo en cuenta la mordaza impuesta por Rojas a los medios de comunicación. Con la intención de prevenir las críticas, el General aplicó la ley de censura a partir de 1954 a quienes atacaran a los funcionarios de alto nivel o a los oficiales de las fuerzas armadas. Las sanciones corrieron no solo hacia los periodistas sino hacia los editores y directores de medios e incluyeron penas que iban desde multas confiscatorias hasta la clausura por 10 días del órgano periodístico (Donadío y Galvis, 1988). En una situación que podemos considerar paradójica, el ex presidente y líder de la ultraderecha conservadora Laureano Gómez, sufrió el cierre del periódico El Siglo, a su cargo, convirtiéndose en uno de los principales reclamantes de la libertad de prensa, la misma que brilló por su ausencia durante su gobierno.

⁴⁰ Los bandoleros sociales, «permanecen dentro de la sociedad campesina y son considerados por su gente como héroes, paladines, vengadores, luchadores por la justicia, a veces incluso líderes de la liberación, y en cualquier caso como personas a las que admirar, ayudar y apoyar» (Hobsbawm, 2000: 33)

⁴¹ Tobón aclara que, «dependiendo de las rentas diferenciales 50 hectáreas pueden constituir o no un latifundio, pues si son zonas de colonización, apartadas de la ciudad y sin mayores medios de comunicación, 50 hectáreas no son un latifundio. En cambio 50 hectáreas cerca o pegadas a una ciudad se convierten en rentas urbanas. No obstante era evidente que existía una odiosa concentración de la tierra» (1979: 130).

⁴² Hernán Toro Agudelo, primer ministro de agricultura de la administración de Lleras Camargo (1962-1966) planteaba que la problemática del sector agrario se debía a la existencia de un latifundio improductivo asentado en las mejores tierras, y un minifundio asentado en las tierras de ladera, que a duras penas daban para la subsistencia. Como alternativa, proponía una política de redistribución de tierras. Ver al respecto (Toro Agudelo 1972 y 1985). El segundo ministro de agricultura de Lleras, Otto Morales Benitez, se encargó de la defensa de la reforma agraria ante el Congreso. Morales tuvo una visión amplia de la realidad nacional producto de su participación en la Comisión investigadora de las causas de la violencia. A contramano de la perspectiva de los ministros, el diagnóstico de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) era completamente inverso: era el minifundio improductivo la causa del retraso en el campo.

⁴³ En materia de reforma agraria, la Declaración de los Pueblos de América, delineó como una de sus metas: «To encourage, in accordance with the characteristics of each country, programs of comprehensive agrarian reform, leading to the effective transformation, where required, of unjust structures and systems of land tenure and use; with a view to replacing latifundia and dwarf holdings by an equitable system of property so that, supplemented by timely and adequate credit, technical assistance and improved marketing arrangements, the land will be become for the man who works it the basis of his economic stability, the foundation of his increasing welfare, and the guarantee of his freedom and dignity» (OEA, 1961)

⁴⁴ La ley 135 enunciaba los siguientes objetivos: Primero: Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico; reconstruir adecuadas unidades de explotación en las zonas de minifundio y dotar de tierras a los que no las posean, con preferencia para quienes hayan de conducir directamente su explotación e incorporar a ésta su trabajo personal. Segundo. Fomentar la adecuada explotación económica de tierras incultas o deficientemente utilizadas, de acuerdo con programas que provean su distribución ordenada y racional aprovechamiento. Tercero. Acrecer el volumen global de la producción agrícola y ganadera en armonía con el desarrollo de los otros sectores económicos; aumentar la productividad de las explotaciones por la aplicación de técnicas apropiadas, y procurar que las tierras se utilicen de la manera que mejor convenga a su ubicación y características. Cuarto. Crear condiciones bajo las cuales los pequeños arrendatarios y aparceros gocen de mejores garantías, y tanto ellos como los asalariados agrícolas tengan más fácil acceso a la propiedad de la tierra. Quinto. Elevar el nivel de vida de la población campesina, como consecuencia de las medidas ya indicadas y también por la coordinación y fomento de los servicios relacionados con la asistencia técnica, el crédito agrícola, la vivienda, la organización de los mercados, la salud y la seguridad social, el almacenamiento y conservación de los productos y el fomento de las cooperativas. Sexto. Asegurar la conservación, defensa, mejoramiento y adecuada utilización de los recursos naturales.

⁴⁵ De los quince miembros llamados a componer la Junta del INCORA según el artículo 8 de la Ley 135 de 1961, sólo uno sería representante de los trabajadores rurales, ésta sería escogido por el Presidente de la República de listas que se formarían de la manera que determine el Gobierno.

⁴⁶ ¿Plan Laso o Lazo? Se ha abierto un debate en torno a la correcta denominación de esta estrategia militar: Pizarro (2004) reconstruye así la polémica: «Para las Fuerzas Armadas, el proyecto fue elaborado por la propia institución castrense y se denominó Plan Lazo, dado que se trataba de “enlazar”, de llevar a cabo un cerco militar para desactivar las regiones de influencia comunista. Esta postura ha sido defendida con pasión por el general Álvaro Valencia Tovar, uno de los protagonistas de la toma de Marquetalia. Para sus críticos, en especial de izquierda, el proyecto se llamó, por el contrario, Plan Laso (en razón de su denominación en inglés, Latin American Security Operation), debido a que el ataque a Marquetalia se habría inscrito en un proyecto contrarrevolucionario global para toda América Latina agenciado desde Washington. ¿Quién tiene la razón? A la vez ambas partes y ninguna. Como ha mostrado Dennis Rompe, hubo en efecto un plan Laso para América Latina diseñado en Washington en el marco de la política de contrainsurgencia postrevolución cubana que impulsó el gobierno de John F. Kennedy con la Alianza para el Progreso. Este proyecto global se "españolizó" bajo el nombre de Lazo en la también llamada Operación Soberanía contra Marquetalia y el resto de los enclaves comunistas. En otras palabras, Laso con 's' fue el diseño estratégico elaborado por los expertos del Departamento de Defensa en Washington y Lazo con 'z' fue la adaptación táctica en el terreno de batalla realizada por el Estado Mayor del Ejército Nacional».

⁴⁷ De conformidad con el decreto 755 del 2 de mayo de 1967 y la Resolución 061 de 1968 del Ministerio de Agricultura.

⁴⁸ Por otra parte, a diferencia de la Policía, el Ejército se había mantenido relativamente neutral en la contienda bipartidista de la década anterior.

⁴⁹ Según Maullin (1972), aparte de los esfuerzos directos en materia de asistencia social, el gobierno de Lleras recurrió a la figura de la amnistía con mayor profundidad que su antecesor, el general Rojas Pinilla. A través del decreto legislativo 328 de 1958 se logró la desmovilización de guerrilleros en Caldas, Huila, Tolima y el Valle y se admitió por primera vez que la violencia había sido cometida por grupos motivados políticamente, organizados por líderes políticos y por autoridades públicas de sus lugares de trabajo, así como por ciudadanos privados que, guiados por motivaciones políticas estuvieron comprometidos en actos criminales. Esta amnistía se aplicó a todos los crímenes cometidos antes de octubre de 1958 cubriendo los actos de violencia desatados durante la política de Pacificación de Rojas Pinilla.

⁵⁰ Este Manual es una traducción del documento FM-31-15 “Operaciones contra Fuerzas Irregulares” de los Estados Unidos.

⁵¹ Traducción del texto de Roger Trinquier “La Guerra Moderna”.

⁵²Art. 33 parágrafo 3: «El Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los Comandos autorizados podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas».

⁵³ Estos artículos estuvieron vigentes durante 24 años hasta que fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia el 25 de mayo de 1989.

⁵⁴ «El Estado capitalista —escribe Poulantzas— por el juego interno de sus instituciones, hace posible, en su relación con el campo de la lucha política de clases, relación concebida como demarcación de límites, la constitución del bloque en el poder. Este fenómeno se refiere también al campo de las prácticas políticas de las clases dominantes en una formación capitalista: depende de la “pluralidad” característica de las clases (y fracciones) dominantes en esa formación. Esto depende, a su vez, del hecho general de la coexistencia, en toda formación, de varios modos de producción y de la presencia, por consiguiente, de varias clases (y fracciones) (…) En ese sentido, el concepto de bloque en el poder se refiere al nivel político, comprende el campo de las prácticas políticas, en la medida en que ese campo concentra en sí y refleja la articulación del conjunto de las instancias y de los niveles de lucha de clases de un estadio determinado. El concepto de bloque en el poder tiene aquí una función análoga a la del concepto de forma de Estado en lo que concierne a la superestructura jurídico-política» (1976: 296- 303).

⁵⁵ Así lo especifica el Artículo 121 de la Constitución de 1886: «En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los Ministros. El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias».

⁵⁶ Decreto legislativo 2686 del 26 de octubre de 1966.

⁵⁷ La administración Lleras clasificó a los empleados del Estado en dos categorías. Se definió como empleados públicos a aquellos que laboraban en sectores claves de la economía nacional, mientras que como trabajadores oficiales se nomencló a aquellos que no pertenecían a dichos sectores. Los primeros fueron despojados del derecho a la huelga, y los últimos lo conservaron. Además, el Gobierno amplió la cobertura del sector público aumentando progresivamente la cantidad de trabajadores privados del derecho de huelga, considerada para tales sectores ilegal (Ahumada, 2002: 96).

⁵⁸ El artículo 69 del mentado decreto disponía que «Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que presten sus servicios en zonas donde se desarrollen operaciones militares para restablecer el orden público, tendrán derecho a una prima mensual de Orden Público correspondiente al diez por ciento (10%) del sueldo básico»

⁵⁹ Según anota Pécaut, el balance económico del Gobierno Lleras era, desde muchos puntos de vista, positivo: expansión del PIB del 5,7% en 1968 al 7% en 1970; crecimiento de la producción industrial del 7,5% en 1969; y una política económica tendiente a dotar al Estado de los medios necesarios para realizar la función de orientación económica (2006:74).

⁶⁰ Pastrana ganó por una diferencia de escasos 64 mil votos respecto de su contendor Gustavo Rojas Pinilla de la ANAPO (Eastman, 1983: 693). La noche de los escrutinios, la hija de Rojas llamó al entonces canciller Alfonso López Michelsen avisando de una posible rebelión de parte de los seguidores de Rojas. En reacción el presidente Carlos Lleras Restrepo decretó el estado de sitio y el toque de queda, dictó el arresto domiciliario a Rojas y varios dirigentes de la ANAPO fueron detenidos y conducidos a bases militares. Frente al supuesto fraude, algunos miembros de la ANAPO en alianza con antiguos integrantes de las FARC formaron el Movimiento 19 de Abril (M-19), grupo guerrillero que estaría activo hasta 1990.

⁶¹ En 1972 la administración Pastrana decretó la creación de las corporaciones de ahorro y vivienda, las cuales otorgarían créditos medidos en Unidades de Poder Adquisitivo Constante UPAC, las cuales ajustaban automáticamente sus intereses con base en la inflación. Este mecanismo favoreció a las grandes corporaciones financieras y los constructores al tiempo que hizo casi imposible el acceso a la vivienda a los sectores populares. La masa monetaria acumulada con el UPAC le permitió al sector financiero encarecer el crédito y someter a su voluntad a los sectores productivos. Por su parte, los fondos de inversión fueron creados para negociar con acciones y otros valores bursátiles (Ahumada, 2007: 97-98).

⁶² Llamado así por el economista norteamericano que lo inspiró. Como vimos en el capítulo anterior, el experto del Banco Mundial Lauchlin Currie, realizó una visita a Colombia a finales de los cuarenta y escribió un informe acerca de la situación nacional. Este se vería complementado por una segunda publicación, Operación Colombia, en la que definía una estrategia de desarrollo contraria a la precognizada por la Alianza para el Progreso. Esta no fue muy tenida en cuenta pues en el momento estaban en boga los postulados desarrollistas cepalinos. Diez años después, el gobierno Pastrana desempolvará el informe Currie y lo aplicará literalmente. Los detalles de esta adopción pueden verse en Pécaut (2006: 163-182).

⁶³ Como en el caso del proyecto Reforma Urbana y el proyecto de crear un impuesto del 1% a las propiedades urbanas y rurales para financiar la educación primaria.

⁶⁴ En defensa de la legislación marcial, el Ministro de Justicia Samuel Hoyos Arango declaraba en 1975: «Cuando se precipita el alud criminal, cuando la sociedad siente que el tiempo mismo se derrumba sobre una institución procedimental, el Estado tiene la indeclinable obligación de proteger a una sociedad asfixiada que, considerándose en mortal peligro, podría tender casi instintivamente [a] rechazar al Estado de derecho, en la errada creencia de que las vías de hecho constituyen más adecuado refugio para su desesperanza » (El País, 17 de septiembre de 1975, citado por Franco 2009: 314).

⁶⁵Según Medina Gallego «es posible que la fuerza militar desplegada por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, no haya sido de la magnitud que lo presenta el ELN, o por lo menos, que en el combate el contingente de recursos humanos haya sido menor; no obstante, plantearse una acción de envolvimiento militar de una área del tamaño en que se desarrolló la operación Anorí, demanda indudablemente de un esfuerzo compartido de muchas unidades de combate y de la movilización de grandes recursos humanos y logísticos, para operar y controlar en el área con las características geomorfológicos y sociales de esa región» (2001:114).

⁶⁶ Esto incluye modalidades de acción colectiva como paros (incluidas las huelgas sindicales), amenazas de paros (sólo en el caso de las luchas cívicas), movilizaciones pacíficas, tomas de instalaciones, protestas violentas (asonadas, pedreas o levantamientos populares con excepción de las acciones armadas), e invasiones de tierras urbanas o rurales, originadas por los sectores laboral, campesino, estudiantil, cívico, los grupos empresariales (pequeños y grandes como el transportador), los indígenas y las mujeres.

CAPITULO III. LA “GUERRA SUCIA”

Violencia parainstitucional y reconfiguración hegemónica (1978-1994)

Cuando la guerra amaine… ¿Cuándo será ese cuándo?
Ya pasó medio siglo desde ese entonces y todavía nada;
la guerra, que no cesa, cambia de cara nomás.

Delirio, Laura Restrepo

El orden posible es y será un permanente conflicto.
Pero conflicto no es igual a guerra.

Norbert Lechner

Introducción

Guerrillas, narcotraficantes y grupos paramilitares han librado en los últimos treinta y cinco años una lucha por el control del territorio, los recursos y la población en diversas zonas del país, mostrando que su dominio estriba no sólo en el poder de muerte, sino en su capacidad de alterar y quebrar las relaciones sociales existentes y promover la creación de otras nuevas. Bajo esta triple impronta, Colombia asistió a la propagación de diversos órdenes de facto que emergieron en las zonas fronterizas abiertas por las violencias comandadas por los grupos armados y las organizaciones criminales. Estos órdenes se caracterizan no sólo por ser ilegales, sino por constituir regímenes paralelos con capacidad de construir sus propios códigos, normas y rituales. Instituidos como redes de control social en distintas zonas de ocupación e influencia, los órdenes establecidos por los grupos armados se han desplegado como poderes análogos y no siempre en disputa con el Estado.

Aunque funjan como proto-estados en sus dominios, la naturaleza de los órdenes instalados por el narco-paramilitarismo y los grupos insurgentes es distinta. La diferencia entre unos y otros puede elucidarse analíticamente con las categorías de paralegalismos y contrapoderes aunque ello no obsta que en ocasiones existan actuaciones mancomunadas de la guerrilla y el narcotráfico o de los paramilitares y la guerrilla que tiendan a desdibujar esta distinción. El presente capítulo avanza en el estudio de estos órdenes aparentemente difusos, tratando de desentrañar sus vínculos con el Estado y el poder político a partir de su influjo en las modalidades de represión y control social.

Como hipótesis de trabajo sostendremos que en el periodo comprendido entre 1978 y 1994 transitamos de una violencia institucional centralizada y fundamentada legalmente por las disposiciones del estado de sitio, a una violencia parainstitucional dispersa e ilegal, que recurrió a la acción de grupos paramilitares como mecanismo para controlar el conflicto social y político y garantizar las condiciones de reproducción política y económica del bloque dominante. El recrudecimiento de la violencia clandestina estuvo motivado por la crisis de hegemonía de dicho bloque tras el agotamiento del sistema clientelar del Frente Nacional y ante la imposibilidad de continuar con la represión ejercida por el aparato estatal, dado el incremento de denuncias de violación de derechos humanos por parte de organismos internacionales.

En el proceso, la emergencia de las mafias de la droga impactó seriamente la estrategia del establishment. Por un lado, puso en jaque el sistema de dominación tradicional, basado en el clientelismo, al erigirse una nueva facción dominante con recursos económicos y coactivos que habilitaron sus aspiraciones hegemónicas. Por otra parte, agudizó y profundizó el conflicto armado existente a partir de su intervención política, económica y militar en la lucha contrainsurgente. Finalmente, deformó y complejizó el panorama de la violencias generando un campo de interferencias en el que conviven modalidades, actores y lógicas diversas que se intersectan y retroalimentan.

El capítulo se divide en cuatro apartados. En el primero, introducimos algunas distinciones conceptuales que consideramos clave al momento de abordar la evolución de los grupos de violencia parainstitucional en las últimas décadas, su expansión a lo largo de la geografía nacional y su conformación como aparatos al servicio del bloque hegemónico. Empleamos la categoría de paralegalismos para referirnos a aquellos órdenes sociales de facto que, comandados por actores armados ilegales, discurren de manera paralela al orden defendido por el Estado sin atacar su soberanía o romper el consensus iuris. Destacamos el carácter conservador de estos órdenes en contraste con las violencias contraestatales o contrapoderes (Aguilera, 2014) detentados por los grupos guerrilleros, los cuales buscan una transformación radical del establecimiento a partir de la toma y derrocamiento del poder estatal. Como veremos, tanto los paralegalismos como los contrapoderes son expresiones político-militares de una guerra ampliada por los recursos (políticos, económicos, burocráticos y humanos), siendo por tanto, cuerpos cambiantes que pueden declinar o transformarse en el curso del conflicto, como consecuencia de los ritmos o desarrollos de los enfrentamientos y de los acomodamientos tácticos y estratégicos de los actores en el curso de la misma.

En el segundo apartado rastreamos las principales transformaciones sociales, políticas y económicas que marcan la crisis del modelo clientelar del Frente Nacional y presionan la adopción de la modalidad de control social y político conocida como "guerra sucia". De uso frecuente en las llamadas guerras no convencionales, la "guerra sucia" persigue la derrota moral del oponente a través de distintas estrategias. En el caso colombiano, el uso de fuerzas militares y paramilitares para atacar indiscriminadamente a la población civil, generar terror y restar un posible apoyo a los insurrectos fue uno de sus principales modos de funcionamiento. Analizamos los factores internos y externos que concurren en la aparición de este modelo de control social, sus particularidades operativas y sus efectos paradójicos en términos de la contención punitiva del conflicto social y político.

En el tercer acápite nos referimos a la metamorfosis social producida por la aparición de la industria de las drogas ilícitas. Esta habilitó la aparición y consolidación de un dispositivo de control político y social que fungió como un mecanismo de dominación de los Estados Unidos en el hemisferio y como una herramienta de neutralización de las luchas sociales en Colombia. Por otra parte, el tráfico de drogas empujó cambios en los modos producir y distribuir la riqueza, los criterios de acceso al poder político, el ejercicio de la violencia (a través de la conformación de aparatos coercitivos parainstitucionales) y la definición de hábitos, valores y conductas de la población de acuerdo a los parámetros de la “narcocultura”. De esta manera, contribuyó no sólo al agravamiento y eternización del conflicto armado que enfrenta a las guerrillas con el Estado colombiano y los grupos paramilitares, sino a la profundización de las violencias sociales difusas heredadas del proceso desigual e inacabado de modernización capitalista. El papel desempeñado por el narcotráfico en los procesos de privatización de la violencia y la justicia y en la trasformación de las estructuras sociales y políticas del país fue tan importante que nos arriesgamos a decir que propició una reconfiguración del orden hegemónico.

En el cuarto apartado avanzamos en la caracterización de los grupos de violencia parainstitucional surgidos en la década del ochenta. Conformados inicialmente con objetivos concretos de contrainsurgencia y protección de los intereses de la industria de la droga, estos grupos lograron articular una estructura política y territorial propia e insertarse en la lucha por el poder burocrático y la construcción de hegemonía. Los precursores de este tipo de organizaciones fueron los carteles de la droga a partir del Escuadrón “Muerte a Secuestradores” (MAS), el cual ganó paulatinamente autonomía respecto de sus fundadores para convertirse en una franquicia bajo la cual actuarían diversos grupos parapoliciales con fines de “limpieza social”, contrainsurgencia y represión de la protesta en distintas latitudes del país. Paralelamente, en Puerto Boyacá, uno de los principales puertos del Magdalena Medio, tuvo lugar la experiencia piloto del paramilitarismo en el país, bajo el financiamiento de ganaderos, terratenientes y comerciantes de la zona. La experiencia paramilitar de Puerto Boyacá fue replicada en otras latitudes del país por hombres vinculados con la economía del narcotráfico en asocio con las fuerzas militares. Los hermanos Castaño, con la conformación de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), sentarían las bases del proyecto paramilitar de alcance nacional que se consolidaría en la década siguiente.

1. Paralegalismos y contrapoderes

La historiadora María Teresa Uribe denomina “estados de guerra” a aquellas “zonas liberadas” del poder estatal cuya principal característica es «el mantenimiento del animus belli como actitud para dirimir las tensiones y los conflictos del mundo social y la violencia como estrategia para la solución de la vida común» (Uribe, 2001:252). Esta dominancia belicosa no implica que los hechos violentos sean los únicos que se sucedan al interior de estos órdenes. Antes bien, la coexistencia de periodos y regiones de paz, con espacios y lapsos de tiempo violentos, es uno de los rasgos de los “estados de guerra”. En tiempos de paz, la violencia se mantiene en estado latente, como recurso para asegurar la obediencia de las poblaciones sometidas al orden impuesto, y es ante la amenaza de pérdida de este orden, por la acción de otro grupo armado (legal o ilegal) interesado en controlar la región, que se produce un nuevo estallido de violencia.

La permanencia en el tiempo de estos dominios, afirma Uribe de Hincapié, es siempre corta e inestable, variando el color de los agentes que los controlan. Así, por ejemplo, zonas que eran de dominio guerrillero en la década del setenta como el Urabá Antioqueño y el Magdalena Medio, sucumbieron ante la arremetida paramilitar en la década del ochenta y son hoy en día sectores de influencia de las nuevas Bandas Criminales (BACRIM). Lo que se observa entonces, es una constelación de órdenes en disputa, relativamente contingentes, cuya pacificación y establecimiento en lapsos cortos de tiempo es el resultado de los enfrentamientos bélicos. El bando ganador, guerrillero, paramilitar o criminal (o conjunciones de estos) determina cuál será el conjunto de reglas que determinen la conducta de la población en un territorio.

Si bien la descripción de Uribe se condice con las dinámicas espaciales del conflicto armado colombiano, usar la misma denominación para referir el dominio ejercido por las guerrillas, los paramilitares o los grupos criminales desconoce las particularidades de cada uno, el tipo de relación que establecen con el Estado y el carácter del ordenamiento soportado por cada cual. Por eso consideramos conveniente introducir una distinción analítica más, que nos permita distinguir unas violencias/órdenes de otros: la distinción entre contrapoderes y paralegalismos.

Los contrapoderes son espacios que están por fuera del control estatal (Aguilera, 2014:15) y que se ubican al margen de lo institucional con el fin de despojar al Estado del ejercicio del poder y producir transformaciones estructurales que generen un nuevo modelo de organización social, política y económica. Se vinculan así con los movimientos revolucionarios cuya acción se dirige a derrocar política y militarmente las instituciones que defienden la legalidad estatal y al Estado en su conjunto, confrontando radicalmente el orden hegemónico. Podemos decir que, en el caso colombiano, los contrapoderes irrumpieron la en la década del cincuenta en aquellas zonas donde se implantaron los primeros grupos guerrilleros de inspiración liberal y comunista, cuya presencia alteró el orden político y social de los espacios locales y regionales, al imponer nuevas relaciones entre los campesinos y el gobierno.

En su etapa germinal, los contrapoderes presentaron una frágil articulación con el medio social en que se insertaron, que apenas les permitió garantizar su supervivencia, hasta que paulatinamente fueron logrando una articulación más profunda con las comunidades a partir de estrategias políticas como la instrumentalización de sus conflictos (agrarios, laborales, sociales, etc.) y la prestación de servicios estatales (justicia, seguridad, vías de comunicación) como mecanismo para ampliar su poder sobre la población. La precaria presencia estatal, las necesidades insatisfechas de los campesinos y la oferta guerrillera de bienes sociales en zonas abandonadas, permitieron que la guerrilla iniciara su proceso de asentamiento o que reforzara su presencia en varios lugares del país. Con el tiempo, estos contrapoderes se convirtieron en acumulados sociales para el desarrollo posterior del conflicto armado que hicieron que las retaguardias guerrilleras devinieran zonas bajo su comando y control.

En contraste, los paralegalismos discurren simultáneamente con el poder estatal sin buscar subvertirlo, pues no tienen por objeto la transformación radical de la sociedad, sino el mantenimiento del orden vigente de acuerdo a las necesidades económicas o políticas de su actividad y estatus (que puede ser legal o ilegal). Se trata de órdenes que son afines al sistema existente y que incluso pueden comprometerse con el auxilio de la organización estatal, aun cuando su origen y funcionamiento sean completamente ilegales. De ahí la alianza frecuente entre los grupos que sustentan estos órdenes, como los narcotraficantes, los terratenientes o los paramilitares y sectores de las fuerzas armadas, la Policía y el poder político, en el marco de la lucha contrainsurgente. Su convergencia viene dada por el interés común de derrotar a aquellos sectores sociales que amenazan o atacan su posición de poder.

Foucault (2008) ha mostrado cómo la delincuencia es un instrumento para administrar y explotar los ilegalismos. Lo criminal, y su expresión conflictiva (violenta), no aparecen, entonces, como algo sin sentido, vaciado de contenido. De hecho, la violencia y las formas (criminales) de acumulación, coadyuvan en la construcción de los órdenes políticos y sociales. De esta manera, pueden identificarse dos ejes de funcionamiento de la violencia y el crimen: uno “destructor” (eje desestructurante) y otro “constructor” (eje estructurante). En los tiempos de la larga duración, cuando se mantiene por períodos significativos la hostilidad abierta o latente entre los sujetos políticos, esos ejes contribuyen a vertebrar y ordenar la vida social. Pueden, incluso, dar sentido a las acciones políticas de los sujetos y la significación de sus prácticas sociales; en suma, contribuyen a configurar el orden sociopolítico realmente existente.

En el caso de Colombia, los paralegalismos constituyen la respuesta de una o varias fracciones del bloque dominante que activaron nuevas formas de acumulación (no sólo en términos económicos, también de poder y territorio), amparadas en la acción u omisión del Estado. Las formas “paralegales” se erigen como alianzas entre sectores dominantes legales e ilegales, y han permanecido en un movimiento constante entre la des y la reinstitucionalización, atribuyendo márgenes muy amplios de maleabilidad al régimen político (Palacio, 1990). Al ignorar las instituciones y la ley, los paralegalismos se han convertido en un desafío aún mayor que los ilegalismos para la sociedad colombiana. Sus manifestaciones son muy variadas y emergen en ámbitos que van desde la vida barrial, como ocurrió con el control social ejercido por las organizaciones sicariales, hasta la vida nacional, como ha ocurrido con la cooptación del poder legislativo y las administraciones locales por parte del narcoparamilitarismo.

En nuestra lectura, lo que ponen en evidencia los paralegalismos no es tanto la ausencia o corrupción del Estado y las instituciones, sino la configuración de una forma particular de estatalidad. Los paralegalismos suplementan al Estado en sus funciones de coerción, administración de justicia y tributación. Implementan prácticas, normas y poderes que operan al margen de los establecidos por la Constitución y la ley, y que han dejado de ser fórmulas excepcionales para convertirse en vías frecuentemente recurridas. A partir de la creación de órdenes paralelos, los actores armados se han mostrado capaces de generar sus propios símbolos más allá de la oposición legalidad-ilegalidad. Surge así la parainstitucionalidad: «toda una serie de mecanismos de regulación social y resolución de conflictos que no recorren las vías formales de corte constitucional o legal sino que se rigen por arreglos informales, por mecanismos ad hoc; que pueden ser legales o ilegales» (Palacio, 1990: 72). De esta forma, los paralegalismos desarrollan «caminos alternativos a una institucionalidad estatal rígida e incapaz de responder a los desafíos coyunturales del conflicto social o de la acumulación de capital» (p.72). Las violencias paralegales realizan una tarea de transcodificación, consistente en «importar y exportar códigos, reglas, pautas y mecanismos, que operan en marcos de significado diferentes y hasta en fronteras diferentes, pero que encuentran su nicho de significación en un lenguaje más amplio que ratifica que la violencia es lengua franca que todos son capaces de descifrar» (Reguillo, 2008: 222).

2. Crisis de hegemonía y evolución del modelo de control social

Durante el Frente Nacional, el sistema político del clientelismo fue altamente funcional al bloque dominante amortiguando los conflictos sociales y manteniendo la estabilidad institucional a través de la integración patrimonial de la sociedad civil dentro del Estado (Leal y Dávila, 1990). Este sistema de organización sociopolítica le otorgó relativa legitimidad a la alternancia bipartidista, satisfizo las necesidades de los sectores populares vinculados con la fórmula clientelar y sentó las bases de aceptación del régimen de privilegios de las clases más favorecidas. Sin embargo, a finales de los setenta, un conjunto de transformaciones políticas, económicas y socio-culturales propiciaron el resquebrajamiento del orden que el control patrimonial de la población había logrado conseguir.

Aun cuando conservaron el protagonismo de los procesos electorales, los partidos liberal y conservador y los sectores dominantes a ellos asociados se enfrentaron a una doble crisis de hegemonía: externa, por el agotamiento de los mecanismos tradicionales de dominación sobre los sectores subalternos, e interna, por las contradicciones que supuso la emergencia de una nueva facción social con aspiraciones hegemónicas: los narcotraficantes. Este conjunto de transformaciones propició la adopción de una nueva modalidad de violencia parainstitucional: “la guerra sucia”.

2.1. El agotamiento del modelo clientelar

La crisis del sistema de dominación tradicional venía gestándose desde comienzos del Frente Nacional con la aparición de movimientos políticos y armados que no sólo no se identificaron con los partidos tradicionales, sino que nacieron de la crítica acérrima al régimen de alternancia instalado por éstos.⁶⁷ Con partidos cada vez menos diferenciados en sus prácticas e ideología y sin la preocupación de mantener un electorado cautivo como condición para conservar sus cuotas burocráticas, el sectarismo partidista se convirtió en cosa del pasado. Los que antes mataban o morían por el azul y rojo ahora departían desapasionadamente sobre el reparto del Estado y los recursos públicos. Sin adscripción ni lealtades partidistas, la estabilidad del bloque en el poder vería erosionado su principal recurso.

Algo similar ocurrió con la Iglesia Católica, que vio debilitado su poder ideológico e influencia política con el acelerado proceso de secularización de la sociedad colombiana. A la explosión educativa que provocó un alto grado de escolarización de la población⁶⁸ se sumó una cultura de izquierdas heredada de la Revolución Cubana, que se erigió como una especie de religiosidad laica dentro de algunos sectores que suscribieron visiones voluntaristas y mesiánicas de la sociedad y la revolución. Los jóvenes de los setenta y ochenta emergieron en la vida política sin odios partidarios heredados y sin el dogmatismo religioso de las generaciones anteriores, pero también, sin las ficciones ideológicas que justificaban un sistema político excluyente y naturalizaban las jerarquías sociales. Así, los “favores” al patrón o al jefe político dejaron de afincarse en el vínculo de fidelidad para resignificarse en función del autointerés, haciendo que el clientelismo de antaño quedara reducido a su dimensión estrictamente utilitaria, y con ello se convirtiera en un lazo peligrosamente frágil (López de la Roche, 1993).

El cambio de actitud hacia la Iglesia y los partidos tradicionales se produjo en un contexto socioeconómico marcado por una vertiginosa urbanización y por la profundización del modelo capitalista en las ciudades y en el campo. Mientras en 1951 el 61% de la población era urbana y el 39% restante rural, para 1985 esta proporción se hallaba invertida (Palacios, 2012). Los procesos de éxodo campo-ciudad acelerados por la violencia de los cincuenta, continuaron en las décadas posteriores alentados por la violencia derivada del enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas armadas tanto en las zonas campesinas tradicionales como en nuevas zonas de colonización. Por su parte, el desarrollo industrial, pese a su estancamiento a mediados de los setenta, disminuyó el aislamiento en el que se mantenían los sectores populares, que emprendieron acciones colectivas que interpelaron a las redes tradicionales de poder. Estas, sin embargo, fueron mantenidas a raya gracias a la combinación de clientelismo y represión legal típica del frentenacionalismo.

Que los cimientos de las instituciones políticas se mantuvieran en pie pese a la existencia de amplios sectores disconformes exige interrogarse acerca del tipo de régimen emplazado. A medio camino entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna, el bipartidismo del Frente Nacional bloqueó la realización de las reformas económicas, sociales y políticas necesarias para responder a los cambios de la sociedad colombiana, proponiendo en su lugar, una modernización conservadora (Moore, 1973) y una democracia sin participación popular. Entre 1958 y 1978, ciertos ámbitos de la sociedad colombiana se transformaron con base en relaciones sociales “modernas” (capitalistas, burocráticas y democráticas), mientras que otros se mantuvieron dominados por clausuras sociales tradicionales (relaciones sociales basadas en la coerción, clientelismo patronal y jerarquías basadas en el estatus). El contraste se reflejó en el desarrollo desigual entre las zonas rurales y las urbanas. En las primeras surgieron la industria, el comercio y los servicios como los sectores más dinámicos y se sentaron las bases de un proceso de modernización en cuyo horizonte se hallaba la democracia liberal. En el campo, la evolución de la economía fue más limitada, concentrándose en la producción de unos pocos bienes primarios, y los procesos de modernización de las instituciones y la sociedad dependieron de la mediación clientelar de las élites locales entre la población y el gobierno central. El crecimiento económico, la urbanización y la mejora de las condiciones de vida de la población se vieron rezagados en las áreas periféricas, que no alcanzaron los umbrales de desarrollo necesarios para acompañar formas de gobierno modernas y democráticas.

La coalición de intereses partidistas planteó serios límites a la modernización del Estado, en tanto obstaculizó la consolidación de instituciones basadas en normas objetivas e impersonales, con una clara delimitación entre lo público y lo privado. Las élites centrales permitieron la industrialización, promovieron la educación y la construcción del Estado, a la vez que intentaron mantener el orden y la sociedad tradicionales mediante acuerdos corporativos y autoritarios que incluían formas de control no basadas en libre competencia. La “modernidad” colombiana siguió siendo dispar, garantizando el acceso a ciertas dimensiones de la modernización (posibilidad de vivir en las ciudades, tener cierta escolaridad, ser trabajador industrial), pero no a otras (pertenecer a las clases medias, alcanzar ciertas capacidades de consumo, plena ciudadanía democrática). Esta modernización asincrónica fue el resultado directo de las decisiones de las élites económicas y políticas y de algunos sectores de la clase media, que se resistieron a universalizar el acceso a las fuentes de estatus, bienestar y poder.

La asimetría entre las regiones se explica además por la impronta de la fórmula clientelar como vínculo primordial entre el Estado central y los poderes locales. Durante el Frente Nacional los procedimientos democráticos en las regiones estuvieron sujetos al intercambio de votos por dinero o al direccionamiento del presupuesto público transferido desde el gobierno central. La expansión del clientelismo político en las regiones hizo que las estructuras partidistas tradicionales quedaran obsoletas como mecanismo de acceso al poder político, instalándose en su lugar la mediación de políticos profesionales que lograron una autonomía relativa respecto de los poderes afincados en la propiedad de la tierra. Así, las lealtades locales hacia latifundistas, hacendados y comerciantes adscriptos al bipartidismo se desplazaron hacia líderes políticos desideologizados, que sin contar con una riqueza propia, lograron seguidores a partir de la especulación con los recursos económicos y burocráticos del Estado (Leal y Dávila, 1990).

Como señala Moore (1973), las modernizaciones conservadoras pueden generar crisis de incorporación y presiones sociales para lograr mayor igualdad, de manera que la anomia provocada por las inconsistencias de estatus puede dar pie a salidas populistas, democráticas o revolucionarias. En Colombia, sin embargo, ninguna de estas salidas prosperó. El germen revolucionario fue duramente aplastado por el establishment por medio de la “guerra sucia”, una modalidad de control social a través de la cual facciones del bloque dominante, aglutinadas bajo el discurso contrainsurgente, buscaron reconstruir las redes de dominio en crisis por la vía del terror.

2.2. Una nueva modalidad de control social

El ataque informal e irreglamentado contra las organizaciones guerrilleras y ahora contra la población civil, buscó desarticular violentamente toda forma (actual y potencial) de oposición social y política. A diferencia del modelo represivo (Giraldo, 1988) del Frente Nacional, en el que la violencia de Estado se hallaba amparada legalmente por los decretos de excepción, el esquema inaugurado desde finales de los setenta acudió mayoritariamente a la violencia parainstitucional por parte de agentes privados que interactúan en distintos niveles con la institución estatal: al margen de estas pero sin romper el consensus iuris, con su connivencia o aceptación tácita, o con su directa participación y promoción. Como señalan Uprimny y Vargas (1990: 115), «[e]s como si la represión fundamentada en una legalidad de excepción no fuese ya suficiente como mecanismo de control de la población», y fuera necesario acudir con mayor asiduidad a mecanismos ilegales.

Además de la clandestinidad, ilegalidad e irregularidad, el nuevo modelo de control social se caracterizó por la incorporación de nuevas formas operativas como las desapariciones, las torturas, los asesinatos selectivos y las masacres. En 1977, con ocasión del paro general de trabajadores se registró la primera denuncia de desaparición forzosa. A ésta le siguieron en 1979, numerosos casos de tortura dentro y fuera de las dependencias militares, tras el robo de armas del M-19 al Cantón Norte. En la misma línea, los años 1981 y 1982 marcaron un pico en el número de asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzosas de líderes sindicales, periodistas, dirigentes campesinos, abogados y defensores de derechos humanos por parte de grupos paramilitares (Comisión Andina de Juristas, 1988).

Aunque tiene un uso extendido entre la literatura sobre la violencia y la lucha contrainsurgente, el concepto de “guerra sucia” es ambiguo y de difícil definición en Colombia dada la complejidad de sus manifestaciones y su intersección con otras modalidades de violencia como la “limpieza social” y el sicariato, cada una con agentes y dinámicas específicas que dificultan su reducción a una causa global⁶⁹. Medina Gallego (1994) engloba estas manifestaciones diversas en una definición de la “guerra sucia” como «estrategia de aplicación de las disposiciones generales de los Conflictos de Baja Intensidad (CBI)» (p.59). Las campañas de “limpieza social”, los asesinatos selectivos, las detenciones, desapariciones, masacres y genocidios ocurridos en el país entre 1982 y 1993, obedecen, en su opinión, a una concepción planificada de la lucha contrainsurgente y no a una actividad anárquica e impensada.

Tal apreciación merece algunos matices. Sin querer recusar completamente la tesis de Medina Gallego, encontramos que su definición de la “guerra sucia” como variable dependiente de los Conflictos de Baja Intensidad, merece ser precisada en al menos dos sentidos. Por un lado, ajustándola a cierto rigor cronológico, ya que la formulación del concepto de Conflictos de Baja Intensidad es varios años posterior (1985) a la fecha en que se producen las primeras manifestaciones de “guerra sucia” en Colombia (1977). Por otro lado, ampliando el repertorio de agentes de la violencia que emerge en este periodo. Si bien la acción estatal es fundamental en el proceso, también es cierto que, por intereses distintos a los del Estado, los grupos de narcotraficantes y sectores de civiles en la defensa de sus privilegios, ocuparon un lugar protagónico en la lucha antisubversiva, con lo que la “guerra sucia” terminó desbordando, en los hechos, los lineamientos de la Guerra de Baja Intensidad. Veamos ambos aspectos con mayor detenimiento.

El fracaso de las tropas estadounidenses en Vietnam obligó a un replanteamiento de la estrategia política y militar del hegemón en el Tercer Mundo. Es así como el Pentágono inicia en 1985 el Proyecto sobre Conflicto de Baja Intensidad cuyos resultados se publicarían un año más tarde. El Informe del proyecto define el CBI como

una lucha político-militar limitada para alcanzar objetivos políticos, sociales, económicos o psicológicos. Es muchas veces prolongado y varía de presiones diplomáticas, económicas y psicosociales hasta el terrorismo y la contrainsurgencia. El conflicto de baja intensidad generalmente se limita a un área geográfica y muchas veces se caracteriza por constreñimientos en las armas, tácticas y nivel de violencia (Army Air Force Center, 1986, citado por Kreibohm de Schiavone, 2006: 6).

Así mismo, fija los conceptos, la estrategia, las pautas y la aplicación de la doctrina de combate para el Conflicto de Baja Intensidad que serán transmitidos al Comando Conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea norteamericana para la Guerra de Baja Intensidad. La Doctrina de los Conflictos de Baja Intensidad mantiene cierta línea de continuidad con los programas de contrainsurgencia norteamericanos de la década del sesenta (coordinación de ayuda económica, operaciones psicológicas y medidas de seguridad), desarrollados para Vietnam del sur y Latinoamérica después de la revolución cubana. Sin embargo, presenta diferencias sustanciales en lo que hace a la incorporación varios tipos de misiones:

1) De contrainsurgencia, orientado a contrarrestar y derrotar movimientos de rebelión popular; 2) De reversión, derrocar Gobiernos revolucionarios o los que no se ajustan plenamente a los intereses estadounidenses; 3) De prevención, ayudar a Gobiernos aliados de Estados Unidos a evitar su desestabilización ante desordenes sociales; 4) De contracción al terrorismo, operaciones de prevención y ataque a grupos terroristas o a Gobiernos que les presten apoyo; 5) De operativos Antidrogas, ataque a centros de cultivo, procesamiento y distribución de drogas ilegales o de organizaciones dedicadas al narcotráfico; 6) De operaciones de mantenimiento de la paz, intervenir como parte de misiones pacificadoras o de preservación de la paz en zonas de conflicto (Kreibohm de Schiavone, 2006: 6).

Sin embargo, la gama de actividades del CBI es muy amplia y no implica, necesariamente, el despliegue de tropas y el empleo sistemático de la fuerza armada, como ocurría bajo la DSN, lo cual complica y extiende los modos de intervención. Los factores económicos, psicológicos y políticos constituyen partes vitales de la trama estratégica e implican la coordinación de tropas, la implementación de las denominadas operaciones especiales (actividades clandestinas paramilitares) y el protagonismo de los sistemas de inteligencia, las estructuras diplomáticas y los despliegues logísticos. En definitiva, un complejo conjunto de actividades no convencionales que, centradas en el uso de la fuerza, coordinan las tareas de grupos y organismos de diversa índole, aplicados a la lucha ideológica.

Volviendo a nuestro diálogo con Medina Gallego, creemos más prudente vincular las tácticas de “guerra sucia” de comienzos de los ochenta con los resquicios de la doctrina contrainsurgente de la Seguridad Nacional que seguían vigentes en el estamento castrense colombiano.⁷⁰ Esto equivale a decir que las técnicas de “guerra sucia” en Colombia precedieron a la formulación y transmisión de la teoría de los CBI por parte de las autoridades norteamericanas. Lo anterior no obsta que, a partir de 1987 y en consonancia con su calidad de laboratorio de la política militar norteamericana, Colombia haya servido de escenario a la aplicación de las técnicas de los CBI.

Más allá de la influencia extranjera en las prácticas de guerra local, encontramos que la particularidad de la “guerra sucia” colombiana radica en su imbricación con otras formas de violencia privada como la ejercida por los narcotraficantes. Como detallaremos en el tercer apartado de este capítulo, el origen de agrupaciones como “Muerte a Secuestradores” (MAS), no se produce en el marco de una estrategia contrainsurgente digitada desde los EEUU, antes bien, obedece a una coyuntura específica de estos actores ilegales (la retaliación a las FARC por el secuestro de la hermana de un narcotraficante) que posteriormente, será usada como fachada por agentes estatales para adelantar operaciones de “guerra sucia” en condiciones de impunidad.

De esta manera, la ola de hechos de violencia política y social acaecidos entre 1981 y 1993, sólo puede ser comprendida a la luz de la articulación de múltiples agentes civiles legales e ilegales a la estrategia represiva. Este factor es fundamental para avanzar en la visibilización de la responsabilidad civil en el dispositivo de violencia parainstitucional, y los intereses múltiples que convergen en la imposición de un nuevo proyecto económico, político y social para la nación. El imbricamiento de lógicas heterogéneas y hasta contradictorias en el modelo de control social se evidencia en la convivencia paradójica de lógicas dialoguistas y represivas hacia las guerrillas, así como en los enfrentamientos al interior de los organismos represivos del Estado, por no hablar de las tensiones entre los actores ilegales. La multiplicidad de actores y lógicas que participan del modelo represivo, exige implosionar a los fines del análisis, los límites tradicionales de la arquitectura política moderna, orientada por los pares dicotómicos legal-ilegal; público-privado; militar-civil o dictadura-autoritarismo. Evitaremos entonces comprender al Estado como un ente monolítico, dotado de total coherencia e independiente de la voluntad de las personas. En lugar de esta reificación, convenimos en la necesidad de atender a las correlaciones de fuerzas y los conflictos entre sus distintos órganos, así como las respuestas disímiles que movilizó el bloque hegemónico ante la crisis generalizada del sistema de dominación.

2.3. La paz con la insurgencia armada como amenaza para el establecimiento

En un contexto de crisis del sistema político y persistencia de los conflictos sociales, el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) propuso el tránsito hacia una salida negociada. Dos procesos parecen explicar este giro. Por un lado, el desgaste de la imagen pública de las Fuerzas Armadas y del propio Estado colombiano ante el incremento de las denuncias nacionales e internacionales por violación de los Derechos Humanos y presuntos vínculos con el narcotráfico⁷¹, que impulsó la demanda social por un manejo negociado de la conflictividad interna al margen de la institución castrense. Por otra parte, el fracaso de la vía militar como método de reducción de la insurgencia, ante las señales inminentes de reactivación y expansión de los grupos guerrilleros a lo largo del país

Para 1982 operaban casi una decena de grupos guerrilleros en el territorio nacional, siendo el M-19, las FARC, el ELN y el EPL los más importantes por su tamaño y despliegue político-militar. El M-19, aplicando la teoría del foco guerrillero en un contexto urbano, buscó consolidar un “contrapoder sin territorio” a través de golpes espectaculares (robo de armas al Ejército, toma de la Embajada de República Dominicana, etc.,) que desgastaran mediáticamente al Gobierno; y de la aplicación de un modelo de “justicia popular o revolucionaria” que terminó instrumentalizando al terror como medio de lucha (Aguilera; 2014).

Las FARC-EP, experimentaron un crecimiento exponencial entre 1978 y 1982 pasando de 4 a 27 frentes, no obstante sus crisis internas. En la VI y VII Conferencia, el grupo guerrillero revisó su estrategia político-militar para adaptarla a las nuevas condiciones del país y de la guerra y decidió dotar al movimiento de un carácter nacional y urbano a partir de una plataforma política más actual e incluyente.⁷² Las transformaciones en el plano militar, que conllevaron al despliegue estratégico en la cordillera oriental y el cerco de Bogotá, debieron acompañarse por medidas análogas en el orden financiero, que implicaron la asignación de cuotas de recaudación a cada frente guerrillero, y la extracción del tributo revolucionario a nuevos sectores sociales: los monopolios empresariales, los latifundistas y los rentistas de la coca. Este sería el detonante de las disputas con los grupos de narcotraficantes y paramilitares que se intensificarían a lo largo de los años ochenta y noventa.

El ELN sufrió una reestructuración orgánica y política bajo la orientación humanista del sacerdote español Manuel Pérez Martínez, que le permitió salir de la crisis en la que se hallaba inmerso tras la Operación Anorí (1973) y proyectar un plan de expansión territorial. El EPL, por su parte, logró reactivarse en áreas de desarrollo agroindustrial como El Urabá, región bananera y donde proliferaban las multinacionales. Además, empezó a incursionar en regiones de concentración del campesinado y en zonas aledañas a grandes propiedades terratenientes en los departamentos de Antioquia y Córdoba; en la región cafetera y en las zonas de explotación petrolera en Norte de Santander.

Las transformaciones internas de los grupos guerrilleros denotaron su toma de conciencia respecto de los cambios acaecidos en el sistema político y en el modelo de acumulación, así como las lecciones adquiridas en una década de fuerte ofensiva gubernamental. Tras este proceso de reorganización, la propuesta de paz del nuevo gobierno apareció como una oportunidad histórica que fue aprovechada de un modo específico por cada organización armada. En 1982, Betancur levantó el estado de sitio, creó una comisión de paz e impulsó en el Congreso de la República una ley de amnistía para los grupos guerrilleros. La propuesta del gobierno involucraba además de la negociación directa con los insurgentes, la búsqueda de soluciones concretas en el terreno político, económico y social a partir de un conjunto de reformas sociales. Mientras las primeras se concretaron en su proyecto de apertura democrática y en la amnistía para los alzados en armas; las segundas se condensaron en el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) que buscó aumentar la inversión social del Estado en zonas rurales y en programas sociales dirigidos atacar las “causas objetivas de la violencia” (PNR, 1982).

El tratamiento político del conflicto de Betancur contrastaba abiertamente con el enfoque del mandatario saliente, Julio César Turbay, y de buena parte del estamento militar, con el que se inició una relación tensa y compleja. De contar con el total respaldo del ejecutivo y con un amplio margen de autonomía represiva durante el gobierno de Turbay, la institución castrense pasó a ser considerada marginalmente dentro del proyecto pacificador del nuevo presidente, quien ordenó la reducción de las acciones ofensivas hacia la guerrilla y limitó la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas a las Acciones Cívico-militares en los Comandos Militares de Desarrollo (Blair, 1993:143). Al mismo tiempo, las decisiones tomadas contra la insurgencia en los consejos de guerra fueron desautorizadas con el decreto de amnistía. La reacción de las Fuerzas Armadas fue de crítica y desacato a la directiva presidencial. La línea dura del Ejército se expresó más allá del escepticismo frente al proceso, para plantear su abierta oposición:

el triunfalismo de los sediciosos que regresan a la plenitud de sus derechos, aplauidos por un vasto sector de la opinión pública; la frustración de los militares que verán incomprendidos sus sacrificios y resultarán vilipendiados por sus enemigos; la frustración también del gobierno que no obstante las concesiones generosas que otorgue, no conseguirá que los grupos se entreguen en forma significativa, el recrudecimiento de la violencia corridos unos meses cuando los subversivos regresen a asu accionar con renovados brios so pretexto de que fueron engañados y traicionados por el inclumiento de sus demandas, que no se detendrán hasta conseguir el poder (Estado Mayor Conjunto, citado por Behar, 1985).

La oficialidad de la época había sido formada en los valores de la Doctrina de Seguridad Nacional y adelantado buena parte de su carrera en zonas de orden público. Por eso, un viraje como el propuesto por Betancur, no sólo amenazaba su estatus sino que contravenía su sistema general de creencias. Las Fuerzas Armadas no sólo continuaron el enfrentamiento militar contra las guerrillas sino que convirtieron a la sociedad civil en el principal objetivo de sus acciones. La “guerra sucia” golpeó principalmente al campesinado, a los dirigentes populares y sindicales, a los activistas políticos, a maestros e intelectuales, e incluso a funcionarios oficiales⁷³. Los nuevos objetivos militares habían sido identificados como parte una estrategia represiva encaminada a reducir por igual a la guerrilla y su “brazo desarmado”: la extrema izquierda dispuesta a explotar «la normal disposición de la juventud hacia la rebeldía […] para llevar parte considerable de sus componentes en apoyo de los propósitos revolucionarios, frente a la quiebra de ciertos prinicipios y el aumento con ello de la inmoralidad en todos los campos» (Landazábal, 1982: 54).

El General Fernando Landázabal, Ministro de la defensa entre 1982 y 1984, fue uno de los mayores críticos del tratamiento dado a las guerrillas. Desde su cartera no dudo en atribuirle la responsabilidad por la violencia del país al Partido Comunista, al que acusaba de ser el principal patrocinador de la “subversión”:

La libertad excepcional, la amplitud democrática y la no observancia del respeto a las leyes de que goza a su favor el partido comunista, es aprovechada por las facciones de extrema, capitalizando el medio ambiente para el desarrollo de sus planes en las universidades, organizaciones sindicales y demás estamentos de la sociedad, para adelantar programas proselitistas contra la estabilidad institucional” (p. 61)

Según el militar, el brazo político de la subversión organizado en redes urbanas, tendría capacidades para:

a) Adelantar actividades terroristas de diverso orden, b) Infiltración de las Fuerzas Armadas y en los organismos del Estado, c) Vincular a los sectores estudiantiles y sindicales a los propósitos de la subversión, d) Reclutar miembros para las formaciones armadas, e) Acrecentar el número de sus componentes y celulas y, f) Ampliar su campo de acción a todos los aspectos que puedan ser requeridos por el movimiento revolucionario (p. 57).

La percepción de los militares era que el proceso de paz, no hacía más que generar las condiciones requeridas para el desarrollo del brazo armado de la subversión,

no sólo por los vicios del estado social sino en atención a la proliferación de publicaciones que, en forma calumniosa, combaten el actual sistema de gobierno y a la mentalidad de cambio que se ha llevado a las gentes, sin que éstas tengan un claro sentido de la correcta dirección a que debe virar el estamento gubernativo (Landazábal, 1982:61).

La mención de Landázabal a las publicaciones calumniosas llama la atención, por cuanto éste fue uno de los argumentos aducidos por los militares ante las denuncias de violaciones de los derechos humanos realizadas tanto desde órganos periodísticos como El Bogotano y Semana que decidieron denunciar la grave situación de violencia institucional y parainstitucional, como de los Informes de organismos como Amnistía Internacional que describían con cifras concretas el accionar ilegal y clandestino de las Fuerzas Armadas (Aministía Internacional, 1987). Radical en sus posiciones, Landazábal se retiró del gobierno Betancur cuando supo que éste había sostenido una reunión con miembros del M-19 en Madrid sin consultarlo con las Fuerzas Militares.

Luego de su retiro se firmó el primer acuerdo de paz con las FARC en marzo de 1984, y cinco meses más tarde se pactó un cese al fuego con el M-19 y con el EPL. En los Acuerdos de la Uribe (Meta), las FARC-EP y el gobierno convinieron un cese bilateral al fuego, el abandono de prácticas como el secuestro, la extorsión y el terrorismo por parte de la guerrilla, y el compromiso estatal con políticas estructurales como la modernización y democratización de las instituciones, la reforma agraria y el establecimiento de garantías para la acción política de los guerrilleros desmovilizados. Como fruto de este último punto nació en 1985 la Unión Patriótica (UP), partido conformado por ex guerrilleros, miembros del Partido Comunista y activistas del mundo estudiantil, popular y obrero-sindical.

La apertura del sistema político a la izquierda democrática, que en los años siguientes tendría una desempeño electoral destacado, coincidió con la circulación de algunas consignas dentro del sector castrense referidas a los peligros de una “infiltración” de la subversión en la población por medio de la izquierda extrema. Esta amenaza ya estaba al acecho, según los militares, por la actitud de inacción de las agencias estatales en los aspectos relativos a la consolidación y rehabilitación de las zonas afectadas, pero se afianzaba por los “privilegios” abiertos a los sectores revolucionarios con la política de paz. Tras la toma del Palacio de Justicia, por guerrilleros del M19 en noviembre de 1985⁷⁴, las operaciones de “guerra sucia” perpetradas por miembros de la fuerza pública, grupos paramilitares y narcotraficantes se hicieron sistemáticas:

Se institucionalizaron las desapariciones forzadas y las ejecuciones sumarias en Colombia. Se recrudeció el aniquilamiento de la oposición política y social en forma masiva y sistemática, produciéndose un doble proceso en el que mientras disminuía la represión de los grupos alzados en armas por vía judicial y con ello el número de presos políticos, por el otro lado comenzó el fenómeno de las desapariciones forzadas y asesinatos por razones políticas. Desde entonces se implementaron prácticas de detención de rasgos clandestinos (ASFADDES, 2004 citado por Calvo, 2008:144)

Durante veintinueve años, los familiares de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia estuvieron en busca de verdad, justicia y reparación por la desaparición, tortura y/ o ejecución de sus seres queridos. Desde que ocurrieron los hechos se evidenció toda una serie de conductas de diversas instituciones estatales tendientes a ocultar lo ocurrido o impedir y dilatar su esclarecimiento por parte de las autoridades judiciales y de la Fiscalía colombiana (El Tiempo, 10 de diciembre de 2014). La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó el hecho como “Holocausto y Masacre” y en noviembre de 2014 condenó al Estado colombiano por los crímenes cometidos contra 17 personas que se encontraban en el Palacio. Los delitos imputados fueron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, privaciones de libertad arbitrarias, torturas, y violaciones a derechos a la integridad personal, así como garantías judiciales y protección judicial (CIDH, sentencia del 14 de noviembre de 2014).

El fracaso del proceso de paz entre las guerrillas y el gobierno Betancur no se debió exclusivamente a la presión bélica y política de las Fuerzas Militares. Buena parte del descalabro debe adjudicarse a la propia improvisación del gobierno en la implementación del proyecto, a su incapacidad para viabilizarlo (como ocurrió con el desfinanciamiento del PNR), y a imposibilidad para vincular a los sectores económicos potentados en la estrategia de paz. Detrás de la idea de que la negociación era una concesión del gobierno central a las guerrillas, se hallaba el temor de las élites regionales a perder el equilibrio de poder local con la entrada de la insurgencia en el juego democrático. También allí subyacían los intereses de ganaderos, terratenientes, y empresarios acostumbrados a resolver los problemas entre trabajadores y patronos con ayuda de ejércitos privados, amparados en su presunta vinculación con la guerrilla. En este sentido, es importante remarcar que la formación de grupos paramilitares ya se hallaba en curso al momento de inicio de los diálogos de paz, no siendo una respuesta o efecto desesperado de sectores cívico-militares. El afianzamiento de las guerrillas era visualizado desde finales de los setenta como una situación desventajosa por su potencial desarticulador de las dinámicas de poder local. Para no redundar en la parábola del huevo y la gallina, obliga decir que el miedo por “el mal” de la izquierda, estuvo precedido por el “remedio” paramilitar.

Al desacuerdo con la política pacificadora se unieron los propietarios agrarios vinculados con el narcotráfico, precursores de la organización de grupos de violencia parainstitucional que con el tiempo se irían dinamizando y consolidando en diferentes regiones del país. Antes de avanzar en las dinámicas de conformación y operación de estos grupos conviene observar cómo se inserta la industria de las drogas ilícitas en la sociedad colombiana.

3. La “narcotización” del conflicto

En línea con la directriz norteamericana, las políticas de seguridad en Colombia parten de la idea de que el narcotráfico es la principal amenaza para la paz, al ser la fuerza motriz del conflicto armado. Esta fusión de lucha contrainsurgente y lucha antinarcóticos implica serios problemas no solo para el entendimiento de la situación colombiana, en tanto simplifica de manera sustancial las dimensiones del conflicto, sino para su encauzamiento hacia una paz sostenible y sustentable. Previendo los peligros que entraña esta “narcotización” del conflicto, encontramos fundamental advertir algunas de las trampas del uso de la palabra “narcotráfico”.

En principio, hay que decir que se trata de un concepto difuso y ambiguo que fue empleado por primera vez a finales de los setenta, en el contexto de “transnacionalización del discurso sobre las drogas ilegales” (Del Olmo, 1989) para englobar el comercio de diferentes tipos de estupefacientes. En su uso más extendido, el término narcotráfico es usado para referir a sectores sociales dispares y diversos agrupados en la misma categoría con fines punitivos:

la población tradicional indígena que cultiva milenariamente la coca; incluye a los colonos y campesinos que la siembran como producto agrícola muchos más que otros; involucra a pequeños transportadores, “mulas que tratan de escapar a la penuria urbana; incluye a medianos y grandes comerciantes y empresarios que hacen labores de procesamiento y transporte a gran escala; involucra a lavadores de dólares y financistas internacionales (Palacio y Rojas, 1990:76)

Un tercer uso puede rastrearse en ciertos discursos moralizantes de la política, que ven en el narcotráfico un “mal” social que precisa ser erradicado de aquellas sociedades en las que se presenta. Tal es el caso de las agencias de seguridad estadounidenses para las que el narcotráfico entra a ocupar el lugar rol de un “demonio” al cual es preciso eliminar sin miramientos.

La ambigüedad del término exige marcar la distinción entre el negocio asociado al tráfico de drogas ilegales y el narcotráfico propiamente dicho. El primero como una expresión de la acumulación capitalista internacional en su faz ilegal; y el segundo como «una especie dispositivo político utilizado por los gobiernos, y particularmente el de los Estados Unidos, para realizar operaciones de represión, disciplinamiento y control social» (Palacio y Rojas, 1990:81). Empecemos por analizar este último.

3.1. El narcotráfico como dispositivo de control hemisférico

En 1970 la marihuana fue clasificada por la administración Nixon dentro de las drogas más restringidas (Schedule I) para el consumo humano. En aquel entonces no se conocían sus efectos en un estudio científico. Dos años más tarde, la Comisión Nacional sobre la Marihuana y el Abuso de Drogas, dirigida por Raymond Schaffer, concluyó que la marihuana era menos peligrosa que el alcohol y que no existía una conexión entre el consumo de cannabis y otras formas de criminalidad, recomendando que la posesión y distribución para uso personal fueran descriminalizadas.⁷⁵ Desoyendo el Informe, Nixon declaró la “guerra contra las drogas” y señaló que su uso abusivo era “el enemigo número uno de los Estados Unidos”. La declaración estuvo seguida por un extenso plan para combatir el tráfico a nivel nacional e internacional, que castigaba severamente a los involucrados en la producción, distribución y consumo de drogas, como medio para reducir la oferta y la demanda. En 1973 se crea la Drug Enforcement Administration (DEA), con un presupuesto de 116 millones de dólares. Pese a compartir jurisdicción con el FBI en el ámbito interno, la DEA fue desde entonces la única agencia responsable de coordinar las investigaciones antidrogas en el exterior. Con el argumento de erradicar el problema de raíz, Estados Unidos aumentó su intervención en los países productores de marihuana y heroína, mientras que la cocaína continuaba sin ser penalizada y su consumo en los Estados Unidos crecía a una escala geométrica (Gootenberg, 2008).

Entre 1973 y 1977 se produjo un giro en la política antidrogas. Once estados de la Unión Americana despenalizaron la tenencia de marihuana y en octubre de 1977 el Comité Judicial del Senado votó a favor de descriminalizar la posesión de hasta una onza de marihuana para uso personal. Esta tendencia cambió a finales de los setenta con el aumento inusitado de la tasa de consumo y ante el cambio cultural que implicó una menor permisividad frente la rebeldía juvenil⁷⁶ (Hobsbawm, 2012:335).

Ronald Reagan relanzó la guerra contra las drogas dando inicio a un periodo de persecución de la cocaína en el que se incrementó sideralmente la tasa de encarcelamiento por delitos no violentos de posesión de drogas.⁷⁷ Es en esta coyuntura que el término narcotráfico (Drug trafficking) emerge como parte de la retórica norteamericana encaminada a producir un rechazo generalizado hacia los sectores sociales adictos al “crack” (poblaciones afroamericanas y latinas), como base justificatoria de las políticas de tolerancia cero. El Jefe de Policía de Los Angeles, Daryl Gates, quien creía que “los usuarios de drogas informal debían ser sacados y fusilados”, fundó el programa “DARE⁷⁸” para la educación sobre drogas, que fue rápidamente adoptado en todo el país a pesar de la falta de pruebas de su eficacia. A finales de los ochenta, la generalización de una opinión negativa sobre las drogas en los Estados Unidos condujo a la aprobación de una fuerte legislación prohibitiva en el Congreso y al endurecimiento de las penas en las legislaturas estatales (Drug Policy Alliance, 2014).

La novedad de la guerra Reagan contra las drogas radica en su imbricación con el anticomunismo. En el Documento Santa Fe II (1986), producido por la CIA, el narcotráfico fue incluido como una de las tres amenazas para las Américas junto a la subversión comunista y el terrorismo:

La red comunista subversiva y terrorista se extiende desde Chiapas en la parte sur de México hasta Chile, haciendo toda la costa del Pacífico, al sur del Río Grande, un escenario de conflicto abierto […] Esta amenaza terrorista subversiva no disminuyó, sino creación en la pasada década. Nicaragua y Cuba, Estados satélites de la Unión Soviética en el Hemisferio, se han involucrado en el narcotráfico y establecido relaciones posiblemente dominantes y de cooperación con la mafia que se dedica a las drogas en Colombia. Los vastos recursos que produce el narcotráfico han aumentado la capacidad de la amenaza subversiva, más allá de lo que se concibió inicialmente. La posibilidad de tener que involucrar las fuerzas militares norteamericanas para combatir está públicamente expuesta ante comités del Congreso (CIA - Comité de Santa fe, 1986).

Al año siguiente, el gobierno norteamericano propuso la articulación de la lucha contra el comunismo y la lucha contra el narcotráfico en la XVII Conferencia de Ejércitos Americanos celebrada en Argentina, incluyendo el título “Narcotráfico, Terrorismo y Terror” dentro del temario del evento. A excepción de los pinochetistas chilenos, los militares latinoamericanos «coincidieron en que no era conveniente la participación de los ejércitos en el combate contra la producción y tráfico de drogas» (Santana, 2004:209). Aun así, la instalación del término “narcoguerrilla” ya había calado. A futuro, las políticas de seguridad en los países de América latina harían eco de la perspectiva estadounidense borrando las diferencias entre los traficantes de drogas y la insurgencia comunista con un efecto paradójico: la infiltración del capital narcotráfico en la estrategia contrainsurgente.

El Plan Bush de guerra contra el narcotráfico (1988-1992) profundizó la estrategia expandiendo la campaña militar más allá de la interdicción en las fronteras. En septiembre de 1989, se lanzó la Iniciativa Andina para combatir a los productores de coca en Perú, Bolivia y Colombia. En este nuevo marco, la administración Bush logró reorientar las estructuras de varias agencias federales para que participaran en la guerra contra las drogas, al punto que la CIA llegó a invertir el 25% de sus fuerzas en el combate del narcotráfico en la región (Dello Buono, 2002: 201). La Región Andina es desde entonces la mayor receptora de ayuda antinarcóticos del hemisferio, desbancando a Centroamérica. A cambio, los gobiernos de la región Andina se comprometieron incondicionalmente a apoyar la guerra contra las drogas, so pena de ser descertificados⁷⁹.

Clinton abogó por el tratamiento de los adictos en lugar de su encarcelamiento durante su campaña presidencial de 1992. Por eso, al asumir presidencia no contaba con una política antidrogas. La recesión económica había desplazado el interés de la sociedad en torno al tema, y el fracaso de las administraciones anteriores en la disminución de la oferta y la demanda, quitaron prioridad al asunto dentro la agenda. Sin embargo, en 1999 concibió junto al presidente colombiano Andrés Pastrana el “Plan Colombia” con el objetivo de prevenir el flujo de drogas ilegales hacia los Estados Unidos, y “ayudar” a Colombia a promover la paz y el desarrollo económico como modo de contribuir a la seguridad en la región andina. En julio del 2000 «Clinton aprueba un presupuesto de US$1.319 millones para la lucha del narcotráfico en Suramérica, Centroamérica y el Caribe. De esta suma le correspondió a Colombia US$860 millones, convirtiéndose en el tercer país receptor de ayuda por parte de Estados Unidos, después de Israel y Egipto» (Ramírez, 2004)

El “Plan Colombia” significó la internacionalización del conflicto armado colombiano. Pastrana pensó que dado que la coca era un problema social cuya solución debía incluir resolución del conflicto armado; los países desarrollados deberían ayudar a implementar una especie de Plan Marshall para Colombia, que permitiera desarrollar grandes inversiones en el campo social, a fin de ofrecer a los campesinos alternativas diferentes a los cultivos ilícitos. Sin embargo, aún con un demócrata en el poder, el objetivo norteamericano divergía sustancialmente. Con la llegada del gobierno republicano el “Plan para la paz y el Fortalecimiento del Estado” quedó reducido al tema del narcotráfico. Si bien el texto aprobado en el marco de la administración de Bush (hijo) ofrecía cuatro componentes: Solución Política Negociada al conflicto; Recuperación económica y social; Iniciativa contra el Narcotráfico y Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social; el aporte norteamericano se concentró en el último con una participación mínima en el componente de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social. De esta manera, el Plan Colombia tuvo que cambiar su orientación hacia la erradicación de cultivos ilícitos, y la asociación droga-guerrilla pergeñada por el gobierno norteamericano, terminó privilegiando una salida militar al conflicto colombiano y no una negociada como preveía el plan original. El precio de la asistencia norteamericana fue una notable pérdida de soberanía del Estado colombiano en la definición de su política interna y externa. No sólo «se vio obligado a reformar su sistema judicial, a aceptar ser un campo de experimentación biológica para los nuevos agentes de fumigación», sino que también debió ajustar su política exterior a un libreto anti-integracionista «para ganar sus nuevos helicópteros, modernos sistemas de radar y una elevada asesoría técnica para la guerra» (Dello Buono, 2002)

Otro impacto en la ya lesionada soberanía nacional fue el componente crediticio del “Plan Colombia”. María Clemencia Ramírez, investigadora del proyecto de Wola-Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, denominado “Exportaciones peligrosas: el Impacto de la Política Internacional Antidrogas de los Estados Unidos sobre la Democracia y los Derechos Humanos en América Latina”, elaboró el siguiente balance de ejecución presupuestal, a sólo tres años de iniciado el Plan:

En agosto de 2001 la Contraloría reporta que: el 15% del Plan Colombia se financia con recursos internos; del total del Plan Colombia, el 58% corresponde a endeudamiento de la Nación y la ayuda de los Estados Unidos representa el 41.9%, de la cual en un 75% se destina directamente contra el narcotráfico. Esta ayuda de Estados Unidos se ejecuta directamente por agencias norteamericanas. Hasta agosto 31 de 2001, el recurso total para la ejecución del Plan Colombia era de US $2.051 millones y para junio 30 de 2002 se pasa a US$2.457 millones. La diferencia de US$360 millones se debe al crédito del BID por US$63 millones, para la construcción de infraestructura social y gestión comunitaria; el aumento de la deuda interna de bonos de paz, en US$135 millones; y la cooperación internacional de otros países, especialmente los europeos, por US$106 millones. En Agosto de 2001, la Contraloría señala que sólo se había alcanzado un 27% de lo previsto para cubrir la totalidad del Plan, lo cual sugería que alcanzar la meta de US$7.500 iba a ser difícil de lograr, además de enfatizar el endeudamiento interno y externo que se estaba generando de un 58%, lo cual empeoraba la crítica situación de la deuda pública nacional, situación que continúa tal como se confirma para julio de 2002, cuando el porcentaje de la deuda nacional ha aumentado a 61% y cuando la cobertura del Plan Colombia había llegado al 33% del total proyectado en sus inicios (Ramírez, 2004).

En un sentido similar se dirigió la Iniciativa Regional Andina (IRA) lanzada el 16 de mayo de 2001 por del gobierno de Bush como complemento al Plan Colombia. La estrategia de cooperación regional contra el tráfico de drogas, partía de un diagnóstico increíblemente similar al hecho en tiempos de Bush padre:

La región andina representa un desafío para la política exterior de Estados Unidos. La democracia está bajo presión allí, el desarrollo económico es lento y el progreso hacia la liberalización es inconstante. La región andina produce virtualmente toda la cocaína del mundo y una creciente cantidad de heroína, lo que representa una amenaza directa a nuestra salud pública y seguridad nacional. Esos temas se relacionan entre sí y necesitan que se los atienda de manera amplia para adelantar los intereses de Estados Unidos en la región y promover un hemisferio estable y próspero (Casa Blanca, 21 de abril de 2001)

De lo visto hasta aquí colegimos que la lucha contra el narcotráfico es desde sus orígenes un dispositivo de dominación y control hemisférico desplegado por los Estados Unidos para dirimir sus relaciones con América latina. La guerra antinarcóticos y la lucha contrainsurgente se intersecan en un escenario de reconfiguración de la economía mundial en el que los Estados Unidos requieren desarrollar alianzas estratégicas con los estados latinoamericanos. Este juego de alianzas buscó ampliar y fortalecer el dominio norteamericano en la región, habilitando la intervención militar en ausencia del discurso legitimador de la Guerra Fría. Los tratados de libre comercio fueron la otra modalidad de intervención en la región con miras a garantizar la hegemonía norteamericana en momentos en los que su modelo económico mostraba un claro agotamiento. Tanto la iniciativa militar como la económica, buscaron marginar a los países inmersos en la lucha contra las drogas de las iniciativas de integración política regional que cuestionaban la política norteamericana.

3.2. El tráfico de drogas y la faz criminal del capitalismo

Surgida a finales de los sesenta, la mafia colombiana de las drogas logró insertarse de forma relativamente exitosa en las esferas sociopolítica y económica. En el primer caso, gracias a la formación de redes de apoyo social, militar y político que le permitieron funcionalizar las estructuras jurídico-políticas de acuerdo a sus necesidades; y en el segundo, gracias a una especial adaptación de las políticas de crecimiento orientado a la exportación, que hicieron del narcotráfico una empresa perfilada a la demanda y la internacionalización, con una división del trabajo muy estricta entre diferentes localizaciones, capaz de ajustarse a las dinámicas de la economía global. Pero, más allá de sus definiciones jurídicas, el tráfico de drogas es una expresión del capitalismo contemporáneo en su configuración criminal. De ahí la importancia de avanzar en una caracterización de los circuitos de la acumulación de capital que posibilitan y auspician su expansión.

En el capítulo XXVI de El Capital, Marx impugna la versión bucólica del origen de la riqueza divulgada por el liberalismo para revelar los movimientos de una violencia específicamente capitalista en la que no solo se despliegan mecanismos más extendidos y sofisticados de dominación, sino que se producen efectos más devastadores e inhumanizantes que en el sistema feudal. Los métodos de la acumulación originaria son la urdimbre de una violencia que ya no es sólo física e inmediata, sino que deviene simbólica, sistémica y disfrazada de derecho. Todo el proceso de disolución de la estructura económica de la sociedad feudal requirió del uso de la fuerza (actual y potencial) a fin de convertir el dinero, la mercancía, los medios de producción y los artículos de consumo en capital. Y para ello, debieron coincidir dos circunstancias concretas:

enfrentarse y entrar en contacto dos clases muy diversas de poseedores de mercancías; de una parte, los propietarios de dinero, medios de producción y artículos de consumo deseosos de explotar la suma de valor de su propiedad mediante la compra de fuerza ajena de trabajo; de otra parte, los obreros libres, vendedores de su propia fuerza de trabajo y, por tanto, de su trabajo. (Marx; 1974: 102).

Al referirse a «otros tantos métodos idílicos de la acumulación originaria», Marx enuncia actividades claramente ilegales

como la depredación de los bienes de la Iglesia, la enajenación fraudulenta de las tierras del dominio público, el saqueo de los terrenos comunales, la metamorfosis, llevada a cabo por la usurpación y el terrorismo más inhumanos, de la propiedad feudal y del patrimonio del clan en la moderna propiedad privada (...). Con estos métodos, se abrió paso a la agricultura capitalista, se incorporó el capital a la tierra y se crearon los contingentes de proletarios libres y privados de medios de vida que necesitaba la industria de las ciudades (1974: 109).

Tras ciento cincuenta años de lucha infructuosa de la legislación inglesa contra la corrupción y el pillaje, la brecha entre legalidad e ilegalidad se cerró en una clara cooptación del derecho por los intereses del capital. A las tácticas del saqueo y la usurpación ilícitas le siguieron formas de apropiación legales destinadas a borrar los últimos vestigios de propiedad comunal de los agricultores. El análisis de Marx devela, no sólo que la violencia y la ilegalidad son formas consustanciales a toda acumulación en el Estado capitalista, que integra la ley y el terror, sino que su propio funcionamiento articula constantemente márgenes de legalidad e ilegalidad.

Retomando la hipótesis de Rosa Luxemburgo referida al carácter dual del capitalismo, David Harvey alerta sobre aquella “dialéctica interna del capitalismo” que le obliga a buscar soluciones “por fuera de sí” para estabilizarse y no perecer (2003:113). Este lado “otro” de la acumulación de capital remite al necesario contacto con formas de producción no capitalistas a través de métodos como la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados y la guerra, entre otros; pero también a la negación de las reglas de juego diseñadas por el Estado liberal. Así, mientras por un lado se persigue la producción de plusvalor en el marco de la libre competencia, por el otro se apela a la opresión, el fraude y el pillaje sobre poblaciones externas a dicho ordenamiento. Lejos de entrañar la contradicción o esquizofrenia del sistema, las expresiones violentas e ilegales, anuncia Harvey «constituyen el revés y la modalidad misma de funcionamiento del orden capitalista» (p. 114). El problema no se agota entonces en la definición de su carácter lícito o ilícito ya que, a la larga, las nuevas formas de acumulación criminal son también formas de acumulación capitalista.

La prohibición y criminalización de estas formas de acumulación, terminan por consolidar la actividad criminal y por crear dispositivos de control para regular, e incluso explotar, los ilegalismos. Tal como lo prevé Foucault en su análisis:

El tráfico de armas, de alcohol en los países con prohibición, o más recientemente de droga demostrarían de la misma manera este funcionamiento de “una delincuencia útil”: la existencia de una prohibición legal crea en torno suyo un campo de prácticas ilegales sobre el cual se llega a ejercer un control y a obtener un provecho ilícito por el enlace de elementos, ilegalistas ellos también, pero que en su organización en delincuencia ha vuelto manejables. La delincuencia es un instrumento para administrar y explotar los ilegalismos (Foucault, 2008:325).

Dado que la distinción legal-ilegal es fútil a los fines de la acumulación, la consideración de un conjunto de acciones como “criminales” depende, como señalan Estrada y Rubio (2008), «de una distinción no sólo jurídica, sino también política, económica y social» para la que son previas dos condiciones: «que las acciones delictivas estén diferenciadas de las demás (diferenciadas de la esfera de la “normalidad”)»; y que, por otra parte, el Estado tenga condiciones mínimas (legitimidad, potestad, consenso) para juzgar, o ponderar, actividades que van en contra de su esquema normativo de regulación, de forma tan autorizada que inclusive el propio delincuente acepte esa definición. En otras palabras, el mantenimiento de esta frontera depende de la existencia de un Estado de derecho plenamente constituido. Este no es el caso de Colombia, donde más allá de la formalidad jurídica, la autoridad legítima del Estado es deficientemente constituida y poco precisa, al punto que sus propios agentes incurren permanentemente en conductas que se confunden con aquellas llevadas a cabo por los grupos delincuenciales. En la medida en que el Estado no se atiene al derecho, la demarcación del circuito legal/ilegal depende en buenas partes del territorio de la discrecionalidad de los agentes estatales o de los que, en su lugar, dirimen los conflictos micropolíticos entre fracciones sociales.

En sintonía con Harvey (2007), entendemos que el despegue de las empresas ilegales transnacionales es concomitante a la espacialidad capitalista que se configura en respuesta a la crisis de sobreacumulación. A partir de 1973, se inicia una fase decreciente de la onda larga del sistema capitalista tardío que se verifica en una caída de la tasa media de crecimiento. La existencia de grandes masas de capital (acompañados a veces por excedentes de formas de trabajo) que permanecían ociosas sin que se vislumbraran salidas rentables, originó diferentes prácticas de “acumulación por desposesión” a partir de las cuales el capital sobreacumulado buscó apoderarse de nuevos activos y llevarlos inmediatamente a un uso rentable (Harvey, 2003: 123). Se produce así el flujo de recursos hacia la producción y comercialización de productos ilegales tanto en las naciones “atrasadas” como en las industrializadas:

La producción de drogas no se limita a las naciones más pobres del sistema capitalista: Birmania, Laos y Tailandia (el famoso triángulo de oro); también las naciones de la media luna de oro: Pakistán, Afganistán e Irán. La producción extiende sus bases sobre todo el planeta y muchos capitales desean beneficiarse. Bolivia, Perú, Colombia, México, Jamaica, Belice, India, países africanos, etc. Otros participan en el tráfico: casi todos los centroamericanos y del Caribe. Pero no sólo en el hemisferio sur se siembran y procesan drogas. En Estados Unidos surgen y se desarrollan amplias áreas de cultivo, fábricas procesadoras y el narcotráfico alcanza millones de dólares. Los propietarios de muchas naciones concurren al negocio. Las sociedades criminales de las potencias son grandes inversionistas en la rama desde los años cuarenta y ya para los sesenta reportaban ganancias multiplicadas (Gálvez, 1991:35).

Los países de América Latina entraron en una fase de desindustrialización y reprimarización de sus exportaciones, en la que el crecimiento interno terminó anclado al endeudamiento externo. La necesidad de recursos financieros ya no para crecer, sino para pagar la deuda, implicó la búsqueda apremiante de fuentes alternativas de capital que permitieran mantener el funcionamiento las economías nacionales y cumplir con los acreedores externos. Tal situación «aceleraría el desarrollo de economías ilegales pero altamente rentables» (p.33). Fracciones de la lumpemburguesía reconvirtieron los capitales atesorados en actividades como el tráfico de esmeraldas o el contrabando para dedicarse al comercio de drogas. Al mismo tiempo, las clases trabajadoras alcanzadas por la crisis económica, el alto desempleo y/o la coacción de las nuevas mafias se integraron al cultivo de marihuana, coca y amapola.

Como señala Estrada (2008), en Colombia, la nueva espacialidad capitalista dio lugar a tres grandes transformaciones. En primer lugar, «una gradual reorganización geográfica (no concluida) de los circuitos de acumulación», que implicó el desplazamiento de la actividad productiva del centro del país (Bogotá, Medellín y Cali) hacia la periferia (costas del Atlántico y del Pacífico, la Orinoquia y la Amazonia). Los nuevos territorios incorporados a la actividad económica se caracterizaron por contar con importantes recursos naturales y una enorme biodiversidad que hicieron posible una nueva etapa de acumulación. Esta nueva geografía del capital será el nudo principal de las violencias desatadas a partir de la década del ochenta, ya sea por la ocupación de nuevos territorios o por la desocupación o la reocupación de otros. Una segunda transformación viene dada por los escenarios de acumulación abiertos por las políticas de liberalización, privatización y estabilización macroeconómica recomendadas por el Consenso de Washington⁸⁰ que reforzaron los procesos de financiarización y transnacionalización de la economía colombiana. Finalmente, y de relevancia para nuestro análisis, «la nueva espacialidad se sustenta en la articulación de las “formas legales” con las “formas ilegales” de la acumulación capitalista, generando “zonas grises” de la acumulación y formas criminales y mafiosas de la formación socioeconómica» (Estrada, 2008: 70). Difícil de cuantificar, pero no por ello de percibir, «la “zona gris” de la acumulación capitalista actual se caracteriza por la importancia creciente de una nueva modalidad de empresas transnacionales: “las transnacionales del capitalismo criminal”» (p. 71).

Al igual que otras actividades ilegales como el tráfico de armas, la trata de personas o el lavado de activos, el tráfico de drogas fue potenciado por la propagación de la lógica neoliberal y su imperativo de generar nuevas formas de acumulación con elevadas tasas de ganancia. Los circuitos del capital que veían afectados sus márgenes de rentabilidad vieron aquí la posibilidad de reubicar sus “inversiones” en nuevas ramas productivas. La ilegalidad de la actividad opera como una barrera que impide una modalidad libre del capital y permite la creación de rentas extraordinarias (Uprimny, 1991). De esta manera, los agentes del narcotráfico llegaron a asumir roles de empresarios, comerciantes, hacendados, financistas, etc.; en medio de una eticidad neoliberal anclada en valores como el individualismo, la competencia, el enriquecimiento extremo y el consumo suntuario que completó el coctel estimulante a la subjetividad criminal.

Tal como explica Camacho (2009), el narcotráfico comparte muchos de los rasgos de la empresa capitalista tradicional, pero se diferencia de ésta por las particularidades de operación del mercado ilegal. Así, por ejemplo,

los patrones de fijación de precios en la adquisición de materias primas o del producto final no se pueden basar en la competencia abierta ni en la publicidad sobre la calidad superior del producto. Tampoco pueden dirimir sus conflictos o tensiones con los competidores mediante el recurso a la justicia formal, de modo que el uso de la violencia, así sea virtual, es un componente esencial del funcionamiento empresarial» (Camacho, 2009:13).

Tampoco es posible fijar los salarios en un mercado abierto de trabajo, por lo que la contratación debe estar basada en el poder de los compradores, y la remuneración determinada según la estructura particular de la oferta y la demanda en los sitios de producción. Estas particularidades explican la complejidad organizativa de las relaciones productivas y comerciales que giran alrededor del tráfico de drogas y su repercusión en la aparición de nuevos poderes (locales, regionales, nacionales, transnacionales) que contribuyen a la reproducción de la ganancia capitalista.

Las expresiones violentas de estas empresas criminales, de las cuales los grupos sicariales y paramilitares son solo dos modalidades, no necesariamente implican inestabilidad institucional; antes bien, llegan a constituir el revés y modalidad misma del funcionamiento del orden político y socioeconómico en los territorios donde operan. La experiencia colombiana muestra que las redes del tráfico ilegal de drogas pueden amasar tanto poder como para extender su influencia a las empresas privadas legales, los partidos políticos, el Congreso, las administraciones locales, los grupos mediáticos, los tribunales, el Ejército y las entidades sin ánimo de lucro (Cubides, 2005; Corporación Nuevo Arcoiris, 2007; López, 2010).

3.3. Hacia una nueva fisonomía social

Si bien el nuevo marco global de la espacialidad capitalista está en la base del funcionamiento de las economías ilícitas, es necesario abonar otros factores al análisis del fenómeno del narcotráfico en Colombia entendiendo que, más allá de las ganancias extraordinarias que genera, la industria de las drogas precisa de un contexto social, político y cultural que estimule la formación de mafias y paralegalismos. Betancourt y García (1994) identifican algunos de los elementos históricos y “ventajas comparativas” que propiciaron el asentamiento de la industria de las drogas en el país. Dentro de los primeros, los autores aluden al caciquismo, el gamonalismo y el clientelismo como constantes históricas que testimonian la permanencia de

una clase política que durante largos periodos se ha repartido de manera excluyente las bondades y privilegios del burocratismo estatal, laxitud generalizada en el control del gasto público y flagrante corrupción oficial y privada, todo lo cual contribuye al desenvolvimiento favorable de la ilegalidad y al desarrollo de lo que podría llamarse “cultura de la ilegalidad” (p. 250).

Pasando de la estructura de estas constantes históricas, a la coyuntura de los años setenta, Betancourt y García encuentran que el crecimiento de la empresa de las drogas estuvo íntimamente ligado a la crisis económica y social de las élites regionales por el declive de los cultivos tradicionales del agro colombiano (café, cacao, arroz, frutales) que generó la quiebra de pequeños y medianos productores y el empobrecimiento de los trabajadores de los sectores medios y bajos. De estos últimos surgió la mano de obra subocupada o desocupada que se empleó en el circuito de la droga: bien fuera en la producción (cultivadores, raspachines y cocineros), en el aparato coercitivo necesario para su funcionamiento (guardaespaldas y sicarios), o en las actividades de blanqueamiento del capital mafioso (lavadores, testaferros).

A lo anterior se suma todo un conjunto de “ventajas comparativas” del contexto colombiano. Unas condiciones geográficas privilegiadas, con un relieve accidentado y complejo que permiten el resguardo de los cultivos; y «costas equidistantes de los centros financieros y de consumo mundial, que facilitan la salida ilegal de productos y la entrada de contrabando de mercancías, insumos químicos y armas» (p. 249). Condiciones sociales como la existencia de sectores medios y bajos de la población recientemente empobrecidos y con bajos niveles organizativos, y unas fuerzas armadas fraccionadas y con profesionalización deficiente. Por último, cuestiones que hacen a la “habilidad” empresaria de los narcotraficantes colombianos como la estructuración de sus propias redes de transporte y distribución de cocaína hacia los Estados Unidos (p. 250).

Más allá de los condicionantes geográficos, económicos o sociales, nuestra lectura es que el impacto violento del tráfico de drogas es inescindible de la naturaleza histórica del Estado colombiano y su régimen político. Los narcotraficantes no hicieron más que llevar al límite los rasgos antidemocráticos y excluyentes que ya estaban presentes: «el clientelismo y las estructuras patrimoniales del poder político les permitieron poner considerables parcelas del Estado al servicio de sus intereses privados; las políticas de contrainsurgencia y la creación oficial de grupos de autodefensa se articularon armoniosamente con sus proyectos de expansión territorial mediante la creación de ejércitos privados» (Uprimmy, 1990: xvii).

La frágil articulación entre el Estado central y los poderes locales facilitó la penetración del narcotráfico en las regiones. El Estado central influía en las regiones a partir de dos mecanismos: las transferencias de recursos y el nombramiento burocrático. Hasta 1986, los alcaldes y gobernadores eran nombrados por el Presidente, de tal manera que las élites del centro mantenían un control relativo de sus análogas locales. Quien se desviaba de los mandatos de la dirección nacional de cada partido veía disminuida su participación en las rentas públicas o era directamente reemplazado por alguien más obediente. Esta pseudodisciplina se resquebraja durante el Frente Nacional, cuando el enfrentamiento entre facciones por la ocupación de cargos públicos produce la implosión de los partidos:

Un flujo continuo de políticos profesionales, líderes barriales y veredales, al margen de cualquier proyecto ideológico o de modernización social, buscaba mejorar su posición económica y social y la de sus aliados y clientelas. No era asunto de luchas políticas entre clases o sectores diferentes de una misma región, sino de redes similares articuladas en facciones rivales, con el propósito de monopolizar las rentas, empleos y privilegios estatales, así como de direccionar la prestación de servicios básicos a sus votantes (Duncan; 2009:175).

Los problemas del gobierno central para controlar las regiones se profundizaron tras la consolidación de la capital y otros centros urbanos como ejes del poder político y económico del país en franca asimetría con las zonas periféricas. En las ciudades, la industria, el comercio y los servicios se convirtieron en la base de una economía sustentada relaciones de trabajo impersonales y el Estado era manejado por burócratas nombrados con cierto criterio meritocrático. En contraste, los espacios periféricos funcionaban en los márgenes de la modernización. No había independencia entre el poder político y el económico existiendo una estrecha vinculación, por no decir coincidencia, entre los productores gremiales y los barones electorales. Persistían las relaciones sociales basadas en el clientelismo y el patrimonialismo, y una economía dependiente en alto grado de las transferencias estatales. Ante la precariedad de los cultivos comerciales, la ganadería extensiva y la agricultura de subsistencia, el ingreso de la población dependía cada vez más de los intercambios personalizados con quienes manejaban las pocas fuentes de riqueza, profundizando las relaciones clientelares. Esto situaba a los políticos locales en la tarea de preservar su cuota en las instituciones de poder central antes que en viabilizar el desarrollo autónomo de las regiones. Así, mientras para las clases bajas el clientelismo político era el único medio de acceso a bienes y servicios, para las clases dominantes, el manejo de los recursos del Estado era la única manera de alcanzar un nivel de ingresos similar al de las élites del centro y mantener los equilibrios de poder en el ámbito local (Duncan, 2009).

El régimen clientelar descrito era más que compatible con las necesidades de la empresa narcotraficante. No sólo permitía a la naciente “burguesía gansteril” disponer de trabajadores que anteponían sus lealtades personales a la intervención de las autoridades estatales, sino que facilitaba la cooptación de políticos locales ávidos de recursos para competir en la contienda nacional. El financiamiento de candidatos y organizaciones políticas por parte de los narcotraficantes que buscaban inmunidad para su negocio, marcó un punto inflexión sin precedentes en la dinámica del poder en Colombia:

figuras de toda índole, desde viejos caciques electorales y contratistas públicos hasta líderes de veredas y barrios, entraron en competencia por los votos y rentas estatales, en escenarios donde la inclinación de un narcotraficante hacia un candidato podía darle vuelta a cualquier lealtad o acuerdo previo (Duncan, 2009:178).

Además de intervenir en la competencia política, el tráfico de drogas cambió la fisonomía del poder en Colombia a partir del desarrollo vertiginoso de organizaciones armadas. En la medida que negocio ilícito avanzaba, la exigencia de desarrollar un aparato coercitivo propio se hizo inminente, y con ella, la necesidad de instituirse como una organización paralegal:

Cuando la actividad represiva crece, los dedicados a los negocios ilícitos desarrollan sus propias fuerzas armadas. Su crecimiento va de la mano con el éxito de los negocios. Mientras más capital se dispone, más sofisticado es el armamento y numerosa su banda. Eso permite establecer una verdadera dominación sobre las áreas agrícolas y fabriles de la droga. Cada día suman más hombres y mujeres a sus tareas. Pueden colonizar regiones o establecerse en poblaciones con autoridades establecidas. En estas respetarán al gobierno o lo reemplazarán con personas adeptas. Con ello puede darse el cambio de las clases dominantes: la vieja oligarquía se verá precisada, junto con los pequeños propietarios, a vender sus tierras si son de interés del nuevo poder. También pueden usar su poder para imponer candidatos en los partidos del sistema electoral vigente, para llegar por votación a puestos de representación popular o gobierno (Gálvez, 1991:40)

Es gracias a los recursos de la droga que las guerrillas logran un crecimiento militar y una expansión territorial sin precedentes; y es al calor de este combustible financiero que nacen grupos de violencia parainstitucional como los sicarios, los escuadrones de la muerte y los paramilitares. Pese a su centralidad, la violencia generada por los grupos narcotraficantes suele verse como una versión calificada de aquella ejercida por la delincuencia común, y no como un catalizador de las violencias sociales y políticas precedentes. Como veremos en las páginas siguientes, el sistema de poder de los grupos narcotraficantes asume los rasgos propios de los paralegalismos, cuando persigue el doble objetivo de asumir el control total de un territorio y sustituir la autoridad legal del Estado con su propia autoridad y su propia mediación social.

4. La violencia parainstitucional a fin de siglo

La violencia parainstitucional de los años ochenta y noventa es un fenómeno tan complejo y multifacético que difícilmente puede reducirse en un concepto unívoco. De ahí la necesidad de ver los modos concretos de funcionamiento de organizaciones tan diversas como los escuadrones de la muerte del MAS, las milicias de “autodefensa” del Magdalena Medio y los ejércitos paramilitares que imitaron la experiencia de Puerto Boyacá. Como rasgo común, estos grupos se caracterizan por tener como capital principal el ejercicio de la violencia, compartiendo una reputación como proveedores extra-legales de coerción. Esta era vendida de acuerdo con bases privadas a clientes individuales y corporativos, y su precio variaba según la riqueza y posición del cliente y el tipo de servicio prestado (protección, ejecución de individuos o grupos, extorsión, secuestro).

Como segundo rasgo, veremos se trata de organizaciones que mantienen una relación con el Estado y sus agentes locales, que puede ser directa o indirecta, pero que nunca es una relación espejo. Las AUC, por citar el ejemplo más referido en estos análisis, no empezaron siendo una organización centralizada que detentase el monopolio de la violencia y la ley en el territorio, sino un conjunto de “franquicias” de la violencia y el crimen que, unidas bajo una “marca registrada”, coadyuvaron al Estado en la preservación del orden instaurado por este. Por otra parte, la acción de estos grupos nunca buscó erigirse como rupturista respecto del consensus iure, reforzando, por el contrario, la autoridad estatal. En algunos casos, el Estado promovió activamente su conformación, y en otros la suscribió por medio de la tolerancia pasiva. En todos los casos, para considerarlos como tales, los grupos de violencia parainstitucional aquí estudiados se caracterizan por contar con una estructura militar y organizacional propia. A diferencia del derecho hegemónico, las normas que adoptan estos grupos se transgreden y manipulan con frecuencia y de ningún modo, son parte de un código fijo y acordado universalmente, como si lo es la constitución política de los Estados. Finalmente, los grupos de violencia parainstitucional no son responsables ante sus ciudadanos como el Estado. De hecho, no tratan con ciudadanos sino con clientes. Hechas estas aclaraciones, veamos cómo se concreta su acción en distintas experiencias.

4. 1 Escuadrones de la muerte: El caso del MAS

Según consta en un Informe de la Procuraduría General de la Nación con fecha del 20 de febrero de 1983, los hermanos de Martha Nieves Ochoa, conocidos narcotraficantes del cartel de Medellín, convocaron el 1 de diciembre de 1981, a un encuentro de urgencia al que asistieron 223 personas, la mayoría jefes de la mafia, entre ellos, Pablo Escobar, Carlos Ledher y Gonzalo Rodríguez Gacha, así como miembros del Ejército, directivos de empresas petroleras y de otras multinacionales. El objetivo de esta reunión era «crear un proyecto que contrarrestara las acciones de los grupos guerrilleros, y en el que los asistentes dieron cada uno 2 millones de pesos y diez de sus mejores hombres» (Verdad Abierta, 23 de septiembre de 2011). Así nacía “Muerte a Secuestradores” (MAS), un escuadrón de la muerte de acción coordinada entre Fuerzas Armadas, terratenientes y narcotraficantes para perseguir y “ajusticiar” a las guerrillas que venían aumentando prácticas como el secuestro, el robo de ganado y el cobro de “vacunas”⁸¹. Así relata el propio Escobar la fundación del MAS:

Lo que le estoy contando es muy jodido: sucede que ellos intentaron un primer secuestro, el de Lehder, que quedó herido y se les escapó en Armenia. Y después otro y más tarde otro. Y al tercero se reunieron todos estos mafiosos aquí en Medellín, alarmados porque si no había reacción inmediata y fuerte, iban a seguir jodiendo a sus propias familias —Mejor dicho, había que cortar por lo sano— y en cosa de dos horas pusieron sobre una mesa doscientos millones de pesos. En esa época doscientos millones era todo. Es que era todo el dinero y también pusieron al servicio de la causa como cien carros y motos y aviones y gente... y hasta un submarino, ¿oiga? [sonríe socarronamente]. Y se le pagaron a la Ley ochenta millones por la información que había en ese momento sobre los señores del Eme (Movimiento 19 de Abril, M-19) y al día siguiente —es que eso fue para ya— empezaron a caer. Los llevaban a ciertas casas, a ciertas fincas, y allá iba la gente de la Ley y los colgaban y empezaban a reventarlos (Castro Caicedo, 1996:70)

El MAS nació como un ejército privado de 2.230 hombres y un fondo de 446 millones de pesos para el pago de recompensas, ejecuciones y equipamiento. Según el comunicado lanzado desde el aire por sus fundadores el 3 de diciembre de 1981, el MAS tendría como objetivo común:

Ejecutar en forma directa a todas las personas que sean involucradas en secuestros (…), ya sean delincuentes o de grupos subversivos (…) Los secuestradores serán colgados de los árboles en los parques o fusilados y marcados con el signo de nuestro grupo (una cruz) (…) y los secuestradores detenidos por las autoridades serán ejecutados en prisión (Semana, 19 de diciembre de 1994).

Según la versión de Dale y Marshall (1991) el MAS no estuvo comandado por los capos del cartel de Medellín, sino por el líder del Cartel de Cali Santiago Ocampo. El vicepresidente de la organización fue Manuel Garcés González y el tesorero Jorge Luis Ochoa, hermano de la secuestrada. La intermediación de Ocampo entre los carteles y los militares colombianos fue clave para articular la lucha común contra los izquierdistas. El MAS original, creado por los narcotraficantes en colaboración con miembros de las Fuerzas Armadas, vería agotado su objetivo tras la liberación de Marta Nieves Ochoa. Lo que sucedió después fue la cooptación de la sigla MAS por ejércitos privados y por los organismos de seguridad del Estado para encubrir operaciones encubiertas y de “guerra sucia”. Ronderos (2014) relata cómo los miembros del MAS que compraron propiedades en el Magdalena Medio llevaron consigo sus ejércitos privados, conocidos como “Los Masetos”, para adelantar acciones contrainsurgentes en las zonas ocupadas. Así lo confirma el testimonio de tres presuntos miembros del MAS que aseguraron en 1983 que «habían sido entrenados, preparados y armados por el Ejército para eliminar a los líderes de las guerrillas de izquierda en Colombia» y para erradicar hasta el último vestigio de comunismo en el país (Centro de Inteligencia y Amenaza Ejercito EEUU, citado por Ronderos, 2014: 42). De esta manera, “maseto” fue el nombre común para designar a cualquier paramilitar, una vez extinta la organización de origen narcotraficante.

detrás del nombre de un grupo paramilitar no se encuentra, en realidad, una organización de autodefensa. Llana y sencillamente se trata de grupos de las secciones de inteligencia de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, que operan de manera clandestina y que llevan a cabo misiones criminales. No se trata de actividades realizadas por fuera del conocimiento de los jefes y comandantes de esas unidades, e incluso de altos mandos nacionales. Se trata de actos ejecutados acorde a un plan de misión y a una orden superior dada. Son lo que se conoce en lenguaje castrense como “operaciones encubiertas”. El uso de una sigla paramilitar, muchas veces inventada para el efecto, asegura enmascarar la verdadera autoría del crimen, desviar las pistas, guarnecer la clandestinidad de los ejecutores y mantener a salvo la responsabilidad de las instancias de inteligencia del Ejército y de la Policía. Pero, además, este tipo de operaciones encubiertas permite obtener un mayor nivel de terror con el acto represivo (NCOS, 1995: 92).

Las operaciones dirigidas a los secuestradores se extendieron a todos los miembros armados de grupos de izquierda, a sus simpatizantes, a sus vecinos, a sus familias y amigos y a todos aquellos que osaran denunciarlos. El horror de las acciones del MAS alcanzó así a militantes de la izquierda como William de Jesús Parra Castillo, miembro de la Autodefensa Obrera (ADO), a defensores de derechos humanos como el penalista Enrique Cipagauta Galvis y el ex ministro Alfredo Vázquez Carrizosa, a periodistas como María Jimena Duzán contra quien emprendieron un atentado dinamitero y al propio Gabriel García Márquez, quien debió exiliarse en México. Todos perseguidos por denunciar las acciones de este escuadrón.

La participación de la fuerza pública dentro de la estructura del MAS fue confirmada por la Procuraduría General de la Nación (ver anexo 1) en un informe publicado en los diarios nacionales el 20 de febrero de 1983:

[a] la luz de las pruebas recogidas hasta el momento en los sumarios en cuestión existen cargos suficientes para vincular procesalmente a un número total de 163 personas; de ellas 59 son miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas. Pero la lista anexa solo relaciona a aquellos a quienes se identificó por sus nombres y apellidos completos y excluye a quienes en las constancias procesales son aludidos solo por sus apellidos o por rasgos o señales particulares o, en el caso de algunos militares, por su grado y primer apellido (Procuraduría General de la Nación, 1983:1)

En un sentido similar, el congresista y secretario del Partido Comunista Gilberto Vieira, denunció en un debate legislativo que «entre enero de 1981 y el 28 de diciembre de 1984, se habían registrado 316 desapariciones forzadas, 129 cometidas por paramilitares, 135 por militares, 48 por la policía y 4 por el DAS». Las víctimas eran, en su mayoría dirigentes campesinos y sindicales (Debate en el Congreso 17 de octubre 1984, citado por Ronderos, 2014:42). Según informó la revista Semana

[e]n menos de dos meses un centenar de militantes y simpatizantes del M19 son abatidos en Medellín. La mayoría es salvajemente torturada y lleva la marca del MAS. Curiosamente, la muerte de varios de ellos tiene lugar algunos días después de que el B-2 —servicio de inteligencia del Ejército— hizo una pesquisa en sus domicilios (Semana, 19 de diciembre de 1994).

No obstante haber demostrado que una tercera parte de los procesados por la acción del MAS pertenecía a la fuerza pública, las autoridades colombianas insistieron en desvincular al Estado de la estrategia contrainsurgente presentando el caso como un conjunto de hechos aislados. El Procurador de la Nación minimizó el fenómeno aduciendo que:

se trata pura y simplemente de gentes oficiales que se desbordan frente a las tentaciones de multiplicar su capacidad de acción y de aprovechar agentes privados, a quienes empiezan por tomar como "guías" e "informantes", colaboradores y auxiliares en general y terminan utilizando como brazo oculto para que, en plan de sicarios, hagan oficiosamente lo que oficialmente no pueden hacer (Jiménez Gómez, 1986, citado por Calvo 2008: 146).

En consonancia con esta actitud negadora, el gobierno se abstuvo de destituir o llamar a calificar servicios a los militares acusados. Por el contrario, muchos de estos fueron premiados mediante ascensos y honores otorgados por el Congreso de la República. Posteriormente, el Estado les confió a esos integrantes del MAS gruesas «responsabilidades en el manejo del “orden público” y altos grados y honores en la jerarquía castrense»⁸² (HRW, 1996).

La coordinación de operaciones clandestinas de los militares con grupos adinerados, como los ganaderos, cafeteros y narcotraficantes se replicó en diversas experiencias locales y nacionales. La zona de influencia del MAS se extendió al Caquetá, el Magdalena Medio, el Meta, el nordeste antioqueño, Arauca, Casanare y el Valle (ver anexo 2), y con ella se incrementaron los casos de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de guerrilleros o sospechosos de simpatizar con ellos:

Cadáveres de hombres acribillados, estrangulados y colgados en árboles, dejaban al descubierto la crudeza de las nuevas técnicas del mensaje antisubversivo. Periodistas, juristas y sindicalistas ampliarían la lista negra de este escuadrón de la muerte que ahora perseguía tanto insurgentes como a inocentes. No obstante, debido a la complejidad de la organización interna del MAS, es difícil establecer la autoría intelectual y material de muchos atentados y acciones que aún permanecen en la impunidad (Verdad Abierta, 23 de septiembre de 2011).

Las dificultades para establecer la responsabilidad de los hechos rubricados bajo la sigla MAS, se ha trasladado a algunos análisis académicos reacios a clasificar la acción de estos escuadrones dentro del núcleo fundacional del paramilitarismo. Para Duncan (2007: 241 y ss), por ejemplo, «en la medida que conceptualmente no es claro lo que significa el término paramilitar» resulta difícil en la práctica precisar el momento en que se inician los grupos paramilitares. El problema no es, en nuestra opinión, «que no sea claro conceptualmente qué significa el término paramilitar» o que «en la práctica sus características rebasen o se queden cortas con respecto a las distinciones atribuidas al concepto». Si como señala el autor, el concepto de “paramilitar”, ha sido empleado para referir a las «fuerzas que el Estado organiza para llevar a cabo el asesinato selectivo de opositores políticos, a los grupos de mercenarios anticomunistas propios de la guerra fría, a los ejércitos adscritos a un grupo de interés del corte de terratenientes o gamonales y a los escuadrones de la muerte al servicio de narcotraficantes»; es más que evidente que por su modalidad y destinatarios, las acciones del MAS pueden ser encuadradas dentro de esta categoría.

Ahora bien, si nos acogemos a la tipología de Kalyvas (2005:32-33), es útil notar que su encuadre como escuadrones de la muerte resulta más adecuado dadas sus características de tamaño y función. En efecto, se trató de pequeños grupos que operaron bajo la estructura de una cadena nacional de comando a un nivel supralocal. Además, estuvieron ligados a agencias de alto nivel del Estado y tuvieron un carácter profesional tras haber recibido formación. Sus miembros tuvieron una dedicación de tiempo completo a la actividad.

4.2. Primer ciclo paramilitar: el “modelo” Puerto Boyacá

“Magdalena Medio” es el nombre dado al valle interandino del río Magdalena que, como tal, no corresponde a una unidad territorial o administrativa. Se trata de un área de 30.177 Km2 de extensión (equivalente al 2.64 % del área total del país) que incluye a 31 municipios⁸³ de los departamentos Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Santander, Caldas, Cundinamarca y Tolima. Es un área diversa no sólo en su geografía sino en las características culturales de su población, y su especificidad radica en su carácter estratégico para el desarrollo nacional: zona de comunicación entre el norte, el centro y el sur del país a través del río Magdalena y la troncal terrestre del mismo nombre (que conecta a las principales ciudades andinas); paso obligado al Caribe, a Venezuela, a los valles del sur y el Pacífico; y base de la principal refinería de petróleo del país.

La economía regional se concentra en tres actividades: la explotación minera (carbonífera y de extracción de calizas, calcáreos, cuarzo y mármoles) que se lleva a cabo de manera tecnificada y a gran escala por cuenta de empresas nacionales y transnacionales, y a menor escala y sin técnicas adecuadas por medio de empresas locales; la agricultura, con cultivos como yuca, plátano, limón, guayaba, café, maíz, borojó, caña panelera, fríjol y cacao, últimamente desplazados por el cultivo de palma africana; y la ganadería principalmente de levante y de doble propósito. El total del área cosechada es de aproximadamente 9400 hectáreas, lo que representa apenas el 6% de la extensión total de los municipios. La escasa vocación agrícola de la tierra, la baja fertilidad de la misma y la ausencia de una tradición labriega contrastan con el carácter extensivo de la ganadería. Ambas actividades se llevan a cabo con un bajo nivel tecnológico que redunda en bajos rendimientos, escasa contribución a la seguridad alimentaria local y pobre generación de empleo (Aliandes, 2010). La desigualdad de la región es notable: se generan anualmente 2800 millones de dólares de valor agregado y el 70% de la población es pobre. A esto se suma la presencia histórica de distintos tipos de violencia, que dejan como saldo una tasa de homicidios que duplica el promedio nacional y una inversión mensual de 15 millones de dólares en la guerra (De Roux, 1999).

La denominación Magdalena Medio es de origen militar. Surgió en los años sesenta en el marco de una reunión efectuada por los altos mandos de las Fuerzas Armadas en la Base Aérea de Palanquero (en Puerto Salgar, Cundinamarca) con el objeto de crear zonas de defensa y de erradicación de la violencia bipartidista. No es casual que el bautismo de la región haya estado oficiado por la institución castrense. Una larga tradición en las luchas cívicas y sindicales⁸⁴, como forma generalizada de presión y protesta de sus habitantes en torno a reivindicaciones básicas, terminaron ubicándola dentro de la cartografía contrainsurgente.

Cuatro serían en aquel entonces las fuentes del conflicto: la lucha por la propiedad de la tierra, el establecimiento de un enclave petrolero extranjero (la Texas Petroleum Company); la apropiación y utilización del suelo por las vías de hecho; y la migración poblacional producto de la violencia bipartidista (Medina Gallego, 1990:27). Aunque en líneas generales la colonización del Magdalena Medio sigue las mismas dinámicas que el resto del país a partir de los años cincuenta, la actividad de la Texas Petroleum Company imprime particularidad al proceso al posibilitar el desarrollo infraestructural de la región y ser, en virtud de esto mismo, la propietaria legal de la mayor parte del territorio. Los colonos se arrojan sobre tierras que fueron adquiridas por la compañía norteamericana por medio de la compra a particulares o como parte de los derechos de exploración y explotación concedidos por el gobierno. La incapacidad del Estado para canalizar los conflictos obreros patronales y para detener el proceso de concentración de la tierra por medio del despojo, hicieron del Magdalena Medio una zona de grandes haciendas ganaderas, propiedad de terratenientes, narcotraficantes, industriales y militares retirados.

Con posterioridad al movimiento huelguístico de 1963, la zona devino un lugar de intensas luchas sociales, campesinas y sindicales que facilitaron la entrada a partidos políticos de izquierda como el PCC, el MRL y la ANAPO. En el municipio de Puerto Boyacá, el PCC alcanza la hegemonía a partir de 1970 y junto a este, las FARC hacen su arribo. Según relata Medina Gallego,

cumplían un papel secundario, más de “Guardia Civil Rural” que de guerrilla revolucionaria. Su trabajo se redujo al adoctrinamiento político de la población campesina y al control del robo de ganado, el cual prácticamente acabaron en la región, lo que les sirvió para contar con el apoyo de muchos ganaderos que comenzaron a colaborar económica y logísticamente para [su] sostenimiento (1990: 134).

Para 1978, la influencia de las FARC y el PCC en la región había crecido con ayuda de las fuerzas políticas locales y con el apoyo de la población campesina y ganadera. El activismo de izquierda, sumado a la ausencia de canales y espacios de negociación que permitieran que los conflictos sociales se resolvieran de manera pacífica,⁸⁵ precipitaron la polarización política y social en la región y su consecuente militarización:

la guerrilla al tomar influencia política gana Cimitarra, sube a siete concejales; en Puerto Boyacá, la guerrilla también llega a tener hasta cinco concejales y simultáneamente, en Puerto Berrío tuvo siete concejales (…) entonces se viene una operación militar de exterminio a sangre y fuego, mataron a siete concejales de Cimitarra … el primer envión o la primera operación militar es en contra de ese proceso (Testimonio de un Comandante del IV Frente de las FAC, citado por Medina Gallego, 1990: 142)

Así, en 1978 se establece la XIV Brigada del Ejército con sede en Puerto Berrío y se crea el Batallón Bárbula en Puerto Boyacá, marcando el inicio de una fase de confrontación abierta contra la insurgencia civil y armada. Los militares tenían el visto bueno de Bogotá para usar su poder a discreción. Bajo el amparo del Estatuto de Seguridad Nacional, nombraron alcaldes uniformados en los pueblos donde consideraron alterado el “orden público” por causa de las protestas sociales o la acción guerrillera. Como constata la investigación de Romero Medina (1994:184) sólo en 1980 las violaciones de derechos humanos en la región por parte de los militares incluyeron 195 detenciones arbitrarias, 24 casos de tortura, 20 amenazas y seis asesinatos de personas vinculadas políticamente con sectores de izquierda o que ejercían algún tipo de liderazgo social.

En el contexto de esta arremetida estatal, y poniendo en acto la consigna de dar al movimiento un carácter ofensivo de alcance nacional, las FARC decidieron desdoblar el IV Frente y dividirlo en tres secciones diferentes: el Frente IX con operaciones en el departamento de Caldas, el Frente XII accionando en Opón, y el Frente XI movilizándose por Santander, Cundinamarca y Boyacá. El antiguo IV Frente siguió actuando en Antioquia y en el sur del departamento de Bolívar. El desdoblamiento implicó no sólo un cambio de autoridades sino una transformación en los modos de interacción de la guerrilla con los pobladores. A medida que los operativos militares avanzaban y los frentes guerrilleros se multiplicaban, el sostenimiento de la guerra se hizo más oneroso. Para ampliar su caja, los guerrilleros del flamante Frente XI procedieron al aumento de las cuotas exigidas a los terratenientes y ganaderos y se iniciaron en la práctica del secuestro de aquellos que se resistían a colaborar. Este cambio de actitud tuvo dos consecuencias principales: la migración de los sectores más aventajados a otras regiones del país; y la generación de descontento social hacia la guerrilla. Los pequeños y medianos propietarios no estaban en condiciones de pagar las “vacunas” pedidas por ésta y tenían muy cerca dos batallones militares que estaban reprimiendo a sangre y fuego a cualquier colaborador. Al mismo tiempo, la capacidad de la guerrilla para ofrecer protección a la población se vio reducida en relación al potencial operativo del Ejército, lo que presionó la reducción paulatina del apoyo popular. Por otra parte, la estrategia contrainsurgente se extendió más allá de la ofensiva militar para encaminarse a “ganar las mentes y corazones de la población”. El impulso de las acciones cívico-militares durante la década del ochenta apuntó en esta dirección:

el control del terreno y del pueblo, aparentemente dominado por el éxito del combate, sólo se consigue cuando se llega a él y se domina el pensamiento de quienes lo habitan, mostrándoles la bondad de los nuevos procedimientos, convenciéndolos de sus errores pasados, asegurándoles un porvenir mejor para sus hijos y apartándolos de la subversión y la acción clandestina, que tarde o temprano llega a aflorar en la revuelta armada (Comando General de las FFAA, 1987: 8).

Con el asentamiento de la XIV Brigada y el Batallón Bárbula en la zona, la población habitualmente desconfiada y hostil hacia la institución militar, empezó a desarrollar lazos de cercanía. El cambio de actitud de los militares hacia los civiles terminó de inclinar la balanza a su favor: «las FFMM inician un proceso de acercamiento a la población civil, convocan a las fuerzas económicas y políticas regionales y les plantean la necesidad de unir esfuerzos para derrotar en el terreno militar y político a la subversión» (Medina Gallego, 1990:159). Vale la pena retener que este gesto “conciliador” no hubiera sido posible sin la implantación del miedo operada previamente, a través de métodos que fueron desde la carnetización, la retención arbitraria y el control de mercados, hasta el hostigamiento para el desalojo, el bombardeo, la desaparición y el asesinato. Del mismo modo, el recambio poblacional, por la huida de buena parte de los nativos a otras zonas del país y la llegada de nuevos pobladores, marcan este giro en el vínculo cívico-militar: «aparecen en Puerto Boyacá todas las extremas derechas desde los muchachos de Tradición, Familia y Propiedad, algunos Coroneles con unas ideologías muy especiales y la gente que estaba pensando que esto había que defenderlo» (Padre Galindo Quevedo, citado por Medina Gallego, 1990: 173).

Quisimos devolvernos unos cuantos pasos en la reconstrucción del caso de Puerto Boyacá en vista que, con contadas excepciones (Medina Gallego, 1990; Ronderos 2014), la historia de las “autodefensas” del Magdalena Medio suele comenzar a relatarse con el cansancio de los pobladores frente a los abusos de la guerrilla, el cual es anunciado como causa suficiente y necesaria del surgimiento del paramilitarismo en la región. Sin desconocer que este agotamiento existía, es conveniente resaltar lo que subyace a la formación de las organizaciones de autodefensa: la disposición y apoyo de las fuerzas armadas para su gestación.

Las FARC fungieron como agencia de seguridad en tiempos en los que el Estado no podía prestar dicho servicio. Pero cuando éste se hizo muy costoso y el Ejército se presentó como una institución lo suficientemente fuerte como para brindarlo, o al menos, para subsidiarlo, los propietarios de la tierra y el ganado decidieron cambiar de prestador:

en tres meses hay tal cantidad de secuestros, que por secuestro te piden 600 millones, el dueño de una finca dice: “si tengo que pagar 20 millones por secuestro, entonces pago un millón por defenderme y ahorro 19 millones” y si cien señores hacen esas reflexiones, se van a tener 100 millones para defenderse (Padre Galindo Quevedo, citado por Medina Gallego; 1990: 173).

Henry Pérez, un finquero antioqueño radicado en Puerto Boyacá, junto a sus cuatro hijos y unos cuantos hacendados más decidieron acudir al Batallón Bárbula del Ejército para pedir su respaldo en la formación de un grupo contraguerrilla, ante la negativa de las FARC a liberar a un terrateniente secuestrado. Luego de asestar un par de golpes a la guerrilla, los justicieros recibieron armas de dotación militar, con sus respectivas licencias de porte así como instrucción militar (Ronderos, 2014:34). La formación del grupo paramilitar para que combatiera conjuntamente con el Ejército se concertó en una reunión presidida por el Alcalde militar de Puerto Boyacá, Capitán Oscar Echandía, a la que asistieron representantes de la Texas Petroleum Company, miembros del Comité de Ganaderos, jefes políticos, la defensa civil, miembros de las fuerzas militares, comerciantes y otros invitados especiales (Medina Gallego: 1990, 173).

Otro finquero del Magdalena Medio, pero en el Departamento de Antioquia, emprendió la misma iniciativa. Ramón Isaza, junto a sus hijos y otros ganaderos y con el apoyo de la IV Brigada, que le dio las primeras armas y permisos de porte fundó el grupo conocido como “Los Escopeteros”. La experiencia fue pronto replicada en municipios como Sonsón, San Juan Bosco y Santa Helena de Opón, en el departamento de Santander y en Yacopí (Cundinamarca) (Ronderos, 2014). En otras latitudes, los grupos paramilitares se presentaban como parte del MAS (Medina Gallego, 1990). En todos los casos, se trató de hombres que se iniciaron como guías del Ejército en acciones contrainsurgentes que buscaron desarticular el trabajo y organización política del PCC y las FARC por medio del terror. Para hacerlo ejercían una brutal represión contra la población campesina y urbana persiguiendo a activistas y dirigentes sindicales, cívicos y políticos, a campesinos y ganaderos que tuvieran relaciones con la guerrilla o puedan servirles de apoyo. Los asesinatos selectivos estuvieron acompañados por bombardeos con helicópteros del Ejército.

A finales de 1983 se inició una campaña de los sectores sociales vinculados a la lucha antisubversiva encaminada a la convalidación política de las “autodefensas”. Esta incluyó varias movilizaciones, marchas y encuentros en los que se critica abiertamente la política de paz de Betancur y se demanda la militarización de la zona. Empezó a circular el periódico Puerto Rojo, un pasquín de divulgación de ideas anticomunistas y pro-autodefensa que no sólo defenestraba el proceso de paz sino que incitaba al exterminio de la izquierda: «la insurrección como el cáncer, debe extirparse de raíz y no aplicar ungüentos inocuos, a tumores malignos, porque en tal evento, su propagación es inevitable. La Tregua en el tratamiento del cáncer es siempre fatal» (Punto Rojo, Junio de 1984: 3, citado por Medina Gallego: 1990).

La consolidación de Puerto Boyacá como “Primer fortín antisubversivo de Colombia” tuvo lugar y fechas oficiales. El 22 de octubre de 1984, en el marco de un Foro organizado por el Alcalde Militar y en el que participaron el Gerente del Fondo Ganadero de Risaralda y el Director Regional de la Caja Agraria, el municipio representó la vanguardia del anticomunismo en el país. Lo que empezó siendo un acompañamiento civil en la campaña militar del Ejército adquirió con el tiempo carnadura institucional y proyección política propias. Bajo la sigla ACDEGAM, Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio, se creó una entidad dedicada a organizar, preparar, coordinar y poner en operación a los grupos de autodefensa en Puerto Boyacá y su zona de influencia. La entidad contó con personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento de Boyacá y funcionó “legalmemente” hasta 1990. Sus funciones pueden resumirse en dos: la defensa político-militar de la región, y la creación de un proyecto de ayuda socio-económica a los habitantes comprometidos con la lucha antisubversiva. El aval del Estado se consiguió luego de invocar el derecho a la “autodefensa” esbozado en el decreto 3398 de 1965 y la ley 48 de 1968.

Para el desarrollo de sus acciones, ACDEGAM se financió con las “contribuciones” de sus asociados y con las de otros pobladores forzados a reemplazar el antiguo pago a las guerrillas por la nueva cuota para las autodefensas. Se llegó así a articular una máquina contrainsurgente que contaba con escuelas de preparación con “instructores” calificados, equipamiento militar sofisticado, medios de transporte automotor y un centro de telecomunicaciones que facilitaba las labores de vigilancia y control de la tropa en la región.

Pero el desarrollo de la estrategia paramilitar no se agotaba aquí. Siguiendo la segunda directriz de su fundación ACDEGAM se involucró en la gestión de los problemas sociales de la región, haciéndose cargo de tareas que eran incumbencia del Estado. Según el testimonio de uno de sus fundadores: «La Asociación pagaba los maestros de al menos 55 escuelas, desarrollaba proyectos de vivienda, hacía campañas de prevención en salud, distribuía comida gratuita entre los más pobres, mandó a arreglar el estadio, patrocinaba reinados y equipos de futbol y los muchachos se ponían la camiseta con orgullo» (Alias “Ernesto Báez”, citado por Ronderos, 2014:47). ¿Cómo de una asociación de ganaderos y pequeños propietarios agrícolas pueden desprenderse tales erogaciones presupuestales? La respuesta es evidente: allí hicieron pie los narcos.

Gonzalo Rodríguez Gacha alias “El Mexicano”, antiguo esmeraldero y en aquel entonces miembro del Cartel de Medellín, fue uno de los primeros en comprar haciendas en la orilla del Río Magdalena. Se trataba de tierras bien irrigadas y fértiles que habían bajado mucho su precio por la guerra contra las FARC, y cuyos dueños tenían urgencia de vender ante el clima de zozobra. A Rodríguez Gacha se sumaron otros mafiosos seducidos por la posición estratégica de la región para el montaje de laboratorios y pistas de aterrizaje para exportar cocaína; y ante la necesidad de refugio por su acción delictiva. Una vez instalados en la región, los capos acordaron el pago de sendas cuotas a las “autodefensas” como retribución por sus servicios de vigilancia y protección a la industria del narcotráfico. En años anteriores, esta función era cumplida por las FARC en la zona sur de Colombia como parte de su estrategia de financiación. La cooperación de la guerrilla con el narcotráfico se rompería tras un altercado con “El Mexicano”, tras el cual éste juraría venganza. La alianza de los narcos con las autodefensas cumplía así un doble propósito: garantizar seguridad para su actividad ilícita, y castigar la “deslealtad” de sus antiguos “socios”. En su cabeza, “El Mexicano” imaginaba una tercera ventaja: la obtención de beneficios de la justicia estadounidense por su compromiso con la lucha anticomunista.

Poco tiempo pasó antes de que los narcos empezaran a exigir una mayor participación en el control de la estructura de las autodefensas. Los que en un comienzo fueron aparatos armados subordinados a un equilibro de distintos poderes, pasaron a ser una máquina de guerra bajo la dirección de los grandes capos de la droga (Duncan, 2007: 254). La capacidad defensiva de las autodefensas crecía a ritmos siderales conforme los narcotraficantes inyectaban más dinero, armas, entrenamiento y contactos para combatir a la insurgencia. Los fundadores de la organización, Gonzalo Pérez y Pablo Guarin, fueron desplazados paulatinamente del mando hasta que los narcotraficantes se hicieron a su control definitivo.

Los ejércitos narcoparamilitares llevaron adelante una campaña de aniquilamiento no únicamente de guerrilleros y militantes de izquierda, sino todos los dirigentes, políticos, periodistas y personalidades que contrariaban los intereses de la industria del narcotráfico. Los magnicidios y las masacres fueron desde entonces las modalidades más recurridas de violencia paramilitar. Así sobrevendrían los asesinatos de políticos destacados como Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Pardo Leal, Carlos Mauro Hoyos, Antonio José Betancur, del juez Tulio Manuel Castro Gil, del coronel Jaime Ramírez Gómez, del periodista y director de El Espectador Guillermo Cano Isaza⁸⁶, del dirigente José Antequera; y las masacres de Honduras, Segovia, Mejor Esquina, Granada, Currulao, Turbo y la Rochela, por contar solo las más conocidas mediáticamente. Al mismo tiempo, se perfilaba una estrategia genocida: 3000 militantes de la UP cayeron uno tras otro, su líder político y candidato presidencial, el abogado Jaime Pardo Leal, fue asesinado tras denunciar las alianzas de la clase política con el narcotráfico y el paramilitarismo. Al poco tiempo del magnicidio de Pardo Leal, los hombres de “El Mexicano” asesinaron a Pablo Guarin, quien se había convertido en una figura incómoda para los narcotraficantes. La acción conjunta contra los secuestradores emprendida por el MAS original desbordó los objetivos iniciales de la alianza narco-militar y se dirigió a la consolidación del poder político y económico de todos los sectores participantes en sus zonas de asentamiento. En la zona del Magdalena Medio, los capos del narcotráfico se convirtieron en terratenientes, dueños de propiedades e inversionistas, los funcionarios municipales y la fuerza pública empezaron a mostrar resultados en la lucha contra la inseguridad, y los ejecutivos de multinacionales como la Texas Oil Petroleum, lograron disciplinar a los trabajadores que agitaban con consignas “emparentadas” con la guerrilla.

El desplazamiento de las élites locales en el control del paramilitarismo fue el primer paso de la reconfiguración del bloque hegemónico presionada por el ascenso de los narcotraficantes. Su capacidad para financiar la formación de ejércitos privados era infinitamente superior a la de ganaderos y terratenientes, tal como lo evidenció la inauguración de más de una docena de escuelas de mercenarios en las que se contrataron entrenadores israelíes y británicos especializados en operaciones de asalto, ataques terroristas, inteligencia y contrainsurgencia. A las primeras escuelas — “El Tecal” y “La 01” en Boyacá — asistieron los hijos de los campesinos de las haciendas los fines de semana para recibir entrenamiento básico de soldado regular y adoctrinamiento anticomunista.

Con la inyección de los narcodineros, las viejas escuelas fueron reemplazadas por otras más grandes y mejor dotadas, tales como “El Cincuenta” en Santander, y “Las Galaxias” y “La 081” en Boyacá, donde sólo ingresaban jóvenes con bachillerato completo (Ronderos, 2014:58). En “El Cincuenta” mercenarios israelíes formaron a finales de 1987 un curso de cincuenta estudiantes provenientes del Magdalena Medio (20), Pacho-Cundinamarca, tierra de “El Mexicano” (20), Medellín (5) y Los Llanos Orientales (5); donde adquirieron conocimientos en explosivos, atentados contra personalidades y tácticas de comando (Castillo, 1987). Así resume Piccoli la experiencia:

El Mexicano pagó gran parte de los 800.000 dólares estipulados por los cursos a cargo de Yair Klein y los instructores de la sociedad Spearhead. Dotó a sus alumnos de uniformes del ejército de Tel Aviv, y fusiles ametralladoras Galil y Uzi, provistas de miras telescópicas, les impuso una disciplina de hierro. Al concluir la exhibición de febrero, los treinta sicarios diplomados cantaron el himno de la ACDEGAM: “Un día fuimos comunistas/obligados a luchar/por doctrinas que llegaron/y están contra la paz. Nuestro lema es defender/nuestros hijos, nuestros bienes/nuestras tierras/ y lo vamos a lograr”. Después hicieron disparos al aire gritando: “!muerte a los comunistas, muerte a las FARC!” (Piccoli, 2005:19).

El recambio de élites fue más allá del control de las fuerzas paramilitares. Como ha documentado Reyes (1997), la adquisición de tierras por parte de los narcotraficantes dio lugar a un fenómeno de concentración de la propiedad que bien puede definirse como una “contrarreforma agraria”. Se estima que para 1995 al menos un 11% de los predios rurales habían sido adquiridos por empresarios de la droga. Estos estaban compuestos por las tierras más productivas y mejor conectadas con los centros de desarrollo y los mercados internos del país. La adquisición masiva de tierras por parte de los capos no obedeció exclusivamente a su mayor disponibilidad de efectivo o a las necesidades del lavado. Toda una situación conflictiva previa alimentó el éxodo forzado de la población a otras zonas del país, con el consecuente impacto en el mercado de tierras. Factores como la composición y conducta de los grupos dirigentes anteriores, la influencia de las guerrillas en la población rural, la complicidad o tolerancia de las fuerzas armadas y del gobierno en la formación de grupos paramilitares, y las reacciones de la justicia, que condujeron a resultados diferentes de región a región. Según los cálculos de Reyes (1997) la compra masiva de tierras por parte de los narcotraficantes se había extendido a 409 municipios (cerca de la mitad del territorio nacional), entre los años ochenta y la primera mitad de los noventa. Esto significó, de facto, la profundización del conflicto por la tierra y su imposible reversibilidad por parte de los distintos gobiernos. Es preciso destacar que, si bien la alianza entre narcotraficantes, terratenientes, ganaderos y fuerzas militares durante los años ochenta fue marcadamente contrainsurgente, en su doble papel de élites emergentes y empresarios ilegales, los narcotraficantes irrigaron recursos económicos a todos los actores del conflicto armado, instrumentalizándolos en función de su actividad ilícita. Posteriormente, entrarían en confrontaciones con las guerrillas por el dominio de los recursos y los territorios del circuito de la droga.

Una vez adquirió los medios económicos y el monopolio de los ejércitos paramilitares, el poder del narcotráfico permeó a la clase política y a distintas instituciones del Estado. Los narcotraficantes hicieron pie en el sistema clientelar de las regiones a través del financiamiento de las campañas tanto de políticos nuevos como de los tradicionales. Tras el asesinato del líder político de las autodefensas de Puerto Boyacá, Pablo Guarín, los integrantes de ACDEGAM fundaron el Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA), un pequeño partido que anunciaba sin pudor su odio a las organizaciones sociales y sindicales así como su defensa de los “valores cristianos” pregonados por organizaciones como Sociedad Colombiana de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad. El surgimiento del MORENA mostró el apoyo político, especialmente del Partido Liberal, a los grupos paramilitares de Puerto Boyacá. El hecho de que posteriormente los políticos Norberto Morales Ballesteros, Bernardo Guerra Serna (padrino político de Álvaro Uribe Vélez en los años 80) y Alberto Santofimio Botero (padrino político de Pablo Escobar) persuadieran a los directivos de ACDEGAM para que no continuaran impulsando la gestión política de MORENA, se debía únicamente a que no lo veían conveniente políticamente, por la reacción que había generado en algunos sectores. La alternativa fue crear el denominado Movimiento Liberal Democrático y Popular del Magdalena Medio. Consolidado el modelo político, social y militar de las “autodefensas” en estas latitudes, lo que siguió fue su expansión continua hacia las demás las regiones.

4.3. Replicando la experiencia piloto

La experiencia de Puerto Boyacá mostró la eficiencia de los grupos de violencia parainstitucional en el cumplimiento de distintos objetivos: la protección de la población frente al boleteo, las “vacunas” y los secuestros de la guerrilla; la vigilancia de las haciendas de los narcotraficantes y los terratenientes tradicionales; el cuidado del circuito de producción y transporte de la cocaína; el disciplinamiento de la población opositora (dentro y fuera de la esfera de influencia de los grupos de izquierda y la insurgencia); y la neutralización de los sectores políticos y sociales contrarios al narcotráfico. La gestión violenta de la conflictividad social fue útil a los fines de acrecentar el terreno ganado por las nuevas élites narcotraficantes en las regiones y preservar los intereses de sus asociados (terratenientes, ganaderos, políticos, militares) ante las posibles amenazas de cambio. En el campo político, estas provenían de la Unión Patriótica (UP) y el Nuevo Liberalismo⁸⁷, mientras que en el campo militar se vinculaban con la acción de los grupos guerrilleros que habían ampliado su radio de operaciones hacia las zonas donde se producía más riqueza (FARC, ELN, EPL y M19).

El periodo 1983-1994 se caracteriza por la multiplicación y expansión del modelo paramilitar del Magdalena Medio a lo largo y ancho de la geografía nacional (ver anexo 2). En las raíces de esta expansión estuvieron los intereses de los empresarios de la droga y el apoyo de las Fuerzas Militares a la formación de grupos de “autodefensa”. Por su parte, ganaderos y terratenientes, que en muchos casos hacían las veces de barones políticos en las regiones, empezaron a requerir los servicios de los grupos paramilitares para enfrentar a sus adversarios y resolver la conflictividad social por las vías de hecho.

4.3.1 Las “autodefensas” de los Castaño en Córdoba

En el departamento de Córdoba, en la Costa Norte colombiana, la aparición de grupos de violencia parainstitucional ocurrió en un contexto marcado por la ausencia histórica de políticas sociales, y por una alta tasa de concentración de la propiedad agraria, que enfrentaba a latifundistas, campesinos pobres e indígenas. Este escenario de marginación socio-económica fue propiciado por las prácticas gamonalistas y clientelares de la dirigencia cordobesa, que hicieron que los recursos de la región se explotaran inapropiadamente y terminaran llenando las arcas de unos pocos. No sorprende la implantación del ideario insurgente en tales circunstancias; desde finales de los setenta hicieron presencia en la zona el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN).

La formación del primer grupo paramilitar en la región estuvo dirigida por Fidel Castaño, hombre nacido en Almafi (Antioquia) que había logrado acumular un importante capital a través de actividades como el contrabando, la piratería del asfalto y el comercio de diamantes, antes de entrar en el negocio del tráfico de drogas de la mano de unos socios de Pablo Escobar. Para 1980, Fidel Castaño había logrado amasar, junto a su hermano Vicente, una gran fortuna producto del monopolio de la narcoruta “La Fania” que exportaba cocaína hacia México desde el Puerto de Buenaventura. Para salvaguardar su actividad, Fidel se mantenía cercano a las fuerzas militares a las que sobornaba para que dejaran fluir su comercio clandestino. Era frecuente ver hombres uniformados alojándose en su finca y a policías patrullando en las motos que les obsequiaba (GMH, 2010). En Almafí operaban tropas del Batallón Bomboná que habían sido enviadas al nordeste antioqueño desde 1975 con la instrucción expresa de combatir a la guerrilla y “organizar grupos de autodefensa a nivel de veredas y caseríos” (Comando del Ejército, 1975). De este modo, la entrada de Fidel en la lucha contrainsurgente se da en apoyo al batallón que hacía la vista gorda a sus ilícitos.

Es importante remarcar este aspecto ya que suele invocarse la muerte del padre de Fidel Castaño, durante el cautiverio en que fue mantenido por las FARC, como el momento en que éste decide desplegar su acción contra la guerrilla. El registro de secuestros del DAS señala que Jesús Castaño falleció el 19 de septiembre de 1981, momento en el que ya se hallaban organizados y en funcionamiento diversos grupos de autodefensas bajo su comando en Antioquia. Esta fecha, que parece un detalle periodístico más, es fundamental por cuanto desmonta el mito de origen del paramilitarismo de última generación en Colombia. Incluso las investigaciones más críticas del fenómeno como la de Medina Gallego (1990:115) insisten en explicar la formación de las autodefensas de los Castaño como una cruzada retaliadora animada por una venganza de sangre. Este es el relato que, con claras inconsistencias narrativas, han ofrecido los hermanos Castaño a la opinión pública colombiana, el mismo que empaña las funciones múltiples que cumplieron las autodefensas a los efectos de preservar los intereses de terratenientes, ganaderos, militares y narcotraficantes y acrecentar sus fortunas.

En nombre de la “justicia vengadora” de los Castaño, se desató en junio de 1982 una de las más sangrientas olas de violencia en el nordeste antioqueño dentro de las que se cuentan al menos cuatro masacres; el asesinato de dos familias de trabajadores de “El Hundidor”, una de las fincas de los Castaño; el asesinato de dos líderes del Partido Comunista y de un concejal de la Unión Nacional de Oposición (UNO) que habían denunciado los lazos de los Castaño con el narcotráfico; y tres desapariciones forzadas de personas que habían ido a votar. La cantidad de víctimas en municipios tan distantes, y su extracción variopinta (algunos militantes de izquierda, otros ex empleados de los almafiteños, otros simples ciudadanos) hacen difícil creer en la hipótesis retaliadora. Echar luz sobre esta cuestión permite ver no sólo que la colaboración de los Castaño con el Ejército se produjo con antelación al secuestro de su padre, sino que la venganza personal les sirvió como pantalla para lanzar una ofensiva contra la izquierda armada y contra cualquier disidencia civil que implicase alguna amenaza para los poderes tradicionales locales. Este vínculo fue verificado años más tarde por el propio Fidel, en una entrevista otorgada a Reyes (2009), donde contó que el mayor Álvarez Henao, comandante del grupo de soldados que estaba en Segovia (nordeste de Antioquia), fue el creador de las autodefensas en la región y quien lo inició en la lucha antisubversiva durante el gobierno de Turbay (1978-1982).

Cuando Fidel y sus hermanos se hicieron demasiado conocidos en Antioquia, escogieron el departamento de Córdoba como nuevo destino para hacerse de fincas que habían bajado su precio. Allí los herederos de las grandes haciendas se hallaban atemorizados por las acciones del EPL y estaban decididos a vender y escapar lo más pronto posible. Córdoba era el paraíso para los narcotraficantes: «además de tener la montaña de climas templados, donde crecía la coca, tenían las playas solitarias que les facilitaban los tráficos ilícitos» (Ronderos, 2014:168). A partir de 1983, las denuncias contra Fidel Castaño por apropiación forzada de tierras empiezan a multiplicarse: «con plata o con plomo, o con una eficaz combinación de los dos, consiguió hacerse a muchas fincas en poco tiempo» (p. 168).

Durante los primeros tres años en Córdoba, Fidel Castaño mantuvo un bajo perfil en la guerra contrainsurgente. La retoma de la actividad paramilitar se produjo en 1986 tras tomar contacto con las autodefensas del Magdalena Medio en un encuentro promovido por Luis Meneses, alias “Ariel Otero”, oficial retirado del Ejército y mano derecha de los paramilitares de Puerto Boyacá (p.174). La formación del núcleo contrainsurgente avanzaba a medida que el EPL ganaba terreno entre los obreros bananeros del Urabá y el sindicalismo cordobés, e imponía duras “cargas impositivas” a los ricos de la región. En octubre de 1987 fue inaugurada en Córdoba la XI Brigada del Ejército, al mando de Iván Ramírez, el mismo oficial que había comandado el Batallón Charry Solano, conocido por la creación de la Triple A, que como vimos en el capítulo dos, fue responsable de numerosas operaciones encubiertas, desapariciones y asesinatos de jefes guerrilleros y líderes de izquierda (El Espectador, 31 de mayo de 2008). La acción de la XI Brigada con sede en Montería contó con el auxilio de la Brigada Móvil del Ejército, cuerpo élite de las FFMM de disposición permanente que emplea simultáneamente fuerzas de aire tierra y agua en sus operaciones. A ésta se debe la práctica de bombardeos en zonas de cultivo, la concentración forzada de personas, la instalación de retenes, el control de alimentos y la irrupción violenta en domicilios acompañada de saqueo de bienes y robo de animales. En general su arribo se producía con posteridad al ataque de los ejércitos paramilitares que se ocupaban del aniquilamiento de víctimas previamente identificadas y dejaban el terreno “libre” para que la Brigada obrara sobre la población civil en busca de posibles reductos de la guerrilla. En el mismo año que llegaron las Brigadas del Ejército, hombres de las autodefensas de Puerto Boyacá hicieron presencia en Córdoba bajo las órdenes de Fidel Castaño y su hermano menor, Carlos. Ad portas de las elecciones de 1988 empezaron los asesinatos de dirigentes populares en Córdoba (seis del Frente Popular y dos de la UP) y a dos meses de los comicios se intensificaron las masacres, llegando a ser siete en sólo ocho semanas (CNMH, 2012).

La violencia parainstitucional puso en la mira a la población civil organizada de Córdoba, acusada de prestar apoyo social y político a la insurgencia armada. Así, fueron blanco de operativos paramilitares la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Organización de Indígenas de Colombia (ONIC), la Asociación de Maestros de Córdoba (ADEMACOR), la Federación Sindical de Trabajadores de Córdoba (FESTRACOR) y los militantes de organizaciones políticas como la UP, el Frente Popular y el Movimiento Político a Luchar, el Movimiento estudiantil cordobés, intelectuales y líderes cívicos de la región (Medina Gallego, 1990: 117).

Como fachada para encubrir los ilícitos de la droga y el despojo de tierras, y congraciarse con las autoridades estatales, las autodefensas de Córdoba crearon en 1989 una ONG que emuló a la ACDEGAM del Magdalena Medio: la Fundación para la paz de Córdoba (FUNPAZCOR). A través de ésta organización, Fidel Castaño simuló la entrega de las tierras que había usurpado a los campesinos pobres de la región. A posteriori se comprobó que la supuesta ayuda era un engaño que implicaba para los “beneficiados” cargas peores que la marginación que ya padecían:

Dentro de las escrituras se incluyeron “clausulas” que limitaron la forma en la que los campesinos podían utilizar sus tierras, las cuales debían ceñirse a lo que la fundación les ordenaba. Nunca se trató de una donación. A algunos de los campesinos les pedían a cambio parte de lo que producían, a otros les pedían parte de las ganancias y a otros simplemente les imponían arrendatarios que usaban las tierras para ganadería (Verdad Abierta, 28 de septiembre de 2012).

La Unidad de Restitución de Tierras (UTC), creada por el Gobierno Nacional en 2011, estima que más de 3000 personas fueron despojadas de sus tierras por medio de FUNPAZCOR. Hasta 2014 la UTC recibió 700 reclamaciones de restitución en las que se alegaba la acción directa de esta Fundación. En otras 100 solicitudes de restitución se trató de terrenos que fueron entregados a los campesinos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) pero que por amenazas de los paramilitares, se vieron obligados a entregar a testaferros de Fidel Castaño que los convirtieron en grandes latifundios (El Espectador, 20 de enero de 2015).

4.3.2 Las autodefensas del Cesar y Norte de Santander

El “modelo Puerto Boyacá” tuvo un nuevo capítulo en el departamento del Cesar y en el Municipio de Ocaña (Norte de Santander) con la familia Prada. A partir de la reorganización político-administrativa de los Departamentos de Magdalena y Cesar en 1968, sobrevino una etapa de abandono y desatención estatal de la región que favoreció la acción de los grupos guerrilleros. La incursión de los grupos insurgentes en la zona sur del departamento del Cesar se dio por la utilización de ese territorio como lugar de descanso y recuperación de los frentes guerrilleros que operaban en la Sierra Nevada y la Sierra del Perijá. Posteriormente, el apoyo a movimientos de invasión de tierras y de protesta campesina como el protagonizado por los algodoneros en el año 1987 fue contundente para su fortalecimiento político entre la población (Bernal Castillo, 2004). En el caso de Ocaña, la incursión de las guerrillas ocurrió a comienzos de los años setenta motivada por su condición de zona petrolera.

Desde finales de los ochenta operaron en la región grupos de autodefensas como “Los Masetos”, “la Mano Negra”, “Los Paisas”, el grupo de Luis Orfego Ovallos Gaona, el de Camilo Morantes y el de Manaure, todas organizaciones con vocación contrainsurgente que combatieron al ELN, las FARC, el EPL y el M-19. A partir de 1992, Roberto Prada Gamarra junto con cinco ex soldados del Batallón “Los Guanes” del Ejército Nacional, constituyó su propio grupo de autodefensas. El primo de Roberto, Juan Prada Márquez, colaboró con dinero e información al grupo de autodefensas en 1992 y 1993 y a partir de 1995 fungió como su dirigente hasta el momento de su desmovilización (Tribunal Superior de Bogotá, sentencia del 1 de diciembre de 2014: 5). Alias “Juancho Prada” comandó el Frente “Héctor Julio Peinado”, un grupo paramilitar que operó en los municipios Aguachica, San Alberto y San Martín en el Sur del Cesar y Ocaña en Norte de Santander a partir de 1995.

En 1998, los Prada y los grupos de Camilo Morantes y Mario Zabala, se sumaron a las AUC como Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC). Según ha documentado la Fiscalía General de la Nación, este grupo cometió cerca de 880 homicidios y exterminó movimientos políticos y sociales en la zona (Verdad Abierta, 17 de diciembre de 2014). Por su parte, la justicia colombiana imputó al grupo de “Juancho Prada” 221 delitos entre los que se cuentan “homicidios, desapariciones forzadas, torturas, secuestros, extorsiones, amenazas, apropiación de bienes protegidos y expulsión, traslado o desplazamiento forzado, todos, cometidos contra civiles no participes del conflicto interno colombiano; de igual forma se evidenció un caso de despojo de tierras y la realización de una incursión armada” (Tribunal Superior de Bogotá, sentencia del 1 de diciembre de 2014: 5). Además, se acusó al Frente “Héctor Julio Peinado” de ejercer presión y hostigamientos en las elecciones locales de San Martín, San Alberto, Aguachica, Gamarra, Río de Oro, Ocaña y Abrego entre 1996 y 2006. Los hombres del Frente sirvieron como escoltas de los candidatos que apoyaban, obligaron a la gente a transportarse a los sitios de votación, hicieron presencia armada en las mesas y asesinaron a los candidatos opuestos a sus aliados. Juan Prada Márquez se acogió a los beneficios de la Ley 975 de 2005, de justicia transicional, en el año 2006 y a la fecha de escritura de esta tesis está a punto de abandonar el penal donde se halla recluido en Barranquilla para terminar la condena en su domicilio (Verdad Abierta, 11 de febrero de 2015)

Otro episodio de las embrionarias “autodefensas” tuvo lugar en la Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar de disputa entre guerrillas, paramilitares y narcotraficantes por su carácter estratégico. La Sierra abastece de agua a los trece municipios y a las industrias agroexportadoras de las zonas planas de la costa atlántica. Su proximidad al mar facilita el contrabando, el aprovisionamiento de armas y de municiones y el narcotráfico. Además, es un corredor estratégico que se extiende desde la frontera con Venezuela hasta la región de Urabá y que incluye las regiones del Cesar y la Ciénaga Grande de Santa Marta, en camino hacia la región de Córdoba.⁸⁸Para las guerrillas fue una zona apta para la permanencia de secuestrados y retaguardia estratégica del Bloque Caribe de las FARC (Defensoría del Pueblo, 2003).

4.3.3. Las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta

En la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo Serna, colono nacido en el Departamento de Caldas, organizó grupos de seguridad privada desde finales de los setenta para proteger los bienes adquiridos por actividades ilegales (la banda conocida como “Los Chamizos”). Tras sufrir varios atentados de las FARC, y en plenas conversaciones de paz del gobierno Betancourt, Giraldo Serna fundó el Bloque Caribe de Autodefensas Campesinas de “El Mamey”, exigiendo a las familias campesinas de la zona que aportaran un hijo para la formación del grupo. Desde entonces, inició una campaña de despojo y exterminio contra la izquierda armada y la población civil que dejó unas 67.000 víctimas. A la cruzada de Giraldo Serna se sumó el “clan de los Rojas” (Adán Rojas Ospino y sus hijos Rigoberto, Adán, José Gregorio y Camilo) otra familia de colonos provenientes del Tolima, que venían enfrentando al ELN desde 1984. “Los Rojas” recibieron entrenamiento en la escuela “El Cincuenta” en Puerto Boyacá, por orden de Fidel Castaño. Junto a Giraldo Sierra comandaron el capítulo de las AUC que operó en los Departamentos de Magdalena, Guajira y Bolívar, aunque su acción se extendió más allá de estos territorios, siendo fundamental su participación en la conformación de grupos paramilitares en la zona de Urabá.

Como fachada de las “autodefensas” de la Sierra Nevada se creó en 1995 la cooperativa de vigilancia y seguridad privada “Conservar” que prestaba seguridad en el mercado público de Santa Marta, algunos barrios y el sector hotelero de la ciudad, y que fue clausurada en 1998 cuando las altas cortes declararon ilegales a todas las CONVIVIR. Posteriormente, la asociación entre Giraldo y “Los Rojas” terminó por conflictos vinculados con el control del tráfico de drogas en la Sierra (Verdad Abierta, 9 de junio de 2009). Actualmente Giraldo Serna responde por sus crímenes desde una cárcel en Virginia, Estados Unidos, junto con diez de sus hombres más cercanos, por 695 hechos imputados por la Fiscalía Novena de Justicia y Paz (Verdad Abierta, 12 de febrero de 2015). “Los Rojas”, por su parte, se acogieron a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

La historia de Córdoba con los Castaño, del Cesar con los Prada y de la Sierra Nevada con Giraldo Serna y “Los Rojas” se repitió con otros nombres y geografías hasta mediados de los noventa. En el Casanare (Los Buitrago), los Llanos Orientales y el Putumayo hicieron su aparición aparatos armados al servicio del narcotráfico.⁸⁹ Estos se encargaron no sólo de vigilar la actividad ilícita de los capos, sino de controlar a sus detractores mediante amenazas, extorsiones y asesinatos. De este modo, los carteles de la droga hicieron suya la “tradición nacional” de usar la violencia como modo para acceder a nuevos territorios, preservar el control de aquellos ya anexados y castigar a quienes denunciaban su acción criminal.

4.4. La “legítima” defensa colectiva, organizada y permanente

En paralelo, se robustecía el apoyo cívico-militar en favor de la formación de grupos de “autodefensa”. Es claro que si la consigna era ganar la “guerra” a la subversión, los mecanismos a desplegar no podían ser sólo los de la coerción, también se precisaba una estrategia de legitimación del recurso a la violencia y una demarcación de la línea de enemistad. El general Daniel Enrique García Echeverry, comandante de la Quinta Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga, formuló en 1986 un «fervoroso llamado a los sentimientos nacionalistas de los colombianos para pasar de la inacción a la legítima defensa, a la acción defensiva para hacer frente a la actividad terrorista». Un llamado que años antes hiciera el ministro de defensa, Luis Carlos Camacho Leyva, al afirmar que «la defensa nacional interna y externa en el sentido moderno no es simplemente una obligación del gobierno y de sus Fuerzas Militares, sino que ello requiere el concurso decidido de todos los ciudadanos de buena voluntad» (Semana, 19 de mayo de 1986).

La organización de la sociedad para realizar este esfuerzo se presentó como una prioridad, pero sobre todo, como una obligación de la nación. El general Landazábal Reyes, sostenía que «las legítimas autodefensas campesinas se sustentaban en la idea de que “El pueblo” forma parte del Ejército, es el que lo nutre (…) yo no entiendo por qué trata de establecerse una dicotomía entre Ejército y Pueblo. El Pueblo tiene que defenderse de quienes están tratando de socavar el poder constitucional» (Resumen Gráfico, 16 de junio de 1989). El paramilitarismo está profundamente arraigado en la mentalidad de los altos mandos militares formados e instruidos bajo la doctrina contrainsurgente. Otro tanto ocurre con la identificación de un enemigo dual, que es armado y desarmado, militar y civil a la vez:

Los agentes clandestinos y los agitadores se infiltran en las organizaciones sociales y estatales, se apoderan de los cargos directivos y generan planes de debilitamiento de las estructuras con miras a crear el caos y el derrumbamiento final del Estado. No existe instituto, organización o grupo social, político o religioso, sobre el cual no tengan interés de penetrarlo y dominarlo. Todas estas actividades constituyen lo que se denomina la guerra política, que es la parte más peligrosa para la vida de las democracias (Coronel Zafra Galvis, 1985, citado por MOVICE, 2013: 110)

La visión de una guerra que debía librarse no sólo contra las guerrillas sino contra la población civil infiltrada por el fanatismo subversivo, no era una opinión de militares extremistas, era el vector de la estrategia y la táctica de la institución castrense tal como se corrobora en el Reglamento de combate de contraguerrillas (Manual EJC-3-10) de 1987. Allí se divide a las fuerzas subversivas en dos: la población civil insurgente y el grupo armado. La primera es definida como:

la masa heterogénea conformada por elementos provenientes de diferentes sectores y unificada a través de un proceso de actividad sicológica (…) La población civil insurgente se encuentra en los movimientos sindicales, estudiantiles, campesinos, políticos. Tiene por misión ejecutar acciones de tipo civil dentro de las estructuras formales de la sociedad para desgastar, desmoralizar, dislocar y finalmente eliminar las instituciones fundamentales de la Nación (Comando del Ejército, 1987: 188).

Partiendo de esta premisa, el Comando del Ejército reiteró la figura de las Juntas de Autodefensa como uno de los principales apoyos en la lucha contrainsurgente:

para lograr la eliminación de las fuerzas insurgentes o quebrar su voluntad de lucha, las Fuerzas Militares deben apuntar al aislamiento entre población e insurgentes, pues el éxito de un movimiento guerrillero está en relación directa con el crecimiento de su poder de combate y el apoyo que logre de un amplio sector de la población civil (…) Sin la población civil la guerrilla queda a merced de la suerte y reducida peligrosamente a sus vulnerables medios militares que no representan amenaza militar de consideración (Comando del Ejército, 1987: 188).

Es importante notar cómo en los manuales y discursos de las Fuerzas Armadas de finales de los ochenta se produce un cambio de acento en la justificación de las acciones contrainsurgentes pasando del anticomunismo al “derecho de autodefensa”. La construcción de la “subversión” como un agente agresor y codicioso que justificaba y hacía necesaria la aparición de grupos de seguridad privada, implicó una “paradójica” cesión del poder coercitivo del Estado en manos de civiles. En principio, el surgimiento de grupos civiles armados denotaría que la autoridad formalmente establecida es incapaz de cumplir con su función, es incompetente en la tarea de proporcionar seguridad, es inútil como órgano regulador de la vida social y es impotente cuando se trata de hacer valer el estado de derecho. Sin embargo, al reconocer el derecho de autodefensa colectiva, el Estado colombiano legitimó una estrategia sui generis de actuación en el territorio consistente en la descentralización del monopolio de la violencia a partir de la delegación de su ejercicio en grupos privados.

Lo que la formación de grupos de autodefensa revela, entonces, es la consolidación de un “monopolio delegativo” de la violencia y no una debilidad o pérdida de soberanía del Estado, ya que el funcionamiento de estos ejércitos privados, es legitimado como parte de la defensa del poder político y la soberanía estatal. Dicho en otras palabras, el derecho de autodefensa colectiva, que en un primer momento puede ser leído como una erosión del principio de monopolio estatal de la violencia, es en realidad una modalidad específica de ejercicio de este monopolio, en la cual el Estado autoriza el uso de la violencia a poderes que operan más allá de sus límites formales siempre y cuando esto se de en apoyo a la estrategia contrainsurgente. No sorprende, por tanto que, en el mismo año de aparición del Reglamento de Contraguerrillas, el general Álvaro Valencia Tovar aseverara que el Ejército,

demanda de la sociedad actitudes solidarias cuando trata de defenderla de sus enemigos (…) interesa lograr una plena simbiosis entre los instrumentos armados de la nación y el pueblo que los nutre con sus hombres, los apoya con su solidaridad y debe integrarse con ellos para formar un frente sólido, identificado ante la amenaza (…) la solidaridad civil-militar debe conseguirse con la amplitud requerida para rechazar la agresión donde se haga evidente y preparar defensas adecuadas en los sectores más vulnerables (Valencia Tovar, 1987: 211)

Pero no se trata únicamente de la simbiosis Pueblo-Fuerzas Armadas invocada por la retórica de la Doctrina de Seguridad Nacional. Se trata de la asunción de una estrategia ad hoc que tiene por finalidad la conservación de la soberanía estatal aún al costo de compartir con privados el ejercicio de la coerción. Cuando el general Rafael Samudio Molina, entonces Ministro de Defensa, afirmó que «el derecho de autodefensa es un principio natural. Cada cual puede apelar al legítimo derecho de defensa y, si las comunidades se organizan, hay que mirarlo desde el punto de vista que lo hacen para proteger sus bienes y sus vidas» (El Mundo, Medellín, 25 de julio de 1987), estaba reconociendo que el Estado colombiano validaba y auspiciaba el apoyo privado a las fuerzas estatales. Más aún, el mentado general, no tuvo ningún prurito en admitir que estos grupos poseían armas amparadas por salvoconductos otorgados por las unidades militares. Varios generales en retiro se sumaron al debate sobre las autodefensas afirmando que los grupos de autodefensa eran la legítima respuesta de la población ante el insuficiente pie de fuerza del Ejército para controlar todo el territorio nacional.

La institución del “derecho a la autodefensa colectiva” como un principio normativo, más allá de la enorme paradoja que supone para la noción moderna de Estado, precisó de una justificación que fuese más allá de lo militar, de manera que fuera moral y políticamente aceptable. El esfuerzo emprendido desde distintos sectores dominantes de la “sociedad civil” terminó elaborando una falaz pero efectiva legitimación del paramilitarismo que validó la continuidad de la violencia organizada contra los sectores subalternos. Expresión canónica de esta estratagema fue el documento titulado La legítima defensa en los campos colombianos, en donde un grupo de juristas de la Sociedad Colombiana de Defensa de la Tradición, la familia y la propiedad (TFP) defendía la existencia de los grupos paramilitares como respuesta a la ineficacia de la acción estatal: «Cuando el poder público no puede o no quiere acudir a la defensa de los habitantes de lugares remotos para tutelar sus derechos, entonces es una razón más […] en pro de la facultad de que gozan los habitantes de defenderse por sí mismos organizadamente» (citado por Medina Gallego, 1990, 204).

Como ha señalado Franco (2009), “resistencia a la acción insurgente” y “respuesta a la ineficacia estatal”, devinieron recursos discursivos para investir al “derecho de autodefensa colectiva” como un principio normativo. Curiosamente, este no aparece como tal en la Constitución, sino que es introducido vagamente como una potestad del Ejército en diversas legislaciones surgidas durante los estados de sitio. En la práctica, sin embargo, la existencia de grupos de autodefensa, precede incluso a la Doctrina de Seguridad Nacional, como hemos tenido oportunidad de ver en el capítulo dos de esta investigación. Pero mientras las autodefensas campesinas de mediados de siglo, englobaban a los sectores rurales marginados, azotados por la violencia de los gobiernos conservadores, las autodefensas de los ochenta y noventa, estuvieron compuestas por terratenientes, ganaderos, empresarios de la droga y compañías extranjeras que buscaban enfrentar a la insurgencia en forma dual. Las propias fuerzas armadas han hecho público el carácter estructural del paramilitarismo en la historia colombiana reciente:

las autodefensas fueron creadas en forma activa y constitucional por el insigne presidente Guillermo León Valencia, quien con los generales Alberto Ruiz Novoa y Gabriel Rebeiz Pizarro logró reportarle purísima paz a la nación, en parte principal gracias a dicha organización. No tuve necesidad de crear grupos de autodefensa, porque ya existían, muy bien organizados y con resultados admirables, en los municipios del área del batallón Bárbula y como la política del Ejército Nacional, dirigida por usted, señor general Botero Restrepo, señala al Ejército Nacional con el apoyo de las autodefensas, para preservar el orden y para devolver la tranquilidad a las regiones afectadas, desarrollé mi actividad de mando, conforme a dicha estrategia y mediante las tácticas correspondientes (Carta del teniente coronel (r) Luis Arcesio Bohórquez Montoya al Ministro de Defensa, general Oscar Botero Restrepo, fechada 20 de septiembre de 1989, citada en La Prensa, del 15 de octubre de 1989).

4.4. La prohibición de los grupos de “autodefensa”: ¿volviendo a trazar los límites?

Vista la relación orgánica entre Estado y grupos paramilitares, ¿cómo es que se produce la ruptura que condujo a que estos últimos fueran considerados ilegales? La respuesta se encuentra en el desmadre de las acciones de las estructuras armadas del Cartel de Medellín y la consecuente reconfiguración del bloque dominante con exclusión de estos miembros indeseables. El carácter ambivalente del paramilitarismo frente al Estado (amigo en la lucha contrainsurgente y enemigo en la lucha contra el narcotráfico) entrañó una paradoja que se volvió insostenible cuando se acentuó el narcoterrorismo. Ante el avance de la “guerra antidrogas”, los narcotraficantes empezaron a usar el terror para presionar al Gobierno Nacional y lograr la eliminación de los acuerdos de extradición mantenidos con Estados Unidos. Autodenominados como “Extraditables”, los capos del cartel de Medellín se ensañaron contra jueces, policías, periodistas, congresistas y líderes políticos, elevando el número de asesinatos, masacres y atentados a niveles intolerables. Entre 1980 y 1989, la tasa de homicidios pasó de 21 a 80 por cada 100.000 habitantes, las masacres aumentaron de 6 a 92 por año, y los secuestros de 44 a 781 (DNP, 1999).

En 1989 los “Extraditables” y sus ejércitos paramilitares perpetraron los magnicidios del coronel Valdemar Franklin Quintero, el Magistrado Carlos Ernesto Valencia, y el senador y precandidato a la presidencia por el Partido Liberal Luis Carlos Galán, así como los atentados dinamiteros contra “El Espectador”, “Vanguardia Liberal” y el avión de Avianca HK-1803. Pero el hecho que obligaría al cambio de actitud del gobierno ante las autodefensas sería la masacre de quince funcionarios judiciales en inmediaciones del corregimiento de “La Rochela” (municipio de Simacota, Santander). El hecho fue cometido el 18 de enero de 1989 por paramilitares, narcotraficantes y miembros del ejército, y en marzo del mismo año, el presidente Barco se pronunció en contra de los paramilitares, a quienes calificó de “organizaciones terroristas” y tomó medidas para detener a sus líderes y procesar a los oficiales del ejército involucrados. Algunos centros de formación de las “autodefensas” fueron desmantelados y se creó una unidad especial de la policía se para cazar paramilitares y ex paramilitares (El País, 9 de marzo de 1989).

Arguyendo que la legislación que autorizaba la utilización de personal civil en actividades y trabajos para el restablecimiento de la normalidad (decreto legislativo 3398 de 1965) había sido malinterpretada «por algunos sectores de la opinión pública causando confusión sobre su alcance y finalidades en el sentido de que se puedan llegar a tomar como una autorización legal para organizar grupos civiles armados que resultan actuando al margen de la Constitución y las leyes», el gobierno nacional emitió el decreto 815/89, que suspendió la vigencia del parágrafo tercero del artículo 33 del decreto legislativo 3398 de 1965, según el cual «El Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los Comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que están consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas». En el Artículo dos, el nuevo decreto legisló que:

Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, la creación de grupos de armados, sólo será procedente mediante decreto del Presidente de la República, refrendado y comunicado por los Ministros de Gobierno y de Defensa Nacional (...) [d]icha utilización sólo podrá tener por finalidad la colaboración de la población civil en actividades no agresivas y en ningún momento implicarán la entrega de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas ni la autorización de su porte o utilización.

La decisión fue tomada ante el caos y descontrol generado por la acción combinada de bandas de sicarios, escuadrones de la muerte, grupos de autodefensa o de justicia privada, según el Gobierno, «equivocadamente denominados paramilitares». Pero los propios considerandos del decreto transparentan los márgenes borrosos en que venía discurriendo la violencia estatal:

Que el Gobierno Nacional siempre ha combatido la existencia de grupos armados que operan al margen de la Constitución y la ley y que por ello considera necesario suspender las normas mencionadas, con el fin de que no exista ambigüedad alguna acerca de la voluntad del Gobierno y del Ejército, la Policía Nacional y organismos de seguridad, de enfrentar a quienes forman parte de dichos grupos, los organizan, financian, promueven o de cualquier manera les prestan colaboración.

El decreto es revelador en varios sentidos. Denota la intención del gobierno de desligar la acción de las fuerzas militares de los hechos ocurridos. Remite el origen de los grupos de violencia parainstitucional a un error de interpretación de “sectores” de la sociedad que malentendieron que tenían licencia para armarse. Aun así, mantiene la participación civil en “actividades no agresivas”, con lo que los ciudadanos siguen en el centro de la confrontación ya no como combatientes sino como eventuales “colaboradores” de las fuerzas armadas.

El 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema de Colombia revocó las disposiciones de la Ley 48 de 1968 que habían permitido al Ejército la distribución de armas restringidas a los civiles. Finalmente, el decreto 1.194 de junio de 1989 estableció sanciones penales para los civiles y miembros de las fuerzas armadas incursos en acciones como «reclutar, entrenar, promover, financiar, organizar, dirigir, o pertenecer a los grupos armados, “mal llamados” grupos paramilitares». En teoría, a partir de entonces, los operativos para el restablecimiento del orden público serían función exclusiva del Ejército, la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado. Sin embargo, el golpe letal a la generación de autodefensas comandada por los carteles vino de su interior. Entre finales de los ochenta y comienzos de los noventa se desencadenó una crisis interna dentro del paramilitarismo del Magdalena medio, cuando antiguos socios de Pablo Escobar decidieron organizarse en su contra en la organización conocida como “Los Pepes⁹⁰”. Henry Pérez, fundador de las autodefensas de Puerto Boyacá fue asesinado en 1991 por hombres de Escobar, quienes le cobraron su traición al haberse unido al esfuerzo conjunto de fuerzas legales e ilegales para acabar con su vida. Luis Meneses (alias Ariel Otero), oficial retirado del Ejército y sucesor del jefe paramilitar, acordó con el Gobierno de César Gaviria (1990-1994) la desmovilización del puñado de combatientes en esa región que le seguían siendo leales, y poco después, en 1992, también fue asesinado, al parecer, por hombres de Escobar.

La degradación endógena llevaría a este primer ciclo del paramilitarismo a desaparecer. Numerosos comandantes, empresarios de la droga, políticos afines y mercenarios rasos fueron eliminados por vendettas internas. La desconfianza entre mafiosos llevó a la fragmentación de los grupos paramilitares existentes, al descontrol de los mandos medios y bajos, que ante la desaparición de sus antiguos jefes sucumbieron a la disputa por el control del negocio. Patrones y sicarios terminaron combatiendo entre sí por las tierras, los laboratorios y el ganado de otro patrón asesinado. Muertos Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, Carlos, el menor de los hermanos Castaño, tomaría la batuta de las autodefensas imprimiéndoles una forma más disciplinada, centralizada y organizada en una guerra que pretendió estar más comprometida con la lucha contrainsurgente que con el narcotráfico. Esto no implicó que las drogas ilícitas dejaran de ser la principal fuente de financiación del proyecto paramilitar, aunque es claro que las fuentes de recursos se diversificaron, apelando como siempre, al despojo. En contraste con los grupos herederos de Puerto Boyacá, las “autodefensas” relanzadas en los noventa, se caracterizarán por aglutinarse en torno a una doctrina e ideología afines, por estructurarse como tropas bajo un mando unificado, y por afianzar su control no sólo sobre los territorios, sino también sobre las poblaciones y sobre la propia institución estatal. Se inicia así una nueva etapa de la violencia parainstitucional: aquella que sirvió a la expansión y auge del proyecto militar, político e ideológico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Reflexiones finales

Grupos de justicia privada, escuadrones de la muerte, “autodefensas”, paramilitares, ejércitos privados y bandas de sicarios son algunos de los términos frecuentemente utilizados para señalar la acción violenta de grupos de hombres de civil y armados en diferentes regiones y ciudades de Colombia, que a mediados de los noventa llegaron a conocerse con más de 250 nombres distintos (ver anexo 2). El uso indiscriminado de estos diversos términos y nombres creó en su momento una gran confusión acerca de la identidad y naturaleza de los grupos de violencia parainstitucional y sobre la responsabilidad del Estado colombiano en su conformación y mantenimiento. Así, por ejemplo, para el director del DAS en 1988, el general Maza Márquez: «Se trata de ganaderos y hacendados, quienes exacerbados por el impuesto revolucionario exigido por la guerrilla y por las extorsiones de delincuentes comunes, crearon sus propios ejércitos privados». Por su parte, la Dirección General de la Policía sostenía que «estos grupos eran ejércitos creados por narcotraficantes». Los medios de comunicación emplearon entonces el término “narcoparamilitares”.

Ciertamente, las exacciones y abusos de las guerrillas generaron una situación favorable para que campesinos medios y pequeños notables locales, bajo los auspicios de autoridades civiles y militares, se organizaran en grupos de autodefensa en algunas regiones. Sin embargo, estas realidades, por sí solas, no alcanzan a explicarlo todo. Para entender el fenómeno de las primitivas “autodefensas” hay que introducirse en lo que ha sido la estrategia paramilitar de las Fuerzas Armadas y las operaciones encubiertas de los servicios de inteligencia del Estado.

En este capítulo vimos que la formación de grupos paramilitares y las operaciones encubiertas ilegales no fueron el producto de algunas mentes enfermizas o de ovejas negras del Ejército o de la Policía. Tampoco resultaron de la reacción fanatizada de algunos oficiales. Por el contrario, fueron el resultado de la aplicación de una concepción y una ideología que se enseñaba en las academias militares, y que fue puesta en práctica tanto en las estructuras del Ejército como en los sectores rurales donde se libró la lucha contrainsurgente. En éstos escenarios, los sectores dominantes del campo político y económico apelaron al discurso de la “autodefensa” para justificar la formación de grupos de civiles armados que actuaban con objetivos diversos. De este modo, el fenómeno de las “autodefensas” comprende una trama compleja de relaciones e intereses que involucra distintos centros de poder militar y civil, cohesionadas en torno al odio y al temor hacia la insurgencia, pero sobre todo, alrededor de la defensa del poder y el capital acumulados en momentos en los que el reparto existente estaba siendo puesto en cuestión por aquellos sectores excluidos de la ganancia. La violencia parainstitucional que irrumpe en este contexto adopta una estrategia que combina legalidad e ilegalidad y se dirige, selectivamente, a las poblaciones que representan una amenaza para los órdenes locales vigentes: las fuerzas guerrilleras, las organizaciones o movimientos sociales y cívicos, los sindicatos y obreros no sindicalizados, los políticos, jueces y periodistas opuestos a la estrategia de acumulación de terratenientes y narcotraficantes, etc.

La penetración del narcotráfico en la organización paramilitar y los efectos que este tuvo sobre la naturaleza contrainsurgente de las autodefensas volvieron más complejo el conflicto armado, inaugurando tramas difíciles de diferenciar entre la guerra y la criminalidad organizada. El narcotráfico impactó tan decisivamente en la estructura paramilitar que en distintas regiones estos grupos se convirtieron en el brazo armado de los narcotraficantes, como sucedió con los grupos al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Esta situación no fue ajena a otros grupos paramilitares de base social más amplia, como los de Córdoba o la Sierra Nevada de Santa Marta.

A esto se sumó el impacto cultural del narcotráfico relacionado con la apertura de una vía rápida de ascenso social basada en la cultura del dinero fácil y la instrumentalización del uso de la fuerza, provocando una banalización de la violencia y un deterioro de los referentes éticos de la sociedad que no tienen que ver únicamente con no cuestionar la moralidad de los medios sino también la de los fines. En este proceso de reconfiguración social y cultural, el misticismo del guerrillero de los años sesenta y setenta, que calaba tanto en el país urbano, fue reemplazado por el pragmatismo del narcotraficante, que de hecho se convirtió en un referente socialmente aceptado de movilidad social exitosa para amplios sectores de la población.

Hasta finales de los ochenta, las acciones de violencia parainstitucional estuvieron protagonizadas en proporciones similares por los grupos de “autodefensa” y la fuerza pública. Otras tantas acciones de violencia fueron producto de la actividad sicarial que respondía a alianzas funcionales y coyunturales entre los narcotraficantes y distintos actores económicos, políticos y militares, y como tales no apuntaron a la conformación de grupos o comandos permanentes. Lo que veremos a partir de mediados de los noventa será una reducción dramática de los crímenes de autoría de las fuerzas armadas que es proporcional al despliegue de las acciones perpetradas por fuerzas paramilitares. De grupos subordinados al narcotráfico o a los batallones del Ejército cercanos, los grupos confederados en las Autodefensas Unidas de Colombia pasaran a gozar de un margen de autonomía sin precedentes. A ellos nos dedicaremos en el siguiente capítulo.

⁶⁷ Recordemos que entre 1958 y 1970 surgieron la Alianza Nacional Popular ANAPO (1961), el Movimiento Revolucionario Liberal MRL (1962), el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino MOEC (1961), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC (1963-1964), el Ejército de Liberación Nacional (1964-1965), el Ejército Popular de Liberación EPL (1967), el Partido Comunista Colombiano Marxista Leninista PCC- ML (1964), el Frente Unido (1965), el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario MOIR (1969); y se forman la Confederación de Trabajadores de Colombia CSTC (1964) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC (1967).

⁶⁸ Mientras a finales de los cincuenta el porcentaje de analfabetismo era superior al 30% esta proporción se redujo a menos del 15% en 1983. La secundaria se generalizó y la educación superior pasó de 23.013 matriculados en 1960 a 356.000 en 1983 (DANE, 1985).

⁶⁹ Esta ambigüedad es común a otras experiencias como la argentina, donde el término fue empleado para englobar las acciones del terrorismo de Estado durante la dictadura. Frontalini y Caiati realizan una crítica al uso ideológico e impreciso del concepto por parte de los militares, si se tiene en cuenta que «para que haya guerra debe haber dos bandos en estado de beligerancia disputando el poder y aquí la guerrilla nunca cuestionó el poder.» De tal forma, afirman los autores, «esta “guerra” queda reducida al status de represión y ésta, en sus extremos más fanáticos, al de cacería. Los grupos armados actuantes a los que supuestamente se enfrentaron nuestras fuerzas armadas, nunca alcanzaron el status de beligerantes y su capacidad de operatividad militar nunca llegó más allá de la propaganda armada» (1984:74).

⁷⁰ En el caso argentino la “guerra sucia” también se sustentó en la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional. Cómo señalan Frontalini y Caiati (1984:74 y ss) la ideología de los militares se basó en una visión parcializada de la realidad mundial que enfrentaba a “Este vs. Oeste” configurando un campo político asimilable a la Tercera Guerra Mundial. La violencia experimentada en el país se explicaba como parte de esa Tercera Guerra, siendo imperativo combatir al “enemigo” corporizado en la “izquierda”. Al igual que los nazis con los judíos, dicen los autores, la dictadura «desnacionalizó al “enemigo” transformándolo en apátrida e irrecuperable para la convivencia. Bajo esta caracterización, el oponente es definido como ideológico, es decir: no se es “subversivo” sólo por empuñar un arma, sino también por no incluirse dentro de los cánones del pensamiento occidental y cristiano.

⁷¹ En abril de 1979 el gobernador de la Guajira Rafael Iguarán “criticó la negligencia de los militares en su deber de garantizar la paz pública y su participación en negocios ilícitos de la mafia” (Blair, 1993:138).

⁷² Entre mediados de los años sesenta y principios de los años ochenta se habían producido las seis primeras conferencias. La primera tuvo lugar en Ríochiquito, en septiembre de 1964, y las demás en el oriente del país en las regiones del Duda, Guayabero y Pato, entre 1966 y 1978. En lo esencial se constituyó la organización y se determinaron los derroteros. Hay que destacar que en la segunda conferencia se creó un Estado Mayor y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, propiamente dichas. En la quinta se determinó organizar el Estado Mayor, se creó el Secretariado como organismo permanente y se dictaron normas sobre aspectos financieros. En esta fase las autodefensas del Partido Comunista se transformaron en guerrillas móviles y se crearon los primeros destacamentos.

⁷³ Según el Informe Colombia Nunca Más «se estima que para 1983 en pleno desarrollo del proceso de paz, existieron 1.325 detenciones, un número de desapariciones mayor a cien y unos 600 asesinatos con connotación política. La acción represiva paramilitar lleva a cabo casi un 70% de las desapariciones y asesinatos políticos en ese mismo año» (CNM, 2000).

⁷⁴ Fue un asalto perpetrado el 6 de noviembre de 1985 por un comando armado de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19). Ocurrió en la sede del Palacio de Justicia en Bogotá, a una cuadra de la residencia presidencial. La reacción de la Policía Nacional y del Ejército Colombiano fue inmediata. Rodearon el edificio e iniciaron una operación de retoma que duró hasta el día siguiente. El M-19 mantuvo bajo su poder a cerca de 350 rehenes: entre ellos había magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Una crónica de los dos días de toma y retoma puede consultarse en la Revista Semana, 12 de septiembre de 1985.

⁷⁵ El Informe detalla: «[T]he criminal law is too harsh a tool to apply to personal possession even in the effort to discourage use. It implies an overwhelming indictment of the behavior which we believe is not appropriate. The actual and potential harm of use of the drug is not great enough to justify intrusion by the criminal law into private behavior, a step which our society takes only 'with the greatest reluctance» (The National Commission; 1972, citado por NORML, 21 de marzo de 2012).

⁷⁶ Al respecto Hobsbawm escribe: «Las drogas se difundieron no sólo como gesto de rebeldía, ya que las sensaciones que posibilitaban les daban atractivo suficiente. No obstante, el consumo de drogas era, por definición, una actividad ilegal, y el hecho mismo de la droga más popular entre los jóvenes occidentales, la marihuana, fuese posiblemente menos dañina que el alcohol y el tabaco, hacía del fumarla no sólo un acto de desafío, sino de superioridad sobre quienes la habían prohibido. En los anchos horizontes de la Norteamérica de los años sesenta, donde coincidían los fans del rock con los estudiantes radicales, la frontera entre pegarse un colocón y levantar barricadas a veces parecía nebulosa» (Hobsbawm, 2012:33).

⁷⁷ Según Drug Policy Aliance, el número de personas tras las rejas por delitos por drogas no violentos aumentó de 50.000 en 1980 a más de 400.000 en 1997. Ver: drugpolicy.org/issues/brief-history-drug-war

⁷⁸ Drug, Abuse, Resist, Education. Sobre el contenido y desarrollo del programa ver la página oficial: http://www.dare.com/home/about_dare.asp

⁷⁹ La Certificación es una decisión unilateral de los Estados Unidos, y más concretamente del poder Ejecutivo, por medio de la cual se juzgan los esfuerzos de los países en diversas materias, siendo las más importantes el terrorismo, seguridad nuclear y narcotráfico. Según explica Pardo (marzo de 1995) «el procedimiento de la Certificación es de una enorme complejidad, pero puede sintetizarse si decimos que las diversas agencias involucradas o interesadas rinden un informe en el cual se especifica su propia versión particular sobre el tema por el cual se va a certificar a un determinado país. No existe necesariamente coincidencia entre dichas versiones, las cuales dependen de la agencia de la cual se trate y del tipo de relación que la misma tenga con el país sujeto a examen (…) Una vez recibidos los informes por el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad, y oída la síntesis del propio Departamento de Estado, el Ejecutivo toma la decisión, de que el país examinado sea: a) descertificado pura y simplemente; b) certificado, sin otras consideraciones o c) certificado por razones de interés nacional».

⁸⁰ Continúa Estrada: «Estas reafirmaron dramáticamente la lógica de la acumulación capitalista con la desregulación y la mayor precarización de los mercados de trabajos, así como con el desmonte de las débiles instituciones del bienestar; así mismo, la extendieron a nuevos campos, particularmente a través de la expropiación y la apropiación de distintas modalidades de propiedad pública (empresas industriales, instituciones financieras, empresas de servicios públicos domiciliarios, de telecomunicaciones y de televisión, puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, hospitales, función pública, entre otros), y de la creación de nuevos mercados (fondos de cesantías, fondos de pensiones, intermediación financiera en salud, unidos a los que resultan de algunos procesos de privatización). También en este caso se ha asistido a otras modalidades de acumulación por desposesión, tanto a través de la enajenación de activos, como de contratos de concesión; ésta es por cierto, la forma jurídica más generalizada de la acumulación por desposesión» (Estrada, 2008: 68).

⁸¹ Nombre dado al “impuesto” exigido por las guerrillas a los pobladores a cambio de prestar el servicio de seguridad.

⁸² Para la muestra está el caso del coronel Ramón Emilio Gil Bermúdez creador y protector del MAS según investigaciones de la Procuraduría General de la Nación (1986). Este militar fue promovido de grado y enviado a los Estados Unidos para recibir formación adicional en el mismo momento en que era investigado, y fue condecorado con la Orden de Boyacá un año después, en grado de Gran Oficial. Su carrera no sólo no se detuvo, sino que llego al cargo más alto de la jerarquía castrense, Comandante General de las Fuerzas Armadas, del cual se retiró con honores en 1994 (HRW, 1996).

⁸³ Se trata de los municipios de Aguachica, Arenal, Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, Cantagallo, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Gamarra, La Gloria, Ladazuri, Morales, El Peñón, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Parra, Puerto Wilches, Regidor, Ríonegro, Ríoviejo, Sabana de Torres, San Alberto, San Martín, San Pablo, Santa Rosa, San Vicente de Chucurí, Simacota, Simití, Tiquisio,Yondó, Mares Norte, Sur de Bolívar, Sur de Cesar, Sur de Bolívar, Vélez y Yariguíes.

⁸⁴ La experiencia sindical en el Magdalena Medio se remonta a las épocas de construcción del ferrocarril de Antioquía (1.874-1.929) y posteriormente del ferrocarril Nacional, la navegación a vapor por el río la incursión petrolera (Texas) en 1.919, en Campo Velázquez, y la ampliación de la industria petrolera, en donde se originó la USO (Unión Sindical Obrera), uno de los sindicatos con más tradición y reconocimiento en el país. Otro sector sindical surgió de las industrias mineras como Río claro, Colcalburos, Cementos Nare, y Cementos el Cairo (Aliandes, 2010).

⁸⁵ Durante este periodo, las luchas y paros de los trabajadores del petróleo en Casabe, Puerto Boyacá, Barrancabermeja, etc.; de los trabajadores de las empresas de palma en San Alberto y Puerto Wilches; de los trabajadores de Colcalburo y Cementos Nare; y las huelgas de los empleados municipales, estarán condicionada por la lógica del conflicto armado regional, borrándose la línea que demarca lo que corresponde a la dimensión conflicto y aquello que pertenece a la dimensión confrontación (ALIANDES, 2010).

⁸⁶ Como ha señalado Fidel Cano, hijo del fallecido Guillermo Cano, la historia de El Espectador ha sido de persecución, de cierres y multas, de encarcelamiento y de exilios y de incendio y de censura directa y de asfixia económica. Ver, El Espectador (8 de febrero de 2013).

⁸⁷ Facción progresista del Partido Liberal liderada por Luis Carlos Galán cuyas consignas contra la corrupción y el narcotráfico desataron la ira de los capos como Pablo Escobar, y de políticos del ala tradicional del Partido Liberal como Alberto Santofimio.

⁸⁸ La vida de los pobladores originarios de la Sierra Nevada, se ha visto alterada a partir de la década de los cincuenta por la llegada de grupos de colonos provenientes de otras regiones del país desplazados por la violencia bipartidista, fenómeno que causó y sigue provocando diversos conflictos entre indígenas y colonos, en particular por el uso y tenencia de la tierra. Los conflictos se agravaron posteriormente con la aparición y expansión de los cultivos de uso ilícito. A mediados de la década de los 70 hubo un gran auge de plantaciones de marihuana que, desde mediados de la década de los ochenta, fueron reemplazadas en forma progresiva por cultivos de coca. Paralelamente, se inició en estos territorios el ingreso de grupos armados ilegales (guerrilla y posteriormente paramilitares) (Defensoría del Pueblo, 2003: 3).

⁸⁹ La reconstrucción de estas experiencias continúa hasta hoy de la mano de los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que intentan acceder a la “verdad” del fenómeno de las autodefensas a través del testimonio de los paramilitares desmovilizados. Por su amplitud y complejidad, y por nuestro interés en avanzar en una síntesis del proceso de conformación de un proyecto paramilitar de alcance nacional, decidimos comentar aquí solo algunos de ellos e invitamos a la lectura de los Informes de la Comisión de Memoria Histórica (2012a; 2012b; 2014) y a la consulta del portal de internet “Verdad Abierta” que han contribuido enormemente al esclarecimiento de los hechos ocurridos en las últimas tres décadas.

⁹⁰ Sigla de Perseguidos por Pablo Escobar. Las hipótesis acerca de la enemistad entre Escobar y sus antiguos socios son diversas. Una de las más extendidas sostiene que está tuvo lugar después de que Pablo informara al líder de la UP Bernardo Jaramillo Ossa, que los hermanos Castaño tenían planes de asesinarlo. Los hermanos almafiteños vieron esto como una traición y decidieron alzarse en su contra. Otra versión asegura que se trató de un conflicto derivado de los intereses por el control del negocio de la cocaína. Sobre este tema ver La Rotta y Morales (2009) y Bowden (2001).

CAPITULO IV. LA PATRIA PROPIETARIA

Violencia parainstitucional y “refundación nacional” 1994-2010

Se suponía que la “política del Apartamiento” iba a ser solamente una medida transitoria de legítima defensa contra los terroristas, pero en Angosta todo lo precario se vuelve definitivo, los decretos de excepción se vuelven leyes, y cuando uno menos lo piensa ya son artículos constitucionales.

Héctor Abad Faciolince, Angosta

Introducción

En este capítulo reconstruimos y analizamos la dinámica de la violencia parainstitucional entre 1991 y 2010. Durante este periodo se configuró un nuevo orden estratégico del dispositivo contrainsurgente que amplió y difuminó la concepción del enemigo a combatir y lo tradujo en un nuevo orden táctico caracterizado por la institucionalización del ejercicio privado de la violencia, que hemos convenido en llamar “monopolio delegativo”. Las transformaciones estratégicas y tácticas se condensaron en la formación de una confederación paramilitar de alcance nacional en defensa de los intereses de sectores heterogéneos del bloque dominante: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Lejos de ser un fenómeno aislado, o de ocurrencia en los márgenes, la institucionalización del paramilitarismo durante este ciclo expresa la conformación de un nuevo modelo de gobierno sobre los territorios en el que se combinan la oferta privada de coerción, la acumulación por desposesión y el emplazamiento de un régimen político verticalista y autoritario. La violencia parainstitucional adquiere una importancia táctica central en la estrategia política y militar de “refundación de la patria” para los grandes propietarios.

La expansión de los grupos paramilitares fue posible gracias a la protección, respaldo, aval, tolerancia y colaboración de diversos poderes del Estado y de sectores de la sociedad civil, a través de acciones que fueron desde la expedición de leyes autorizando su conformación, hasta el financiamiento, encubrimiento y mantenimiento en la impunidad de sus acciones criminales. Cabalgando entre la clandestinidad y la vida pública, el proyecto paramilitar fue adquiriendo fuerza y presencia nacional, hasta lograr su convalidación definitiva al amparo de la “Política de Defensa y Seguridad Democrática (PSDD) del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Bajo su égida se produjo la inserción del paramilitarismo en el marco político-constitucional, el ascenso de las elites regionales que respaldaban el proyecto “para” a elites nacionales, y la transformación del mapa político y económico nacional de la mano de la violencia paramilitar.

El capítulo consta de cuatro apartados. Empezamos trazando un recorrido por las condiciones previas a la conformación de la confederación “para”. En primer lugar, el proceso de desmovilización de algunos grupos insurgentes a comienzos de los noventa, y su impacto en el rearmado de la estrategia de combate a las guerrillas no desmovilizadas (FARC y ELN). En segunda instancia, la reforma constitucional de 1991, que dotó de marco legal al modelo neoliberal y normalizó la legislación de excepción esbozada en las décadas anteriores. En tercer lugar, la crisis del modelo criminal articulado en torno a los “carteles” de Medellín y Cali y su reestructuración en una segunda generación de pequeños capos con mayor poder de penetración en la política y la economía regionales.

La segunda parte del capítulo describe el desarrollo del proyecto paramilitar empezando por su incubación legal en las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la autodefensa agraria (CONVIVIR) (1994), pasando por la fundación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y su versión ampliada, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997. Estas últimas se expandirán en paralelo a la realización de los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC-EP. La unificación de grupos paramilitares otrora atomizados bajo la bandera de las AUC, apuntó al logro de un espacio de negociación con el Estado en un potencial escenario de desmovilización (Romero, 2003). En su ascenso, fue notable el recrudecimiento del conflicto armado a través de modalidades como las masacres, el despojo de tierras y el desplazamiento de población. Incluso en las manifestaciones más excesivas, la violencia parainstitucional sigue una doble lógica: instrumental, orientada a la retoma de recursos materiales, territoriales, o burocráticos; y expresiva: dirigida a la producción de sentido, a la transmisión de un mensaje para los otros actores armados y para la población sobreviviente.

En el tercer acápite nos adentramos en el análisis de la “Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD)” a la cual entendemos como una convalidación legal, política, económica y simbólica del proyecto contrainsurgente encabezado por los grupos paramilitares y sus redes de apoyo. Describimos los pilares de este proyecto, los recursos legislativos y políticos a partir de los cuales fue implementado y la arremetida militar que lo respaldó. Además, visualizamos la producción simbólica a partir del cual se construyó un nacionalismo anti-insurgente con enorme capacidad de polarización, como base de legitimación de la acción criminal de las fuerzas armadas, los grupos paramilitares y sectores ingentes de la clase política, el poder latifundista y el empresariado nacional y transnacional.

Cerramos el capítulo con un vistazo a los reductos del paramilitarismo que son presentados como un fenómeno de nuevo cuño bajo la nomenclatura de Bandas Criminales Emergentes (BACRIM). Las innegables líneas de continuidad entre estas bandas y la antigua estructura de las AUC, así como su increíble capacidad para el ejercicio de la coerción, la criminalidad y el control político en distintas regiones del país denotan, no sólo el fracaso del proceso de desmovilización iniciado en 2003, sino la incapacidad del Estado colombiano para controlar la fuerza que delegó en manos privadas, una vez que ésta adquirió estatus y autonomía más allá del programa contrainsurgente.

No es casual que uno de los puntos más álgidos de las discusiones del proceso de paz que se adelanta actualmente en La Habana (Cuba) sea la persistencia del fenómeno paramilitar en el país. Mientras se registra la acción de más de 4.000 hombres armados en 17 departamentos de Colombia, el Gobierno insiste en reducir su explicación a un problema de crimen organizado. Paralelamente, muchos de los paramilitares que se acogieron a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz están por quedar en libertad tras cumplir penas ridículas por la comisión de crímenes de lesa humanidad. En estas condiciones, nuestra investigación termina con una nueva incógnita: ¿estamos ante la conformación de una tercera generación paramilitar?

1. La antesala de la expansión paramilitar

La expansión de los grupos paramilitares a mediados de los noventa estuvo precedida por una serie de transformaciones en la organización del Estado y el poder en Colombia. La primera de ellas, se inició en 1988 con la descentralización político-administrativa, que permitió la elección popular de alcaldes y gobernadores departamentales, tras un siglo y medio de mandato centralista. En sus comienzos, la descentralización fue percibida por los líderes del régimen bipartidista concentrados en Bogotá como una respuesta a la pérdida de legitimidad estatal y como una terapia contra el poder adquirido por la insurgencia en las regiones. Pero paradójicamente, la devolución de poder a las regiones tuvo el efecto opuesto. El aumento de la competencia electoral en el ámbito local, propició un recrudecimiento de la violencia a medida que la izquierda, representada en la Unión Patriótica, aumentaba su poder en los comicios. Así se sentaron las bases de conflicto sangriento entre los que insistían en la redefinición del sistema político y los que defendían el statu quo. La violencia se volvió parte de la rutina política como resultado de la competencia electoral de los actores armados en diferentes regiones.

El desarrollo de las negociaciones entre el gobierno nacional y las guerrillas a comienzos de los noventa estuvo atravesado por la animosidad de los procesos electorales. Pero también aumentó las expectativas de los movimientos sociales, que vieron en los diálogos con la insurgencia la oportunidad para hacer escuchar su voz y promover sus propuestas. Sin embargo, los riesgos de desequilibrio a favor de las guerrillas, sus aliados y simpatizantes en los balances políticos regionales, provocaron la reacción de sectores de las nuevas y viejas élites locales que rechazaron con vehemencia la incorporación de los antiguos insurgentes y sus propuestas dentro de la agenda pública. El ingreso de la izquierda en la competencia política local, la discusión pública de agendas con énfasis en los derechos y la justicia social, y las repercusiones de estos debates para las élites locales, hicieron que sectores del bloque dominante se pusieran alerta ante la posibilidad de un potencial escenario revolucionario. Un segundo ciclo de violencia paramilitar emerge al calor de tres grandes procesos: las negociaciones de paz con las guerrillas; la reforma constitucional de 1991 y la normalización del sistema penal de excepción.

1.1. Una paz mediocre

Entre 1982 y 1986 el gobierno colombiano y las FARC-EP habían llevado a cabo un proceso de diálogo en el que se alcanzaron los Acuerdos de la Uribe (1984). Allí convinieron un cese bilateral al fuego, el abandono de prácticas como el secuestro, la extorsión y el terrorismo por parte de las FARC, y el compromiso estatal con políticas estructurales como la modernización y democratización de las instituciones, la reforma agraria y el establecimiento de garantías para la acción política de los guerrilleros desmovilizados. Como fruto de este último punto nació en 1985 la Unión Patriótica (UP), partido político conformado por ex-guerrilleros, miembros del Partido Comunista, indígenas, estudiantes y líderes sociales. El proceso de paz fracasó ante la presión de las Fuerzas Militares que continuaron con las acciones bélicas generando desconfianza entre las partes e imposibilitando la verificación del cese al fuego. Tras la toma del Palacio de Justicia por guerrilleros del M-19 en noviembre de 1985 arreciaron las operaciones de “guerra sucia” perpetradas por miembros de la fuerza pública, grupos paramilitares y narcotraficantes cuyo corolario fue el genocidio de la Unión Patriótica (Ortiz, 1999; Cepeda Castro, 2006).

En paralelo a los diálogos de La Uribe tuvo lugar un proceso de unificación de los grupos guerrilleros bajo la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG). De esta hicieron parte en sus inicios, el ELN, el PRT, MIR-Patria Libre y el Quintin Lame, agrupaciones que se habían mantenido al margen de la mesa de paz de Betancur. Posteriormente ingresaron el EPL y el M-19 y, en septiembre de 1987, se sumaron las FARC-EP, dando nacimiento a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). Durante su corta existencia, la CGSB llevó a cabo seis cumbres bolivarianas conjuntas en las que se discutió la realización de un Acuerdo Popular y Democrático que contrapesara la política antiterrorista del Estado (FARC-EP, noviembre de 1987).

El camino hacia la integración fue complejo, dado el escalamiento de la violencia paramilitar y narcoterrorista y la diferencia de criterios en torno al desarrollo de los procesos revolucionarios entre las organizaciones guerrilleras. Así, se formaron al interior de la CGSB tres corrientes de acción: la del M-19, más proclive a negociar tras la dejación de las armas; la de las FARC, el EPL, el Quintín Lame y el PRT, que defendían la idea de negociar cambios estructurales antes de la rendición; y la del ELN, que consideraba inapropiado negociar en ese momento y sólo pretendía la aplicación de los Convenios de Ginebra para “humanizar” la guerra.

El fraccionamiento se hizo evidente en el curso de las desmovilizaciones futuras. En noviembre de 1989, el M-19 y el Gobierno Nacional firmaron el Acuerdo de Santo Domingo, donde el grupo guerrillero anunció la desmovilización de todos sus frentes armados y el Gobierno aplicó el indulto a todos los ex guerrilleros, con miras a su inclusión en una futura reforma de la Constitución Nacional.⁹¹ En un lapso corto de tiempo, se sumaron a la iniciativa el PRT, el Quintin Lame y una fracción mayoritaria del EPL.⁹²

Entusiasmada por la rendición de las otras guerrillas y por la caída del bloque soviético, la administración Gaviria pretendió que el esquema desarme-desmovilización-reinserción seguido por M-19 fuera imitado por las FARC y el ELN. Pero las FARC tenían la convicción de que un esquema tal solo era aplicable a una insurgencia derrotada política y militarmente. Su lectura crítica del Acuerdo de Santo Domingo, como un proceso en el que el debate giró en torno a las prebendas que el M-19 podía lograr individualmente, y no alrededor de las transformaciones estructurales del modelo de desarrollo político y económico⁹³; y el asesinato de Carlos Pizarro, líder desmovilizado del M-19 el 26 de abril de 1990, aumentaron su desconfianza hacia el gobierno.

Finalmente, las FARC y el ELN quedaron marginadas del proceso de paz y de la reforma constitucional. En el momento en que se realizaban las votaciones para conformar la Asamblea Constituyente, fue bombardeado Casa Verde, campamento sede del Secretariado Nacional de las FARC ubicado en La Uribe (Meta). Pese al golpe, las FARC mantuvieron el diálogo con el Gobierno en dos rondas especiales adelantadas en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México) entre 1991 y 1992. En esta última propusieron una agenda de doce puntos que comprendía, entre otros temas, reformas políticas para la ampliación de la democracia, políticas de estímulo a la industria y la producción agropecuaria, defensa de los recursos naturales, fortalecimiento de la función social del Estado, lucha contra la corrupción administrativa, cambio de la política militar de guerra total y enemigo interno, desmonte de los grupos paramilitares y de autodefensa, redistribución de la tierra e indemnización a los afectados por la violencia.

Hay quienes acusan al proceso de Tlaxcala de maximalista, dada la amplitud de la agenda y la aspiración de la CGSB de lograr acuerdos estructurales antes del desarme. Sin embargo, no es fue la causa de la ruptura de las conversaciones en octubre de 1992, sino el cálculo del gobierno de que podía diezmar militarmente a la insurgencia una vez que el clima de concordia y buena voluntad que rodeó a la constituyente quedaba en el pasado. El secuestro y asesinato del ex ministro Argelino Durán por guerrilleros del EPL que no se habían incorporado a las negociaciones fue argüido por el presidente Gaviria como una señal de poco compromiso con la paz.

Lo que siguió fue la declaratoria de una “guerra integral” a todos los movimientos pertenecientes a la Coordinadora. Tras la fuga de Pablo Escobar de la cárcel “La Catedral”, en julio de 1992, Gaviria declaró el estado de conmoción interior, renovó la cúpula militar y buscó infructuosamente que se aprobara una nueva figura de excepción constitucional en el Congreso. El estado de excepción se prorrogó nuevamente en febrero y mayo del año siguiente y fue levantado en agosto tras ser declarado inconstitucional. Durante estos meses, fueron expedidos 36 decretos en materia de orden público que incluyeron medidas que fueron desde el ofrecimiento de inmunidad a los delatores que contribuyeran a la captura de líderes guerrilleros y narcotraficantes, el otorgamiento de funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares, hasta la sanción de alcaldes y gobernadores por contrariar la exclusividad presidencial en el manejo de orden público, la regulación de informaciones en los medios de comunicación y el estricto control a los contratistas del estado para neutralizar las líneas de suministro financiero de las guerrillas (Leal, 2002: 94). Buena parte de estos decretos fue incorporada a la legislación permanente mediante la Ley 104 de 1993, bautizada como “Ley de pulso firme y mano tendida”, por disponer al mismo tiempo, el indulto a guerrilleros desmovilizados y el fortalecimiento económico e institucional de las Fuerzas Armadas, que mantuvieron funciones de apoyo judicial.

Aún con esta ambivalencia, la perspectiva del gobierno fue enfática en ampliar y difuminar las características del enemigo interno: guerrillas, narcotraficantes y delincuencia serían por igual amenazas para la seguridad nacional, y los tres merecerían un tratamiento policivo-punitivo. El discurso “igualador” de la “guerra integral”, desconocía el carácter político de la guerrilla y volcaba sobre ésta la capacidad represiva del Estado; daba un trato preferente a los narcotraficantes que decidían acogerse a la política de sometimiento a la justicia y colaboraban con el Bloque de Búsqueda⁹⁴ en la persecución al líder del Cartel de Medellín; y mantenía la inacción estatal con respecto a los grupos paramilitares. Estos últimos replantearon su sistema de alianzas para trabajar codo a codo con el cartel de Cali y colaborar con el gobierno en la captura de Escobar.

1.2. La refundación neoliberal del contrato social

La desmovilización parcial de la insurgencia y la declaración de “guerra integral” contra las FARC y el ELN por parte del gobierno, denotan la situación ambivalente en la que se encontraba la izquierda a comienzos de los años noventa: fortalecida en su componente militar, luego de estar próxima a la extinción a finales de los setenta, pero debilitada políticamente, como producto del exterminio sistemático de su militancia en manos de militares y paramilitares, y de su incapacidad para conciliar distintas subculturas revolucionarias. El destacado desempeño electoral de la Unión Patriótica en 1986, no pudo estar acompañado por un proyecto político de receptividad masiva, y la fragmentación de la Coordinadora Nacional Guerrillera echó por tierra una oportunidad histórica para plantarse como bloque frente a los partidos tradicionales. Por otra parte, ante la multiplicación de sus adversarios (fuerzas armadas, narcotraficantes y paramilitares), la posibilidad de polarizar el campo político en la diada Estado-insurgencia se vio seriamente mermada como modo de presionar la salida negociada al conflicto. Buena parte de las dificultades de la izquierda para presentarse como un actor de peso ante el gobierno provino del propio modo en que éste diagnosticó la situación del país a finales de los ochenta, haciéndola aparecer como un panorama de violencias dispersas, irreductibles unas a otras y con igual responsabilidad sobre el deterioro del tejido social.

La manera de cartografiar la violencia tuvo efectos no sólo en las acciones que desplegó el Estado con miras a su morigeración, o en la estructura de oportunidades de los distintos grupos armados sino, fundamentalmente, en la manera de editar la memoria y la historia nacional (Jaramillo, 2014). En los años previos a la reforma constitucional de 1991, el gobierno de Virgilio Barco auspició la creación de una comisión de expertos y académicos civiles y militares para que ofrecieran su valoración acerca de la situación colombiana. El resultado fue el Informe Colombia, violencia y democracia, donde los comisionados describieron un escenario caracterizado por la presencia de múltiples violencias heterogéneas (política, urbana, organizada, contra las minorías étnicas, mediática y familiar) que se intersectaban y retroalimentaban. De este modo, la violencia insurgente y la “guerra sucia”, fueron aisladas del marco estructural de conflictividad social en cuya base estaba la exclusión política, la desigualdad social y el conflicto agrario, para ser relativizadas y puestas en el mismo lugar que otras violencias como la derivada de la inseguridad y el sicariato.

Con base en este dictamen, la recomendación de la Comisión al gobierno Barco, fue que acometiese cuanto antes un proceso de negociación con los actores armados, y que abriese un proceso constituyente con miras a la reforma de la Carta Política (Comisión de Estudios sobre la violencia, 1987). Muy a tono con las retóricas del transicionismo de los años ochenta, la Comisión de violentólogos encontró en la reforma institucional la panacea para resolver la crisis estructural que venía escalando en el país desde antes que hicieran su aparición los sicarios y narcotraficantes. Al tiempo que organizaba gran parte del conocimiento sobre la violencia, a partir de la formulación de taxonomías, la Comisión produjo y administró la narrativa oficial sobre la situación colombiana.

De ahí que no sorprenda la insistencia de Barco en reformar la constitución como modo de superar todos los males que aquejaban al país. Este fue el caballito de batalla de su mandato y perseveró en él incluso a costa de lo ordenado por la propia constitución. Tras varios intentos fallidos de instalar la reforma, el 3 de mayo de 1990, haciendo uso de los poderes especiales del estado de sitio, Barco promulgó el decreto 927 mediante el cual se incluyó dentro de las elecciones presidenciales del 27 de mayo la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Así repitió una costumbre remanida de la clase política colombiana: confiar en la performatividad del derecho como salida milagrosa en momentos de intensificación de la conflictividad social.

En el mismo año que el informe de los violentólogos veía la luz, el constitucionalista Hernando Valencia Villa publicaba un libro en el que denunciaba el fetichismo jurídico que impregna a la historia colombiana, haciendo creer a políticos y ciudadanos que la elaboración a granel de normas, permite modernizar y desarrollar el país:

puede ser visto en la Colombia de hoy —1987— como una metodología válida para hacer el cambio social por medios civilizados. En la práctica, sin embargo, esta incansable apelación al cielo, al cielo de las constituciones, debe ser cuestionada y desaconsejada hasta tanto opere como una herramienta para simular la participación y el desarrollo y preservar en realidad un régimen minoritario que habla y escribe el mejor discurso legal de la tierra. Por ahora, el último refugio de la democracia es el guardián de la constitución, una institución no electiva y políticamente irresponsable que en cualquier caso ha contribuido más que ninguna otra autoridad a la crítica y limitación de los poderes discrecionales del legislativo y del ejecutivo (Valencia Villa: 1987,167).

Aunque la refundación nacional no sobreviene tras cada pacto constitucional, si es dable decir que en cada uno se rubrica un reacomodo del bloque en el poder. Como vimos en capítulos anteriores, las reformas constitucionales han permitido a los partidos tradicionales “actualizar” el arreglo de élites y redefinir su enemigo común. En el proceso del 1991 ocurrió lo propio. Desde antes de su posesión como Presidente de la República, César Gaviria dirigió una carta a Álvaro Gómez, Antonio Navarro Wolf e Ignacio Vélez Escobar, jefes del conservatismo, la Alianza Democrática AD-M19 y el Partido liberal, respectivamente, con la propuesta de conformar una Asamblea Constituyente de cincuenta miembros, nueve de los cuales serían nombrados por el propio Ejecutivo. Además, planteaba las fechas de desarrollo de la Asamblea, las materias a discutir y las normas de funcionamiento del órgano reformador. El 2 y 3 de agosto de 1990, Gaviria como presidente electo y jefe del partido liberal, llegó a un acuerdo sobre la convocatoria de la Asamblea Constituyente con los líderes las tres colectividades, en ausencia de todos los demás partidos, organizaciones y movimientos políticos fueron marginados de las reuniones que llevaron a suscribir el acuerdo⁹⁵ (Ahumada, 2002:180).

El acuerdo de élites fue mimetizado como iniciativa popular con la convocatoria a un plebiscito en el que los ciudadanos fueron llamados a sancionar la puesta en marcha de la Asamblea y la elección de sus miembros. Con las reglas de funcionamiento y el temario previamente definidos, el refuerzo plebiscitario de la fórmula presidencial, sin precisión de sus alcances, encarnó la expresión más neta del tipo de democracia en ciernes. Una donde estaban ausentes la deliberación pública y las fórmulas para decidir sobre ella. Una donde el punto de gravitación del pacto social era el Presidente de la República, con las ampliaciones y precisiones recomendadas por las mayorías políticas. Una que se ponía en movimiento por las disposiciones del estado de sitio.

La Asamblea Constituyente fue conformada en diciembre de 1990 tras unas elecciones en las que se registró una abstención del 84%. Lo que siguió a la votación fue la revocatoria del mandato del Congreso, la prosecución de un camino inconstitucional para reformar la Carta y la asignación de poderes absolutos a la Asamblea en nombre de la institucionalización y pacificación del país. Autoeximida de cualquier control de constitucionalidad, la Asamblea otorgó al Ejecutivo amplios poderes legislativos durante los seis meses que el Congreso estuvo cerrado. En nombre del “revolcón”⁹⁶ y administrando la expectativa popular por la “Constitución de la Paz”, la élite neoliberal tuvo carta abierta para implantar su programa político y económico.

Como en buena parte de los países latinoamericanos en los que se llevaron a cabo reformas constitucionales en la década del noventa, el proceso colombiano se caracterizó por sus rasgos elitistas y autoritarios, manifiestos en su vocación de refuerzo de los poderes presidenciales y debilitamiento del Congreso. Las nuevas prerrogativas del ejecutivo incluyeron campos como la planeación y toma de decisiones en materia de economía, relaciones internacionales y reorganización de la administración pública y la rama judicial. Además se amplió el espectro de intervención presidencial mediante la inclusión de dos estados de excepción que reemplazaron el antiguo estado de sitio y habilitaron a la cabeza del ejecutivo para el uso de facultades especiales: el estado de guerra exterior (art. 212) y el estado de conmoción interior (art. 213). Para completar el presidencialismo cesarista, el artículo transitorio N° 8 facultó al jefe de gobierno para convertir en legislación permanente los decretos expedidos bajo el viejo estado de sitio, instituyendo la discrecionalidad como forma de ejercer el gobierno.

La de 1991 fue una reforma constitucional y no un cambio que implicara un nuevo régimen político. El aspecto democratizador de la Carta puede rastrearse en la ampliación del catálogo de derechos más allá de los concebidos por la tradición demo-liberal, para incluir el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales; la apertura al derecho internacional de los derechos humanos; la introducción de los mecanismos de participación ciudadana; y el reforzamiento del control de constitucionalidad con miras a restringir las medidas de excepcionalidad (Uprimny, 2006). Sin embargo, los demás componentes de la reforma pusieron serios límites a la realización del articulado garantista, demostrando los límites y contradicciones del texto constitucional. Por ello, sin desconocer los avances en materia de derechos y garantías individuales, obliga decir que buena parte de las propuestas en materia económica y judicial fueron en contravía de la democratización y la lucha por la igualdad, de tal manera que la CP/91 implicó modernización, pero no por ello progresismo o robustecimiento de la democracia.

En el campo económico, la reforma otorgó poderes al presidente en materia de planeación, política fiscal, elaboración del presupuesto nacional y manejo de la deuda externa y el comercio exterior, así como en la reestructuración de la actividad financiera, bursátil y aseguradora; aunque el cumplimiento cabal de la ortodoxia neoliberal estuvo garantizado por la reforma del banco emisor, declarado autónomo en su calidad de autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país. Por su parte, las políticas de apertura económica, privatización e integración regional se convirtieron en normas en los artículos 226 y 227. En el mismo espíritu, el artículo 336 decretó que el gobierno podría enajenar o liquidar las empresas monopolísticas del Estado y «otorgar a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley». Además, el artículo 150 suministró la base constitucional para la intervención de las organizaciones e instituciones financieras internacionales sobre la economía del país, por medio de los tratados que suscribiera el Estado colombiano con autorización del presidente.

Otro punto fundamental de la reforma fue la consagración constitucional del reordenamiento territorial. El proceso de descentralización administrativa iniciado en 1988 con la elección popular de alcaldes y gobernadores, se profundizó en el 91 con la reducción de las responsabilidades del Estado central y su traslado a los entes territoriales (departamentos y municipios), que desde entonces asumieron la ejecución del gasto social. A posteriori, la falta de sistemas de información y de rendición de cuentas auspició una ejecución clientelar de los presupuestos por parte de los mandatarios locales que desviaban los recursos a sus arcas privadas o al financiamiento de campañas políticas. A esto se sumaría en la década de los 2000 la captura de rentas públicas por parte de los actores armados (guerrillas y paramilitares) que, a través de amenazas y actos de violencia contra la población, desplazaron a los políticos locales que no se sometieron a sus órdenes.

En lo que hace a la reforma de la rama judicial, se destacó el enorme peso adquirido por el presidente a partir de funciones como el nombramiento de los miembros de la Corte Constitucional, el Fiscal General de la Nación, y los miembros de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, asumiendo el control político del Poder Judicial. Por su parte, la reforma administrativa facultó al ejecutivo para eliminar o fusionar entidades públicas y para modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y otros organismos nacionales. A partir de entonces, el presidente Gaviria emitió sesenta y dos decretos eliminando las empresas del Estado y allanando el camino para su privatización.

La puesta en marcha del modelo neoliberal precisó la movilidad y flexibilidad de la fuerza laboral de acuerdo con las premisas de la internacionalización de la economía. En este sentido apuntó la Ley 50 de 1990 de reforma laboral, que además de precarizar los modos de contratación, produjo un deterioro notable en las condiciones salariales, socavó la estabilidad laboral y debilitó la ya lánguida organización sindical restringiendo el derecho de organización gremial de los trabajadores. Para completar el cuadro, el 23 de diciembre de 1993 se aprobó la Ley 100 que reformó el sistema de salud y la seguridad social dejando su administración en manos privadas.

El paquete neoliberal fue edulcorado con los discursos de la democracia participativa y el multiculturalismo. La primera se convirtió en el arma para desprestigiar a la vetusta democracia representativa y echar mano de los poderes del Congreso, al tiempo que se exigía la participación de las comunidades locales en la gestión de servicios requerida por la descentralización administrativa. La solución individual-local de las necesidades sociales fue falsamente delegada en instituciones consultivas como las Juntas Administradoras Locales (JAL), mientras que el locus de la planeación, formulación y evaluación de las políticas públicas se mantuvo en los predios de la tecnocracia neoliberal, encabezada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda. A través del “empoderamiento” de las comunidades, el Estado se descargó de la responsabilidad de garantizar servicios sociales y promovió entre los ciudadanos la expansión de la lógica “emprendedora” de las ONGs.

La retórica del pluralismo cultural encastró a la perfección en el nuevo armado institucional. En el proceso de reforma, las reivindicaciones indígenas encontraron un terreno fértil para desarrollarse. Con la elección de dos constituyentes indígenas, Lorenzo Muelas (20.083 votos) y Francisco Rojas Birry (25.880 votos) la Constitución del 91 reconoció del carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana. La etnopolítica promovida por la nueva constitución prometió la participación de indígenas y afrodescendientes en el aparato estatal. Para ello reformó el modelo de ordenamiento territorial, habilitó la apertura de circunscripciones electorales para la participación de los indígenas y las comunidades negras, y formalizó sus derechos territoriales y culturales. El proceso de reetnización, refuncionalización y reinvención de las identidades indígenas y afrodescendientes, en esta coyuntura, hizo de su despliegue una cuestión estratégica, en tanto mejoraba la estructura de oportunidades políticas de los participantes en relación con otros modos de articulación de demandas (como la de los trabajadores o los campesinos). En este escenario, las luchas por la identidad, en general, y por la etnicidad en particular, tendieron a desplazar las reivindicaciones en términos de clase o ideología, con lo que las contradicciones del modelo de acumulación, que estaban en la base de la conflictividad social, fueron invisibilizadas, y la energía de las luchas reconducida al ámbito de la cultura.⁹⁷

El tono de la Carta coincidió con el nuevo rol que asumieron las agencias de desarrollo de los organismos multilaterales en el financiamiento de los costos sociales del modelo económico, quienes vieron en el discurso multicultural una estrategia para canalizar los conflictos étnicos recrudecidos en la década del ochenta. Las exigencias del mercado de menos constricciones y más aperturas a nivel global, forzaron a convertir las luchas por el reconocimiento en políticas capaces de reimaginar las relaciones entre poblaciones étnicas, Estado y mercado, especialmente en aquellos territorios ubicados en lugares estratégicos para la actividad económica de las transnacionales.

1.3. La normalización del sistema penal de excepción

La implementación del neoliberalismo en clave económica, política y cultural, corrió en paralelo a la normalización del sistema penal de excepción diagramado durante las décadas del estado de sitio. Desde finales de los ochenta, el gobierno Barco se preocupó por mejorar y endurecer los mecanismos de control social con miras a mantener el “orden público” y garantizar la seguridad a los mercados e inversiones. La racionalidad penal elaborada desde entonces se destacó por su carácter autoritario y economicista, dada su recurrencia al uso intensivo del castigo como mecanismo de control de la violencia, la desigualdad y la exclusión social; y a la introducción de los dogmas de la responsabilidad individual y la eficiencia de los mercados en el campo del control penal (Iturralde, 2010:21). En este sentido, la reforma del sistema penal en Colombia, siguió la tendencia neoliberal global que entendía la democracia como una mezcla de libre mercado y Estado fuerte en el control del delito y la inestabilidad social (Wacquant, 2010)⁹⁸.

La legislación de orden público que se normalizó en el nuevo texto constitucional había sido esbozada entre 1987 y 1988 en reemplazo de la justicia penal militar declarada inconstitucional. El Estatuto para la defensa de la democracia (decreto 180 de 1988), más conocido como “Estatuto Antiterrorista” guardó una increíble similitud con el Estatuto de Seguridad Nacional que amparó tantas violaciones de derechos humanos en tiempos de la Administración Turbay. Con la idea de «enfrentar [la] situación de violencia generalizada y de ataques premeditados a las instituciones democráticas que se han manifestado en el auge de actos terroristas», el Estatuto tomó como modelo las legislaciones de Italia, Francia, Alemania, el Reino Unido y España para ampliar la definición del delito de terrorismo, aumentar las penas por su comisión, y penalizar otras conductas facilitadoras o conexas a éste (Iturralde, 2010). De este modo, acciones vinculadas con la acción insurgente y la protesta social fueron tipificadas como delitos asociados al terrorismo:

los actos de sabotaje, que son comunes en las huelgas; los discursos públicos o las pintadas que se consideraran subversivas y apoyaran el terrorismo; la promoción de las marchas campesinas sin permisos oficiales; ciertas formas de comportamiento durante las manifestaciones, como llevar pasamontañas y arrojar objetos; y la posesión ilegal de propaganda subversiva, armas o uniformes de uso exclusivo de las fuerzas armadas (Iturralde, 2010:99).

Las transmisiones radiales y las noticias de prensa sobre la situación de seguridad también podían llegar a ser consideradas como incitación a participar en actos terroristas y ser penalizadas hasta con diez años de cárcel.⁹⁹ Hubo así mismo, una mayor restricción de las garantías individuales que en el Estatuto de Turbay. Se restringió el recurso de habeas corpus por delitos incluidos dentro del Estatuto Antiterrorista. Los soldados y policías podrían detener sin orden judicial a cualquier individuo sospechado de terrorismo y mantenerlo preso durante diez días antes de llevarlo a juicio, y extender su detención hasta 210 días sin dictado de sentencia por parte de un juez de orden público.

En virtud del nuevo estatuto, las fuerzas armadas vieron aumentados sus poderes para registrar domicilios particulares en busca de “terroristas” y controlar manifestaciones públicas. La puesta en acción de las nuevas prerrogativas pudo observarse en la huelga general del 27 de octubre de 1998 cuando fueron detenidos al menos mil sindicalistas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y fue suspendida la personería jurídica de otras siete organizaciones sindicales.

Para atacar a los carteles de la droga, Barco implementó la extradición por la vía administrativa, rehabilitando una medida que había sido declarada inconstitucional en 1984. Además, autorizó a las fuerzas militares para la interceptación de llamadas telefónicas en la persecución de actividades de terrorismo y tráfico de drogas. Sin embargo, sería la creación de la Justicia sin rostro, el elemento que terminaría de consagrar la justicia de excepción. Con la idea de blindar a la Justicia de Orden Público de las amenazas de los carteles, se adoptaron medidas para mantener en reserva la identidad de los jueces y los testigos en casos de terrorismo y narcotráfico, y hacer secretos los procedimientos de esta jurisdicción.

Entre 1991 y 1996, la justicia penal de excepción, no sólo no desapareció sino que entró en una etapa de expansión y sistematización (El Espectador, 6 de junio de 2015). Con la administración Gaviria las normas del Estatuto Antiterrorista fueron reeditadas en el Estatuto para la defensa de la Justicia (decreto 2790 de 1990¹⁰⁰). Mediante este decreto, se ordenó la legislación abundante y dispersa en materia de justicia penal de excepción, y se la fortaleció económica y administrativamente «para combatir las perturbaciones producidas por bandas de terroristas y de narcotraficantes». Se trató, como señala Iturralde de una forma refinada de integrar de manera gradual el sistema penal de excepción con la justicia penal ordinaria y garantizar así su permanencia. Afincado en la grave situación de violencia, Gaviria licuó la enorme contradicción que suponía la integración de la excepcionalidad dentro de un proceso de reestructuración institucional y el fortalecimiento de la democracia. Más aún, el argumento por él esgrimido fue que, para garantizar la consecución del proyecto democrático, era necesario enfrentar con todas las armas a los enemigos que lo amenazaban.

Al tiempo que se trataban con mano dura los actos terroristas, se abría la negociación con los narcotraficantes a través de la política de reducción de penas y sometimiento a la justicia. Dentro del propio Estatuto ya estaba prevista la reducción del tiempo de condena, que podía llegar incluso al indulto, para quienes colaboraran de manera efectiva con las autoridades para la resolución de crímenes en los cuales tuviesen parte. Además, se establecieron recompensas para los informantes cuyo aporte permitiese la captura de personas involucradas en delitos de la Jurisdicción de Orden Público. Mientras avanzaba la redacción de la nueva constitución, Gaviria cedió a la presión del cartel de Medellín concediendo ofertas cada vez más generosas a aquellos narcotraficantes que decidieran entregarse. No sólo se prohibió constitucionalmente la extradición, sino que se dispuso un tipo especial de reclusión para Pablo Escobar, quien decidió entregarse el 20 de junio de 1991.

Las medidas puestas en marcha por la Justicia Regional, artilugio del Código de Procesamiento Penal de 1991 mediante el cual los antiguos Jueces de Orden Público se convirtieron en Jueces Regionales, produjeron un aumento de la población carcelaria en el país. Entre 1989 y 1999, el número de detenidos aumentó en un 40% pero, curiosamente, con más de 33.000 personas prisioneras, en su mayoría sindicados sin condena, la tasa de homicidios en alcanzó en 1994 su pico histórico: 77, 4 por cada 100 mil habitantes (Iturralde, 2010: 42-43). Desde entonces, las tasas de encarcelamiento se han mantenido en aumento llegando a 245 presos por cada 100 mil habitantes en 2007, cifra que ubica a Colombia en el quinto lugar de países con mayor tasa de encarcelamiento después de Panamá (295/100 mil hab.), Chile (276/100 mil hab.), Brasil (220/100 mil hab.) y México (193/100 mil hab.) (ICPS, 2014).

2. Hacia la nacionalización del proyecto paramilitar (1994-2002)

El fracaso de la Estrategia Nacional contra la Violencia implementada en el cuatrienio Gaviria, puso en evidencia la futilidad de los intentos de profundizar la democracia sin replantear cuestiones de fondo como la política de orden público, el papel otorgado a las fuerzas armadas y el tratamiento delincuencial de la insurgencia. El incremento de los secuestros y las extorsiones por parte de las FARC y el ELN le valió a los guerrilleros el mote de “bandidos” y “facinerosos” de parte del Gobierno, sin que esto implicase que, en los hechos, el Estado buscase desmantelar el trabajo político adelantado por la insurgencia en sus zonas de influencia.

Como parte de la estrategia de “ampliación” y “difuminación” del enemigo, la despolitización de la insurgencia armada en el discurso público, estuvo acompañada por la persecución y eliminación sistemática de la izquierda democrática en operaciones clandestinas. En 1992, el Defensor del Pueblo elaboró el primer informe oficial sobre las violaciones a los derechos de los miembros de la Unión Patriótica, reportando 717 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Dentro de sus conclusiones, el Defensor señaló que: «[e]xiste una relación directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el homicidio de sus militantes en regiones donde la presencia de ese partido fue interpretada como un riesgo para el mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos» (Cepeda, 2006).

La administración Gaviria se negó sistemáticamente a tipificar como delito la desaparición forzada así como a reconocer las denuncias de la UP acerca de la existencia de planes militares que preveían su eliminación, aduciendo que se trataba de una treta del partido de izquierda para mejorar sus resultados en las elecciones legislativas de 1994. El 9 de agosto de ese mismo año fue asesinado Manuel Cepeda Vargas, último legislador con vida de la UP, por agentes del Estado en complicidad con paramilitares. Diecisiete años después, el Estado colombiano reconoció la responsabilidad en el acto, así como la incapacidad de su sistema judicial para encontrar y juzgar a los responsables. Antes de que este reconocimiento llegase, se produjo la desaparición de cinco mil militantes de la organización y de cerca de treinta mil colombianos como producto de la acción paramilitar, reactivada por el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (decreto 356 de 1994), y otras numerosas disposiciones.

En el marco del relanzamiento de la estrategia contrainsurgente, la violencia parainstitucional adquirió en los años noventa rasgos muy definidos y explícitos. Por un lado, logró comprometer a diversas fracciones de las clases dominantes, incluyendo a los agentes emergentes de la economía transnacional. Por otra parte, obtuvo la protección legal y el financiamiento estatal necesarios para su expansión, así como la cooperación técnica y económica de los Estados Unidos. Con base en estos apoyos, la lucha contrainsurgente desarrolló diversas tácticas, una de las cuales fue la privatización de la violencia y la seguridad en diversos grupos que, en la segunda mitad de los noventa, quisieron dar una apariencia unificada bajo la égida de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La presentación de las AUC como un tercer actor (los otros dos serían la guerrilla y el Estado) en la dinámica del conflicto cumplió diversos fines. En primer lugar, desligar al Estado de su responsabilidad en la comisión de crímenes haciendo descansar en la organización paramilitar la agencia de la nueva etapa de la lucha contrainsurgente. En segunda instancia, presentar a las AUC como un actor político beligerante a los efectos de una eventual negociación con el Gobierno tendiente a su desmovilización. Finalmente, lograr el perfeccionamiento táctico de la guerra contrainsurgente a lo largo del territorio nacional, gracias a la actuación relativamente coordinada de ejércitos paramilitares regulares. Encontramos fundamental partir de las consideraciones anteriores, como condición para una comprensión del proceso de confederación de las “autodefensas”, que nos permita desmarcarnos de la retórica desplegada por el Estado colombiano, por cierto sector de la intelectualidad y por las propias AUC que disfrazan/legitiman su acción. De no hacerlo, perderemos de vista la matriz que articula Establecimiento y paramilitarismo: su complementariedad en el ejercicio de la función ofensiva y punitiva en contra de las llamadas “bases sociales” de la insurgencia armada, y de aquellos procesos organizativos y reivindicativos de fuerzas políticas y sociales opositoras o alternativas al orden hegemónico.

2.1. Contra las lecturas “autonomistas” del fenómeno paramilitar

Nuestra perspectiva discute abiertamente con los planteos de Rangel (2005) y Duncan (2007) quienes sostienen que las Autodefensas Unidas de Colombia son actores criminales autónomos del Estado. Según Duncan la fase evolutiva de los grupos paramilitares entre 1994 y 2002, se caracteriza por un «proceso de construcción de ejércitos con mandos, doctrina e iconografía, de una organización suficientemente cohesionada y disciplinada al servicio de los señores de la guerra” […]». En este orden de ideas, «[a]hora no se trataba de grupos armados subordinados a las Fuerzas de Seguridad o al poder de narcotraficantes, eran ejércitos de combatientes con una doctrina, canales de mandos, iconografía (uniformes, escudos, himnos) y armamento de guerra, que garantizaban la primacía de sus jefes con el poder local» (2006: 294-295).

Duncan retoma de los análisis de Giustozzi (2005) para comprender la realidad colombiana. Los “señores de la guerra” serían “manifestaciones de control armado” con las siguientes características: i) la aparición de aparatos armados bajo un interés privado, así estuviera soportado en alguna reivindicación ideológica, de facciones o étnica; ii) la apropiación de las funciones de Estado en el plano local en medio de situaciones de Estados-Nación colapsados o en proceso de colapso, no necesariamente en todo el territorio pero sí al menos en alguna porción, y iii) la explotación de algún tipo de economía ilícita o extractiva (Duncan, 2007: 24). Estas tres características se resumirían, en la teorización de Giustozzi en un elemento común: la hegemonía político-militar.

Trasladado a la experiencia colombiana, el término “señores de la guerra” daría cuenta de «la existencia de organizaciones armadas que cumplen funciones estatales sobre extensas regiones del país, en concreto los “bloques” que están o estuvieron en algún momento reunidos alrededor del proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia» que, según el autor, «lograron establecer un control militar y político con relativa autonomía de otros actores de poder como las Burocracias del gobierno central, las fuerzas armadas o la rama judicial» (Duncan, 2007: 245, cursivas nuestras).

La manera en que Duncan define la “autonomía” de las AUC buscando encajarlos en la categoría de “señores de la guerra” resulta cuando menos, problemática. Los vocablos auto, “uno mismo”, y nomos, “norma”, describen una situación ideal en la que un sujeto es capaz de darse a sí mismo sus propias leyes, sin injerencias extrañas. Precedida por el sustantivo relativa, pero incluso sin éste, toda autonomía debe ser puesta en relación con otros: sujetos, instituciones, etc., vale decir, nunca una autonomía es total. Duncan supone que las “autodefensas” son autónomas porque tienen una capacidad mayor que «otras formas de organizaciones armadas con propósitos políticos de establecer un control autónomo sobre la sociedad» (p. 246).

La pregunta a ésta altura sería respecto de qué o quiénes se da esta autonomía. La argumentación de Duncan se dirige a marcar la autonomía de las autodefensas respecto al Estado. Aun a sabiendas de las numerosas evidencias empíricas sobre sus vínculos orgánicos, el autor los singulariza como «vínculos entre los miembros de las fuerzas armadas y del establecimiento político con los grupos de autodefensas». Serían relaciones episódicas que, en realidad «subestiman la iniciativa y la defensa de los intereses» de los señores de la guerra presentándolos «al nivel de unos grupos armados al servicio de los altos intereses del Estado o de élites nacionales.» En contraste, su lectura mostraría que «la producción de violencia por los grupos de autodefensa pasa por decisiones independientes de acuerdo con la conveniencia de sus jefes» (p. 246, cursivas nuestras)

Como corolario de su hipótesis, afirma:

Y más importante que la discusión sobre “quien tiene la última palabra para ordenar la ejecución de violencia”, es lo concerniente al peso que tienen los jefes del ejército privado en la definición del tipo de orden de las cosas que se impone en el territorio. Por “autonomía” —continúa— se hace referencia entonces a la capacidad superior a otras fuerzas que tiene una organización armada para apropiarse de las funciones de Estado y de establecer un orden social en una región, indistintamente de la naturaleza de acuerdos que se transen con las otras fuerzas para garantizar la primacía sobre lo local» (Duncan, 2007: 26 cursivas del texto original).

Podríamos señalar numerosas objeciones, pero nos interesa remarcar al menos tres. Primera. Ninguno de los conceptos de autonomía (relativa, independencia del Estado, capacidad superior a otras fuerzas) esgrimidos por el autor se condice con el significado propiamente dicho del término. Pero más allá de la cuestión terminológica, la historia del poder alcanzado por las AUC es la historia de las alianzas que tejió con múltiples sectores del estatales y civiles del bloque dominante. Por lo tanto, el argumento de la “autonomía” como ausencia de relaciones de injerencia es absolutamente contrafáctico.

Segunda. Como veremos en las próximas páginas, a partir de la revisión de las confesiones de los paramilitares desmovilizados, el vínculo de las autodefensas con los gobiernos locales, regionales y nacionales no sólo no fue incidental, sino que llegó a la instancia de consolidarse en varios pactos de “refundación de la patria”, de los cuales el más publicitado ha sido el Pacto de Ralito¹⁰¹. Al entender al Estado como un conjunto de aparatos e instituciones (las burocracias del gobierno central, las fuerzas armadas o el poder judicial), Duncan desconoce que el Estado es un proceso histórico inacabado, mediante el cual un colectivo nacional instituye y respeta un orden regulador del “vivir juntos”. Al suscribir el consensus iuris, al cual dicen defender, los ejércitos de los “señores de la guerra” se hallan en todo, menos una relación de autonomía respecto del Estado, en tanto orden regulador, pues si bien tienen márgenes de acción en cuanto a los medios de la violencia, carecen en absoluto de autonomía respecto de los fines de la unidad política. Por eso, disentimos profundamente del autor cuando desdeña la pregunta por «quien tiene la última palabra para ordenar la ejecución de violencia». Ésta en absoluto es una cuestión menor. Todo lo contario, se trata de la pregunta por quién decide en última instancia, lo cual, en un estado de excepción como el abierto por la guerra contrainsurgente, coincide con la pregunta por la soberanía. Duncan soslaya la pregunta por el decisor último porque sabe que la respuesta lo va a conducir al Estado: el detentor del monopolio de la producción simbólica, que no obstante decide delegar en otros el monopolio de la violencia física.

Tercero. En el argumento de Duncan que hace pasar la autonomía de las “autodefensas” por “las decisiones independientes tomadas de acuerdo con la conveniencia de los jefes”, subyace una visión fragmentaria de lo social. Duncan atiende a la particularidad de estas conveniencias como si tuvieran valor en sí mismas y piensa lo relativo, es decir lo relacional, en términos meramente contingentes. Si en algún momento las autodefensas se vincularon con miembros del Estado, esto puede considerarse algo anecdótico. De este modo, pasa por alto las condiciones estructurales de la estrategia contrainsurgente. En este punto, su análisis se emparenta con la episteme neoliberal, que insiste en que al delegar sus funciones en otros, el Estado se autoexime de su responsabilidad con los sectores sociales. Al desconectar el paramilitarismo de las prácticas sociales en las cuales se inscribe, el análisis de Duncan aporta más sombras que luces al momento de analizar las relaciones de fuerza que operan en la formación histórica del Estado colombiano. Por otra parte, al privilegiar los intereses extractivos de las “autodefensas”, termina invisibilizando el papel central de la violencia parainstitucional en la construcción política del orden dominante.

Duncan busca confirmar su hipótesis reproduciendo la ideología paramilitar: «En el propio discurso de sus miembros se hace manifiesto el cambio, se hacen llamar autodefensas y niegan su carácter de paramilitares» (p. 295). No hace falta ser un experto en análisis crítico del discurso para saber que el lenguaje no es simplemente un medio que exprese o refleje la experiencia, sino que es, en tanto práctica social, un modo de constituir los objetos de los que se habla, produciendo experiencias y significados. Tal como ha sostenido Van Dijk (1997), a través del discurso ciertos grupos resisten o reproducen relaciones de desigualdad, pero esto no quiere decir que podamos deducir las prácticas de los discursos que las fundan y las justifican o viceversa. Como afirma Chartier, entre los conjuntos de discursos y los regímenes de las prácticas, «no hay ni continuidad ni necesidad. Si están articulados no es según el modo de la causalidad o de la equivalencia, sino a partir de la distancia existente entre la especificidad singular de las prácticas discursivas y todas las demás» (1996:29-30)

Es en esta clave de producción de sentido y significados, y no de reflejo de la experiencia efectiva que deben ser interpretadas las declaraciones de las AUC citadas por Duncan:

Las autodefensas son un grupo político, militar, antisubversivo, al margen de la ley, anticomunista, antiterrorista que busca la paz del país. Las autodefensas no son paramilitares; ellos eran los de antes, los que hacían masacres y mataban gente inocente. Nosotros solo matamos guerrilleros (El Tiempo, diciembre 14 de 2002, citado por Duncan).

Aun sosteniendo que los discursos son sistemas de representación y de acción, no podemos suponer que de las producciones verbales de las AUC se deduzca una forma de actuar determinada. Los juicios y valoraciones implícitos en sus enunciados buscan construir su imagen social como «formación elitista orientada a la defensa, la protección y la restauración» (Bolívar, 2006).

2.2. Las Convivir: consagración formal del “monopolio delegativo”

Tras su prohibición a finales del gobierno Barco, la actividad de los grupos de “autodefensa” fue nuevamente habilitada en dos disposiciones estatales de 1991 y 1994. En el marco de la estrategia andina de lucha contra las drogas, el Ministerio de Defensa expidió en 1991 la Orden 200-05-91 en la que «acogiendo las recomendaciones militares realizadas por la Comisión de asesores de las Fuerzas Militares estadounidenses», facultó al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea «para establecer redes de inteligencia que recibieran órdenes del Estado Mayor Conjunto y dieran información que ayudara a la organización de las operaciones contrainsurgentes y a la identificación de la organización del enemigo» (HRW, 1996). Dicha orden sentó las bases para continuar con la asociación ilegal y encubierta entre militares y narco-paramilitares.

Sin embargo, el empujón definitivo para la consolidación de la violencia parainstitucional tuvo lugar el 11 de febrero de 1994 con la Expedición del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (decreto 356/94). En su Artículo 2°, el Estatuto definió tales servicios como

las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin.

Por su parte, el Capítulo III previó la creación y regulación de un nuevo tipo de organización privada de la coerción: las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada:

empresa[s] asociativa[s] sin ánimo de lucro en la[s] cual[es] los trabajadores, son simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa, creada con el objeto de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a terceros en los términos establecidos en este decreto y el desarrollo de servicios conexos, como los de asesoría, consultoría e investigación en seguridad (Art. 23).

En adición, el Artículo 39 habilitó la prestación de “Servicios Especiales de Vigilancia” en los siguientes términos:

Servicio especial de vigilancia y seguridad privada es aquella que en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto exclusivo de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público, que requieren un nivel de seguridad de alta capacidad.

Por último, el Capítulo IV contempló la creación del Servicio Comunitario de Vigilancia y Seguridad privada: «la organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperadores o miembros dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad». Quedaban así demarcadas tres modalidades de organización privada de la seguridad: las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, los servicios especiales de vigilancia y seguridad y los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada.

El Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada no sólo relanzó y legitimó la formación de grupos de violencia parainstitucional en el país, sino que terminó entregando el ejercicio de la violencia a la iniciativa privada. Desde entonces, los civiles asociados pudieron ser “aportantes” y “gestores” de las cooperativas de seguridad; “capacitadores” y “entrenadores” en técnicas y procedimientos especiales en escuelas de vigilancia; “fabricantes”, “comercializadores” y “usuarios” de armas de fuego de uso restringido; y “asesores”, “consultores” e “investigadores” en materia de seguridad.

La reglamentación confusa del Estatuto corrió por cuenta de la administración de Ernesto Samper (1994-1998). Durante su mandato, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada organizó la creación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (CONVIVIR), según Resolución 368 de 1995, asimilando los Servicios Especiales de Seguridad Privada a los Servicios Comunitarios de Seguridad. Este error fue advertido por ciudadanos que demandaron la inconstitucionalidad de los Servicios Especiales de Seguridad. El voto mayoritario de la Corte Constitucional, emitido mediante Sentencia C-572 de 1997, no sólo declaró exequible el decreto 356/94 (con excepción de un parágrafo del artículo 39), sino que abundó en razones para defender la privatización del ejercicio de la violencia a través de dichas cooperativas. Más allá de su controvertido carácter, el análisis del fallo es interesante, por cuanto encarna la más completa argumentación en defensa del “monopolio delegativo” de la violencia realizada hasta entonces.

La Corte Constitucional empezó por invocar el artículo 95 de la Carta Política según el cual «es deber de todas las personas respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales» y «colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia». Denunciar ante las autoridades la comisión de delitos cometidos o “por cometer” no puede ser entendido, según la corte, como una labor de inteligencia. A posteriori se conoció que las más de cuatrocientas CONVIVIR que se crearon hasta 1997 no sólo cumplieron tareas de información sino que también tomaron parte activa en operaciones militares de inteligencia y contrainteligencia con fines insurgentes y tributación forzada.

En segunda instancia, argumenta la Corte, la sociedad colombiana «se encuentra ante una agresión actual o potencial que reúne las siguientes características: es colectiva, es organizada y es permanente». Ante esta situación, «la comunidad ejerce su derecho a la legítima defensa también en forma colectiva, organizada y permanente». De este modo, la Corte estima no sólo que la defensa colectiva, organizada y permanente, es un derecho, sino que también es un deber, el cumplimiento de un mandato constitucional.

Las razones para entrever la falacia de este argumento saltan a la vista. Partamos de considerar que el ejercicio de la violencia en defensa propia está sujeto a diversas restricciones en cuanto a intencionalidad, referencia, proporcionalidad, finalidad y último recurso. La violencia debe ejercerse con la intención de defenderse a sí mismo, y no en la pretensión predeterminada de matar a otro. El derecho socorre a la defensa del propio cuerpo, y no del cuerpo de otros. Además, la violencia desplegada debe ser proporcional al ataque, no pudiendo exceder el uso de la fuerza o los medios empleados. En cuarto lugar, el derecho de autodefensa proviene del principio de autoconservación y no de la injusticia o mala conducta del agresor, por lo que la acción de autodefensa es siempre defensiva, no punitiva. En la misma línea, el acto de defensa se produce ante un ataque inminente, no pudiendo ser anterior o muy posterior a éste. Finalmente, como último recurso, el derecho de autodefensa implica que antes se descartaron otros medios de disuasión. En este orden de ideas, el derecho a la “defensa colectiva, organizada y permanente” no sólo es diametralmente distinto al derecho individual a la propia defensa, sino que es ontológicamente incompatible con éste o con cualquier argumentación del mismo corte.

Lo que subyace al razonamiento de la Corte, que insiste en defender “el derecho a la autodefensa colectiva, permanente y organizada” en la mentada sentencia, es el remanido pensamiento de la Doctrina de Seguridad Nacional en virtud del cual la sociedad civil no puede mantenerse al margen de la lucha entre las diversas organizaciones delictivas y las autoridades de la República, sino que, por el contrario, se halla inmersa dentro del conflicto, siendo su principal víctima. Los magistrados involucran a los ciudadanos en el conflicto a través de la colaboración activa a las fuerzas de seguridad, violando todas las convenciones del derecho humanitario, y esperan que no por esto sean declarados “objetivos militares”.

Anticipándose a las críticas basadas en la violación del derecho internacional humanitario, la Corte esgrimió un tercer argumento a favor de los servicios privados de seguridad: «su autorización expresa en tiempos de guerra o conflicto interno por parte del Derecho Internacional». La Corporación cita en tal sentido, el artículo 61 del Protocolo I adicional y la “Cláusula Martens” del Protocolo II, señalando que los servicios de vigilancia y seguridad privada son “verdaderos organismos de protección civil” según los términos de las Convenciones de Ginebra.

Finalmente, la sentencia señala que la seguridad es un “servicio público”. Bajo esta denominación, se atiene a las disposiciones sobre servicios públicos contenida en el Art. 365 de la Constitución:

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita (Constitución Política de Colombia, 1991, cursivas nuestras).

Definido como un servicio público más, el ejercicio de la fuerza legítima del Estado, sufrió el mismo proceso de privatización que el sistema de salud, los sistemas de acueducto alcantarillado y agua potable, y la prestación de energía eléctrica, entre muchos otros, que fueron desguazados y puestos en manos de privados a comienzos de los noventa. La argucia de los guardianes de la Constitución en el fallo es alarmante no sólo porque naturaliza la privatización de todos los servicios básicos sino porque hace de la seguridad uno del mismo talante.

La jurisprudencia sentada en esta sentencia contradice flagrantemente lo expuesto en fallos anteriores donde se señaló taxativamente que la Constitución en el artículo 216 consagra que “La Fuerza Pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”. Sin embargo, hay que reconocer la ambigüedad del propio texto constitucional que, a continuación del principio de exclusividad, el artículo 216 reza que: “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas” (cursivas nuestras). Así las cosas, debemos a los Honorables Constituyentes el haber abierto la puerta a la desconcentración del ejercicio de la violencia. En el futuro, este será uno de los pasajes más invocados por los defensores del paramilitarismo (Mancuso, 16 de mayo de 2007).

Los argumentos recurridos en este fallo, y reproducidos en las intervenciones de los impulsores de las CONVIVIR, parten de reconocer la incapacidad del Estado colombiano para cumplir con su función principal: proteger a sus ciudadanos en su vida, honra, bienes y libertades. Acto seguido, trasladan a los ciudadanos el cuidado del orden público y la defensa de las instituciones, para atender el derecho de las comunidades a “vivir en paz” y organizarse para enfrentar a la delincuencia y colaborar con las autoridades. Así increpaba el gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, a la Corte Constitucional, tras que ésta conminara a las CONVIVIR a devolver las armas de uso privativo de las FF.MM. colombianas e imponerles otras restricciones:

Ningún Estado puede impedir que sus ciudadanos colaboren con la autoridad pública, en la protección policiva necesaria a sus derechos e incluso complementen su accionar, sobre todo frente a realidades como la nuestra, que presenta niveles de violencia y criminalidad […] hasta hacer sospechar la impotencia del Estado frente al crimen organizado (Uribe Vélez, 26 de agosto de 1997).

En 1996 y 1997, Uribe Vélez y su vicegobernador Pedro Juan Moreno defendieron la organización y operación de las CONVIVIR locales en su departamento, con base en las reglas establecidas por la administración central del Estado. Posteriormente, el presidente de la Federación Nacional de las CONVIVIR ordenó desmantelar unilateralmente la mayoría de dichos grupos por medio de su desarme y desmovilización organizada. Pero como ha sido constatado por diversas fuentes esto nunca ocurrió (Banco de Datos, 2004; CCJ, 2008). En su lugar, las CONVIVIR estuvieron en la base de una nueva fase de expansión del paramilitarismo, actuando a media luz, entre la legalidad y la clandestinidad. No obstante sus consabidos efectos, el ex presidente Uribe insiste, aún hoy, en su necesidad y pertinencia:

Como Gobernador de Antioquia la apoyé y la promoví porque creo en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública. Esta colaboración construye confianza institucional en los ciudadanos, evita su postración ante el crimen o que busquen salidas contrarias a la ley. También la colaboración del ciudadano, al poner sus ojos en la Fuerza Pública, obliga a sus integrantes a ser más eficaces y a proceder con transparencia. El principio Constitucional de la solidaridad lo he entendido, además, como la obligación de cada persona de colaborar con las instituciones, en busca de los fines superiores del Estado, en este caso, la seguridad. Como Presidente promoví que cuatro millones de ciudadanos, sin armas, con comunicaciones, fueran cooperantes o informantes de la Fuerza Pública y de la Justicia. Colombia tuvo casi 700 organizaciones Convivir, a partir de 1994, mucho después del nacimiento del paramilitarismo, en Antioquia aprobamos alrededor de 67 (Uribe Vélez, 2014).

2.3. Segundo ciclo paramilitar: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)

Un sector del paramilitarismo de los años ochenta se acogió a la política de sometimiento a la justicia del presidente Gaviria en 1991. Este fue el caso de doscientos hombres del grupo de Rodríguez Gacha que operaba en Pacho (Cundinamarca), cuatrocientos hombres del grupo de Ariel Otero que funcionaba en Puerto Boyacá, y unos seiscientos hombres del grupo de Fidel Castaño que funcionaba en Córdoba y Urabá. Sin embargo, a partir de 1994, cuatro factores rehabilitaron la actividad paramilitar: la recomposición de las estructuras de Puerto Boyacá que estaban al mando de Rodríguez Gacha y Pablo Escobar tras el fallecimiento de ambos; la legalización de las CONVIVIR que estimuló la expansión de las Autodefensas en Córdoba y Urabá (nucleadas como ACCU desde 1995) y de numerosos grupos de seguridad privada a lo largo del país; y la percepción de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana, como una amenaza para sus intereses de parte de algunos sectores sociales, políticos y económicos.

Las Autodefensas de Córdoba y Urabá encarnaron la experiencia “modelo” del paramilitarismo de los años noventa. Limitando con Panamá, la región de Urabá se ubica en la confluencia de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y el Tapón del Darién. Es reconocida por contar con una extraordinaria posición geográfica, en el cruce entre los Océanos Atlántico y Pacífico, que favorece el tráfico de armas, insumos químicos y drogas ilícitas con Centroamérica y Panamá; adicionalmente, es un territorio estratégico a nivel militar porque sirve de zona de refugio y de corredor al suroeste y bajo Cauca antioqueño, el Valle del Sinú y el Nudo de Paramillo. Con respecto a su riqueza natural se destacan su diversidad biológica, su potencial hidroeléctrico y su clima favorable para el cultivo de palma africana, la exportación maderera, el cultivo de banano y la ganadería extensiva.

Las ventajas geoestratégicas de la región del Urabá la convirtieron desde finales de los ochenta en un escenario de constantes disputas territoriales entre actores armados (los Comandos Populares, la disidencia del EPL, las FARC, las ACCU, el Ejército y la Policía Nacional, las Convivir, los grupos narcotraficantes) fuertemente interpenetrados con actores políticos y sociales (la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el Movimiento Político Esperanza, Paz y Libertad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) y la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA)). La intensidad de la violencia y las variaciones en las dinámicas de guerra, hacen del caso de Urabá una especie de paradigma del conflicto armado reciente. De símbolo del éxito social y político de la guerrilla a fines de los ochenta, la región devino el símbolo del proyecto contrainsurgente a mediados de la década siguiente (García de la Torre y Aramburu, 2011).

Siendo una región periférica, el Urabá fue objeto de un ambicioso programa de inversión pública a comienzos de los noventa: el Plan Urabá. Se trató, desde la visión del gobierno, de un proyecto de fortalecimiento institucional consistente en la creación de una dependencia exclusiva para la coordinación y monitoreo regional del nivel central, la Consejería Presidencial para Urabá, y el aumento de la presencia de fuerzas de seguridad con la creación de la XVII Brigada del Ejército Nacional y el Comando departamental de Policía.

Junto al aparato represivo del Estado, vino la violencia parainstitucional con un mismo objetivo: el reordenamiento político y social del territorio con miras a garantizar la seguridad inversionista. Como señala Suárez (2007),

no sólo estaba en juego la vigencia de un proyecto político revolucionario para la guerrilla, sino la consolidación de un nuevo proyecto político institucional emergente del Estado basado en el neoliberalismo y la democracia participativa. Urabá era una zona estratégica dentro de la apertura económica del gobierno Gaviria por sus ventajas comparativas para la expansión del comercio exterior y la creciente centralidad de los exportadores dentro de las élites económicas emergentes (p.141).

Desde 1984, año de la firma de la tregua del EPL, las FARC y el M19 con el gobierno de Betancur, se multiplicaron las tomas de tierras, se fortaleció el movimiento sindical, se presentó una amplia y permanente movilización política de la población a favor de las propuestas del Partido Comunista Marxista Leninista PC-ML, el Partido Comunista PC, el EPL y las FARC, en medio de una gran polarización de la población y de las organizaciones sociales y sindicales que apoyaban a las FARC y al EPL. Así describe el panorama Darío Agudelo, reinsertado del EPL en entrevista realizada por Suárez:

Apareció la teoría de que Urabá era una esquina roja. Desde las instituciones, los partidos políticos tradicionales, empresarios y algunos sectores de opinión, se levantaron voces que interpretaron los desarrollos del trabajo político y militar de la izquierda como un eslabón de los fenómenos que se estaban presentando en Centroamérica (…). De allí que prendieron las alertas y plantearon que en Urabá estaba en peligro la soberanía nacional (p. 120)

Haciendo referencia al ingreso de los paramilitares en la región Agudelo agrega:

A la par, entraron en escena quienes consideraban que en Urabá lo que se había presentado era una revolución. Para ellos, los sindicatos y las invasiones eran expresiones de un poder popular, de corte marxista, de una lucha de clases que estaba expropiando la propiedad y el capital privado, agravado por los altos índices de extorsión, secuestros y asesinatos de funcionarios de las empresas bananeras; el crecimiento electoral de la UP lo veían como parte de un proceso de desinstitucionalización de la región (p. 120-121).

La ruptura del vínculo entre las guerrillas de las FARC y el EPL¹⁰² estuvo en la base de la configuración y activación de los contextos agravantes de la violencia parainstitucional en la región. La división al interior de las izquierdas¹⁰³ fue aprovechada estratégicamente por los paramilitares para penetrar y consolidar su poder en el Urabá. La desmovilización del EPL en 1991 marcó un desequilibrio de poder entre las guerrillas, luego de que los desmovilizados realizaran una alianza con los grupos paramilitares para atacar a las FARC y sus bases sociales.

La primera incursión paramilitar tuvo lugar en 1988 por parte de los grupos de autodefensas de Puerto Boyacá, que ejecutaron cuatro masacres y asesinaron a Argemiro Correa, el líder sindical más importante de la región. La finalidad de las primeras incursiones no fue el control territorial sino el ejercicio del terror contra la población, la dirigencia política y sindical de izquierda, con el objetivo de restarle apoyo popular a sus estructuras políticas, sindicales y sociales. La reacción social local y nacional terminó obligando a las autodefensas de Puerto Boyacá a retirarse de la zona. Un año más tarde, el ataque fue retomado por las autodefensas de Córdoba al mando de los hermanos Castaño, quienes continuaron con la modalidad de las masacres y sumaron a estas el asesinato selectivo de dirigentes. Pero, a diferencia de los ataques de los paramilitares de Puerto Boyacá, los de Córdoba tenían como objetivo el control territorial de la zona. De ahí la introducción de una tercera modalidad de violencia: el desplazamiento forzado de población.

Hasta 1995, la avanzada paramilitar no estuvo plenamente identificada por los pobladores, quienes se mostraban desconcertados por la intensificación de la violencia que rodeaba los conflictos políticos, laborales y armados entre sindicalistas, partidos políticos, empresarios bananeros y guerrilla. En marzo de 1995, hicieron su aparición formal Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), fundadas por Carlos Castaño (hermano del fundador de las autodefensas de Puerto Boyacá, el fallecido Fidel Castaño), junto con su hermano Vicente y el ex capitán del Ejército Carlos Mauricio García, alias “Rodrigo” o “Doble Cero”. En su primer año de funcionamiento, las ACCU perpetraron 29 masacres (Ronderos, 2014:235) Entre 1991 y 2001, se registraron 96 masacres que dejaron 597 personas asesinadas a manos de los distintos actores armados. A partir de 1995 la mayor prevalencia en la autoría de masacres será de los grupos paramilitares (CNMH, 2015).

La organización paramilitar no creció solo por la acción de sus dirigentes, contó con el respaldo de posiciones de mando de la Fuerza Pública y dirigentes empresariales locales y nacionales que la financiaron. La elite bananera tuvo una mayor influencia sobre el poder ejecutivo central desde comienzos de los noventa. La política de apertura económica y la crisis de los precios del café y la expansión del mercado del banano, hicieron que éste último desplazara al primero como primer producto agrícola de exportación. Hacia 1993, se produje una crisis internacional del sector bananero (sobreoferta) que coincidió con un retraso cambiario a nivel interno que derivó en una caída estrepitosa de las ganancias en este sector. En este contexto, creció la presión de los empresarios bananeros sobre el Estado para que aumentara su pie de fuerza en la región de Urabá. Es así como se crea la XVII Brigada del Ejército a finales de 1993.

Para 1994 se buscó una salida pactista a la competencia electoral en Urabá a través del Consenso de Apartadó que erigió como candidata única a la Alcaldía del Municipio a Gloria Cuartas. Sin embargo, el acuerdo no tuvo mayores resonancias dentro de las bases sociales y políticas que seguían sin alcanzar acuerdos sustanciales. Los grupos paramilitares explotaron esta división política agravándola y profundizándola, generando, mediante el terror, desconfianza e incertidumbre generalizadas. El movimiento Esperanza Paz y Libertad y los Comandos Populares, ambos formados por disidencias del EPL, se alinearon con el Ejército Nacional y los grupos paramilitares para hacer presencia en las fincas bananeras, las vías comunales y servir de escolta a los buses que transportaban obreros bananeros. El mediador de esta alianza fue el General del Ejército Rito Alejo del Río, comandante de la XVII Brigada desde 1995, quien no sólo interlocutó con Esperanza, Paz y Libertad sino que convocó a otros actores políticos y económicos para que se alinearan con el aparato militar del Estado y asumieran el compromiso de cooperar en la derrota de las FARC.

La crisis política del gobierno Samper, por sus presuntas conexiones con el Cartel de Cali, redundó en un mayor margen de autonomía para las fuerzas militares en el manejo del orden público. Además del General del Río, otros militares como Harold Bedoya (comandante general de las Fuerzas Armadas en 1996) levantaron las astas de guerra aprovechando la poca capacidad de interferencia del poder civil. Para completar la liberación de controles sobre la zona, el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez declaró el Urabá zona especial de orden público (decreto del 25 de junio de 1996), restringiendo el derecho a la circulación y a la residencia, y facultando a las autoridades civiles y militares para suspender los salvoconductos de armas y controlar el comercio de primera necesidad. El camino quedó así allanado para una expansión del paramilitarismo sin precedentes.

La triple alianza Ejército-paramilitares-Esperanzados reordenó Urabá. El sindicalismo nucleado en SINTRAINAGRO se convirtió en un aliado del enemigo de clase: los dueños de las fincas bananeras donde empresas conocidas mundialmente como DelMonte y Chiquita Brands Co. mandaban. Los máximos jefes paramilitares como “HH”, “El Alemán” y Salvatore Mancuso han confesado y relatado a la fiscalía, tras su desmovilización, cómo los dueños de todas las empresas bananeras pagaban su cuota a través de una empresa de vigilancia de fachada paramilitar liderada por Pedro Juan Moreno, asesor político del entonces gobernador Uribe Vélez, y fallecido en un accidente de avioneta en 2006.

La investigación de Romero y Fernández (2011), corrobora los dichos de los ex paramilitares:

entre 1997 y 2006, Chiquita Brands¹⁰⁴, a través de la filial Banandex, empresa bananera, y Drummond Ltda,¹⁰⁵ empresa minera (…) aportaron 3, 2 millones de dólares a los grupos paramilitares de Urabá y Santa Marta en retribución a la prestación de “servicios de seguridad” y “normalización” del conflictivo clima laboral en el que operaban”. Además de la financiación Banandex facilitó armas y municiones a esta organización ilegal. Por su parte, “los directivos de la Drummond están acusados de participar en el asesinato de dos presidentes y un vicepresidente del sindicato de la compañía en 2001 (p.150-151).

La acción de los paramilitares en la zona de Urabá estuvo orientada, entre otras cosas, a garantizar la actividad de las empresas transnacionales allí asentadas. A medida que avanzó la arremetida paramilitar, se registró un descenso en la actividad sindical y un deterioro en la capacidad de negociación salarial por parte de los trabajadores. La cooperación y complicidad de las empresas con los grupos paramilitares en la realización de miles de asesinatos, desplazamientos forzados y desviación de recursos públicos se adelantó a partir de tres mecanismos:

Primero, la mediación de élites locales entre las necesidades de seguridad de las multinacionales y los paramilitares (…) Segundo, coordinación y acuerdos de seguridad entre las compañías y grupos privados de seguridad y vigilancia, miembros retirados de las Fuerzas Armadas, o unidades e individuos activos de las mismas, todos con intereses coincidentes o afinidades ideológicas frente a las AUC, para formar un dispositivo de seguridad que combinaba legalidad e ilegalidad. Y tercero, delegación implícita de la autoridad central en Bogotá para que intereses privados regionales definan la gobernanza local, sin importar el beneficio de sectores ilegales o violaciones a la ley (Romero y Fernández, 2011: 153)

Por su parte, la responsabilidad estatal en la expansión de las ACCU radica, primero, en la delegación del poder coercitivo en las CONVIVIR que dieron forma legal a la máquina paramilitar en Urabá y Córdoba y permitieron su financiamiento. Segundo, en la participación activa de altos mandos militares en la realización de alianzas contrainsurgentes, y la comisión de masacres y asesinatos. Y tercero, en su ansiedad de atraer inversiones extranjeras al país ofreciendo no sólo marcos de regulación flexibles, sino un movimiento obrero y sindical desahuciado. Se advierte así una complementariedad entre los procesos de desregulación laboral que siguieron a la reforma constitucional y la expansión de la violencia parainstitucional en las zonas donde se ha requerido “incentivar” la actividad de las transnacionales. Lejos de padecer los “horrores” de la guerra, las empresas transnacionales han sabido aprovechar las ventajas que ofrecen las zonas de conflicto. En la zona de Urabá, se crearon doce CONVIVIR a través de las cuales se captaban los recursos de las empresas, que aceptaban y participaban en la formación de esquemas de seguridad que incluían miembros legales e ilegales. Los empresarios y los operadores de violencia «idearon el cobro de tres centavos de dólar por cada caja de bananos que salía de la región. Dos centavos costeaban los gastos en seguridad en las fincas y las vías, y un centavo tenía como destino la financiación del grupo paramilitar» (Romero y Fernández, 2011:171). El procedimiento para acceder a los servicios de seguridad también estaba debidamente formalizado: «cada empresa bananera enviaba una carta de autorización de retención a la comercializadora correspondiente, luego esta consignaba a la CONVIVIR de la zona, y finalmente se hacía un giro a la CONVIVIR Papagayo», que era la central (p. 171).

En la versión libre que rindió el administrador de la CONVIVIR Papagayo, Raúl Hasbún, a la Fiscalía el 6 de agosto de 2008 trascendió que «el dinero que ingresaba a la CONVIVIR también era utilizado en política, para ayudar económicamente a las fuerzas del Estado y a las comunidades con puentes, carreteras y todo» (p.172). Así mismo, se conoció la colaboración de la empresa Banadex en el tráfico de armas para las autodefensas. Según la OEA, un cargamento de 3000 fusiles AK 47 y 2,5 millones de cartuchos desembarcaron en el Puerto de la empresa el 5 de noviembre de 2001 y fueron recogidos por los paramilitares en las instalaciones de la Banadex al día siguiente (OEA, enero 29 de 2003).

Aprovechando la crisis de la investidura presidencial y la autonomía alcanzada por los militares para apoyarlas, las ACCU lograron posicionarse estratégicamente y aspirar a expandirse territorialmente a nivel nacional. Mientras Carlos Castaño buscaba instalar ante la sociedad colombiana una imagen del paramilitarismo como actor político con ideología y proyecto propios, comandaba una guerra más dura con los civiles que con los guerrilleros. Por su parte, Vicente Castaño se dedicaba a tejer alianzas con otros grupos de autodefensas y narcotraficantes en diversos puntos de la geografía nacional. Para 1997, ya tenían consolidado el dominio del Urabá y de buena parte de Antioquia, y habían logrado incursionar en Chocó, Cesar, Santander, el sur de Bolívar, Sucre, los Llanos Orientales y el Tolima. Según la historia de las ACCU escrita por Vicente Castaño «se conformó el grupo más disímil del mundo: militares retirados, ex guerrilleros, ganaderos, empresarios, comerciantes, arroceros, cacaoteros, cafeteros, palmeros, los cultivadores y transportadores, la clase media y las víctimas de la guerrilla, todos se orientaron en una sola causa: La Autodefensa» (Castaño, 2005, citado por Ronderos, 2014: 234).

2.4. Las Autodefensas Unidas de Colombia: ¿Confederación político-militar o franquicia del crimen?

No obstante la reciente proliferación de materiales periodísticos (Aranguren, 2001, Ronderos, 2014, Verdad Abierta 2006-2014), y en menor medida, académicos (Romero, 2003;Duncan, 2007; Rangel 2005; Romero y Fernández, 2011;) sobre las AUC, las reconstrucciones de su proceso de formación y las especificidades de su organización interna son incompletas y contradictorias. Esto puede deberse a que la principal fuente de información empleada en estos trabajos son los relatos de los líderes de las Autodefensas, quienes han sido selectivos con los datos que aportan de acuerdo al momento político en el que testimonian (antes o después de desmovilizarse en el año 2003); el tipo de receptor de la información (periodistas, instituciones judiciales colombianas, instituciones judiciales norteamericanas), y la expectativa que tengan en relación con el proceso de negociación con el Gobierno Nacional o la Justicia norteamericana.

Así, mientras en 2001 el líder de las autodefensas Carlos Castaño, en entrevista con el periodista Mario Aranguren insistía en presentar a las AUC como una organización político-militar unificada, con un mando centralizado, ideología e iconografía propias; en 2007, el sucesor de Castaño, Salvatore Mancuso, confesó a la justicia colombiana que las AUC, aun cuando estaban consolidadas como organización, no eran más que una confederación de bloques o frentes que compartían una misma ideología, pero no una escala organizacional jerárquica:

De ninguna manera puede visualizarse a las Autodefensas, particularmente antes del año 2002, como un ente monolítico donde la información, el control y las decisiones ascendían y descendían verticalmente según las normas estrictas y transparentes del ordenamiento castrense oficial […] cada vez que los grupos crecían en hombres, finanzas, territorios y poder militar, era imposible en la práctica imponer un mando sobre aquellos que se ganaban el control en la guerra a costa de sus propios esfuerzos bélicos (Agencia de Prensa IPC, 5 de febrero de 2007).

Mancuso no solo negó la existencia de una jerarquía al interior de las AUC, atribuyéndola a «la imaginación febril del comandante Castaño», sino que insistió en que se trató de un grupo de carácter irregular con bloques y frentes independientes, que obedecían órdenes a terceros: «agentes oscuros del Estado y del sector privado colombiano». Si bien pudo tratarse de una estrategia de Mancuso para evadir la responsabilidad judicial como cabecilla del grupo paramilitar, no deja de ser trascendental su giro discursivo, en relación con las declaraciones hechas ante el Congreso de la República, en julio de 2004, cuando el pleno legislativo lo acogiera en su calidad de Jefe del Estado Mayor de las Autodefensas. En dicha alocución, Mancuso no sólo deslindó al Estado de una participación directa en el fenómeno paramilitar, sino que manifestó su “dolor y desesperanza” ante la evidencia de que éste era «indiferente, débil, ineficiente, ausente e incapaz de brindarnos la protección y seguridad que requeríamos»:

Muchos insisten en disfrazar las ausencias del Estado y la corrupción de sus funcionarios y agentes, como si las Autodefensas no estuviéramos siendo obligados por la necesidad y el vacío de poder, a reemplazar el Estado ausente, donde hace muchos años se fue, y donde incluso nunca ha llegado. Un imperativo ético insoslayable, nos obligó a estar en la primera fila en el combate contra las guerrillas, en una escabrosa guerra irregular que pocas veces el Estado ha querido afrontar y asumir en plenitud (Mancuso, 28 de julio 2004).

A medida que discurren las indagatorias a los distintos jefes paramilitares desmovilizados, la participación del Estado ocupa mayor centralidad, y la autonomía de las AUC respecto de la Fuerza Pública y los sectores económicos dominantes se desvanece. De ahí la importancia de reconstruir la trayectoria que va de la consolidación de las AUC en 1997 a su proceso de desmovilización en 2003.

Tras consolidarse como un ejército paramilitar en los departamentos de Córdoba y Urabá, las ACCU a cargo de Carlos Castaño iniciaron en 1996 un proceso de federación con otras organizaciones armadas ilegales que se habían desarrollado en forma paralela al grupo de los Castaño. Varios comandantes y hombres de confianza rodearon a Castaño en esta primera etapa: Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, y Carlos Mauricio García Fernández, alias “Rodrigo Doble Cero”, en las zonas de Urabá y el nordeste antioqueño, entre otros; y Salvatore Mancuso, alias “El Mono”, o “Santander Losada”, y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, ambos representantes de las élites cordobesas y cesarenses, respectivamente (Camacho Guizado, 2009:21). “El Alemán”, “Doble Cero” y Mancuso se vincularon a las AUC por su relación personal con Carlos Castaño, mientras Mancuso invitó a “Jorge 40”, y éste último atrajo a Hernán Giraldo, comandante del Frente Resistencia Tayrona, del Bloque Norte, entre otros. Por otra parte, Castaño entró en negociaciones con las autodefensas del Magdalena Medio, que operaban desde los ochenta bajo el mando de Ramón Isaza, y con otros grupos armados que eran derivaciones de la experiencia piloto de Puerto Boyacá, pero que estaban dedicados al narcotráfico, tales como el Bloque Central Bolívar, el Bloque Mineros, el Cacique Nutibara y otros grupos menores.

Si bien compartían el ideario contrainsurgente, los grupos que dieron vida a las AUC tenían diferencias sustanciales tanto operativa como identitariamente en virtud de los intereses diversos que movilizaban. Empero, éstas fueron allanadas en el Estatuto de Constitución y Régimen Disciplinario de las AUC, sancionado el 18 de mayo de 1998, como reforma y complemento del estatuto de Constitución y Régimen disciplinario de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En el artículo primero del mentado estatuto, las Autodefensas Unidas de Colombia se definieron del siguiente modo:

Artículo primero: Las AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA (AUC), constituyen en el campo militar una Organización nacional antisubversiva en armas y en el campo político un movimiento de resistencia civil que representa y defiende derechos e intereses nacionales desatendidos por el Estado y gravemente vulnerado y amenazados por la violencia guerrilla. Como organización política- militar las AUC, actúan dentro de un marco de criterios y conceptualizaciones políticas e ideológicas, basado en principios que definen los pilares fundamentales sobre los cuales apoya su filosofía, origen, naturaleza y objetivos.

Dichos principios son definidos en el artículo segundo:

Artículo segundo: La plataforma ideológica que sustenta el marco político del movimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, se apoya en los siguientes principios fundamentales:

La legítima defensa personal o colectiva es una institución de derechos natural vigente, imprescriptible y anterior al derecho positivo.

La defensa del régimen democrático, fundamento y esencia del Estado es un deber de entidad constitucional frente a la agresión interna o externa dirigida a destruirlo. Esta obligación es de carácter general, imperativo y patriótico.

La defensa de libertad física, como bien jurídico superior, es un derecho cuya protección es responsabilidad del Estado y es un deber de obligatorio cumplimiento ciudadano cuando se atente o se vulnere violentamente este derecho.

La propiedad privada es el fundamento esencial del sistema económico vigente. Su defensa y protección entraña deberes y derechos para el Estado y para los asociados.

El mandato constitucional de defensa, protección y seguridad ciudadana no garantizado tutelado por el Estado, ilegitima el ejercicio del monopolio de las armas delegado por el pueblo a éste. La sociedad reasume esta facultad.

Es un deber general, patriótico e indelegable la defensa de la unidad nacional, dentro de un contexto político de República independiente, soberana, unitaria y nacionalista.

Las reformas a las estructuras políticas, económica y sociales del Estado proceden a través del desarrollo de un proceso de concentración democrático e institucional. La vía armada como instrumento de transformación de la sociedad es anacrónica, impopular, criminal y autoritaria.

En el marco de un régimen de libertades públicas, el credo político es un derecho cuya promoción, difusión y defensa no puede ser vulnerado por la imposición violenta de otras expresiones políticas. En estas circunstancias la reacción política armada es proporcional a la agresión política de la misma índole.

La reacción política armada si bien comporta una acción contestataria contra el Estado dirigida el monopolio de las armas por ineficiencia e incompetencia. No se expresará nunca en atentados contra la infraestructura productiva del país, ni contra el régimen democrático.

La paz es un derecho universal cuyo carácter supraestatal compromete a toda la sociedad en su conquista y defensa. La reacción política armada, es una opción de la sociedad determinada por la incapacidad institucional para garantizar y proteger este derecho.

La defensa y representación de los intereses de la sociedad, se enmarcan dentro de los principios políticos e ideológicos. Intereses ajenos a estos principios ilegitiman la naturaleza del derecho de defensa. (AUC, mayo 18 de 1998, cursivas nuestras).

A la luz de la naturaleza asignada a la organización y los principios doctrinales enunciados, las AUC se autoconstruyeron como una “formación elitista orientada a la defensa, la protección y la restauración” (Bolívar, 2006). Más allá de las contradicciones jurídicas y filosóficas desplegadas a lo largo de estos once puntos, lo fundamental a rescatar es de qué manera, un sector de la sociedad colombiana, representado por los grupos de Autodefensa, llegó a afirmar un supuesto derecho a la autodefensa colectiva, organizada y permanente, en defensa de la propiedad y el orden vigente. Este derecho, sirvió de sustento a la impugnación del monopolio estatal de la fuerza y a su delegación en manos privadas, tal como se colige en el numeral 9. Sin embargo, y aquí radica la paradoja del “monopolio delegativo”, dicha toma de las armas no buscó atentar contra el régimen democrático, el modo de acumulación o la infraestructura estatal, sino protegerlos, defenderlos y restaurarlos de otros agentes que buscaban transformar la sociedad por la vía armada de manera “anacrónica, impopular, criminal y autoritaria”. Se trató así de grupos sociales y regionales de propietarios ya constituidos, que gozaban de cierto status y que no deseaban disputar el orden social, sino mantenerlo, conformándose como paralegalismos.

Los lineamientos doctrinales de las AUC fueron traducidos en objetivos políticos en el artículo tres de los Estatutos:

Artículo Tercero: El movimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia desarrollará las acciones, tareas y operaciones políticas-militares en dirección a los siguientes objetivos:

Oposición política y militar al aparato armado subversivo en las mismas condiciones de provocación y agresión planteadas por las organizaciones guerrilleras.

Oposición política y estratégica al Estado rescatando el monopolio de las armas delegado por el pueblo y supliendo para la sociedad, los vacíos e inconsistencias del Estado en el cumplimiento de la preceptiva constitucional que le ordena garantizar la vida, el orden social, la paz ciudadana, el patrimonio, la justicia social y la seguridad pública entre otros.

Representar y defender como actores políticos los intereses de amplios sectores de la sociedad; cuyos derechos han sido desconocidos, amenazados o violados por el Estado y las guerrillas.

Participar como instancia propositiva y decisoria en los procesos de transformación de las estructuras políticas económicas y sociales del Estado dentro de un contexto de concertación encaminado al logro de la paz.

Promover y consolidar la organización política de masas sobre cuya base descansa la representación social y política de la organización en armas.

Construcción de un proyecto político, de alcance y dimensiones nacionales como canal de expresión de las estructuras políticas de base y del estamento militar en la etapa del conflicto armado y, como movimiento político legal y democrático en la etapa del posconflicto.

Propender por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población civil asentada en territorios de influencias geopolítica de la organización, desarrollando programas y proyectos en las áreas de educación, salud, vivienda social, servicios básicos, economía agraria y vías de comunicación entre otros la reactivación económica y social de las regiones devastadas por la guerra constituyen una prioridad política inaplazable para la organización.

Avanzar en la promulgación y difusión de los valores de la democracia y del respeto a los derechos humanos dentro de un marco de tolerancia, solidaridad, pluralidad, convivencia pacífica y libertad de opinión.

Difundir a nivel del estamento militar el análisis, conocimiento y aplicación del Derecho Internacional Humanitario, como instrumento ético de conducta en el desarrollo de la guerra y, promover entre los actores contendientes el establecimiento de un código local (para el país) de humanización del conflicto.

Proponer y facilitar una salida negociada al actual conflicto armado de tal manera que la solución política sobre la solución militar como opción.

Aunque contradictorios, los objetivos políticos de las AUC revelan varias cuestiones. En primer lugar, la intención de las Autodefensas de erigirse discursivamente como un tercer agente de la confrontación que triangulaba en condiciones de simetría con las guerrillas y el Estado. Dicha intención se orientó a lograr un tratamiento como actor político beligerante en un escenario futuro de desmovilización. La articulación de un discurso político y una doctrina ideológica en defensa de los valores de la patria de propietarios que reprocha al Estado su incapacidad para brindarle protección, se encaminó, al mismo tiempo, a enfatizar su carácter de suplemento, complemento y refuerzo de las fuerzas estatales en defensa del statu quo.

Por otra parte, es importante destacar el carácter prospectivo del articulado, y en particular de los numerales 6 y 7. Como ampliaremos más adelante, las AUC fueron más allá de la campaña antisubversiva para lanzarse a la formulación de un proyecto de refundación de la patria para los propietarios que garantizara su inserción privilegiada en un escenario de postconflicto. Con una combinación de proselitismo armado, clientelismo político y financiamiento de campañas regionales y nacionales, este objetivo se cristalizó con el ascenso de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la República, quien se lanzó con ahínco al cumplimiento de dos tareas: la consolidación militar del bloque contrainsurgente y la convalidación legal, política, económica y simbólica del paramilitarismo. Antes de continuar con los avatares políticos de las AUC, repasaremos las características de sus bloques fundacionales e identificaremos las trayectorias de los algunos de sus líderes.

2.4.1. El Bloque Central Bolívar

Bajo la dirección militar de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco” y la conducción política de Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez” (ex concejal de Puerto Boyacá, ex asesor del gobernador de Boyacá y co-fundador del MORENA) los grupos que formaron el Bloque Central Bolívar (BCB) operaron durante más de veinte años en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Vichada, Putumayo, Risaralda, Caquetá, Arauca y Caldas así como en Venezuela. El BCB llegó a tener 29 frentes que se desmovilizaron de forma gradual hasta 2006 con un total de 7.603 hombres. La cantidad de frentes concentrados en el sur de Bolívar se atribuye al valor estratégico de la zona (delimitada por la Serranía de San Lucas y el río Magdalena, en las cercanías de Antioquia y la Costa Atlántica) y a la actividad económica allí desarrollada: la explotación del oro y el cultivo de coca.

En un comienzo funcionaron con el apoyo de las autodefensas de Puerto Boyacá y del Magdalena Medio, y luego con sus propios grupos en financiándose del hurto del combustible, el narcotráfico, las extorsiones y los secuestros (Verdad Abierta, 11 de enero de 2011). La fundación del BCB se dio en medio de las protestas que tuvieron lugar en el sur del Bolívar entre 1999 y 2001 en contra de las propuestas de negociación con el ELN anunciadas por el gobierno de Andrés Pastrana, las cuales incluyeron el posible despeje de una zona en esta región. El Movimiento Nacional de no al Despeje aglutinó a sectores sociales, cívicos y políticos de por lo menos cuarenta municipios del país, y al Comité de Apoyo al Sur de Bolívar, que congregó a representantes de los gremios ganadero, agrícola y comercial de Fedegan, Fedegasan, Camacol, Andi, Cotelco y los Palmicultores de Santander. El Movimiento de no al Despeje fue así la respuesta política diseñada por el Bloque Central Bolívar, en cabeza de su líder “Ernesto Báez”, con miras a crear una plataforma electoral que compitiese en las elecciones al Congreso del año 2000 por medio del movimiento Convergencia Popular Cívica.

Al mismo tiempo, la apertura de un proceso de paz con las FARC y el ELN fue vista por los grupos paramilitares como una oportunidad para salir del conflicto armado, sin pasar por la cárcel ni perder sus propiedades y esquivar de paso los pedidos de extradición de la justicia norteamericana por cargos de narcotráfico. Para llevar a cabo esta negociación era imperativo asumir la forma de un tercer actor político, que pudiera ser sujeto de negociación. “Ernesto Baez” fue uno de los encargados del armado discursivo de esta empresa en el documento titulado “Escenarios para la paz a partir de la construcción de regiones”, el cual condensaba la propuesta política y económica de las AUC que sería presentada a consideración del gobierno nacional, a fin de ser convocadas a una mesa de negociación (Báez, 2003).

Si bien en sus inicios los integrantes del BCB siguieron los estatutos definidos por las AUC, tras el retiro de Carlos Castaño de la jefatura principal en 2002, decidieron independizarse y reformar sus reglas eliminando cualquier texto que hiciera alusión a las AUC y a sus comandantes, al tiempo que redefinieron sus funciones en los campos militar, político y financiero (Verdad Abierta, 1 de marzo de 2012). La revista Semana ha documentado que la causa de esta ruptura estuvo vinculada tanto a conflictos militares internos como a las posiciones encontradas sobre el narcotráfico entre “Ernesto Báez” y Carlos Castaño, como medio estratégicamente válido para sustentar el paramilitarismo, un factor que está en la base de las múltiples disidencias dentro de la historia de la organización:

Pero el tema que más separó a Castaño y Báez fue el narcotráfico. Mientras Castaño pensaba que había que “desnarcotizar” la negociación con el gobierno, Báez considera que el narcotráfico ha impregnado todo el país y que las autodefensas sólo lo han usado para financiar una guerra contra la insurgencia. En el fondo, para Báez el narcotráfico es un as con el que pueden jugar las AUC en la mesa. Su apuesta es que el tema del narcotráfico se vuelva un asunto político, no criminal (Semana, 6 de julio de 2004).

Con base en la confesión de sus autores materiales, fuentes periodísticas han revelado que la muerte de Carlos Castaño, fue infligida por sus propios compañeros de armas, siguiendo órdenes de su hermano Vicente Castaño, debido a su renuencia a que la organización defendiera los intereses de los narcotraficantes:

En su momento, el también asesinado disidente de las AUC Rodrigo Franco, 'Doblecero', dijo que "esa había sido la condición que habían puesto algunos de los jefes paramilitares para conformar una mesa única con el gobierno". Carlos Castaño se oponía a que en la mesa estuvieran hombres sin trayectoria como autodefensa y cuyo único propósito era el narcotráfico. En su momento, 'Doblecero' mencionó a 'Macaco', 'Don Berna' y 'Los Mellizos' como parte del abanico de narcos que se camufló para entrar en la negociación y limpiar su pasado. Sin embargo, lo que más preocupaba a muchos de los jefes de las AUC era que Castaño estaba tercamente empeñado en negociar con el gobierno de Estados Unidos el desmonte del narcotráfico, para evitar su extradición (Semana, 28 de agosto de 2006).

Más allá de las disputas que generó entre los líderes de los distintos bloques de las AUC, el vínculo con el narcotráfico devino un tema capital para la organización paramilitar, al punto que fue uno de los puntos de mayor discusión en el proceso de formulación de la Ley de Justicia y Paz (ley 975/2005) que daría pie al desmonte de las AUC.

2.4.2. El Bloque Mineros

Al mando de Ramiro Vanoy, alias “Cuco Vanoy”, este bloque se configuró en los años ochenta en paralelo a los grupos del Magdalena Medio, pero adquirió su nombre en el año 2000. El Bloque Mineros operó en el Bajo Cauca antioqueño con la complicidad de sectores de la Fuerza pública, la política, la administración de justicia y algunas alcaldías, que eran sobornados por Vanoy para garantizarse impunidad e incluso lograr su cooperación en la comisión de crímenes:

—Yo le entregaba el dinero a mi sobrino (Danilo Linares) y él se lo entregaba a los comandantes militares y urbanos y ya ellos hacían el trabajo. ¿De dónde salía el dinero? Pues del narcotráfico. Nosotros teníamos una pista en el Bajo Cauca desde donde enviábamos la droga. ¿Que si la Fuerza Pública sabía? Seguro que sí, pero para eso estábamos pagando—, relató ante una fiscal de Justicia y Paz el ex jefe paramilitar. (Verdad Abierta, 28 de junio de 2012).

El vínculo entre el Bloque Mineros y la Fuerza Pública tuvo como puntos de contacto al Batallón Rifles, con sede en Caucasia (Antioquia) y al Batallón Girardot, con sede en Medellín, así como a Jefes de Policía en municipios como Ituango (Antioquia). El Batallón de Infantería No 10 Girardot, suministraba información y proveía armas, municiones y uniformes camuflados a los combatientes del Bloque. Los Batallones coordinaron junto a los jefes paramilitares acciones de incursión con fines contrainsurgentes y de rescate de efectivos secuestrados. Como efecto de estas ocurrieron en 1996 y 1997 las masacres de los corregimientos La Granja y El Aro, en el municipio de Ituango donde fueron asesinadas 19 personas y se cometieron toda clase de excesos y vejámenes contra los campesinos. Como parte del intercambio de favores, el Bloque Mineros recibió apoyo aéreo del Ejército en operaciones contra las FARC. La gravedad de violaciones a los derechos humanos cometidos en forma conjunta por militares y paramilitares ha sido verificada por la Unidad de Justicia y Paz, quien investiga varios casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de personas reclutadas por paramilitares del Bloque Mineros que luego fueron entregados a la Fuerza Pública para que las presentaran como guerrilleros muertos en combate. Los llamados “falsos positivos” serán una práctica habitual a lo largo de los años 2000 en el contexto de aumento de las exigencias a las Fuerzas Armadas por parte del gobierno Uribe en la lucha contra la guerrilla:

Aunque alias “Cuco Vanoy” ha negado que esta fuera una práctica ordenada o consentida por él, pesquisas realizadas por investigadores judiciales indican que efectivos militares contrataron a varios paramilitares del Bloque Mineros para que reclutaran personas de bajos recursos, desempleados o habitantes de calle para ser entregadas posteriormente a la Fuerza Pública con el fin de asesinarlas y presentarlas luego como insurgentes dados de baja en combate (Verdad Abierta, 28 de junio de 2012).

Al momento de su desmovilización, el 20 de enero de 2006, el Bloque Mineros contaba con 2.670 combatientes. Sin embargo, muchos de los herederos de “Vanoy” continuaron en la ilegalidad y actualmente conforman las “Bandas Criminales” de “Los Rastrojos” y “Los Urabeños”.

2.4.3. Bloque Cacique Nutibara (BCN)

Este Bloque surgió en 2001 bajo la dirección de Diego Fernando Murillo, conocido bajo los alias “Adolfo Paz” y “Don Berna”. Operó principalmente en Medellín donde disputó el dominio de distintos barrios a las milicias de las FARC y el ELN. Para controlar la oferta de servicios de seguridad y el tráfico de drogas, el BCN impuso reglas a las bandas armadas de la Comuna 8 de Medellín y de municipalidades aledañas como Bello, Itagüi y Envigado.¹⁰⁶ Aquellas que no se “disciplinaron” fueron aniquiladas, tal como ocurrió con la banda de “La Terraza.”

El principal objetivo del BCN fue la extracción de rentas a partir de diversas actividades criminales, así como el desarrollo de una estrategia de control social que combina contrainsurgencia y monopolio de las economías ilegales. Pese a este objetivo común los distintos sectores que componían el bloque, funcionaban más como una red que como una estructura piramidal, ya que tenían grados variables de autonomía y subordinación respecto a la estructura global por lo que diferían en su accionar y se hallaban en un equilibrio inestable (Alonso y Valencia, 2007). Así, mientras el nodo paramilitar actuaba desde una lógica contrainsurgente; las oficinas de Itagüi y Envigado se orientaban a conservar el monopolio de los mercados ilegales; las autodefensas barriales buscaban el control territorial, y las bandas actuaban desde su lógica de microempresarios del crimen. En este sentido, la noción de mando central y jerarquía se desvanece para dar paso a una estructura fragmentada y confusa compuesta por unidades funcionales interdependientes que eventualmente actúan coordinadamente. El nodo más denso estaba articulado en torno a “Don Berna” y algunas oficinas, mientras que las bandas barriales ocupaban las jerarquías más livianas. En todos los casos, fue fundamental la articulación con el entorno, tanto las bases sociales de los barrios marginales como las conexiones y apoyos brindados por sectores de la Policía y el Ejército, sectores de las elites políticas y sociales.

El BCN se desmovilizó en Medellín, el 9 de diciembre de 2003, con 868 combatientes y 497 armas. Desde el primer momento quedó en evidencia que se trató de una gran simulación:

Dos semanas antes habían recogido a simples muchachos de los barrios, o colaboradores, y los habían presentado como miembros de las autodefensas. Pero los verdaderos pistoleros de las temidas bandas, como la Oficina de Envigado, siguieron activos, hasta casi dos años después cuando aparentaron una desmovilización con el Bloque Héroes de Granada. En realidad, la Oficina de Envigado siguió activa, y su desarticulación ha sido una tarea difícil. Este doble juego puso en riesgo el proceso de desmovilización en Medellín donde ha crecido la reincidencia de los desmovilizados, así como sus muertes, y su reclutamiento para bandas emergentes (Verdad Abierta, 14 de octubre de 2008).

La experiencia del Bloque Cacique Nutibara no es la única que permite pensar que, más que una confederación con un mando central y una lógica de acción coordinadas, las Autodefensas Unidas de Colombia fueron una franquicia del crimen. Diversas investigaciones (Camacho, 2005; Garzón 2005) reportan la venta del sello AUC a organizaciones criminales por parte de Vicente Castaño, que daban a éstas el derecho de usar la sigla AUC y obtener recursos humanos y armamento. Dentro de los casos más mentados de venta de franquicias se encuentran los de los titulares del Bloque Vencedores de Arauca, el Bloque Pacífico, el Bloque Mineros y el Bloque Llanos Orientales, otorgados a conocidos capos del narcotráfico.

Como hemos visto a lo largo de esta tesis, el nexo entre narcotraficantes y paramilitares es estructural y originario. Si bien las autodefensas se armaron con grupos locales para enfrentar a la guerrilla con el apoyo y/o complacencia de la Fuerza Pública y la mirada indiferente del poder político central, la presencia de narcotraficantes aseguró los recursos financieros necesarios para su expansión y crecimiento. Este vínculo profundo, casi indisociable, marcó el rumbo de la organización, que terminó concentrándose en la acumulación de capitales (por la vía del despojo, las economías ilícitas y la venta de seguridad a privados) y en el acopio de recursos militares, políticos y burocráticos que les garantizasen su conservación.

Fuera a costa de la venta de franquicias o de la invitación hecha a “amigos de confianza”, las AUC sufrieron un crecimiento acelerado entre 1997 y 2003 que las llevó a estar conformadas por 52 bloques distribuidos por toda la geografía nacional y dirigidos por medio centenar de comandantes (ver anexo 3). Así las cosas, es difícil creer que se manejaran con la disciplina y respeto jerárquico enunciados en el Estatuto de Constitución. De ahí que surja la pregunta acerca de los beneficios que podrían reportar para cada uno de estos cincuenta jefes y a los hombres “a su cargo”, la pertenencia a las Autodefensas. Si el contacto con el mando central era intermitente y más bien conflictivo ¿para qué servía contar esta marca registrada?

Como han señalado Romero (2003) y Cubides (2005), estos grupos atomizados se reunieron bajo la bandera de las AUC con el propósito de presentarse como una organización con un mando unificado, un plan nacional, una coordinación multiregional de las acciones y una agenda con pretensiones programáticas, para lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor político. Por otra parte, como bien acota Camacho (2005), al presentarse como actores políticos y ejercer como tales, «los paramilitares podían establecer relaciones con personajes asociados al poder regional, con el propósito de crear un frente de defensa común y controlar regiones enteras, de manera que pudieran extender sus dominios y propiedades» (2005: 74).

Las autodefensas se trazaron la meta de contener la expansión de la guerrilla e incursionar en las zonas donde estos grupos tenían sus fuentes de financiamiento, principalmente del narcotráfico. Siguiendo este propósito, en 1997 se presentan hechos de violencia en varias regiones, poniendo de presente el salto que se comenzaba a producir en el patrón de crecimiento de las autodefensas. Durante las negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC-EP, en la región de San Vicente del Caguán, la presencia territorial de las autodefensas experimentó un crecimiento sin precedentes. En noviembre de 1998, coincidiendo con el inicio del proceso de paz, las AUC asesinaron a cuarenta personas y quemaron alrededor de cien casas en Bolívar, Antioquia, Meta y Vichada. En diciembre del mismo año, aprovechando la declaración de una tregua unilateral durante la época de navidad por parte de las AUC, las FARC atacaron el cuartel general de Carlos Castaño en el Nudo de Paramillo. La retaliación a la incursión guerrillera, que por poco le cuesta la vida al comandante de las autodefensas, no se hizo esperar y, en enero de 1999, las ACCU asesinaron a 130 personas por tener supuestos vínculos con la subversión.

Vicente Castaño, hermano de Carlos Castaño, lideró el aparato armado ocupándose de la logística de la organización: el recaudo de dinero, armas, uniformes y hombres. Según la investigación de Ronderos (2014),

a cada persona le encargaba el desarrollo de un frente (…) y le exigía que una vez se estableciera y obtuviera suficientes ingresos, producto de la extorsión, el robo de gasolina, la explotación minera, la venta de cocaína, el robo de ganado o lo que fuera, le empezara a girar el 50% a la casa Castaño (p. 241).

Eran los frentes los que financiaban a la casa Castaño y no al revés. Los cheques fluían desde los bloques en Urabá, el Valle y Córdoba hacia FUNPAZCOR, la ONG de los Castaño. De esta manera, la idea de una confederación político-militar guiada por una estructura jerárquica parece ceder terreno a nuestra hipótesis de las AUC como una organización cuya naturaleza parece más emparentada con una franquicia del crimen. Hay que decir que, en todo caso, la visión empresarial de las AUC se diversificó hacia rubros lícitos como el cultivo de palma africana y la realización de obras de infraestructura. Así por ejemplo, en los departamentos de Chocó y Meta, Vicente Castaño ordenó grandes despojos de tierras para implantar el monocultivo de Palma, y en el departamento de Córdoba invirtió más de 5 millones de dólares en un terraplén que protegiera del río a los cultivos de arroz (Ronderos, 2014: 242 y 243).

Al tiempo que avanzaba la máquina de guerra dejando a su paso masacres, desplazados y desaparecidos, el líder político de las Autodefensas, Carlos Castaño, descollaba en apariciones en los medios de comunicación presentándose como defensor de la paz y la unidad nacional y dando consejos al gobierno y a la guerrilla. En entrevista con Semana, Carlos Castaño pontificaba:

Que las autodefensas no seremos obstáculo para las negociaciones de paz con la guerrilla. Pastrana debe saber que con las AUC no tendrá problema siempre y cuando su actitud no vaya en contra de nuestros principios, que son los de la unidad nacional. Clamamos la no anarquización del país, la no fragmentación del Estado y tenemos unas propuestas para el país que tenemos que debatir. […] Los integrantes de las autodefensas sabemos que un accionar como el nuestro no aguanta muchos años. La subversión sabe que no puede ser más anacrónica de lo que está. Se aproxima la hora de la paz tanto en la subversión como en la antisubversión. Y ahora si hay un Presidente con legitimidad. No vote por él, pero lo reconocemos como autoridad (Semana, 17 de agosto de 2008).

Instalada la imagen de las AUC como una organización antisubversiva, jerarquizada y dotada de coherencia interna, lo que siguió en el itinerario fue la propagación de la idea de su simetría respecto al Estado y las guerrillas. En la misma entrevista, los periodistas de Semana se refirieron a las AUC como un tercer actor, facilitando a Castaño el despliegue de su estrategia argumentativa:

El Proceso de Paz parece estar en una encrucijada. La guerrilla exige el desmonte de las autodefensas para empezar a hablar, y estas dicen que no se desmovilizaran hasta que se entregue el último fusil guerrillero. SEMANA entrevistó a Carlos Castaño para conocer la opinión de los paramilitares al respecto.

SEMANA: ¿Hay algo que hacer para acabar con la intransigencia de las dos partes?

CARLOS CASTAÑO: Creo que la solución está en que cada uno ceda un poco. ¿Por qué no comenzar a hacerlo simultáneamente? Invito a la guerrilla a que actuemos paralelos en esto.

SEMANA: ¿Cómo?

C.C.: Primero habría que lograr que la Coordinadora Guerrillera actúe como tal, ya que nosotros estamos actuando como Autodefensas Unidas. Si ellos cesan el secuestro y liberan los secuestrados, nosotros cesaríamos las actividades ofensivas. Y así sucesivamente (Semana, 17 de agosto de 2008).

La construcción discursiva de la relación espejo de las AUC con las guerrillas estuvo acompañada por una constante producción de diferencias respecto de estas y de los grupos delincuenciales:

Es claro, el estigma del narcotráfico nos envuelve o salpica a todos en las Autodefensas, y a buena parte de Colombia, y no es solo imaginación y guerra publicitaria de nuestros enemigos, es también una evidente realidad por la cual estamos pagando caro, y sin duda hay unos más culpables que otros. Yo acepto mi plena culpa por no haber sido capaz de impedirlo pero, solo me faltó recurrir a la fuerza y a la violencia para evitarlo. […] No se puede utilizar más el nombre de Autodefensa para esconder cuanta actividad delincuencial se practique. Si seguimos así, cada vez que se mencione públicamente el término “Autodefensas”, la gente lo asociará con delincuencia simple y rampante que utiliza ese nombre para conveniencia y lo desconoce para respetarlo (AUC, 8 de marzo de 2003).

Ya fuera en su calidad de héroes, benefactores o víctimas, los líderes paramilitares buscaron desmarcarse tanto de las FARC y el ELN, como de los narcotraficantes y la delincuencia común, aseverando seguir motivaciones más éticas, racionales y ajustadas al legítimo derecho a la defensa de la vida y la propiedad, que ante la ausencia estatal, se configuraron un “nosotros” defensor de la patria propietaria. Así, en momentos en los que negociaba su desmovilización, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso remarcaba:

Entonces cabe preguntarse, en el terreno del equilibrio, pero puesto ahora desde la visión de las Autodefensas, si cada vida derrochada, cada hombre muerto, cada niño asesinado, cada familia arruinada o empresa calcinada, si cada una de las pérdidas de la sociedad antes del surgimiento de la autodefensa, no produjo un desequilibrio, es decir una injusticia colectiva, en proporciones de holocausto, que jamás fue resuelta por el Estado sino por el accionar de nuestra fuerza de respuesta, entonces me pregunto, ¿cuál es la Justicia que se nos pretende aplicar? La justicia del equilibrio o la venganza judicial de unos pocos ante la eficacia militar, que el Estado no tuvo para salvaguardar nuestras vidas y las de nuestras comunidades, en esta, que no quieren llamar guerra civil, por razones políticas entendibles pero que lo es, y hoy queremos ayudar a terminar (Mancuso, 1 de marzo de 2005).

La dimensión de la violencia ejercida por los grupos paramilitares aún sigue calculándose. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación (2014), las AUC dejaron al menos 420.000 víctimas. Se cuentan por lo menos de 344.000 hechos criminales por cuenta de sus miembros: 26.238 homicidios, 1082 masacres, 11.762 desplazamientos forzados, 3.609 desapariciones forzadas, 1950 secuestros, y 1621 reclutamientos forzados. Los departamentos que registraron el mayor número de hechos fueron Antioquia con 104.489, Bolívar con 24.684, Cesar con 23.924, Magdalena con 23.345 y en adelante un descenso en el número de actos violentos que no baja de los 5.000 casos en departamentos como Caldas. Hasta la fecha se han encontrado 3983 fosas comunes y unos 5200 cuerpos (Caracol, 3 de febrero de 2014).

La concentración de una gama variada de recursos (económicos, militares, políticos y burocráticos) por la vía del despojo y el terror, permitió a los distintos bloques de las AUC convertirse en los nuevos constructores del poder en las regiones y preparar su salto a la legalidad, tal como lo previó “Ernesto Baez” en su documento de 1997. Pese a que intentaron diversos acercamientos, las AUC no lograron que la administración Pastrana abriera para ellos una mesa de negociación como la facilitada a las FARC. Mientras que la guerrilla fue reconocida como un actor político, obtuvo el despeje militar de cinco municipios, la suspensión de las órdenes de captura contra sus voceros y varios intercambios de combatientes presos por secuestrados, las Autodefensas escalaron la guerra de posiciones ante la inminencia de un cambio en los equilibrios de poder regional producto de un escenario de paz con las FARC. La dependencia de recursos del narcotráfico se profundizó y con ella las contradicciones internas de la organización. En estas circunstancias, era sabido que el triunfo paramilitar no se lograría por las armas.

3. La convalidación del proyecto paramilitar

En julio del 2001 los miembros del Estado Mayor de las Autodefensas y más de cien políticos y funcionarios de diferentes regiones del país (gobernadores, senadores, representantes, concejales y alcaldes) firmaron un pacto secreto acordando el desarrollo de un proyecto político que prometía “refundar al país”. El Documento confidencial y secreto que se conoció en 2006 como el “Pacto de Santa Fe de Ralito”, rezaba lo siguiente:

Conciudadanos como enuncia nuestro preámbulo; el pueblo de Colombia, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social.

Todos los aquí presentes hoy asumiremos el compromiso de garantizar los fines del Estado: Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Construir esta nueva Colombia, en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad y tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Es nuestro desafío.

Todo colombiano tiene el deber y la obligación de trabajar por la paz, en aras de cumplir con el mandato constitucional que nos insta a propender el logro y mantenimiento de la paz. Esta tarea no es prerrogativa de unos pocos, sino deber de todos

A propuesta de los aquí presentes, se formarán comisiones de trabajo, las que presentarán sus resultados en nuestra próxima reunión del mes de octubre

El “Pacto de Ralito” dejó constancia de la alianza tejida entre dirigentes regionales y jefes de las AUC para consolidar un movimiento político a escala nacional en defensa de los intereses nucleados por los paramilitares. En el razonamiento de Salvatore Mancuso, líder y anfitrión del encuentro, «era más viable incluir a estos políticos tradicionales dentro del proyecto político de los paramilitares, en lugar de intentar lanzar candidatos propios y desconocidos a aspirar a puestos de elección popular» (Verdad abierta, 21 de enero de 2010). El Pacto refrendó el mutuo acuerdo entre políticos de la región que buscaban acceder a cargos de elección pública, y grupos paramilitares en expansión que buscaron controlar políticamente las zonas en las que operaban militarmente. Los firmantes fueron representantes de la clase política tradicional de los departamentos de Córdoba, Cesar, Sucre, Bolívar y Magdalena que permitieron así la entrada del paramilitarismo en la coadministración de los recursos públicos. Una vez tomado el poder en las regiones entre los años 2001 y 2002, lo que vino fue la proyección de su poder a nivel nacional. Tras la alianza con la clase política de los departamentos de la Costa Caribe, los paramilitares buscaron llevar su voz al proceso de negociación dentro del Congreso para mejorar su margen de acción ante un eventual proceso de negociación y de desmovilización.

Cuatro años de un proceso de paz errático con el gobierno Pastrana (1998-2002) desarrollado en medio de la confrontación armada, hicieron que las acciones violentas de la guerrilla cobraran mayor visibilidad mediática que los avances en la mesa de negociación. El agravamiento del secuestro, los ataques indiscriminados contra la población civil y su transmisión continua por los medios de comunicación, fortalecieron la imagen de las FARC como una organización brutal en su agresión militar.

Por otra parte, la concesión de una zona de despeje sin condiciones ni reglas de juego claras, permitieron a la guerrilla contar con una retaguardia táctica desde la cual preparar ataques contra las fuerzas militares, mantener a las personas secuestradas lejos de la posibilidad de rescate, y desarrollar actividades ilícitas como el narcotráfico, generando entre la opinión pública la idea de que no tenían un compromiso de paz serio. La animadversión generalizada hacia la guerrilla coincidió con el discurso antiterrorista global que siguió al ataque a las Torres Gemelas. La inclusión de las FARC en el listado de organizaciones terroristas como Al Qaeda terminó de liquidar sus posibilidades de reconocimiento como interlocutor político válido.

Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia en agosto de 2002 luego de capitalizar el descontento nacional por el fracaso de los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) y el gobierno de Andrés Pastrana. Plegado a la retórica patriótica de Bush, Uribe articuló todo su discurso de campaña y sus acciones de gobierno en torno al combate a las FARC, transformadas en el “gran enemigo” del país. La Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) concibió e implementó, con ayuda de la cooperación estadounidense, una ofensiva militar amplia y sistemática contra todos los grupos guerrilleros, al tiempo que planteó la necesidad de que la sociedad civil contribuyese en el fortalecimiento de las actividades de los órganos de seguridad. Como consecuencia, se apuntaron acciones como la creación de unidades de soldados campesinos, el aumento del presupuesto asignado a la defensa nacional, el ofrecimiento de recompensas a informantes, la fundación de redes de cooperantes y el estímulo de las deserciones dentro de los grupos armados ilegales (Presidencia de la República, 2003).

Otro vector de la seguridad democrática fue la desmovilización de los grupos paramilitares. Uribe se mostró favorable a la creación de estas fuerzas paraestatales desde su gestión como gobernador de Antioquia en 1994. Posteriormente, el cuerpo legal que dio vida a las autodefensas fue derogado sin que ello implicara su debilitamiento o desaparición. Las condiciones obtenidas por los paramilitares en el proceso de desmovilización abierto por la Ley de Justicia y Paz sancionada en el año 2005, dieron una muestra fehaciente del tratamiento preferencial del que eran objeto en tiempos de Uribe. El poder alcanzado por los grupos paramilitares bajo la estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se tradujo durante los dos mandatos de Uribe en una enorme capacidad para capturar rentas públicas y privadas, y penetrar los órganos de seguridad, las agencias del Estado, los partidos políticos, los cuerpos colegiados y el poder judicial. Como veremos a continuación, la negociación con las Autodefensas, más que un proceso atinente a garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas, devino un acuerdo de impunidad para la convalidación del poder amasado por los paramilitares a través de la asimilación de sus redes mafiosas, sus economías ilícitas y su capital político-electoral.

Por todo lo mencionado hasta aquí, sostenemos que la Política de Defensa y Seguridad Democrática fue una convalidación del proyecto paramilitar de una “patria propietaria”, cuya implementación puede rastrearse en cuatro dimensiones: la arremetida militar contra la insurgencia y la sociedad civil opositora al régimen de los grandes propietarios nacionales y transnacionales; la convalidación legal de las estructuras narco-paramilitares a partir de la reducción de su exposición penal en la Ley de Justicia y Paz; la convalidación de la economía “para” a partir de la expedición de distintas leyes que legalizaron el despojo; la convalidación política alcanzada con la conformación de una bancada “parapolítica” en el Congreso; y la convalidación simbólica o cultural del ideario “para” a través de una re-escritura de la historia nacional en clave contrainsurgente.

3.1. La arremetida militar: Del Plan Patriota a los “falsos positivos”

Para lograr el éxito de la Política de Seguridad Democrática, Uribe se ocupó personalmente de supervisar el combate a las guerrillas, incrementando las exigencias a las fuerzas militares. La obtención de resultados fue posible, en parte, gracias al proceso de reingeniería de las Fuerzas Armadas propiciado desde el gobierno de Pastrana, que les permitió una acción contrainsurgente más rápida y eficiente; y también en virtud del despliegue del Plan Patriota, implementado con asesoría y financiación estadounidense con miras “a golpear a la guerrilla en el suroriente del país”. El Plan Patriota fue presentado como complemento del Plan Colombia, una vez que una misión militar colombiana se trasladó secretamente al Comando Sur de los EEUU para pedir ayuda a comienzos de 2003 (Bedoya, 2008).

Puesto en marcha desde marzo de 2004, el Plan Patriota fue la operación militar más larga y sofisticada realizada por las fuerzas armadas y la policía colombiana en contra de las guerrillas de las FARC desde la Operación Marquetalia de 1964. El objetivo informado a los medios de comunicación fue el capturar o eliminar a miembros del Secretariado de este grupo guerrillero, destruir la infraestructura logística de su retaguardia estratégica y debilitar de una manera crítica al núcleo militar más duro de las FARC localizado en el sur del país: el Estado Mayor Bloque Oriental (EMBO). Se trataba de una zona de presencia y asentamiento de las principales unidades guerrilleras a la que hasta entonces no habían llegado las acciones del ejército colombiano además de una región de colonización reciente fuertemente marcada por la economía de las drogas ilícitas. Para la realización del Plan se contó con financiamiento norteamericano por 110 millones de dólares destinados al adiestramiento de las Brigadas Móviles y de las Fuerzas Especiales y a la adquisición de aviones de combate AC-47 y de transporte de tropas C-130 (D’Arcier Flores, 2005: 216) y se desplegaron más de dieciocho mil hombres durante en un territorio de 300 mil km² que cubría los departamentos de Nariño, Guaviare, Meta, Putumayo y Caquetá. (El Tiempo, 25 de abril de 2004).

La magnitud de la operación contrastó con el hermetismo con el que fueron mantenidos sus avances y resultados por parte del gobierno Uribe. Según relata Bedoya, desde finales de 2003,

el silencio invadió los pasillos del Ministerio de Defensa (…) y la opinión pública se perdió la verdadera historia detrás del Plan Patriota”. El Comandante de las Fuerzas Militares, el General Ospina Valle “ordenó cerrar la información para la prensa y prohibió el ingreso de los comunicadores al teatro de operaciones donde iba a operar la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (2008: 19).

Salvo por un número especial del periódico El Tiempo, dedicado a hacer un balance a dos años de la implementación del plan, es escasa la información que permite evaluar su desempeño. Alfredo Rangel, en una columna del diario bogotano señaló, a un año de ejecución, que “los resultados no eran como para cantar victoria” (El Tiempo, 6 de mayo de 2005). Los problemas identificados por el politólogo, conocido por su afinidad con el gobierno Uribe, eran principalmente de orden estratégico: la operación se equivocó en los espacios y en los tiempos del despliegue:

Con el Plan Patriota las Fuerzas Militares parecen haber caído en la trampa de la eficiencia, que consiste en hacer bien las cosas donde no se deben hacer y cuando no se deben hacer, es decir, se equivocaron de lugar y de tiempo. Por qué es equivocado el lugar? Porque con los recursos y el empuje militar del Plan Patriota se podrían estar desarrollando campañas similares y simultáneas en Antioquia, Valle, Cauca o Nariño —tal como ya se hizo con éxito en Cundinamarca—, con el fin de debilitar o erradicar a la guerrilla en zonas mucho más pobladas y de mayor importancia económica y política que las selvas del sur del Caquetá.

Por qué es equivocado el momento? Porque, insisto, el Plan Patriota parte de la base de que las Farc están debilitadas o derrotadas en el resto del país y que el único sitio donde son fuertes son las selvas del Caquetá, y esto no es cierto. Como consecuencia de esta equivocada apreciación, se ha invertido el orden temporal de las prioridades estratégicas y, en lugar de recuperar y proteger primero sitios clave del país, se ha dirigido el esfuerzo principal a lo profundo de una selva deshabitada.

Con una estrategia mal concebida desde los inicios, no sorprende que el avance en términos de los objetivos militares propuestos no fueran los mejores. En opinión de Rangel, «más allá de la incautación de armamento y munición, de la eliminación de algunos guerrilleros y de la reducción de ingresos de coca a la guerrilla —que ya habría recuperado con creces en nuevas zonas cocaleras—, es poco el logro militar del Plan Patriota». El carácter móvil de esta guerrilla dificultó su cerco en zonas selváticas donde contaban con un gran margen de maniobra, mientras que el énfasis en una sola zona no impidió su desplazamiento continuo a otras regiones del país.

Allende el cuestionable éxito militar, lo que ha trascendido en los años posteriores son sus efectos negativos en materia de respeto a los derechos humanos y a la soberanía de países vecinos. En el primer caso, numerosas ONGs han denunciado que el Plan Patriota agravó y perpetuó la crisis humanitaria en el sur del país, al tiempo que «la militarización territorial produjo judicializaciones falsas y arbitrarias, nuevas dinámicas de control militar-paramilitar y nuevas tácticas de estrategia militar dentro de la guerra de guerrillas de las FARC EP» (Colectivo Alvear, 6 de enero de 2006; CODHES, 31 de agosto de 2014). Así por ejemplo, la población indígena localizada en el departamento de Putumayo fue víctima de la represión armada institucional que combinó operaciones regulares e irregulares y fue obligada a desplazarse hacia el Ecuador. La participación de grupos paramilitares en la táctica de arrasamiento fue reportada por comunidades indígenas como la del resguardo de San Marcelino de la etnia Quechua o Quichua, la cual reportó la realización de hostigamientos y asesinatos selectivos por parte de las Autodefensas del Bloque Central Putumayo, BCP. Según informó el Colectivo Alvear el poder de la estrategia paramilitar en medio de la aplicación del Plan Patriota, «se expresó con el control de los corregimientos donde se hallaba la base de entrenamiento y operaciones del BCP», y de las áreas urbanas de los municipios de Orito, Puerto Asís y Puerto Caicedo donde los paramilitares realizaban «recorridos de control y sometimiento de los pobladores a sus normas”, en simultáneo a la presencia de las fuerzas militares y policiales» (Colectivo Alvear, 6 de enero de 2006). Por su parte, el CODHES advirtió que,

el Plan Patriota se ejecut[ó] sin control político del Congreso de la República —obligado a autorizar el tránsito de tropas y asesores militares extranjeros en territorio nacional—, sin conocimiento real de sus consecuencias en el plano de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, sin un seguimiento sistemático y público de los organismos de control de Estado y sin información cierta de su desarrollo, resultados y alcances (CODHES, 31 de agosto de 2004).

En lo que hace al respeto de la soberanía de los países vecinos, el Plan Patriota y la Política de Seguridad Democrática traspasaron las fronteras de Colombia en varias acciones “extraterritoriales” justificadas en nombre de la lucha global contra el terrorismo. La primera de ellas tuvo lugar en Caracas en 2004 cuando agentes secretos colombianos capturaron a Rodrigo Granda, conocido como el “canciller” de las FARC, para trasladarlo posteriormente al país¹⁰⁷. Un nuevo episodio de violación de la soberanía de los países vecinos se produjo en 2008, con el bombardeo sobre territorio ecuatoriano que terminó con la muerte del miembro del Secretariado de las FARC “Raúl Reyes”. La Operación Fénix le valió al entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos el pedido de captura internacional de parte de la justicia ecuatoriana por su responsabilidad en la muerte de un ciudadano de este país y de cuatro mexicanos que se encontraban en el campamento guerrillero. Si bien la Interpol se negó a acceder al pedido, el incidente agravó las ya deterioradas relaciones con Venezuela, haciendo que Chávez movilizara tropas a la frontera con Colombia en un amague de enfrentamiento bilateral. La tensión entre los dos países fue un motivo central en la Cumbre de Presidentes Latinoamericanos realizada en Santo Domingo en marzo de 2008.

La enorme diferencia entre los objetivos propuestos y los resultados alcanzados obliga a pensar en los intereses ocultos tras la estrategia contrainsurgente del Plan Patriota. Si las FARC no fueron reducidas militarmente como prometió Uribe tras ocho años de confrontación y en su lugar, el ataque a civiles y el desplazamiento interno alcanzaron niveles inéditos, es claro que la lógica subyacía al plan era otra. Diseñado bajo los cánones de la guerra preventiva estadounidense, el Plan Patriota hizo parte de la nueva modalidad de intervención hemisférica pergeñada por este país tras los ataques del 9/11, en la cual se fusionan contraterrorismo y guerra contra las drogas con miras a controlar los focos contrahegemónicos en América Latina, asegurar la disponibilidad de recursos naturales para esta potencia mundial y mantener activa la economía de la guerra para las grandes corporaciones mercenarias y armamentísticas norteamericanas.

El control de focos contrahegémonicos en suramérica se dirigió principalmente a presionar al gobierno de Venezuela en el manejo de su crisis política, mermar su capacidad de incidencia en asuntos regionales y garantizar el acceso a sus recursos hidrocarburíferos.¹⁰⁸ Desde 2003, los gobiernos de Ecuador y Venezuela fueron puestos en la mira de Washington para su disciplinamiento, ya no a través de golpes de estado, sino de tácticas de desestabilización de las fronteras y la utilización de paramilitares en acciones selectivas.¹⁰⁹ Como señala el CODHES en su informe, el componente fronterizo del Plan Patriota fue uno de sus pilares fundamentales. A Ecuador fueron movilizados

8600 soldados colombianos, que se suma[ron] a los más de 15.000 soldados ecuatorianos apostados al otro lado de la frontera [con] la idea de controlar militarmente el territorio, fumigar los cultivos ilícitos con el fin de erosionar las principales rentas de los grupos armados y el control de la población civil para evitar cualquier tipo de apoyo a la insurgencia (CODHES, 31 de agosto de 2004).

En Venezuela y Panamá también surgió una tendencia a militarizar las fronteras con Colombia pero no fue posible para sus autoridades controlar la crisis humanitaria. De acuerdo con el monitoreo que adelanta CODHES, «sólo en el año 2003 se desplazaron hacia estos países 40.017 personas quienes salieron forzadamente del país por amenazas de muerte, atentados, asesinatos, masacres, fumigaciones de cultivos lícitos e ilícitos y reclutamiento forzado» (CODHES, 31 de agosto de 2004). El caso más significativo ha sido el de Ecuador, país de destino de la mayor cantidad de población colombiana desplazada por el conflicto armado y factores relacionados, a partir de los años 96 y 97. Según ACNUR «un drástico aumento se registró desde el año 2002, y una tasa de crecimiento anual promedio de 41,7% entre 1990 y 2006 (…) en el período posterior, el número de solicitudes de asilo ha sido igualmente considerable: 30.407 en el año 2009; 23.907 en el 2010; 13.236 en el 2011; 11.817 en el 2012, y 2.801 hasta finales de marzo de 2013» (2014: 12). En medio de las nuevas estrategias de guerra, las fronteras se han venido constituyendo en laboratorios de inestabilidad para Colombia y los países limítrofes, debido a la presencia de diferentes grupos armados, el tráfico de drogas, armas y secuestrados, que han profundizado la crisis de derechos humanos. Frente a esta situación, los estados vecinos se muestran cada vez más preocupados por el desarrollo del conflicto y de la carrera armamentista en Colombia.

La segunda motivación oculta tras el Plan Patriota, y su antecesor, el Plan Colombia es el dominio estadounidense sobre los recursos de la región amazónica. Como ha señalado Borón «el proceso de militarización de las relaciones interamericanas (…) es consecuencia de las apremiantes necesidades del imperio para asegurarse el control excluyente de los recursos naturales necesarios para mantener su patrón de consumo» (2014: 109). Desde el año 2000, Washington implantó la Ofensiva Sur o Estrategia Andina desplegada bajo los ropajes del Plan Colombia —una guerra dirigida en apariencia contra el narcotráfico y la guerrilla— para establecer bases y “contratistas” estadounidenses en el país, y despejar el camino a la extracción de recursos naturales por parte empresas transnacionales.¹¹⁰ A través de un acuerdo firmado en 2009, la administración Uribe abrió sin restricciones el paso a “contratistas” y aeronaves norteamericanas sobre el territorio colombiano que desde entonces han adelantado una invasión silenciosa. Según la investigación de Castro Caycedo se calcula que en los últimos años del gobierno de Uribe Vélez había “entre tres mil quinientos y cuatro mil extranjeros involucrados en la guerra contra los narcóticos y la subversión, o dependiendo de las grandes compañías multinacionales que operan en el país” (2014: 17).

El ejercicio de la violencia por parte de Compañías Militares Privadas (CMP)¹¹¹ y la lucha por los recursos como motor principal de la “guerra” son rasgos característicos tanto de la actual fase de las relaciones interamericanas como del desarrollo del conflicto colombiano en las últimas décadas. Münkler (2005) se ha referido a esta dinámica con el concepto de “nuevas guerras”: episodios bélicos que, a diferencia de las guerras clásicas entre Estados, en los que éstos monopolizaban el ejercicio de la violencia, se caracterizan por la acción creciente de actores paraestatales y privados —desde señores de la guerra hasta empresas de mercenarios— para los que la guerra se ha convertido en una actividad empresarial.

Azzellini y Kanzleiter (2005) avanzan en una descripción de estos “empresarios de la guerra” señalando cómo las formas de conducción de las guerras está cambiando conforme a los requerimientos de la globalización capitalista neoliberal pero, a diferencia de Münkler, quien plantea el desplazamiento de las fuerzas estatales por otras privatizadas en el contexto de estados débiles o fallidos, Azzellini y Kanzleiter muestran que se trata de acciones conjuntas que no pueden ser interpretadas bajo la óptica de la erosión del monopolio estatal. Las Compañías Militares Privadas, los grupos paramilitares y demás organizaciones mercenarias, actúan al lado de los ejércitos estatales en guerras que se dan en el interior de los Estados entre tropas regulares e irregulares, y ante todo contra la población civil. De esta manera, el análisis de los autores coincide con la perspectiva que hemos sostenido a lo largo de esta tesis, que se abstiene de comprender el proceso de privatización de la violencia, como un síntoma de "debilitamiento del Estado", una situación de "caos", y "anarquía" o una pérdida del "monopolio estatal de violencia" en un “Estado fallido”. Sin embargo, mientras la explicación de Azzellini y Kanzleiter nos reenvía al modo de acción impulsado por el capitalismo neoliberal occidental a escala planetaria, nuestra hipótesis se sitúa en la idea de “monopolio delegativo” como especificidad del proceso de construcción del Estado colombiano. En nuestra lectura, la acción de los grupos paramilitares y de los propios mercenarios norteamericanos, no se dirige exclusivamente a la extracción de recursos naturales, sino que también se orienta a confrontar y neutralizar a las fuerzas políticas y sociales que resisten el modelo de acumulación y el régimen político que lo sustenta. Como señala Castro Caycedo,

[e]n Colombia, desde hace veinticinco años se busca promover la expansión de las economías de guerra en economías de mercado, y el creciente concurso de política, narcotráfico, ganaderos, industriales, paramilitares, ejército estadounidense, agencia antidrogas norteamericana DEA y corporaciones militares privadas, cooperan en asociaciones cambiantes para imponer sus intereses comunes contra la población inerme (2014:82).

La privatización del ejercicio de la violencia, tanto por el gobierno estadounidense, como por el Estado colombiano busca eludir cualquier control democrático de la violencia. En Estados Unidos, cualquier anuncio de envío de tropas regulares al exterior debe pasar por el Congreso en Washington, y en Colombia, la acción de los paramilitares presentada como un fenómeno ajeno y desconocido por las autoridades gubernamentales, garantizó el ejercicio de la represión sin grandes consecuencias en materia de responsabilidad institucional en la violación de derechos humanos. En ambos casos, la utilización de agentes privados tiene la ventaja de mantener a los gobiernos en la periferia de los escándalos por la muerte de soldados o civiles, que tanta atención trajeron en tiempos de Vietnam y del Estatuto de Seguridad Nacional.

Precisamente, es la participación del Ejército colombiano en numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, masacres y otros crímenes de guerra, lo que ha trascendido tras ocho años de régimen uribista, mientras que un manto de oscuridad sigue velando la verdad respecto de los paramilitares. Cuando las acciones amparadas en el derecho no fueron suficientes para mostrar resultados al mandatario, las fuerzas militares acudieron al asesinato de civiles para ser presentados como bajas de la guerrilla y a la acción mancomunada con los grupos paramilitares para mejorar sus indicadores de desempeño. Juan Manuel Santos era ministro de Defensa en el momento en que estalló el escándalo de los “falsos positivos”, el cual sacó a la luz pública el involucramiento de miembros del Ejército en el asesinato de más de 950 civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Aunque admitió públicamente la existencia de los hechos, jamás asumió su responsabilidad política. Por el contrario, puso el foco en “unas pocas manzanas podridas” y procedió al retiro discrecional de veintisiete oficiales del Ejército del servicio activo y a la aceptación de la renuncia del Comandante del Ejército, Mario Montoya, quien pasó a ocupar el cargo de embajador en República Dominicana.

Siendo presidente, Santos declaró que los “falsos positivos” eran una cuestión del pasado.¹¹² Sin embargo, informes presentados por defensores de derechos humanos ante la Comisión Interamericana señalan que durante su gobierno continuaron produciéndose nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales. En total, se estima que los “falsos positivos” habrían dejado más de 3500 víctimas entre 2002 y 2012 (MTDF-CCEU, noviembre de 2012).

Un informe reciente de Human Rights Watchs (2015) presenta cuantiosas evidencias acerca de la responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano en la ejecución de civiles, con lo cual se ampliaría la lista actual que cuenta con unos 800 militares procesados, en su mayoría de rangos bajos. Con base en datos aportados por la Fiscalía General de la Nación, el informe de HRW

identifica más de 180 batallones y otras unidades tácticas, adscritos a 41 brigadas, que operaban bajo el mando de las siete divisiones que tenía entonces el Ejército, y que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. En estos casos, los patrones sugieren de manera convincente que comandantes de unidades tácticas y brigadas responsables de una cantidad significativa de falsos positivos, al menos sabían o deberían haber sabido sobre las ejecuciones, y por lo tanto podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad de mando.

La ONG analiza la trayectoria de los altos mandos de 11 de las 41 brigadas identificadas por la Fiscalía estas brigadas mostrando cómo sus comandantes no sólo no han sido investigados judicialmente sino que han sido ascendidos a los niveles más altos de la línea de mando militar.

La Política de Defensa y Seguridad Democrática contempló además un papel más activo de la sociedad colombiana dentro la lucha del Estado y sus órganos de seguridad frente a los grupos insurgentes y otros grupos armados ilegales. Se planteó así la necesidad de fortalecer las actividades y presencia de los órganos de seguridad a lo largo del territorio nacional, al tiempo que se involucró a la sociedad civil en un enfrentamiento que perdió el status de conflicto armado para devenir amenaza terrorista en sintonía con los vientos securitizantes que soplaron tras el 9/11. En este contexto, la sociedad colombiana debía colaborar con los órganos de seguridad para obtener un éxito militar satisfactorio frente a los grupos armados al margen de la ley, que llevara a la desmovilización o rendición de sus miembros. Entre las propuestas de participación de los ciudadanos en la lucha antiterrorista se incluyeron la creación de redes de cooperantes, el ofrecimiento de recompensas a informantes, la estimulación de las deserciones dentro de los grupos armados ilegales, la creación de unidades de soldados campesinos, y el aumento del presupuesto asignado a la defensa nacional.

3.2. La convalidación legal: la Ley de “Justicia y Paz”

El efecto previsible de la Política de Defensa y Seguridad Democrática fue el desbordamiento del fenómeno paramilitar en la sociedad colombiana, tornándose imperativo generar un proceso atinente a su desmonte. Una vez electo presidente, Álvaro Uribe autorizó a la Comisión Episcopal, conformada por los obispos de Montería Julio César Vidal, de Apartadó Germán García y de la Diócesis de Sonsón-Rionegro, Flavio Calle, para entablar contacto con los grupos paramilitares. En octubre de 2002 distintos grupos de “autodefensas” manifestaron a través de los obispos su disposición para declarar un cese de hostilidades e iniciar un proceso de paz. El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, adelantó entonces los primeros contactos con dichos grupos, en reuniones que tuvieron lugar durante el mes de noviembre de 2002.

El primer proyecto de ley sancionado por el gobierno Uribe (Ley 782 de 2002) indultaba a los miembros de los grupos armados que no hubiesen incurrido en crímenes atroces, pero no aclaraba qué hacer con aquellos que fueran encontrados culpables de este tipo de delitos y tampoco contemplaba ninguna mención a los derechos de las víctimas. Además, consagraba una serie de beneficios económicos y productivos a los beneficiados para hacer realidad su incorporación a la vida civil.¹¹³ Ante las críticas de múltiples sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional, los promotores del proyecto de 2002 debieron modificar sus contenidos y aproximarlos a los estándares de la justicia transicional. Sin embargo, los cambios realizados fueron apenas de carácter formal.

Tras veintitrés meses de debate, la Ley 975 de 2005, reguló «lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional» (Art, 2°). La llamada “Ley de Justicia y Paz” fue presentada como un paso ineludible en el camino hacia la paz en un país desangrado por un conflicto armado, al ofrecer garantías para el desarme y la reinserción a la vida civil a los paramilitares.

Sin embargo, lo que se fraguó detrás de los vientos de paz, fue un proceso discrecional que redujo al mínimo la exposición penal de los paramilitares. La ley habilitó la desmovilización de más de treinta y cinco mil paramilitares que fueron eximidos de cualquier responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad, sólo por declarar su decisión de desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional. De este modo, los paramilitares pudieron disfrutar beneficios de ley como tomar parte del proceso sin importar que hubiesen participado en actividades del narcotráfico, gozar de la rebaja de hasta una décima parte de las condenas (jubileo), y cumplir penas alternativas en las que la privación de la libertad no sería superior a ocho años.

El 25 de junio de 2003, la Comisión Exploratoria de los diálogos con las “autodefensas” hizo público un documento de recomendaciones, sugiriendo continuar con el proceso de paz e insistiendo en la necesidad de congregar en una sola mesa nacional de paz a los diferentes grupos de autodefensas que estaban conversando con el gobierno. Además, la Comisión recomendó la concentración de las fuerzas irregulares en un solo territorio y el abandono total, por parte las autodefensas, de actividades ilícitas tales como narcotráfico, robo de combustible, extorsión y secuestro. Así mismo solicitó el acompañamiento de la comunidad internacional y pidió a la Iglesia Católica que continuase con las labores de facilitación. Finalmente, la Comisión sugirió aplicar y priorizar el desarrollo de una política de seguridad integral en las zonas de influencia de las autodefensas, enmarcada dentro de la política de Seguridad Democrática, contenida en el Plan de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario” (Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado, 2007)

El 14 y 15 de julio de 2003, en Tierralta (Córdoba), el Alto Comisionado para la Paz, los miembros de la Comisión Exploratoria y delegados de la Iglesia Católica, se reunieron con los representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, suscribiendo el “Acuerdo de Santa Fe Ralito para contribuir a la paz de Colombia”. En el primer numeral de dicho documento las partes convinieron:

Definir como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Las AUC reiteran que su mayor aporte a la nación en este momento histórico es avanzar hacia su reincorporación a la vida civil y contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Las partes se comprometen en este proceso, conscientes de dar un paso que aporta de manera efectiva a la construcción de la auténtica paz que espera y merece la nación colombiana.

Obsérvese cómo lo que es puesto en discusión es el restablecimiento del monopolio de la fuerza a manos del Estado, dando por sentado el carácter paralelo y pro-establecimiento de las Autodefensas. Más aún, se colige una contribución de las “autodefensas” al fortalecimiento del Estado de derecho una vez que se incorporen y se finalice con el desdoblamiento de fuerzas iniciado en 1994. El numeral 7 del mismo acuerdo, anticipa un tratamiento del narcotráfico como un punto más de la “agenda de paz”, omitiendo la enorme responsabilidad de este delito en el agravamiento del conflicto interno, dada la participación de los grupos narcotraficantes en el armado y sostenimiento de la organización: «Las Autodefensas Unidas de Colombia comparten el propósito del Gobierno de una Colombia sin narcotráfico y respaldan las acciones del Estado colombiano contra este fenómeno que destruye la democracia, la convivencia, la economía y el medio ambiente» A posteriori este sería uno de los puntos de mayor discusión parlamentaria en la sanción de la ley de Justicia y Paz.

A diez años de sancionada la Ley 975 de 2005, podemos decir que el proceso de Justicia y Paz representó la excepción dentro de la excepcionalidad de la Justicia Transicional (JT). Si bien hizo uso de mecanismos propios de la JT, tales como la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación y la promoción de medidas tendientes al desmonte del paramilitarismo, no se trató de un proceso que incluyese a la totalidad de actores armados en disputa, ni que involucrase un proyecto de reconciliación nacional. En su lugar, el de las “autodefensas”, fue un proceso de desarme en medio de la guerra con miras a la desmovilización de solo uno de los bandos y con pobres expectativas de resolución tanto del conflicto armado que azotaba al país, como de la grave situación social y humanitaria que éste generó. Aun enmarcado formalmente en los linderos de la Justicia Transicional, el proceso iniciado por la Ley de Justicia, Paz y Reparación pereció a medio camino, sin transitar hacia ningún lado. De ahí que, para muchos analistas, se tratase de un extraño caso de “justicia transicional sin transición” (Uprimny et al, 2006; Bernal, 2007). Conviene por tanto evaluar los factores que pusieron en jaque el logro de los objetivos centrales de este proceso opaco, imperfecto, parcial e inacabado de justicia transicional: la reconciliación y reincorporación de los miembros de las estructuras paramilitares; la verdad y reparación para las víctimas; y la paz y democracia para el pueblo colombiano.

En primer lugar, la reconciliación y reincorporación de los miembros de las estructuras paramilitares a la vida civil fracasó. De hecho, aún no existe consenso en torno a las cifras reales de desmovilizados y judicializados. Según datos consolidados de la Policía Nacional, el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) y la Oficina del Alto Comisionado para la paz, en mayo de 2009 se calculó «un número aproximado de 49.979 integrantes de grupos armados ilegales de los cuales 31.671 corresponde a la cuota de paramilitares desmovilizados colectivamente, 3682 a paramilitares desmovilizados individualmente, 140 a miembros de otros grupos ilegales desmovilizados de manera colectiva y 14.486 a integrantes de otros grupos desmovilizados individualmente» (MOVICE, 2009: 26).

Con respecto a las estructuras desmovilizadas, el Alto Comisionado para la paz, presentó en el año 2007 un informe ejecutivo donde registró la desmovilización de 37 grupos (ver anexo 3) de las Autodefensas Unidas de Colombia, el Bloque Central Bolívar, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y la Alianza Oriente (compuesta por las Autodefensas Campesinas de Casanare y las Autodefensas de Meta y Vichada) (Presidencia de la República, Oficina Alto Comisionado, 2007). En el mismo informe, el Alto Comisionado señaló que el gobierno conversó en cuatro mesas separadas ante el pedido expreso de los líderes paramilitares de los grupos antes mencionados, y consignó las actas de compromiso firmadas por los jefes de cada frente o bloque.

La atención a las cifras de desmovilizados no es una cuestión menor si se tiene en cuenta la aparición de falsos bloques de las “autodefensas” conformados para beneficiar a sus miembros, la mayoría narcotraficantes, con las bondades de la Ley de Justicia y Paz:¹¹⁴ «Los miembros de las Autodefensas sumaban 15.000 o 16.000, y al final se desmovilizaron 31.000, afirmó Fredy Rendón Herrera, alias el “Alemán”» (Semana, 3 de julio de 2011). Además del número, huelga preguntar por las condiciones de judicialización de los desmovilizados. Según reportes del FIDH, en 2007, de los casi 32.000 desmovilizados, sólo 2787 habían sido postulados para ser beneficiarios de Justicia y Paz y de éstos apenas 350 se encontraban identificados y 55 detenidos (FIDH, 2007). Por su parte, el Movice ha reportado que,

Al analizar las cifras de los miembros de los grupos paramilitares “desmovilizados”, encontramos que pese a las inconsistencias de las cifras reportadas por entidades gubernamentales y judiciales, se tiene que aproximadamente desde noviembre del 2003 hasta agosto del 2009, (31.671) paramilitares se “desmovilizaron colectivamente” y 3.682 de manera individual, para un total aproximado de 35.353. De este total el 89.72% es decir 31.454 paramilitares fueron beneficiados con una amnistía de facto mediante la aplicación de varias normas (Ley 782 y decreto 128 del 2003), bajo el argumento de que no tenían investigaciones o condenas en su contra por delitos graves y por tanto no se les exigió revelar la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos en las que participaron o de los que tuvieran conocimiento y se permitió la concesión de autos inhibitorios, cesaciones de procedimiento e indultos, a favor de los desmovilizados de esas estructuras que no registraban órdenes de captura o investigaciones por crímenes cometidos. Tampoco los entes de investigación hicieron labores para establecer si estaban inmersos en la comisión de crímenes y en consecuencia no fue posible determinar la VERDAD sobre los crímenes cometidos, los responsables, mandos, financiadores, promotores y cómplices en la sociedad y en el Estado de tales crímenes (MOVICE, 2009).

La negligencia judicial, sumada a la incoherencia y manejo inapropiado de la información correspondiente al proceso de desmovilización por parte del ejecutivo, terminaron haciendo inoperante el proceso de Justicia y Paz. Los datos suministrados por las distintas autoridades sobre el armamento entregado por los desmovilizados y los bienes incautados para adelantar los programas orientados a la reparación, son prácticamente inútiles, impidiendo cualquier posibilidad de resarcimiento de las víctimas y la administración de justicia a los ex paramilitares. A la fecha de escritura de esta tesis, el ex Alto Comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, se encuentra prófugo de la justicia colombiana por su presunta responsabilidad en la falsa desmovilización del frente Cacica la Gaitana de las FARC y en su contra pesa una orden de captura internacional (El Tiempo, 19 de febrero de 2012). La actuación del ex comisionado y de sendos sectores del gobierno Uribe y del sistema judicial (con excepción de la Corte Constitucional la Corte Suprema de Justicia) evidenció la falta de seriedad y transparencia del proceso de desmovilización y demostró que el Estado colombiano no contaba con la capacidad suficiente, ni con la voluntad política para desarrollarlo de forma adecuada y coherente.

En segundo lugar, el acceso a la verdad por parte de las víctimas, las autoridades y la sociedad, se vio afectado por un sinnúmero de atentados contra la transparencia que fueron desde la infiltración de reconocidos narcotraficantes dentro de las filas del paramilitarismo y el camuflaje de sus dineros, actos delictivos y redes mafiosas en las negociaciones de “paz”, hasta la confesión parcial y amañada de los desmovilizados. A esto se sumó la expulsión del proceso de dieciocho líderes paramilitares que fueron extraditados a los Estados Unidos por cargos de extradición, dejando a medio contar la historia de sus atrocidades, y sin saldar sus deudas con las víctimas y con la justicia colombiana. Sin embargo, es un hecho que muchos de los capítulos de violencia y corrupción revelados por los beneficiarios de la ley en las versiones ante la Fiscalía hubiesen quedado sin salir a la luz de no ser por el proceso.

Por otra parte, las víctimas siguen sin ser resarcidas. Si bien en 2011 se sancionó una Ley de víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) que reconoce los derechos a la memoria y el resarcimiento de las personas afectadas por el conflicto armado desde 1984, el Estado colombiano afronta dificultades en la extinción de dominio y uso posterior de los bienes aportados por los paramilitares para la reparación, además de declarar su insolvencia económica para el pago de indemnizaciones de conformidad por lo prescrito por la Corte Penal Internacional. El retorno de los desplazados a sus tierras de origen se produce solo marginalmente, frente a la persistencia de grupos armados ilegales en dichas zonas, los llamados “Ejércitos antirestitución” (El Espectador, 5 de julio de 2012).

Respecto al tercer objetivo del proceso, “paz y democracia para el pueblo colombiano”, sigue sin producirse una disminución sustancial de la violencia y la criminalidad en Colombia, siendo esta reeditada y aumentada por los paramilitares que mantuvieron sus estructuras de funcionamiento y consolidado su influencia en diferentes zonas del país. El fenómeno conocido “Bandas Criminales Emergentes (BACRIM)”, es el corolario de un proceso de desmovilización frustrado en el que miembros de las antiguas “autodefensas” abandonaron el ya frágil estandarte político que les identificaba como grupos anti-subversivos para decantarse definitivamente por la actividad criminal, acudiendo al reciclaje de los antiguos combatientes, sus armas, activos y estructuras de funcionamiento en una nueva generación de grupos ilegales. Lo anterior no obsta que estos grupos sigan ejerciendo funciones de control político y amenaza armada sobre la sociedad civil y las organizaciones de víctimas de los paramilitares, además de las actividades propiamente criminales, tal como ha reconocido la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR):

han persistido grupos ilegales de hombres armados en las antiguas zonas de influencia de las AUC. Estos grupos están llevando a cabo diferentes acciones, aunque en menor proporción que cuando las AUC estaban activas, como: ejercer presión armada para mantener control territorial, social, político y de las economías ilícitas, principalmente del narcotráfico; realizar extorsiones y boleteo a comerciantes y empresarios; ejecutar amenazas, asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamiento forzado de personas; y, en algunos casos, hacer uso de un ambiguo discurso contrainsurgente. Estas agrupaciones, además, tendrían en sus filas a personas desmovilizadas y no desmovilizadas de las AUC —entre mandos medios y combatientes rasos— y a otras, la mayoría, que nunca pertenecieron a dichas estructuras. Estas últimas habrían estado vinculadas a la delincuencia común, el crimen organizado o serían simplemente nuevos reclutas. El número estimado de personas que conformarían esos grupos oscila entre los tres mil y cinco mil, dependiendo de la fuente consultada (CNRR, 2007: 16).

Resumiendo hasta aquí, podemos decir que a una década de su sanción, el sabor que deja la Ley de Justicia y Paz es, por demás, amargo. Si bien logró que algunos líderes paramilitares confesaran sus crímenes y divulgaran información sustancial acerca de cómo operan sus grupos; un alto porcentaje de la estructura militar y criminal se mantiene activo, aunque en una fragmentación anárquica que ha querido presentarse como un fenómeno de nuevo cuño, —las BACRIM—, cuando es innegable su continuidad con el proyecto paramilitar previo. Por otra parte, aun cuando en las confesiones de los paramilitares salieron a la luz sendos datos acerca de su vinculación con el poder político y económico, el procesamiento judicial de los responsables de la “sociedad civil” sigue siendo un saldo pendiente, al igual que la entrega de las fortunas ilegalmente adquiridas como medio para el resarcimiento de miles de víctimas.

El proceso de paz con los paramilitares muestra cómo el entusiasmo inicial de las desmovilizaciones y el desarme promovido por las banderas de la Justicia Transicional, se empaña ante el disparamiento de la violencia y la delincuencia que trae consigo el desmantelamiento de la estructura jerárquica de un actor armado sin los recaudos judiciales, sociales y económicos que requiere su desmovilización. Los efectos indeseados de la Ley de Justicia y Paz, una desmovilización sin verdad, sin justicia y sin reparación, hacen imperativo repensar los alcances del derecho en la transformación social cuando las contradicciones fundamentales por el acceso a la tierra, la riqueza y la justicia continúan sin resolverse, la contención punitivo-militar de las demandas sociales marca la parada, y las instituciones estatales y políticas permanecen renuentes al cambio. Actualmente, los enfrentamientos locales entre las diversas “BACRIM” avivan y agravan la crisis social en el país y ponen en jaque las posibilidades de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC evidenciando los cabos sueltos de toda desmovilización: la circulación de armas usadas en la guerra; el reclutamiento de ex combatientes y marginados que no logran (o no desean) insertarse económica y socialmente tras la desmovilización; y la resistencia de sendos sectores políticos, económicos y sociales de la sociedad colombiana a iniciar un verdadero proceso de verdad, justicia y reconciliación.

3.3. La convalidación política: “parapolítica” o la toma del Estado

La expansión de la esfera de influencia paramilitar en todo el país, a partir de una estrategia de reciclaje y capitalización de su poder militar en poder político, ha sido documentada tanto por las confesiones de los paramilitares desmovilizados ante la Unidad de Justicia y Paz, como por diversas investigaciones académicas y judiciales que reconstruyen los modos de articulación del paramilitarismo con los políticos en los niveles territorial y nacional (López, 2010, Corporación Nuevo Arcoiris, 2007, Romero, 2007); y su inserción en los sectores productivos (Romero, 2011).

El proceso de convalidación política del paramilitarismo tuvo como escenario culmen el Congreso de la Nación. Allí terminó de consolidarse la estrategia de toma del poder delineada en el “Pacto de Ralito” y se dio vía libre a la participación político-partidaria del paramilitarismo. La red política de los “paras” llegó a contar con al menos «400 políticos de elección popular, 109 funcionarios públicos y más de 5000 civiles con diferentes cargos y responsabilidades» (Ungar y Cardona, 2010:389). El 28 de julio de 2004, el jefe del Estado Mayor de las AUC, Salvatore Mancuso, se presentó ante los Congresistas de la República anunciándose como una víctima de la ausencia del Estado, forzada a armarse en defensa de su vida y bienes:

Los que empuñamos las armas por la Paz de Colombia desde las filas de las Autodefensas, no dudamos en la hora trágica, cuando la guerra tocó a nuestra puerta, en dejar atrás y con hondo pesar, nuestros hogares, los afectos, las amistades, las comodidades campesinas o urbanas, y los intereses legítimos de hombres y mujeres de bien, sin agotar antes todas las instancias del llamado al Estado, para que defendiera nuestras vidas y libertades amenazadas. Reclamamos, y en medio de la zozobra esperamos desolados e infructuosamente, que el Estado colombiano cumpliera su deber constitucional de recuperar el orden, defender las vidas y propiedades amenazadas por la subversión.
Ante la falta de respuesta del Estado, nos vimos forzados a cambiar sobre la marcha nuestros instrumentos de trabajo, por las armas y en nombre de todos los azotados por la violencia, resistir y enfrentar la guerra declarada a Colombia por los terroristas. Se trataba de defender nuestras vidas, nuestra dignidad y nuestro territorio (Mancuso, 28 de julio de 2004).

Junto con Ramón Isaza y alias “Ernesto Báez”, Mancuso logró lo que ningún líder guerrillero había conseguido en la historia reciente: ser recibido y ovacionado por más de 60 congresistas (de un total de 268) que lo escucharon con total aquiescencia. Báez continuó con la oda de heroísmo a las “autodefensas” en un discurso de 47 minutos en los que quiso justificar la acción de las AUC bajo la figura del “delito político”:

[el] propósito deliberado de sustituir al Estado en las regiones, donde las guerrillas habían logrado quebrar la legitimidad institucional, asumiendo por derecho de conquista, las funciones propias de la naturaleza del Estado. Tan de la esencia política es que la guerrilla le arrebate pedazos de soberanía al poder Estatal; como político es que las Autodefensas desconozcan abiertamente la legitimidad de este poder Estatal, con el propósito de recuperar de manos de las guerrillas, el control y el gobierno de los territorios confiscados al Estado, a fin de ejercer actos de dominio propios de ese Estado despojado (Báez, julio 28 de 2005).

El principal ideólogo de las AUC, continúa la defensa de la acción armada de su organización adjudicando la responsabilidad de origen a la guerrilla, una estrategia que como hemos visto a lo largo de esta tesis, está en la base del discurso contrainsurgente de la “legítima defensa colectiva”:

Este proyecto estratégico de las guerrillas, de intentar la destrucción del denominado por ellas Estado burgués, apuntando a sustituirlo por medios violentos, quiérase o no, entraña coincidencias con el papel político y militar que cumplen las Autodefensas Campesinas en el conflicto, el cual se apoya en la convicción de la inexistencia, o ineficiencia del Estado incompetente frente a la amenaza comunista, para, por medios igualmente violentos, buscar sustituirlo (Báez, julio 28 de 2005).

El inicio de las conversaciones en Ralito no fue el único factor que medió en esta recepción por parte de los congresistas. Para cuando los tres líderes paramilitares pisaron el Congreso existía ya una red de legisladores que venían haciendo lobby por sus intereses. Según datos Ungar y Cardona (2010), del total de congresistas que ocuparon una curul durante el cuatrienio 2002-2006, 61 tenían procesos judiciales vigentes por vínculos con el paramilitarismo. Para el periodo siguiente, 2006-2010, el número de congresistas investigado ascendió a 66, de los cuales 44 fueron detenidos o pedidos en orden de captura. Como señala la misma investigación, los proyectos de ley presentados por la “bancada parapolítica” versaron respecto a temas de interés para las “autodefensas” tales

como modificaciones a la figura de la extradición, reelección inmediata para el presidente Álvaro Uribe Vélez, reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, reforma a las Facultades de la Fiscalía General de la Nación, proyecto de apropiaciones adicionales a las funciones presidenciales, reglamentación de la figura del habeas corpus y modificación de la moción de censura en el Congreso (Ungar y Cardona, 2010: 282-283).

Si bien sólo una pequeña porción del total de proyectos propuesto por los miembros de esta bancada fue finalmente aprobada, vale destacar dos reformas sustanciales de la Carta Constitucional que fueron posibles gracias a la iniciativa de los “parapolíticos”: la reforma política de 2003, que estableció las reglas de juego políticas, electorales y partidistas que dieron forma a la elección de representantes para el cuatrienio 2006-2010, y la reelección presidencial inmediata.

A la luz de la reforma política, numerosos parlamentarios electos en 2002 se agruparon para solicitar la personería jurídica de un nuevo partido o movimiento político. Así nacieron partidos como Colombia democrática, Colombia Viva, Partido de la U, casos típicos de “captura instrumental de los Partidos Políticos” consistente, según la terminología de Garay, en «la creación de un partido político de manera que, desde el principio, la estructura ideológica responda a los intereses predominantes del grupo promotor (Garay 2008, citado por Ungar y Cardona, 2010: 400). Por su parte, la aprobación de la reelección presidencial inmediata permitió la continuidad de la política de seguridad de Uribe, que claramente favorecía los intereses de los paramilitares en proceso de desmovilización, y de los “parapolíticos” que continuaron ocupando curules en el Congreso para el periodo 2006-2010 gracias al halo de popularidad del mandatario.

El propio ex jefe del Estado Mayor de las AUC reconoció el tejido de alianzas con la clase política y los gremios económicos en reiteradas ocasiones. En carta enviada desde su lugar de reclusión en los Estados Unidos, a donde fue extraditado por el Gobierno Uribe en momentos en que empezaba a revelar los nexos de su administración con el paramilitarismo, Salvatore Mancuso confirmó los vínculos de la parapolítica y la paraeconomía y exigió el cumplimiento de lo acordado en la Ley de Justicia y Paz:

porque desconocer que fuimos un actor político del conflicto social y armado de Colombia, con un gran poder autónomo en lo político, social, militar, económico, que fue de lo local hasta lo nacional, en medio de un entramado legal e ilegal, privado y público, individual y colectivo del que participaron para poder establecernos y expandirnos, las fuerzas armadas, policiales y de seguridad del estado, políticos, servidores públicos, ganaderos, gamonales, empresarios, profesores, estudiantes, campesinos, etc., etc., algunos —hoy judicializados— y que desde allí luchamos también por conseguir espacios directos de acceso al poder público para dar respuesta a las demandas no solo de seguridad para las poblaciones de todos los estratos de las regiones que controlábamos, sino también a las demandas sociales de las poblaciones marginales y más necesitadas (Mancuso, 7 de diciembre de 2009).

En la misiva, Mancuso se permitía hacer una serie de “recomendaciones” a los miembros del Congreso para recuperar los beneficios perdidos de la ley de Justicia y Paz, tras su extradición a los Estados Unidos junto a otros 13 jefes paramilitares. La mayoría de estas, tendientes a evadir su responsabilidad en más de 70 mil hechos de los que ha sido encontrado responsable por la justicia colombiana: la muerte de más cinco mil civiles por la acción del Bloque Catatumbo bajo su mando, la comandancia de ocho bloques más, su participación directa en al menos trescientos asesinatos, y su autoría como comandante de las Masacres de Mapiripán, El Aro, El Salado y La Gabarra. No deja de asombrar e indignar el desparpajo con que el ex paramilitar busca cambiar confesión de delitos por impunidad:

Con la metodología de hoy no alcanzarán los años de este siglo para su aplicación. Por ahora, si comparamos, la justicia ordinaria se aplica en menor tiempo, es más rápida y sin tantos enredos metodológicos ni exigencias, y la condena máxima que otorga de 40 años, se convierte realmente en una pena de 6 años físicos de cárcel. Lo que además significa que si en justicia y paz nos dan una pena alternativa superior a 6 años, estaríamos recibiendo una condena mayor a la máxima pena que nos darían en justicia ordinaria si aportamos toda la colaboración que estamos entregando en justicia y paz, lo que se ha convertido en otra de las causales que tiene al borde del fracaso el proceso de justicia y paz, que además impide el avance de otros actores del conflicto y que ha incidido fuertemente en el rearme al darse cuenta los desmovilizados que no existe un verdadero sacrificio de una buena dosis de justicia a cambio de aclimatar la paz, y por el contrario lo que ven es que no importa cuánto hayan colaborado sus ex compañeros, las condenas alternativas nunca llegan, ni siquiera en el caso de los que llevan más de 8 años presos. En pocas palabras, lo que hay es un incentivo perverso para que se silencie la verdad (Mancuso, 7 de diciembre de 2009, negritas nuestras)

Mancuso renunció finalmente a colaborar con las autoridades colombianas en el esclarecimiento de los hechos y la consecución de la verdad para las víctimas el 23 de julio de 2015, en una carta donde su abogado esgrimió que, dadas las condiciones del lugar de reclusión en los Estados Unidos, donde se encontraba incomunicado y sin acceso a medios tecnológicos, le resultaba imposible continuar con el proceso de justicia transicional (Paeres, 23 de julio de 2015).

3.4. La convalidación económica: confianza inversionista y alianza para el despojo

Para los defensores de la seguridad democrática, la recuperación militar de amplias zonas del territorio nacional fue el logro más destacado de la administración Uribe. Una mayor seguridad para transitar por troncales y carreteras del país, por las que no podía circularse sin ser víctima de las retenciones de la guerrilla o de bandas delincuenciales con fines de secuestro o extorsión, y al mismo tiempo, una mayor confianza para el transporte de mercancías e insumos, hicieron que la seguridad democrática contase con el apoyo de aquellos sectores de comerciantes, industriales y turistas que vieron una mejora sustancial en su actividad.

Sin embargo, la recuperación militar no estuvo seguida por una mayor presencia institucional o un esfuerzo estatal para ofrecer a la población de las zonas en conflicto mejores posibilidades en el acceso a servicios básicos y empleo de calidad. El componente social de la estrategia de guerra, consistió en un programa de subsidios —“Familias en Acción”— manejado discrecionalmente por la Presidencia con fines proselitistas (Global Exchange; 2015). Por otro lado, si bien la economía colombiana tuvo un crecimiento promedio un 6,7% entre 2005 y 2007, éste no logró traducirse en una menor tasa de desempleo. De hecho, tras la crisis internacional de 2008 y 2009, que implicó una desaceleración de 2,5% y 0,4% respectivamente, el desempleo aumentó al 14,6%. (Escuela Nacional Sindical, 2010).

En su apuesta por la inversión extranjera, Uribe logró que ésta aumentara en un 164% durante su primer mandato, concentrándose en los sectores de minería e hidrocarburos. Otros rubros como el comercio y la industria manufacturera decrecieron. Este no es un dato menor, teniendo en cuenta que mientras la minería genera el 1% del empleo del país, el sector que aglutina comercio, restaurantes y hoteles genera más del 26%. No nos extenderemos aquí en el análisis de las consecuencias medioambientales de los modelos de crecimiento sustentados en la extracción de recursos naturales. Baste recordar algunos de sus efectos económicos y sociales: generación de trabajo barato y de escasa especialización, concentración y extranjerización de la riqueza y favorecimiento del sector rentista. Si a lo anterior sumamos una política estatal enfocada en aumentar las garantías al empresariado y llevar al límite la apertura comercial, entenderemos por qué, en la búsqueda de socios estratégicos, se privatizaron más de diez entidades públicas y se implementó una reforma laboral que vulneró como nunca antes los derechos de los trabajadores. La Ley 789 de 2002 aumentó la jornada diurna hasta las 10 pm; recortó los pagos por trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos; impuso la disminución de las indemnizaciones por despido injusto; restringió la negociación colectiva a sólo 70.000 de los 850.000 trabajadores sindicalizados; y desplazó los contratos a término indefinido por modalidades temporales y precarizadas de trabajo tales como las cooperativas de trabajo asociado, el contrato sindical, los contratos a término fijo y los contratos civiles. Para complementar la estrategia de abaratamiento de costos laborales, se implementó una reforma pensional que eliminó la mesada 14¹¹⁵ para los jubilados actuales y aumentó tanto la edad para pensionarse como el número de semanas cotizadas. Promediando el segundo mandato de Uribe, más de 3 millones de personas estaban sin empleo, más de 7 millones ganaban menos de un salario mínimo, 20 millones eran pobres y 8 millones indigentes. Un coeficiente de Gini que subió de 0,58 a 0,59 entre 2005 y 2008 ubicó a Colombia como el segundo país más inequitativo de América Latina (OIT, 2009).

Del lado parainstitucional, la existencia de una alianza para el despojo de tierras tejida entre paramilitares, fuerzas armadas, sectores civiles y funcionarios públicos, ha sido documentada por el Centro de Memoria Histórica (2012, 2014) en una serie de informes en los que describe los mecanismos de terror por medio de los cuales fue posible el acaparamiento de tierras y la puesta en marcha de toda una suerte de negocios lícitos e ilícitos agroindustriales, forestales, de ganadería intensiva y minería. Además de innumerables violaciones a los derechos humanos que incluyeron la toma militar y el desplazamiento a sangre y fuego en actuaciones conjuntas con las fuerzas militares; la apropiación a la fuerza o fraudulenta y la compra a precio vil de grandes extensiones de tierra; la implementación de proyectos económicos de gran escala en asocio con agentes privados legales e ilegales, y públicos; y el repoblamiento para ejercer control social en los territorios liberados por la guerrilla (CNMH, 2012: 18-19); la alianza para el despojo recurrió a la promulgación de diversas leyes de economía agraria que favorecieron los intereses de los inversores paramilitares y sus socios.

Así, por ejemplo, la Ley 939 de 2004 benefició a los cultivadores de biocombustibles eximiendo de la renta líquida a los productos con o sin clara vocación agroexportadora, garantizando que las inversiones hechas en este rubro quedaran blindadas, y reduciendo los términos de las exenciones para el cacao, cauchos, cítricos y demás frutales. Seis de los parlamentarios investigados por parapolítica que participaron en los debates de la Ley de biocombustibles tenían plantaciones de este tipo. Otra de las leyes que convalidó el despojo paramilitar fue la Ley de saneamiento a la propiedad inmueble (Ley 1182 de 2008), cuya redacción abrió el camino para la legalización de tierras adquiridas ilegalmente. Esta ley fue derogada a partir del 11 de enero de 2013 por el art, 27, Ley 1561 de 2012. Cerrando el paquete de “contrareforma agraria”, el 25 de julio de 2007 se promulgó el Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2007) en cuyos artículos se contempló la prescripción adquisitiva de la tierra por cinco años y la afectación de los territorios colectivos de las comunidades negras e indígenas en distintas regiones del país. El Estatuto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional el 18 de marzo de 2009 al encontrar que el Gobierno Nacional no realizó una consulta con los pueblos indígenas y afrodescendientes para que se pronunciaran sobre la conveniencia de la norma en sus tierras y en sus vidas.

La impugnación del Estatuto de Desarrollo Rural no impidió la apropiación ilegal de recursos para el agro por parte de sectores ligados al paramilitarismo. El millonario caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro, por el cual un programa nacional de subsidios a los pequeños productores agrarios terminó cooptado por narcotraficantes y familias de grandes propietarios, despejó las dudas que quedaban acerca del tejido de una empresa criminal que vinculaba actores legales e ilegales. Familias reconocidas del Caribe colombiano como los Vives Lacoture, Lacoture Dangond y Lacoture Pinedo y del Valle del Cauca como los Sardi, familiares del ex-ministro uribista Carlos Holguin Sardi, fueron algunas de las beneficiadas por el redireccionamiento de los subsidios. Para acceder a ellos fraccionaron sus enormes propiedades y las subarrendaron a familiares y amigos que se hicieron pasar por pequeños parceleros. Este escándalo le valió al entonces ministro de agricultura Andrés Felipe Arias una investigación de la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en la ejecución del programa relacionados con contratación sin los debidos estudios, irregularidades en los métodos de contratación, actos de corrupción, beneficios indebidos a algunas familias terratenientes, falta de supervisión de los programas, detrimento del erario y aumento indebido de los recursos destinados al programa. A la fecha, el ex ministro Arias se halla prófugo de la justicia.

3.5. La convalidación simbólica: re-escritura de la historia en clave contrainsurgente

La apropiación del rechazo generalizado hacia las acciones violentas de las FARC por parte del uribismo terminó reduciendo el entramado de contradicciones políticas y sociales a un juego de amigos y enemigos que asumió la forma de un “nacionalismo antifariano” (López de la Roche, 2014). Mediante una operación mediático-ideológica que elevó a un nivel público-político el odio del ex presidente por la guerrilla (debido, en teoría, al asesinato de su padre y los varios atentados que ésta fraguó en su contra) se delimitó un campo de adversidad en el que, ante el gran enemigo que eran las FARC, las masas cautivas por el discurso de la “mano firme” terminaron demandando más uniformidad ideológica, más seguridad y más orden, sin advertir que desahuciaban la crítica y la oposición democráticas.

Como ha señalado López de la Roche, la apuesta ideológica y comunicativa del uribismo consistió en una “redefinición afectiva de la nación” a través de una “ficcionalización del presente y del pasado”, en «un peligroso monolitismo ideológico que favorecía el autoritarismo, la militarización de la sociedad, la estigmatización» del pensamiento disidente y la «reescritura de la historia colombiana en clave antiterrorista» (2014: 187 y ss). Solo los efectos de una operación tal, pueden explicar la adhesión de una gran masa del electorado colombiano que aún hoy apoya a Uribe, no obstante los graves escándalos de violación de derechos humanos, corrupción y criminalidad en los que se ha visto incurso.

A las incursiones en territorio extranjero, Uribe sumó un discurso agresivo e intolerante hacia los países con gobiernos progresistas o de izquierda que terminó autoexcluyendo a Colombia del contexto latinoamericano. Esta autosegregación se vio fortalecida por el tratamiento que los medios de comunicación proclives al uribismo dieron a las noticias provenientes de aquellas latitudes que desafiaban el “sentido común neoliberal”¹¹⁶. La retórica maniquea de Uribe vinculó todo atisbo de oposición y crítica a la vinculación con el “castrochavismo amigo de los narcoterroristas”. Como en una cinta de Moebius en la que la política exterior y la doméstica terminaron teniendo la misma cara, Uribe desplegó una campaña de estigmatización de todos los sectores críticos nacionales y foráneos sin importar si provenían de la política, la intelectualidad, el periodismo independiente o las organizaciones de la sociedad civil

La contracara del patriotismo uribista con los vecinos fue la total subordinación a la estrategia de seguridad de la administración de George W. Bush. Fiel a los intereses norteamericanos, Uribe no solo se peleó con Venezuela y Ecuador, sino que fue solidario con la intervención estadounidense en Irak, de la que hizo eco al invocar el concepto de soberanía limitada para justificar sus acciones intrusivas en los países vecinos. Como gesto de esta alianza, Uribe fue condecorado en la Casa Blanca con la Medalla de la Libertad el 13 de enero de 2009. Tan solo una semana después y con Barack Obama como presidente, se conoció el acuerdo de cooperación militar que estipulaba el establecimiento de siete bases militares en territorio colombiano. Ante los peligros que la firma del tratado implicaba para la región, Uribe fue citado a una cumbre de UNASUR en Bariloche en el mes de agosto de ese año, a la cual asistió con la condición de que se debatiera también «el desmesurado gasto militar de Hugo Chávez en Venezuela y sus vínculos con gobiernos como Irán, Rusia y China» (Clarin, 13 de agosto de 2009). El acuerdo fue objetado finalmente por la Corte Constitucional colombiana en julio de 2010.

Hoy por hoy se han hecho públicos por distintos medios, tanto los nexos entre el ex presidente Uribe y los grupos narco-paramilitares, como el compromiso de éstos en la defensa de los intereses de políticos, élites económicas y empresariales, ganaderos, terratenientes y multinacionales que usaron el aparato paramilitar que operaba en las regiones de Urabá, la Costa Atlántica y Norte de Santander, para despojar de su tierra a campesinos y pequeños productores, y silenciar a sindicalistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Las confesiones de los paramilitares desmovilizados han puesto al descubierto la participación de Uribe en varias reuniones con las autodefensas, así como el apoyo financiero y el proselitismo armado que éstas ofrecieron a su campaña. Más de cien procesos judiciales y treinta condenas contra congresistas y ex-congresistas del uribismo corroboran la alianza entre éstos y el paramilitarismo.

Los proyectos autoritarios en Colombia, de los cuales la era Uribe fue un capítulo más, han sido la respuesta a diversas dinámicas sociales, políticas y armadas que han buscado ampliar el sistema social y político, haciéndolo más incluyente y abierto. El principal obstáculo con el que chocan las iniciativas progresistas, es una cultura política centenaria que continúa anclada al imaginario social del orden, la autoridad, la tradición y la jerarquía, como baluartes de la nación. Este imaginario contribuye a recrear prácticas tradicionales de carácter autoritario y excluyente, que reducen la democracia a su expresión formal como un conjunto de mecanismos procedimentales sin mayor proyección transformadora, y que minimiza la participación de los sectores subalternos. El “nacionalismo antifariano” alimentado en ocho años de uribismo divide hoy profundamente a los colombianos. La polarización entre una agenda de paz y una de guerra tuvo en vilo la reelección del actual presidente, quien logró inclinar la balanza a su favor gracias al apoyo de un sector importante de la izquierda democrática en el ballotage. Siendo este el eje de las discusiones de campaña, no sorprende que cuestiones estructurales como el modelo económico, las relaciones con Estados Unidos o la agenda social sigan sin resolverse.

Reflexiones Finales

Hoy las discusiones de cierto núcleo de analistas de la realidad colombiana se dirigen a esclarecer si estamos ante una tercera generación paramilitar. Entre hilados finos y viñetas varias se busca distinguir entre disidentes, rearmados o emergentes avanzando en una reescritura de la historia en la que las AUC aparecen como actores políticos y armados, que nada tienen que ver con los delincuentes que componen a las denominadas BACRIM. Queriendo aclarar los tantos, un Informe la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación definió a las AUC «como una estructura militar descentralizada y no homogénea que hizo de la población un blanco para adelantar objetivos contrainsurgentes (…) con un mínimo de coordinación nacional y algunos apoyos institucionales y privados» (CNRR, 2007: 15, cursivas nuestras). El problema, dice la Comisión, es que tras el desmonte de las AUC «persisten diferentes modalidades de agrupaciones armadas ilegales ligadas a diversas formas de criminalidad, coerción y control político en distintas regiones del país», que constituyen una amenaza para que las víctimas de las AUC se vean resarcidas y se garantice la no repetición de los hechos de violencia. En tal, sentido, la Comisión esboza una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional a fin de que realice una serie de “correctivos” al proceso de desmovilización que «pueda definitivamente constituirse en un paso importante para la recuperación del monopolio de las armas por parte del Estado» (p. 15, cursivas nuestras).

En tanto institución estatal, la CNRR sorprende con su aceptación abierta de la delegación del ejercicio de la coerción por parte del Estado cuando se refiere al «actual proceso de transición de un régimen democrático sin el monopolio estatal de las armas a uno con una situación más cercana a ese monopolio de las armas en manos del Estado, que permita la profundización de la democracia y la consolidación del Estado de derecho» (p. 28, cursivas nuestras). Pero más que esta asunción fáctica, llama la atención el cinismo con el que la Comisión busca partir aguas entre la situación actual y el momento previo a las desmovilizaciones:

El hecho de que mandos medios o combatientes de las antiguas AUC formen parte de estos grupos ilegales no necesariamente implica una continuidad porque, entre otros factores, hay un cambio de contexto significativo frente al periodo en el cual surgió esta federación de grupos armados ilegales, cuando el Estado sufría un “colapso parcial”.

Acto seguido, la Comisión define el colapso parcial del Estado «desde el punto de vista geográfico, como la incapacidad para extender su mandato en todo el territorio y, desde el punto de vista estatal, como una crisis en el funcionamiento y misión de algunas agencias estatales, en particular de las fuerzas militares y de policía» (p. 16).

Como en tiempos de Rojas Pinilla, la responsabilidad estatal por la violencia de las últimas dos décadas ha sido adjudicada a los militares, y como entonces, lo que siguió a la transigente repartición de culpas fue la garantía de impunidad y el olvido. Uno de los objetivos legislativos del gobierno Santos fue adelantar la reforma del fuero penal militar, frente al reclamo de “inseguridad jurídica” alegado por las Fuerzas Militares, en caso que su juzgamiento se efectúe, como prevé la Constitución, por parte de jueces ordinarios. Para las “fuerzas del orden”, el desconocimiento de la labor militar y policial por parte de los Jueces Ordinarios, haría que se cometieran “errores” en la apreciación y el juzgamiento de hechos sucedidos en medio de operaciones regulares de la Fuerza Pública. Finalmente, el Acto Legislativo 01 de 2015 aprobó la reforma constitucional mediante la cual las conductas punibles cometidas por la Fuerza Pública en servicio activo, serán conocidas por Cortes Marciales y Tribunales Militares, integrados enteramente por militares y regidos por el código penal militar.

Post scríptum: Colombia en el camino a La Habana

En mayo de 2009 Juan Manuel Santos presentó su renuncia al cargo de ministro de Defensa y dio a conocer su deseo de lanzarse a la presidencia en caso de que Uribe no postulara a un tercer mandato. Una vez que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del referendo reeleccionista por irregularidades durante el trámite, Santos inició en firme su campaña prometiendo continuar el trabajo iniciado por su antecesor. Así, logró hacerse a la presidencia para el periodo 2010-2014 con el 68,6% de los votos, en unos comicios en los que la abstención electoral superó el 55%.

No obstante, el mismo día de su posesión, Santos anunció la posibilidad de iniciar un acercamiento con la guerrilla. Esta intención se oficializó el 18 de octubre de 2012, tras la instalación en Oslo de la mesa de negociación entre el Gobierno y las FARC-EP con base en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este estructuró el proceso en cuatro etapas y fijó cinco grandes temas para la agenda: política de desarrollo agrario integral, participación política de las FARC, fin del conflicto, solución al problema de drogas ilícitas y reparación a las víctimas.

Al momento de finalización de esta investigación, las conversaciones se hallan en su tercera fase y cuatro de los cinco temas de la agenda han sido tratados. La situación de las víctimas se discute en La Habana en medio de los ataques del uribismo, que desde un comienzo se manifestó en contra de la salida negociada. A las invectivas mediáticas del ahora senador Uribe Vélez, se sumaron en su momento las escuchas ilegales de elementos del Ejército y de la ex-agencia de inteligencia colombiana DAS, y la violencia ejercida por nuevos grupos paramilitares en contra de miles de colombianos que, amparados en la Ley de restitución de tierras sancionada en 2011, desean ver resarcido el daño de décadas de despojo y conflicto armado.

Lo que está en ciernes es la preparación de un régimen de transición. En la apertura de las sesiones legislativas de 2014, Santos advirtió la necesidad de que el Congreso apruebe las reformas legislativas necesarias para encarar el posconflicto. No se trata solamente de la aprobación de un marco de jurídico para la paz. Se trata también de reformas institucionales en materia de educación, salud, seguridad, medio ambiente, desarrollo rural y reforma del Estado, que creen las condiciones objetivas para una paz duradera.

La actitud diplomática de Santos marcó un viraje importante respecto de la era Uribe. Además del restablecimiento de las relaciones bilaterales con Venezuela y Ecuador, Santos ha tenido un visible interés en posicionar a Colombia dentro de iniciativas subregionales como UNASUR. Santos se reunió con Hugo Chávez al tercer día de su posesión para tratar la crisis bilateral y suscribir acuerdos en materia de comercio, turismo, infraestructura e intercambio de información impositiva, que se han mantenido con el gobierno de Nicolás Maduro. Además, habló de forma privada con el secretario general de UNASUR Néstor Kirchner y con la presidenta Cristina Fernández, por el tema de las bases militares, e impulsó el nombramiento de la ex canciller Maria Emma Mejía y del ex presidente Ernesto Samper como secretarios de Unasur en 2011 y 2014, respectivamente.

Al tiempo que hizo las paces con los vecinos, Santos obtuvo el favor de los organismos financieros internacionales. Su gestión no solo ha sido obediente a las fórmulas pautadas por éstos sino que los ha consultado permanentemente: «Veníamos a pedir ideas. A buscar inspiración. Ver cómo podemos seguir fortaleciendo nuestra economía», afirmó durante su reunión con las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en 2013 (El País, 10 de octubre de 2013).La apuesta estratégica por alentar el vínculo con aquellas economías que siguen la receta neoliberal, se concretó en 2011 con la Alianza del Pacífico, un bloque comercial conformado junto a Chile, México y Perú. Evocando los tiempos de John F. Kennedy, Santos bautizó la iniciativa como Alianza para el Progreso y la Paz, aunando la política comercial con el proceso de paz que se lleva adelante La Habana. Su expectativa es que, de firmarse un acuerdo de finalización del conflicto armado, la economía colombiana crezca a un ritmo similar al de los países asiáticos.

Salvo por los réditos económicos y sociales que puedan derivarse de una firma en La Habana, lo ocurrido en materia económica durante los próximos cuatro años no será muy distinto de lo visto en tiempos de Uribe. En la última campaña, los candidatos de la derecha estuvieron enfrascados en la pelea por sus percepciones distintas de alcanzar la paz dejando entrever, por otro lado, sus ostensibles coincidencias en materia económica. Los dos son amantes del libre mercado y los tratados de libre comercio, difiriendo solo en los tiempos de su entrada en vigencia (Zuluaga propuso esperar un poco para perfeccionar lo que se ha firmado). Ambos afirmaron su interés en apoyar el emprendimiento entre los jóvenes, y a la innovación como motor de la economía. Ninguno hizo propuestas fuertes en materia industrial, ni formuló políticas agrarias que vayan más de la inmediatez del conflicto y el subsidio a la producción. Esto último preocupa en el caso de Santos, que tras afrontar una de las crisis del sector agrícola más serias de los últimos años, y ad portas de resolver un conflicto armado originado en la lucha por la tierra, sigue sin concebir una política integral que resuelva temas estructurales como la propiedad, la concentración y el tipo de explotación de la misma.

El balance en materia de desarrollo tampoco es muy alentador. Los resultados del Plan de Desarrollo Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza y más seguridad son muy asimétricos y no se han encontrado formas de sincronizar sus componentes. La baja inversión en ciencia y tecnología hacen poco probable que la estrategia de desarrollo se direccione en este sentido, y una política agraria que condesciende con una concentración inaceptable de la propiedad (observable en un coeficiente de Gini de 0,87 para la concentración del suelo) da pocas esperanzas de que los objetivos vinculados a la equidad social y la reducción de la pobreza puedan alcanzarse. El modelo extractivista impulsado solo agrava la situación: produce un enorme daño ambiental, otorga una bajísima participación del Estado en las rentas, y mantiene a la economía colombiana como un enclave de las potencias extranjeras, sin avanzar en medidas que permitan convertir los excedentes minero-energéticos en desarrollo y bienestar generales.

Aunque fraternice con la izquierda latinoamericana, Santos encarna un proyecto político radicalmente diferente. Nacido en el seno de una de las familias más poderosas de la capital —los dueños y directores del periódico El Tiempo—, libó las ideas del liberalismo desde la cuna y las perfeccionó a lo largo de sus estudios universitarios en economía y administración de empresas en la Universidad de Kansas, y de postgrado en Harvard y el London School of Economics. Fue en este último centro académico donde conoció al ex-ministro británico Tony Blair y su doctrina de la “Tercera Vía”, la cual adaptó y retomó para su aplicación en Colombia con el convencimiento de que era posible hacer compatibles al liberalismo y al socialismo democrático. Sin advertir el fracaso que este falso camino intermedio implicó para el Reino Unido, Santos insiste hoy en representar a una corriente de opinión nueva, moderna, en la que el enfoque correcto es el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario.

Dados su pensamiento y herencia familiar (no olvidemos que su tío-abuelo fue el presidente Eduardo Santos 1938-1942), no sorprende su perfil naturalmente anti-rupturista. Y decimos naturalmente, porque en la historia colombiana lo que parece ser una constante es la imposibilidad de un cambio profundo. Un sentido conservador del statu quo atraviesa hasta las mentes más liberales y los atisbos de un reformismo radical han debido marchar al monte o morir en el intento de viabilizarse por la senda democrática. Pese al despegue del Polo Democrático Alternativo en la última década, no ha logrado consolidarse en el país una tendencia socialdemócrata y la izquierda se halla aún lejos de salir de su lugar marginal en el sistema político.

Aunque las reformas legislativas de Santos son tímidas y de difícil concreción en los hechos, esto no niega su deseo genuino de pasar a la historia como el hombre que trajo la paz a un país desangrado por más de medio siglo de guerra interna. Su principal aporte, en este sentido, consiste en haber puesto paños fríos a la "guerra sucia" atizada por el uribismo y sus socios. Sin moverse un grado de la brújula neoliberal, ni abdicar de las relaciones carnales con Estados Unidos, Santos ha querido desmarcarse de las compañías non sanctas de su antecesor: esa derecha terrateniente, provinciana y mafiosa de la cual, en todo caso, supieron sacar provecho los banqueros, las transnacionales y los grandes propietarios.

En un país donde hace tiempo los partidos políticos se destiñeron, la opción que le quedó a los colombianos progresistas en las elecciones presidenciales del 2014 fue la del mal menor. La disputa no fue entre modelos de país, sino entre liderazgos personalizados traducidos en rivalidades mediáticas, componendas clientelistas y ambiciones burocráticas. De esta suerte, más que por un proyecto ideológico definido, Santos y Uribe se distinguen por las facciones del bloque dominante a las que representan, pero sobre todo, por su tono distinto en la manera de aparecer públicamente: uno prudente, conciliador y moderado; el otro verborrágico, irascible y extremista. A diferencia de los supuestos acercamientos de Uribe con la guerrilla, las negociaciones de Santos con las FARC (y eventualmente con el ELN) no lo convierten en un traidor de su clase; por el contrario, lo erigen como el mayor garante de la seguridad jurídica exigida por los sectores inversionistas, pues si bien puede haber crecimiento económico en tiempos de guerra, a la larga los costos económicos y sociales de ésta terminan siendo mayores. Basta ver el enorme paquete de deuda que deberán adquirir los colombianos para hacer frente al posconflicto.

Si algo debe rescatarse en medio del proceso de polarización de los últimos comicios, es la diferencia marcada por la franja de votantes para la que resultó insoportable connivir con los abusos de la seguridad democrática: los “falsos positivos”, las “chuzadas”, la “parapolítica”, la corrupción de Agro Ingreso Seguro y tantos otros “males” engendrados por el uribismo. Lectura aparte merece el altísimo número de colombianos que decidió abstenerse de votar, ese 60% del que no sabemos si presumir indignación y descreimiento en la política, o pura y sencilla indiferencia.

Conclusiones

Como han mostrado los análisis del proceso de formación estatal en Europa, la soberanía no es un atributo categórico y natural del Estado sino una práctica relacional e histórica. En este sentido, la organización estatal basada en el monopolio de la violencia es una constelación histórica contingente, que no obstante logró instalarse en los discursos politológicos y sociológicos como la “forma” política por antonomasia. La idea de un gran Leviatán articulado y coherente que domina la sociedad a través de su burocracia hace aparecer al Estado latinoamericano como una versión débil o anómala del europeo. Por eso insistimos en la necesidad de reparar en las dinámicas, valores, estructuras y prácticas que hacen a nuestra conflictiva construcción del orden. Factores como la guerra exterior, de notable importancia en los modelos de interpretación europea, tienen escasa relevancia en el contexto latinoamericano, donde las guerras entre Estados fueron más bien escasas y los conflictos internos que sucedieron a los procesos de independencia marcaron la parada. Del mismo modo, la integración social es un proceso que se mantiene abierto en aquellos países donde la disputa de clases por el control del Estado continúa vigente. Con todo y esto, el monopolio simbólico, esa capacidad por la cual el Estado se convierte “en el punto de vista de los puntos de vista”, como diría Bourdieu, aquel “efecto de des-particularización por el cual se teatraliza lo oficial y lo universal”, ha tenido un avance mayor, creando en los países de América Latina un imaginario de respeto por las “verdades públicas” en las que se presume que la totalidad de sus sociedades se reconoce (Bourdieu, 2014: 47). De hecho, ha sido partir de la “invención de la nación”, aquella naturalización de las culturas nacionales, que se ha sustentado la construcción de los Estados en la región.

A partir de una triple comprensión del Estado como imaginario de orden, maquinaria burocrática y espacio de lucha, en contraste con las concepciones del Estado como un orden centralizado o como una mera figura retórica, nuestra investigación enfatizó el proceso conflictivo de construcción estatal en Colombia y resaltó la importancia de las “arenas de lucha” que se dispusieron en la configuración de la estatalidad entre 1945 y 2010, enfrentando a los agentes que suscribían o disputaban su hegemonía y aquellos que se resistían a integrarse. Contra la tesis de la ausencia estatal, tan recurrida en los análisis de la sociedad colombiana, remarcamos que la “no presencia” de las agencias estatales no es equivalente a un déficit de estatalidad o a una ausencia de dominación política. El colombiano no es un Estado que ha perdido el monopolio de la coerción (lo cual implicaría que algún momento lo detentó logrando la paz en el territorio) sino un Estado que construye gradualmente el monopolio de la fuerza, integrando de manera diferenciada a los distintos territorios y poblaciones. Gonzales et al (2003) mostraron en su momento que en Colombia el Estado sí está presente, solo que “de manera diferenciada en el espacio y el tiempo”. Tampoco las explicaciones sobre el Estado fallido o fracasado nos resultaron pertinentes. Descontando el sesgo imperialista inherente a los rankings de estados fallidos divulgados por los tanques de pensamiento estadounidenses, desconfiamos de la utilidad analítica de aquellos estudios que, en virtud de indicadores de un modelo estatal “demo-capitalista”, sitúan realidades tan disímiles como la de Colombia, Irán o Rusia en una misma franja de países “con alto riesgo” de colapsar (Fund for Peace, 2015).

A lo largo de esta investigación quisimos dar un paso más, poniendo en cuestión la creencia de que el Estado es una máquina centralizada y homogénea, a la que le basta con extender sus dispositivos institucionales para tener presencia en todo el territorio y controlar a toda la población bajo su jurisdicción. Para ello trabajamos sobre los conceptos de monopolio delegativo, violencia parainstitucional y paralegalismos. El primero, retomando las reflexiones de Kalyvas y Arjona (2005), nos condujo a preguntarnos por las condiciones sociohistóricas en las que el Estado colombiano decidió delegar o ceder el uso de la fuerza a grupos extralegales, comprometiendo el monopolio al que, en teoría, debe su existencia. Sostuvimos que la delegación del ejercicio de la coerción y de las funciones de vigilancia y control en manos privadas, fue un mecanismo ad hoc a partir del cual se intentó consolidar la soberanía estatal en los últimos sesenta años. La asunción de esta vía “paradójica”, se vinculó con el carácter contrainsurgente que adoptó el modelo de control social a partir de 1945, y cuyo emplazamiento requirió el desarrollo de una estatalidad “en la sombra”. Dicha estatalidad paralela, se desplegó, entre otros mecanismos, a través la acción de grupos sicariales, parapoliciales y paramilitares que operaron en los límites de la legalidad estatal: a veces bajo el amparo de leyes ordinarias, otras bajo decretos de estado de excepción, y otras en abierta ilegalidad.

El concepto de violencia parainstitucional, propuesto por Medina Gallego y Téllez (1994), nos permitió comprender cómo se produjo en cada periodo un proceso de privatización de la coerción que no tuvo por objeto transformar la sociedad colombiana, sino «garantizar, complementar y suplementar el funcionamiento de la violencia del Estado cuando éste no estuvo en condiciones de hacerlo por limitaciones de distinta índole». Se trata de un tipo violencia que se compromete con el auxilio de la organización institucional en tanto sus efectores guardan afinidad con los objetivos del ordenamiento existente. De tal modo, rastreamos la violencia ejercida por grupos y organizaciones que operaron al servicio del estamento en labores de represión y disciplinamiento social, con el auspicio de las agencias estatales en su conformación, financiamiento o encubrimiento. Como constante a lo largo del periodo estudiado, los grupos de violencia parainstitucional tuvieron como objetivos principales el desmantelamiento de la insurgencia armada, la eliminación de la oposición social y política al orden dominante y el mantenimiento del consensus iuris, en coyunturas de crisis que amenazaron con un cambio de las relaciones de poder en detrimento del bloque dominante.

Partir del supuesto de que la construcción estatal es un proceso permanente e inacabado, que transcurre en medio de circunstancias globales que condicionan las dinámicas locales y obligan a examinar cómo se ensamblan distintos niveles en un mismo caso, nos exigió pensar más allá de las divisiones tajantes Estado/sociedad, público/privado, legal/ ilegal y autoritarismo/democracia para visibilizar algunos procesos “liminares” o “fronterizos” a través de los cuales se produce el orden social y se construye el sistema de dominación. Propusimos así la categoría de “paralegalismos” para referirnos a aquellos órdenes paralelos de hecho, con capacidad de construir sus propios códigos, normas y rituales y establecerse como redes de control social en distintas zonas de ocupación e influencia. A diferencia de los “contrapoderes”, u órdenes construidos por las guerrillas, los paralegalismos despliegan toda una serie mecanismos de control social que, aunque ilegales, no entran en disputa con la soberanía estatal. Como es de esperar, el recurso a la ilegalidad no estuvo exento de contradicciones y consecuencias inesperadas para el aparato estatal. Así, por ejemplo, la inserción del narcotráfico en la lucha contrainsurgente, que empezó siendo una medida requerida para el sostenimiento de la guerra contra las guerrillas en los años ochenta, terminó contribuyendo a un escalamiento del conflicto de dimensiones exorbitantes en las décadas posteriores.

A lo largo de cuatro capítulos identificamos actores y correlaciones, trazamos algunas trayectorias y establecimos similitudes y principios de variación de los procesos de privatización y desconcentración de la violencia estatal entre cuatro coyunturas: 1945-1958, 1958-1978, 1978-1991 y 1991-2010. En cada subperiodo nos interrogamos por los factores internos y externos que concurrieron en el acceso de determinados agentes al ejercicio de la coerción y los mecanismos concretos de su funcionamiento. Mostramos que la violencia parainstitucional, que exhibe inicialmente un carácter centrífugo y de expresión de diversas tensiones regionales y nacionales, terminó adquiriendo en Colombia un carácter centrípeto y unificante con relativa capacidad para institucionalizar canales y relaciones informales y traducirlos en nuevos vínculos hegemónicos. No es gratuito que los cantos victoriosos por la “retoma” del territorio por parte del Estado hayan estado precedidos por una expansión paramilitar que, en los informes más magros, llegó a registrar a unos 30 mil civiles en armas.

En el primer capítulo pudimos ver cómo la violencia exacerbada a partir de 1945 reflejó el entrecruzamiento conflictivo de tres fenómenos: el avance de un movimiento popular incipiente que reclamaba la realización de las mejoras sociales prometidas por el corporativismo liberal en la década del treinta; el desmonte, por parte de las elites políticas, de la ideología de intervención estatal en pro de una claramente liberal capitalista que se acompañó de una ofensiva antipopular y anticomunista; y la radicalización de las formas de interacción política que transitaron de la competencia electoral a la adversidad política y de ésta al exterminio sistemático. Este último, lejos de ser simétrico, estuvo marcado por la acción desmesurada de los gobiernos conservadores, sus órganos parapoliciales y sus cómplices civiles en contra de aquellos sectores que performativamente identificaron como “peligrosos”. La acción ejercida por “Chulavitas”, “Pájaros” y “Contrachusmeros,” entre otros grupos de violencia parainstitucional, configuró una ofensiva antipopular que, aunque cercana a lo policial, terminó desviando, irregularizando y deformando la función de las fuerzas de seguridad volcándolas contra el cuerpo social que, en teoría, debía defender. Dos factores favorecieron el giro hacia la estrategia parapolicial: la politización e ideologización de la policía, que la condujo a usar la fuerza en defensa de los intereses del conservatismo y no del conjunto social; y la vinculación de personal civil a la acción armada, que borró los límites entre civiles y militares desnaturalizando el lugar de ambos. El punto más alto de confrontación se alcanzó cuando las fuerzas paramilitares terminaron autonomizándose del propio gobierno para cumplir tareas encargadas enteramente por el sector privado. Esto habilitó el paso a la acción clandestina y la concomitante evasión de responsabilidades por parte del Estado, que hizo de la amnistía el corolario tras más de 300 mil muertes.

En el segundo capítulo (1958-1978) vimos cómo la continuidad con el periodo de la “Violencia” radicó en el mantenimiento y exacerbación de las tensiones sociales en torno a la distribución de la tierra y la riqueza, mientras que la ruptura estribó en la clausura de las hostilidades interpartidistas como escisión fundamental del conflicto y su reemplazo por el discurso anticomunista, que si bien aparecía enunciado en tiempos anteriores, no había logrado penetrar los modos de organización de la guerra y la política. Con la configuración de la guerra contrainsurgente, los agentes represivos de este periodo estuvieron atravesados por una nueva escisión maestra, adecuando su modus operandi a las tácticas de la guerra irregular. De organizaciones civiles clandestinas, como los “Pájaros” o los “Contrachusmeros”, que mantenían velada su vinculación con los centros del poder político-partidario, las fuerzas de choque pasaron a ser componentes visibles de la lucha contrainsurgente desplegada por el Estado, con enunciaciones y funciones claramente explicitadas en los manuales militares. Su existencia se avaló en la búsqueda de eficiencia en la lucha contra las guerrillas, siendo admitida legalmente como “apoyo” a la función de seguridad tradicionalmente prestada por el Estado.

A partir de 1965 se inició un proceso paulatino de descentralización de la violencia y privatización de la seguridad, que alcanzó visos radicales y consecuencias paradójicas en las décadas del ochenta y noventa. La centralidad de las fuerzas armadas en la estrategia no estuvo exenta de tensiones y contradicciones. Y si bien no lograron encabezar el poder ejecutivo, como ocurrió en otros países de América Latina, los militares lograron conquistar hacia finales de los setenta la autonomía total en el ejercicio de la represión. Pese a las tensiones con el poder civil, la expansión de la ideología de la “Seguridad Nacional” hizo posible la configuración de un bloque de poder contrainsurgente que aunó sectores de la institucionalidad estatal y fracciones de clase en aparente pugna en torno a una causa común: la eliminación del “enemigo interno”. Devenida en una “democracia del garrote” la sociedad colombiana de los años setenta y ochenta experimentó la combinación de las tácticas de represión, exclusión y persecución del dispositivo contrainsurgente, con intentos reformistas y modernizadores, que daban un rostro institucional y consensuado a la “guerra” que se libraba en aquel momento. De tal modo, junto a la represión policial y militar, el reformismo social ocupó un lugar central en la estrategia de control social de los sectores subalternos, como se observa en la agenda del desarrollo y los intentos de reforma agraria y rehabilitación del agro.

Si bien el acuerdo del Frente Nacional apaciguó el sectarismo bipartidista y redujo la competencia entre liberales y conservadores reemplazándola por un régimen de alternancia en el poder y reparto burocrático, éste no pudo dirimir la conflictividad social derivada de los procesos de modernización capitalista desigual. Al relegar las demandas sociales a un tratamiento clientelar, mantener a las fuerzas de izquierda en la periferia del sistema político, y profundizar las disparidades sociales, el régimen consociacional provocó una crisis de legitimidad estatal que terminó incentivando la acción de los grupos guerrilleros. En respuesta, el dispositivo contrainsurgente se perfeccionó y complejizó a partir de 1978, con la expedición del Estatuto de Seguridad Nacional, que unificó y armonizó la legislación de excepción promulgada durante quince años de estado de sitio; y auspició el despliegue de tácticas de "guerra sucia" por grupos de militares con asesoría norteamericana.

En el tercer capítulo, vimos cómo entre 1982 y 1991, las tácticas de control social empleadas por el Estado y el Establecimiento sufren un rediseño en un modelo anfibio de “Guerra Sucia”, que implicó tanto la participación de las fuerzas armadas en labores de represión, como la desconcentración de la coerción en organizaciones privadas. En paralelo, los narcotraficantes ascendieron como “burguesía gangsteril”, reclamando su lugar en la conformación del bloque dominante. El proceso de paz con las guerrillas iniciado en 1984, fue percibido por sectores de las élites nacionales y regionales, y por sendos sectores de las Fuerzas Armadas, como una amenaza para el orden vigente que ponía en peligro el equilibrio de poderes. Producto de las alianzas entre militares, terratenientes, políticos y narcotraficantes, se configuró el primer ciclo de paramilitarismo en el país que tuvo como experiencia piloto a las Autodefensas de Puerto Boyacá, cuyo éxito militar propició su expansión y multiplicación a lo largo del territorio nacional.

Tras el escalamiento geométrico de la violencia a finales de los ochenta, el país depositó sus expectativas en una reforma constitucional. Se esperaba que los proyectos políticos promovidos por los guerrilleros desmovilizados del M-19 y el EPL, relanzaran el pacto social. Pero en la práctica, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 terminó chocando con una cultura e institucionalidad hostil al cambio y la apertura democrática. A pesar de que sus virtudes en materia de derechos humanos, la Carta terminó incumpliendo la principal de sus promesas al rubricar la agenda neoliberal y constitucionalizar la continuidad del despojo y la guerra. Así, los años noventa se caracterizaron por la intensificación del conflicto social y armado, por el aumento de las violaciones a los derechos humanos, por la exacerbación del desplazamiento forzado, la persistencia de la impunidad y del fenómeno del narcotráfico, que corrieron en paralelo al incremento en los indicadores de pobreza y desigualdad, la corrupción política y las prácticas clientelistas. Hasta 1996, la relación del gobierno de Bogotá y la fuerza pública con los carteles de la droga fue por demás ambigua, transitando de la tolerancia pasiva, a la abierta colaboración, y de ésta a la persecución sistemática. Así, son anecdóticas las colaboraciones entre la Policía Nacional y el cartel de Cali en contra de Pablo Escobar, así como la tolerancia gubernamental con grupos sicariales como los PEPES con el mismo objetivo.

En el cuarto capítulo analizamos cómo entre 1994 y 2010, la frontera entre legalidad e ilegalidad y entre militares y paramilitares se hizo indiscernible. Tras la muerte de Pablo Escobar, y una vez superada la enemistad estatal hacia los narcotraficantes, el paramilitarismo devino más una modalidad indirecta de ejercicio de la coerción estatal en el territorio (por la vía de su delegación tácita o explícita en organizaciones privadas), que la pérdida o erosión de su monopolio. De este modo, los procesos de organización de grupos paramilitares atravesaron por tres momentos. Un primer momento, en el que respondieron a las necesidades de los poderes locales, como mecanismos de protección y defensa de la propiedad privada y el orden de privilegios construido en torno a esta. Un segundo momento, en el que trascendieron la defensa de los intereses locales para articularse con las tácticas de la lucha contrainsurgente y pasaron a ser organizaciones armadas reconocidas por el Estado: las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la autodefensa agraria (CONVIVIR). Y una tercera etapa, en la que la autonomía alcanzada por los grupos paramilitares, así como su multiplicación y expansión por el territorio nacional, desataron un escalamiento de la violencia altamente disfuncional para el mantenimiento del orden, que hizo necesaria la apertura de vías para su gestión y/o desmonte.

Allende los tipos de articulación entre violencia estatal y paraestatal, la práctica persistente del Estado y del establecimiento en los últimos sesenta años ha sido la de impedir, mediante las formas de violencia más contundentes, que los movimientos políticos y sociales que propenden por la transformación estructural del modelo de sociedad, accedan al poder, y más aún vivan o se expresen. Sin embargo, decir que el despliegue de grupos y operaciones de violencia parainstitucional responde a las exigencias de reproducción del orden dominante, no implica afirmar que se trate de una formulación racional y sistemática elaborada desde un centro de poder. Lo que observamos, por el contrario, es la coexistencia conflictiva de distintos órdenes y tácticas. Más allá de su carácter endémico, el conflicto violento en Colombia dista de desarrollarse de manera homogénea y simultánea en el territorio, siendo altamente diferenciado en función de los actores involucrados, las características de las poblaciones y territorios afectados y la vinculación de éstos con la política y economía nacionales. Se trata de una conflictividad difusa en la que se despliegan numerosos actores y estrategias con una enorme capacidad de mutación y reconversión en el tiempo. Por otro lado, no todo es violencia, también hay negociaciones y pactos, acuerdos que, con mayor o menor estabilidad permiten que el “orden” se mantenga. Este “orden dentro del desorden”; “estas negociaciones dentro de la desobediencia”, como las llama María Teresa Uribe (2001), son las estrategias a partir de las cuales se construye la política en el país.

En el momento en que escribimos los resultados de esta investigación, el gobierno de Juan Manuel Santos adelanta conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP en La Habana (Cuba) y, pese a la interferencia y desacuerdo de numerosos sectores de la política local e internacional, la desmovilización de esta guerrilla sexagenaria parece vislumbrarse en el horizonte con más claridad que en periodos anteriores. Desde agosto de 2012, las víctimas del conflicto armado obtuvieron reconocimiento formal en una ley que, aunque problemática, prescribe su asistencia y resarcimiento. Ese mismo año, el Estado colombiano admitió públicamente, por primera vez en la historia, su responsabilidad en delitos cometidos durante la última fase del conflicto armado. Aunque escuetas, las palabras del presidente Santos sentaron un precedente trascendental en la lucha por la verdad y la justicia en el país. Pero en la lógica de dar un paso adelante y dos atrás, el mismo Santos sancionó en junio de 2015 una reforma constitucional que amplía el fuero penal militar, atentando contra la autonomía de jueces y fiscales y abriendo las puertas a la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.

Dice Derrida (1998) que el sentido común es el que nos recuerda que el perdón no es el olvido, pero en todas partes donde el olvido, en una u otra forma, puede infiltrarse, el perdón ya no es puro. Para que sea tal, «el perdón debe suponer una memoria integral en cierto modo». Por ello, las políticas de amnistía, prescripción y absolución que ha sancionado históricamente el Estado colombiano distan de ser perdón, pues introducen el olvido en todas sus formas. La impunidad, lejos de aportar al perdón, contribuye al borramiento de la memoria e interrumpe el advenimiento de la ética hiperbólica necesaria para la reconciliación. No hay un deber de no perdón, si por tal se entiende la imposibilidad individual de acceder a este grado máximo de incondicionalidad moral, pero sí lo hay, si el perdón va a asumirse en términos de las leyes de justicia transicional que pretenden emularlo. El perdón parcial o el perdón con olvido no son en sí mismos verdaderos perdones. Para que sean propios de una ética hiperbólica, deben perdonar lo imperdonable, lo que más duele, lo que más fresco está en la memoria, en la propia carne, y para ello, la verdad es un imperativo previo. Nuestra esperanza es que el olvido no devenga un hecho insuperable y omnipresente en la sociedad colombiana, que aún estemos lejos de convertirnos en “un pavoroso remolino de polvo y escombros” como la centenaria Macondo.

⁹¹ Eduardo Pizarro analiza dos hipótesis acerca de los motivos que subyacen a la desmovilización del M-19: «por una parte, algunos analistas sostienen que esta actitud responde a su derrota estratégica. Su debilidad en el terreno militar lo lleva a salvar “los restos” en la acción política; por otra, otros analistas afirman que este comportamiento tiene origen en un cambio en su mentalidad, en su liderazgo interno y en su percepción sobre las perspectivas del conflicto armado. No obstante, lo más probable es que se trate de lo uno y lo otro simultáneamente» (Pizarro: 2007, 337).

⁹² Un análisis pormenorizado de este proceso puede consultarse en el volumen colectivo compilado por Peñaranda, Guerrero y Zuluaga, 1999.

⁹³ En una entrevista realizada por Arturo Alape en 2002, el extinto jefe del Secretariado de las FARC, Raúl Reyes señalaba lo siguiente: «Es posible que el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, ante la muerte de Jacobo, además se había derrumbado el campo socialista por la traición de Gorbachov y de toda la dirigencia soviética por los errores económicos y políticos en la construcción de ese modelo, utilice esa coyuntura para hacer sus planes de guerra. También claudicaron por esa época, los otros grupos que hacían parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar: el M-19, el EPL, de Bernardo Gutiérrez, el Quintin Lame, el PRT (…) todo esas consideraciones hicieron que la clase política gobernante, en cabeza de Gaviria como presidente de la República, consideraran que era el mejor momento para desarrollar una operación de exterminio contra el Secretariado, justamente el día que los colombianos esperaban que la gente se pudiera expresar mediante elecciones nombrando una Asamblea Nacional Constituyente que iba a redactar la nueva constitución política que rige hoy a Colombia» (citado por Moreno, 2008:150).

⁹⁴ Creado en Julio de 1992 tras la fuga de Pablo Escobar de la cárcel La Catedral, el Bloque de Búsqueda fue un Comando Especial Conjunto, dependiente de los altos mandos militares y con el apoyo de varios organismos de seguridad estadounidenses, compuesto por 600 efectivos entre militares y policías, muchos de los cuales fueron entrenados en los Estados Unidos.

⁹⁵ Si se observa la composición tanto de la Asamblea Constituyente como del Congreso elegido en octubre de 1991, se encuentra que la mentada refundación o renovación de las fuerzas es más bien retórica. Los liberales y conservadores en sus distintas facciones consiguieron 43 de las 70 sillas. El Movimiento AD-M19 obtuvo 19 representantes, de los cuales una buena porción eran liberales y conservadores que habían logrado un lugar dentro de su lista. Los nuevos grupos apenas obtuvieron 8 sillas: 2 para la Unión Patriótica, 2 para el movimiento de Unión Cristiana, 2 para los grupos indígenas, 1 para el movimiento estudiantil y 1 para el movimiento por Un nuevo país para los niños. En el nuevo congreso, liberales y conservadores siguieron controlando tres cuartas partes del Senado y cuatro quintas partes de la Cámara de Representantes. El AD-M-19 solo obtuvo un 10% de los votos, reduciendo notablemente el 27% que había alcanzado en las elecciones para la Asamblea Constituyente (Ahumada, 2002:190-191).

⁹⁶ Aludimos aquí al nombre coloquial al programa de gobierno de Gaviria, originalmente denominado “La revolución pacífica”.

⁹⁷ Murillo y Seoane destacan bien este cambio de foco: «de una sociedad basada en la producción cuyos conflictos tienen que ver con la disputa por los bienes económicos, a una donde lo que se discute es la distribución de los bienes culturales y el respeto de la diversidad» (2012: 144).

⁹⁸ Las denuncias de una violencia virulenta que azotaba al país estuvieron en la base de una justificación de la mano dura. En la misma línea de los gobiernos de la Unión Europea estudiados por Wacquant el gobierno colombiano se rindió “a la tentación de apoyarse en la policía, los tribunales y la prisión para refrenar los desórdenes generados por el desempleo masivo, la generalización del trabajo asalariado precario y el hundimiento de la protección social” (2010: 19). El discurso de “tolerancia cero” fue invocado no sólo por las fuerzas armadas y policiales, sino, fundamentalmente por los grupos empresarios y la clase política. Lejos de ser una aplicación universal de toda la ley, el concepto de “tolerancia cero” implicó una imposición extremadamente discriminatoria de la ley contra determinados tipos de personas en ciertas zonas simbólicas.

⁹⁹En la misma línea, el artículo 16 del Estatuto previó: UTILIZACION ILICITA DE EQUIPOS TRANSMISORES O RECEPTORES. El que para los efectos previstos en el artículo primero posea o haga uso de aparatos de radiofonía o televisión, o de cualquier medio electrónico diseñado o adaptado para emitir o recibir señales, incurrirá, por este solo hecho, en prisión de tres (3) a seis (6) años.

¹⁰⁰ Por el cual se dicta el estatuto para la defensa de la justicia, integrando en una sola jurisdicción los Jueces de Orden Público y los especializados creando mecanismos jurídicos para su protección y la de los demás intervinientes en los procesos penales de su competencia, organizando la Subdirección Nacional y las Direcciones Seccionales de orden público para darles el apoyo operativo y necesario para el cumplimiento de sus funciones y robusteciendo los organismos auxiliares de la justicia.

¹⁰¹ Cabe mencionar además los pactos de Chivoló y Pivijay (Magdalena) celebrados por el Bloque Norte en cabeza de Jorge 40 y políticos locales en los años 2000 y 2002, respectivamente; el Pacto de Singapur (Quibdó, Chocó), rubricado por el Bloque Elmer Cárdenas en cabeza de alias “El Alemán” en 2003; Los pactos de Barranco Loba y Caldas, celebrados por el Bloque Central Bolívar, bajo la comandancia de Ernesto Báez, ambos en 2003; y finalmente, el Pacto de Casanare firmado por las Autodefensas de Casanare dirigidas por alias “Martín Llanos en 2003. Consultar al respecto el informe de la CMH, 2012.

¹⁰² Recordemos que el EPL nace como una disidencia de las FARC, tras la escisión interna del Partido Comunista Colombiano entre sectores pro-chinos y pro-soviéticos en 1967. De la fracción marxista-leninista nacerá en 1967 el EPL. En 1977, el núcleo marxista-leninista del V Frente de las FARC encabezado por Bernardo Gutiérrez, se desliza hacia el EPL. Entre 1984 y 1985, el conflicto por el control hegemónico de los sindicatos y el movimiento obrero enfrenta de nuevo a las dos organizaciones. El EPL estará detrás de SINTRAINAGRO y las FARC de SINTRABANANO. A este motivo se añadió otro de naturaleza estratégico militar: asegurar el dominio territorial de la carretera Medellín-Turbo y su retaguardia estratégica en la región de Abibe. En razón de las oportunidades políticas abiertas por el Gobierno Betancur, el EPL logró cooptar el poder sindical y campesino del Urabá. Las FARC, que tenían mayor antigüedad en la región contaban con el capital político alcanzado por la Unión Patriótica. Ver al respecto Villarraga y Plazas, 1994 y Suárez, 2007.

¹⁰³ Según Suárez «la configuración de dos subculturas políticas dentro de la izquierda revolucionaria en Urabá (FARC y EPL) derivó de su relación con el poder político institucional (contra-institucionalidad del EPL versus sub-institucionalidad de las FARC), su trabajo político (movimiento en el EPL versus organización en las FARC) y su estilo de hacer política (contestatario en el EPL versus de integración en las FARC). La sub-institucionalidad de las FARC se refleja en su respaldo a la lucha electoral y el acceso a la institucionalidad del Estado», situación que era abiertamente rechazada por el EPL (2007: 109).

¹⁰⁴ Chiquita Brands International Inc.es una empresa de Charlotte, Carolina del Norte basada en la producción y distribución de plátanos y otros productos, bajo la variedad de marcas subsidiarias, conocida colectivamente como Chiquita.

¹⁰⁵ Drummond Company Inc. es una compañía privada de explotación y procesamiento de carbón original de Birmingham, Alabama, Estados Unidos. La compañía fue fundada en Jasper, en 1935 por H. E. Drummond, y continúa siendo manejada por sus hijos.

¹⁰⁶ El Documental “La Sierra” escrito y dirigido por Scott Dalton y Margarita Martínez (2005) relata el enfrentamiento entre jóvenes de dos bloques paramilitares en el barrio La Sierra, perteneciente a la Comuna 8 de Medellín: el bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara. Los protagonistas de la historia son muchachos de entre 15 y 22 años que murieron asesinados durante el rodaje o poco después de su estreno. Recomendamos ampliamente su consulta: https://www.youtube.com/watch?v=ibspi3ueEGA

¹⁰⁷ El hecho motivó el disgusto del entonces presidente Hugo Chávez, el llamado a consultas del embajador Venezolano en Bogotá y una crisis diplomática que requirió la intervención de los presidentes de Brasil y Cuba.

¹⁰⁸ Tal como ha señalado Borón (2014) en el razonamiento de Washington «si hubiera un cambio de régimen en Venezuela y se constituyera un gobierno amigo de los Estados Unidos, como el de Colombia y Chile, el abastecimiento de petróleo sería mucho más seguro y no habría necesidad de tocar las reservas propias» (p. 131).

¹⁰⁹ El llamado “golpe blando” o “golpe suave” es una estrategia de acción no violenta ideada en la década del setenta por el filósofo y escritor estadounidense Gene Sharp, que ha sido ampliamente utilizada en el mundo durante la última década. Según Sharp dado que la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado, es necesario que la sociedad civil combata con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas, tendientes a desobedecer y restar poder a los gobiernos autoritarios y deponerlos sin necesidad de recurrir a las armas convencionales. Para el norteamericano, actualmente la guerra a cuerpo a cuerpo no es eficaz y, además, implica enormes costos económicos y de movilización. Por ello, a través del Instituto Albert Einstein a su cargo, propone un catálogo de medidas que van desde el debilitamiento gubernamental hasta la fractura institucional.

¹¹⁰ Vega Cantor (2010) escribió un sesudo análisis sobre los intereses estadounidenses en los recursos naturales de América Latina, marcando como «en el documento Santafé IV, publicado en el 2000 y soporte doctrinario de George Bush junior, se sostiene que “el hemisferio ha sido bendecido con recursos naturales y un clima que lo convierte en un paraíso único y virtual para quienes usen sabiamente tales recursos». Además cita al ex secretario de Estado, Colin Powell, quien en referencia al ALCA sostuvo: «Nuestro objetivo es garantizar para las empresas estadounidenses el control de un territorio que se extiende desde el ártico hasta la Antártica y el libre acceso sin ninguna clase de obstáculo de nuestros productos, servicios, tecnologías y capitales por todo el hemisferio».

¹¹¹ La investigación de Azzellini y Kanzleiter (2005) revela que actualmente cientos de empresas fundadas por ex militares provenientes de unidades especiales que ofrecen una amplia y diversa gama de servicios bélicos. La mayor parte de estas empresas son estadounidenses, aunque también hay compañías de Reino Unido, Rusia, Israel, Francia, Italia, Rumania, Bulgaria, Alemania etc. La particularidad de las empresas de EEUU es que éstas operan solo con el consenso explícito del Pentágono, y se hallan totalmente integradas al concepto político-militar de este país y sus formas de proceder.

¹¹² Recomendamos la consulta del documental "Falsos positivos" escrito y dirigido por Simone Bruno y Dado Carrillo (2009). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6BvZKq1O9X0

¹¹³ El decreto 128 de 2003 estableció como beneficios adicionales para el desmovilizado auxilios socio-económicos orientados a asegurarle atención en salud, a garantizar su protección y seguridad, a proporcionarle educación y capacitación en oficios técnicos y profesionales, a emplearlo en programas especiales diseñados para tal efecto o a incluir su nombre en bolsas de empleo, y a reconocerle montos en dinero por colaborar con la justicia.

¹¹⁴ Según testimonio de Freddy Rendón, alias “El Alemán”, ex jefe Bloque Élmer Cárdenas, ante el Tribunal Superior de Bogotá, «La del Cacique Nutibara fue una desmovilización ficticia, se recogieron uniformes y armas viejas para ese espectáculo que se montó en el Palacio de Exposiciones por parte de las oficinas delincuenciales de Medellín, lideradas por “Diego Fernando Murillo”». El falso evento estuvo coordinado por Luis Carlos Restrepo, Comisionado de Paz en ese entonces, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, quién controlaba el Cacique Nutibara y la Oficina de Envigado. “El Alemán” señaló además, que hubo «una falsa desmovilización con botas nuevas, donde sectores de alto gobierno, alcalde, futuros alcaldes, participaron para bajar unos niveles de violencia y dar unos subsidios económicos a miembros de combos» (El Tiempo, 7 de marzo de 2011).

¹¹⁵ La ley 100 de 1993 en su artículo 142, creó una mesada adicional conocida como la mesada 14, la cual recibirían anualmente, en el mes de junio, los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, con un monto correspondiente a 30 días de la pensión percibida.

¹¹⁶ La organización del sentido común es parte de la construcción de una hegemonía y un bloque histórico. Retomando esta máxima gramsciana, el politólogo boliviano Luis Tapia (2008) describe el sentido común neoliberal como «un modo de conocimiento que reduce el espesor histórico en la interpretación y experiencia de los hechos, los despolitiza y articula la interpretación de sentido en torno a la biografía individual y familiar, no en todas sus dimensiones sino en tanto sujetos económicos o articulados a los mercados de todo tipo”. Alberga una “fuerte propensión al pesimismo en todo lo referido a iniciativas colectivas, y en particular, a procesos de construcción de estados nación y democracia”, extendiendo la idea de que nada que siga este horizonte es posible, deseable o factible. De este modo, funciona “como una matriz atomizadora o atomizante [que] produce la individualización de las relaciones y los hechos».

Referencias

Fuentes primarias

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1991. Constitución Política de Colombia de 1991.

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1936. Ley 160 del 5 de agosto. Reformatoria de la ley 37 de 1931 sobre explotación minera.

1949. Decreto Ley 2136 del 18 de julio. Estatuto Orgánico de la Policía Nacional.

1953. Decreto 2184 del 21 de agosto. Por el cual se concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas.

1954. Decreto 1823 del 13 de junio. Por el cual se conceden amnistía e indulto por los delitos políticos cometidos hasta la fecha, y una rebaja de pena.

1954. Acto Legislativo N° 6 del 14 de septiembre. Por el cual se decreta la prohibición del comunismo internacional.

1956. Decreto 0434 del 1° de marzo. Por el cual se reglamenta el Acto Legislativo N° 6 de 1954.

1954. Decreto 2062 del 8 de julio de 1954. Por el cual se concede amnistía a los hombres que decidan dejar las armas.

1957. Decreto 291 del 4 de diciembre 1957. Por el cual se dictan normas procedimentales sobre problemas relativos a predios rurales.

1959. Ley 20 del 11 de mayo de 1959. Por la cual se autoriza a la Caja Colombiana de Ahorros y a las cajas y Secciones de Ahorros de los Bancos establecidos en el país para desarrollar programas de parcelación y se dictan otras disposiciones.

1960. Decreto 1717 del 18 de julio de 1960. Por el cual se organiza el Departamento Administrativo de Seguridad.

1961. Ley 135 del 13 de diciembre de 1961. Sobre Reforma Social Agraria.

1963. Decreto legislativo 1137 del 23 de mayo de 1963. Por el cual se declara el estado de sitio debido a huelgas y protestas en Santander.

1965. Decreto 3398 del 24 de diciembre 1965. Por el cual se organiza la defensa nacional.

1965. Decreto legislativo 1288 del 21 de mayo de 1965. Por el cual se declara turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional.

1965. Decreto legislativo 1289 del 21 de mayo de 1965. Por el cual se declaran medidas de excepción.

1965. Decreto legislativo 1290 del 21 de mayo de 1965. Por el cual se da se le dio competencia a la Justicia Penal Militar para investigar y sancionar, por el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales, varios delitos y conductas antisociales definidos y castigados por la ley penal común, con miras a reprimir rápida y severamente estos ilícitos cuya frecuente comisión ha producido grave y justa alarma social.

1965. Decreto legislativo 3398 del 24 de diciembre de 1965. Por el cual se organiza la defensa nacional.

1966. Decreto legislativo 2285 del 7 de septiembre de 1966.

1966. Decreto legislativo 2686 del 26 de octubre de 1966. Por el cual el Ministerio de Gobierno recibe autorización para cancelar la licencia de funcionamiento a las publicaciones que “inciten a subvertir” el orden público.

1967. Decreto 755 del 2 de mayo de 1967. Por el cual se establece un registro de usuarios de servicios públicos y se promueve la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

1967. Decreto legislativo 978 del 26 de mayo de 1967.

1968. Acto Legislativo Número 1 del 11 de diciembre de 1968. Por el cual se reforma la Constitución Política de Colombia.

1968. Ley 1 del 26 de enero de 1968. Por la cual se introducen modificaciones a la Ley 135 de 1961 sobre Reforma Social agraria.

1968. Ley 48 del 16 de diciembre de 1968. Por la cual se adopta como legislación permanente algunos decretos legislativos, se otorgan facultades al Presidente de la República y a las Asambleas, se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.

1968. Decreto 3071 del 17 de diciembre de 1968. Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares.

1974. Decreto 1573 del 31 de julio de 1974. Por el cual se establece el Consejo Superior de la Defensa Nacional CSDN y los documentos primarios de la defensa nacional, como son la Apreciación Político Estratégica Nacional – APEN–, el Concepto Estratégico Nacional –CEN– y las Directrices Gubernamentales –DG-

1978. Decreto 70 del 1 de enero de 1978. Por medio de la cual se exime de responsabilidad penal a miembros de la Fuerza Pública cuando intervengan en operaciones para prevenir o reprimir casos de extorsión, secuestro o narcotráfico.

1978. Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978. Por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados (Estatuto de Seguridad Nacional).

1984. Decreto 1038 del 1 de mayo de 1984. Por el cual se declara turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, para combatir las perturbaciones producidas por bandas de terroristas y de narcotraficantes.

1990. Decreto 927 del 3 de mayo de 1990. Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público.

1990. Decreto 2790 del 20 de noviembre de 1990. Por el cual se dicta el estatuto para la defensa de la justicia, integrando en una sola jurisdicción los Jueces de Orden Público y los especializados creando mecanismos jurídicos para su protección y la de los demás intervinientes en los procesos penales de su competencia, organizando la Subdirección Nacional y las Direcciones Seccionales de orden público para darles el apoyo operativo y necesario para el cumplimiento de sus funciones y robusteciendo los organismos auxiliares de la justicia.

1990. Ley 50 del 28 de diciembre de 1990. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.

1993. Ley 61 del 12 de agosto de 1993. Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas

1993. Ley 100 del 23 de diciembre. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

1993. Ley 104 del 30 de diciembre de 1993.Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.

1994. Decreto 356 del 11 de febrero 1994. Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.

1995. Resolución 368 del 27 de abril de 1995 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

1996. Decreto del Gobernador de Antioquia del 25 de junio de 1996. Declarando el Urabá zona especial de orden público

1997. Resolución 7164 del 22 de octubre de 1997 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Por la cual se suprime la denominación CONVIVIR dada a los servicios de seguridad y vigilancia y a los servicios comunitarios de vigilancia.

1998. Decreto 180 del 27 de enero de 1988. Por el cual se complementan algunas normas del código penal y dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público.

2002. Ley 782 del 23 de diciembre de 2002. Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones.

2002. Ley 789 del 27 de diciembre de 2002. Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.

2003. Decreto 128 de 22 de enero de 2003. Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil.

2003. Decreto 3360 del 21 de noviembre de 2003. Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 e 2002.

2004. Decreto 2767 del 31 de agosto de 2004. Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la vida civil.

2005. Ley 175 del 25 de julio. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios

2007. Ley 1152 del 25 de julio de 2007. Por la cual se promulga el Estatuto de Desarrollo Rural

2008. Ley 1182 del 8 de enero de 2008. Por la cual se establece el saneamiento a la propiedad inmueble.

2011. Ley 1448 del 10 de junio de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

2015. Acto legislativo 01 del 25 de junio. Por el cual se amplía el fuero penal militar.

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Mapas y anexos

Mapa 1

Colombia. División Política y Administrativa

Anexo 1

Batallones y miembros de las fuerzas armados involucrados con el MAS (1983)
Fuente: Procuraduría General de la Nación (20 de febrero de 1983)

1

EJÉRCITO NACIONAL

Batallón Bárbula

Puerto Boyacá

Capitán Oscar Echandía

Teniente Luis Álvaro Rodríguez Fontecha

Teniente Álvaro Garavito Anaya

Cabo Jorge Humberto Ortega T.

Teniente Jorge González

Batallón Patriotas

Honda

Coronel Hernán Darío Velandia Hurtado (Comandante del Batallón)

Sargento Luis Francisco Vega Rodríguez

Cabo Ramiro Lagos

Cabo Mario Amaya

Base Aérea Germán Olano

Puerto Salgar

Capitán Omar Cruz

Batallón Bomboná

Puerto Berrío

Mayor Alejandro Álvarez Henao (2o. Comandante del Batallón)

Capitán Guillermo Visbal Lazcano

Sargento Jorge Cordero Bedoya

Sargento José Edimburgo Díaz

Cabo José Camargo Serrano

Cabo Ciro Bohórquez

Batallón Bomboná

Base Segovia

Sargento José Aníbal Rodríguez

Cabo Carlos Alberto Jurado Solano

Cabo Julio César Arango Arango

Cuarta Brigada

Medellín

Dragoneante Rubén Darío Vázquez (B-2)

Comando Operativo No. 10

Cimitarra

Coronel Emilio Gil Bermúdez

Teniente Ricardo Méndez

Sargento Crístian Jaimes

Sargento Rafael Elino Hernández

Base Militar de Arauca

Arauca

Mayor Carlos Meléndez Boada (2o. Comandante del grupo Guías de Casanare, con

base en Yopal)

2

POLICÍA NACIONAL

Puerto Berrío

Sargento Edgar Silva

Cali

Sargento Mario de Jesús Ruiz Urpán

Agente Luis Norberto Gil Caño

Agente Demetrio Millán Cruz

Agente Ángel María Parra Zúñiga

3

MILITARES EN USO DE RETIRO

Arauca

Sargento Mayor Arnobio Agudelo

Sargento Primero Isaías Barrera Acosta

Sargento Segundo José Elías Ramírez Lizarazo

Nota: Con auto de detención vigente confirmado por el Honorable Tribunal de Villavicencio

4

CIVILES VINCULADOS A LAS FUERZAS ARMADAS

Región de La Dorada y Puerto Boyacá

Gabriel Barbosa Jaramillo

José de Jesús Jaramillo

Julio Jaramillo

Omar Jaramillo

Rubén Darío Jaramillo

Luis Suárez

Cimitarra y San Vicente de Chucurí

Martin Ramiro Pérez

Jesús Areiza

José Efraín Valencia Cardona

Jorge Valencia Cardona

Luis José Pardo

Aristarco Moyano

Evelio Roa

Silvestre Medina

Severo Gutierrez

Luis Suárez

Manuel Niño Uribe

Darío Niño Uribe

Pedro Pablo Ortiz Villamil

Evelio Roa

José Vargas

José Ángel Mora

Ramiro Ramírez

Arnulfo Márquez

Silvio Peña

Nicanor Leal

Marcos Blanco

Tobías Amado

Hugo Márquez

José Poveda

Fulgencio Verdugo

Armando Pinto

Segundo Cruz

Gabino Gutierrez

Severo Casallas

Gilberto León

José Luis Pardo

Bersalí Gómez

Efraín López

Miguel López

Gonzalo Gutierrez

Isidro Carreño (padre e hijo)

5

CIVILES

Región de La Dorada y Puerto Boyacá

Alfonso Barrios

Sixto Arango

Carlos Loaiza

Jair Loaiza

Pedro Parra

Jaime Parra

Hernando Oliveros Marmolejo

José Vuelvas

Enrique Tobón

Cesar Urrea

Cimitarra

Armando Clavijo

Jacinto Mejía

Francisco Mejía

Puerto Berrío

a. Dirigentes

Miguel Espinal

Ariolfo Cadavid

Arsenio Jaramillo Cataño

Benedicto Ortíz

José Londoño

b. Otros participantes

Gonzalo Martínez

José Yolanda

José Ríos

Hernán Cadavid

Luis Zuluaga

Miguel Madrid

Rafael Jaramillo

Uriel Hincapié

Ramiro Cardona

Pedro Gómez

Santiago Giraldo

Pablo Gómez

José Carvajal

Juan Carvajal

Osca Molina

Gilberto Mesa

Manuel Giraldo

Arnulfo Calderón

Augusto Ledesma Ossa

Pedro Pablo Restrepo

Dalmiro de Jesús Rios Gaviria

Emilio Molina

Hernando Gómez

Omar Rodríguez

Misael Tamayo

señor Bedoya Zuloaga

Rubén Ruiz

Arauca

Juan José Ricardo Amaya

Francisco Cruz Figueroa

Álvaro Ortíz García

Nota: Estos, con auto de detención confirmado por el Honorable Tribunal de Villavicencio

Cali

Vladimiro Giraldo

Anexo 2

Grupos paramilitares y escuadrones de sicarios (1983-1993)
Fuente: Betancourt y García (1994)

NOMBRE

LOCALIZACIÓN

Alianza Anticomunista Americana, AAA

Cobertura Nacional

Alianza Anticomunista Colombiana

Cobertura Nacional

Comandos Revolucionarios de Colombia

Cobertura Nacional

Juventud Anticomunista de Colombia, JACOC

Cobertura Nacional

Los Extraditables

Cobertura Nacional

Los Pájaros

Cobertura Nacional

Movimiento Anticomunista Colombiano

Cobertura Nacional

Muerte a Secuestradores, MAS

Cobertura Nacional

Águila Negra-Antimás

Magdalena Medio

Bandera Negra

Magdalena Medio

Comandos Verdes

Magdalena Medio

El Implacable

Magdalena Medio

El Justiciero

Magdalena Medio

El Vengador Solitario

Magdalena Medio

Escuadrón de la Muerte

Magdalena Medio

Kankil

Magdalena Medio

Mahope

Magdalena Medio

Mají

Magdalena Medio

MAS

Magdalena Medio

Movimiento Cívico Revolucionario

Magdalena Medio

Fuerzas Revolucionarias Populares

Medellín

Amnistía Narco

Medellín

Amor por Medellín

Medellín

Autodefensa de los Bienes de los Narcotraficantes

Medellín

Banda del "Loco Uribe"

Medellín

La Ñata

Medellín

Los Calvos

Medellín

Los Cobras

Medellín

Los Cucarachos

Medellín

Los Escorpiones

Medellín

Los Extraditables

Medellín

Los Maquinistas

Medellín

Los Montañeros

Medellín

Los Nachos

Medellín

Los Narcisos

Medellín

NOMBRE

LOCALIZACIÓN

Los Nevados

Medellín

Los Podridos, Púnguros o Punkeros

Medellín

Los Priscos

Medellín

Por la Fe, el Recato y la Moral

Medellín

Los Kills

Bello (Antioquía)

Los Monjes

Bello (Antioquía)

Los Plasmas

Bello (Antioquía)

Muerte a los Revolucionarios del Nordeste

Remedios (Antioquia)

Grupo de Envigado

Envigado

La Mano Negra

Bucamaranga

Los Chamizos Rojos

Santa Marta

Muerte a Prostitutas y Secuestradores

Pereira

Amor por Medellín

Antioquia

Comité Estudiantil Unidad Revolucionaria

Antioquia

Escuadrón de la Muerte

Antioquia

Estrella Roja

Antioquia

Falange

Antioquia

Grupo Obrero Revolucionario

Antioquia

La Mano Negra

Antioquia

Limpieza Total

Antioquia

Los Jumbos

Antioquia

Los Priscos

Antioquia

Los Quesitos

Antioquia

Muerte a Homosexuales

Antioquia

Muerte a Jíbaros y Basuqueros

Antioquia

Muerte a Jueces y Magistrados

Antioquia

Muerte a Rateros, MAR

Antioquia

Muerte a Revolucionarios del Nordeste

Antioquia

Sendero Luminoso

Antioquia

Autodefensa Obrera y Campesinos

Cundinamarca

Brigadas Populares del Suroriente

Cundinamarca

El Gatillo

Cundinamarca

El justiciero

Cundinamarca

Federación de Organizaciones Revolucionarias y Obreras

Cundinamarca

Juventud Inconforme de Colombia

Cundinamarca

Movimiento de Cristianos Anticomunistas

Cundinamarca

Muerte a Jaladores de Carro

Cundinamarca

Muerte a Rateros del Norte

Cundinamarca

Organización Revolucionaria contra Hampones

Cundinamarca

Alianza Democrática

Valle del Cauca

Bandera Negra

Valle del Cauca

Comandos Verdes

Valle del Cauca

Comandos Verdes

Valle del Cauca

Ejército Popular Revolucionario

Valle del Cauca

Escuadrón Limpieza de Cali

Valle del Cauca

Federación de Organizaciones Revolucionarias y Obreras

Valle del Cauca

Frente Unido Silencioso

Valle del Cauca

Fuerza Militar de Occidente

Valle del Cauca

Justiciero Implacable

Valle del Cauca

Kankil

Valle del Cauca

Los Barriales

Valle del Cauca

Los Vengadores

Valle del Cauca

Movimiento Cívico Revolucionario

Valle del Cauca

Movimiento Democracia

Valle del Cauca

Muerte a Jíbaros

Valle del Cauca

Muerte a los Homosexuales

Valle del Cauca

Muerte a Ratas

Valle del Cauca

Organización del Pueblo Armado

Valle del Cauca

Organización Militar del Pueblo

Valle del Cauca

Autodefensa de Guicán

Boyaca

Banda de "Los Barrera"

Boyaca

Banda de "Los López"

Boyaca

Muerte a Delincuentes

Boyaca

Un Reducto de Coscuez

Boyaca

Roya 87

Chocó

Bandera Roja

Santander

Boinas Verdes

Santander

Comando Rojo Simón Bolivar

Santander

Ejército de los Pobres

Santander

Escorpión

Santander

Falco

Santander

Falcon 2

Santander

Fracción del MAS de Santander

Santander

La Mano Negra

Santander

Los Caracuchos

Santander

Los Macetos

Santander

Los Rampuches

Santander

Los Tiznados

Santander

Terminator

Santander

Toxicol 90

Santander

Aguijones

Meta

Amnistía Narco

Meta

Autodefensa de los Bienes de los Narcotraficantes

Meta

Autodefensa de Puerto López

Meta

Autodefensa de San Martín

Meta

Boinas Rojas

Meta

Frente Contraguerrillero

Meta

Frente Llanero de Autodefensa Democracia Nacional

Meta

Frente Revolucionario Campesino

Meta

Hombre del Maíz

Meta

La Mano Negra

Meta

Los Mechudos

Meta

Movimiento de Autodefensa Casanareña

Casanare

Frente Democrático de Amistad

Nariño

Ejército Clandestino Obrero

Quindío

Federación de Organizaciones Revolucionarias y Obreras

Quindío

Justiciero Quindiano

Quindío

Escuadrón de la Muerte

Risalarda

Federación de Organizaciones Revolucionarias y Obreras

Risalarda

Kojak

Risalarda

Las Águilas Blancas

Risalarda

Autodefensa Popular

Norte de Santander

El justiciero

Norte de Santander

Los Rampuches

Norte de Santander

Autodefensa de San Luis

Caquetá

Escuadrón Machete

Caquetá

Alianza Revolucionaria Bolivariana

Cauca

Escuadrón de la Muerte Bolivariano

Cauca

Falange Bolivariana

Cauca

Frente de Amistad Juvenil, FAJ

Cauca

Frente Democrático de Amistad

Cauca

Frente Democrático del Pueblo

Cauca

Grupo Bolivarense Antiterrorista

Cauca

Grupo Juvenil 12 de Octubre

Cauca

Movimiento Democracia

Cauca

Muerte a Ladrones del Norte

Cauca

Muerte a Militares y Paramilitares

Cauca

Grupo Camilo Daza

Córdoba

La Cascona

Córdoba

Los Magníficos, Ojo por Ojo o Movimiento Obrero Estudiantil Socialista, Moens

Córdoba

Los Mazudos

Córdoba

Organización Contrarevolucionaria

Córdoba

Siete Machos

La Guajira

Los Tesos o Rojos

Magdalena

Muerte a Invasores, Colaboradores y Patrocinadores

Magdalena

La Mano Negra

Atlántico

Los Rebeldes

Atlántico

Muerte a Secuestradores y Comunistas

Bolivar

Terminator

César

Federación de Organizaciones Revolucionarias y Obreras

Tolima

Rojo Ata

Tolima

Comandos Urbanos Demócratas Latinoamericanos

Huila

Comité de Vigilancia y Desarrollo de Colombia

Huila

Comunidad de Huila

Huila

Los Vampiros

Huila

La Cascona

Sucre

Anexo 3

Grupos paramilitares desmovilizados (2003- 2006)
Fuente: Presidencia de la República. Oficina del Alto Comisionado para la paz (2007)

NOMBRE

LOCALIZACIÓN

1

Bloque Cacique Nutibara

Antioquia

2

Autodefensas Campesinas de Ortega

Cauca

3

Bloque Bananero

Antioquia

4

Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando

Magdalena

5

Autodefensas de Cundinamarca

Cundinamarca

6

Bloque Catatumbo

Norte de Santander

7

Bloque Calima

Calima

8

Autodefensas de Córdoba

Valle de Cauca

9

Frente Suroeste Antioqueño

Antioquia

10

Frente Mojana

Sucre

11

Frente Héroes de Tolová

Córdoba

12

Bloque Montes de María

Bolivar

13

Bloque Libertadores del Sur

Nariño

14

Bloque Héroes de Granada

Antioquia

15

Autodefensas de Meta y Vichada

Meta

16

Bloque Pacífico

Chocó

17

Bloque Centauros

Casanares

18

Bloque Noroccidente Antioqueño

Antioquia

19

Frente Vichada

Vichada

20

Bloque Tolima

Tolima

21

Frentes Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio

Antioquia

22

Frente Héroes y Mártires de Guática

Risaralda

23

Bloque Vencedores de Arauca

Arauca

24

Bloque Mineros

Antioquia

25

Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá

Boyacá

26

Autodefensas del Sur de Bolívar

Bolivar

27

Bloque Resistencia Tayrona

Magdalena

28

Autodefensas Campesinas de Magdalena Medio

Antioquia

29

Frentes Próceres del Caguán, Héroes de los Andaquies y Héroes de Florencia

Caquetá

30

Frente Sur del Putumayo

Putumayo

31

Frente Julio Peinado Becerra

Cesar

32

Bloque Norte

Cesar

33

Frente Héroes del Llano

Meta

34

Frente Héroes del Guaviare

Meta

35

Frente Cacique Pipintá

Caldas

36

Autodefensas Campesinas del Casanare

Casanare

37

BEC Bloque Élmer Cárdenas: Frentes Costanero, Pavarandó y Dabeiba

Antioquia